Las elecciones parlamentarias serán en marzo y muchos candidatos —que incluso buscan ser reelegidos— tienen hojas de vida (por no decir prontuarios) muy criticables. Cuidado con esta lista*.
Daniela Garzón**
Cuántos son y quiénes los eligen
El próximo 13 de marzo se llevarán a cabo las elecciones para un nuevo Congreso. La inscripción de candidatos se cerró el 13 de diciembre y la Registraduría Nacional publicó el 22 las listas definitivas de aspirantes; se inscribieron 2835 personas, 934 a Senado y 1901 a Cámara.
De las primeras listas saldrán cien senadores elegidos en circunscripción nacional ─que buscan sus votos en toda Colombia─, dos de la circunscripción especial para comunidades indígenas, y cinco senadores de Comunes (partido de las antiguas FARC) que solo inscribieron veintiún candidatos. Habrá un senador más si el que pierda en la segunda vuelta de las presidenciales decide tomar esa curul que le asigna el Estatuto de Oposición.
Por otra parte, de los 1901 candidatos saldrán 161 representantes a la Cámara elegidos en circunscripción territorial de Bogotá y de 32 departamentos; dos por circunscripción especial Afro, una por circunscripción especial indígena, una por los colombianos en el exterior, una por circunscripción especial raizal y cinco para Comunes, que inscribió veinte candidatos. Además, habrá un lugar disponible para la fórmula vicepresidencial perdedora en la segunda vuelta y dieciséis curules especiales territoriales, que provienen del acuerdo con las FARC.
Mala imagen
El poder legislativo es esencial para una democracia, pues debe expedir el marco normativo y hacer control político al poder ejecutivo. Y sin embargo en todas partes el Congreso suele sufrir de un desprestigio sinigual. Particularmente, el Congreso colombiano según la encuesta Invamer ha tenido una desfavorabilidad alarmante desde 2012 y bajo el gobierno Duque ha llegado a niveles del 87% de imagen negativa.
Los partidos políticos cargan con un desprestigio parecido (hoy en el 85%), y sin embargo ellos cumplen un papel difícilmente reemplazable en la elección de los congresistas, pues otorgan los avales para poder presentarse como candidatos. Sin partidos y sin Congreso no puede hablarse de democracia.
Por qué son “cuestionables”
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha puesto la lupa en as elecciones legislativas desde 2014 y ha publicado listas de candidatos que pueden considerarse cuestionables porque tienen investigaciones penales, disciplinarias o fiscales, son herederos de caudales electorales de personas condenadas por delitos asociados con el ejercicio público, están involucrados en escándalos como el de la parapolítica, el cartel de la toga u Odebrecht, tienen presuntos nexos con grupos armados ilegales o porque están relacionadas con presuntos hechos de corrupción de acuerdo con las investigaciones propias de la Fundación y de otras organizaciones de veeduría y periodismo.
Entre las elecciones de 2014 y de 2018 se identificaron 201 candidatos “cuestionables”, de los cuales han resultado elegidos 138. Algunos de ellos tienen líos judiciales en este momento, como Richard Aguilar, José Ignacio Mesa, Armando Benedetti o Sara Piedrahita Lyons.
Quiénes son los cuestionados
En esta ocasión, un informe de Pares del 16 de diciembre de 2021, identificó un total de 108 candidaturas cuestionadas, 50 a Senado y 58 a Cámara de Representantes.
Esos 108 candidatos están avalados por siete partidos con listas propias, por seis listas en coalición, por dos movimientos por firmas y hay una candidata avalada por un consejo comunitario, la hija del condenado por parapolítica Juan Carlos Martínez Sinisterra, Lina Martínez.
Los partidos que avalan más candidatos cuestionados son el Partido Conservador, con veintitrés candidatos, seguido por el Partido Liberal con veinte, Cambio Radical con diecinueve, el Partido de la U con dieciséis y el Centro Democrático, con catorce. Estos partidos tienen hoy las bancadas más grandes en el Congreso.
Los departamentos que tienen más candidatos más cuestionables a la Cámara son, en su orden: Córdoba (siete), Santander (seis), Antioquia (cinco), Bolívar (cuatro), Magdalena (cuatro) y Tolima (cuatro). En esos cinco departamentos se encuentra el 52% de los cuestionados que pretenden una curul en la Cámara.
Hay que decir que 58 de esos 108 candidatos reciben apoyo de clanes políticos, redes conformadas por familias y aliados que han hecho de la política su negocio privado, han acaparado los cargos de elección popular en departamentos o regiones durante años y han construido su poder político sobre la base de prácticas clientelistas y corruptas o en alianza con grupos armados ilegales.
Entre los 108 candidatos cuestionados, 39 han sido condenados o tienen investigaciones judiciales, disciplinarias o fiscales en curso, 22 son herederos o herederas de condenados o investigados por parapolítica, 16 tienen investigaciones o denuncias por presuntos hechos de corrupción, 17 son herederos electorales de clanes con cuestionamientos, 7 son herederos de votos de casas políticas con cuestionamientos, 5 tienen presuntos nexos con grupos armados ilegales y 2 son herederos de caudales políticos relacionados en el escándalo de Odebrecht y/o el cartel de la toga.
Estos son los más visibles
De esas 108 personas que aspiran a ser congresistas y cuyas hojas de vida ponen en riesgo el ejercicio del legislativo, algunas sobre las que se puede llamar aún más la atención son:
En el Senado:
- Claudia María Pérez. Comunicadora social avalada por el Partido Liberal. Es la cuñada de Eduardo Pulgar, excongresista condenado por la Corte Suprema de Justicia a 58 meses y 25 días de cárcel por intentar sobornar a un juez para mantener el control de la Universidad Privada Metropolitana y del Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla. Pérez entró a la lista del liberalismo después de que Pulgar trato infructuosamente de que se le otorgara el aval en el partido de la U a su esposa, Ana Josefina Ucrós.
- Julio Elías. Ingeniero de sistemas avalado por el Partido de la U. Es heredero de los votos de su hermano, el exsenador Bernardo el ‘Ñoño’ Elías, quien fue condenado por la Corte Suprema a seis años y ocho meses de cárcel y a ocho años y cuatro meses de cárcel por su participación en el escándalo de Odebrecht. Julio Elías se lanza de nuevo después de haberse quemado en su aspiración a la Cámara de Representantes en 2018.
- Álvaro Hernán Prada. Abogado avalado por el Partido Centro Democrático. Renunció a la curul que se ganó en 2018, para que su caso pasara a la Fiscalía, en medio de las investigaciones que le adelanta la Corte Suprema por una aparente manipulación de testigos en el caso del expresidente Uribe. Prada habría buscado a Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella del caso, a través de alias “Caliche” para que se retractara acerca de sus afirmaciones sobre los presuntos nexos de Uribe y grupos paramilitares. En noviembre pasado la Sala Civil de la Corte Suprema dijo que las conductas por las cuales se le investiga si tienen que ver con su función como congresista y por eso guarda competencia sobre el caso.
En la Cámara de Representantes:
- Sandra Elena Villadiego. Administradora de empresas avalada por el Pacto Histórico en Bolívar. Es esposa del parapolítico Miguel Rangel Sossa, condenado en 2010. En 2017 la Corte Suprema le abrió una investigación a Villadiego y a otros siete congresistas porque habrían favorecido a Odebrecht y su presunta participación en la entrega de sobornos a cambio de contratos de la multinacional (de ese proceso no hay actualizaciones recientes).
- Diego Caicedo. Administrador de empresas avalado por el Partido de la U en Cundinamarca. Es hijo del exrepresentante a la Cámara y exalcalde de Zipaquirá, José Edilberto Caicedo, quien renunció a su curul en medio de las investigaciones que llevaba la Corte Suprema y ahora tiene la Fiscalía por delitos que presuntamente habría cometido siendo alcalde de Zipaquirá. Diego Caicedo no tiene experiencia en política y sería el heredero del caudal electoral de su padre.
- Juan Loreto Gómez Soto. Ingeniero industrial avalado por el Partido Conservador en La Guajira. Es hijo de María Cristina Soto, actual congresista llamada a indagatoria por supuesta compra de votos en las elecciones de 2018, y quien tendría parentela con alias Marquitos Figueroa, condenado por el asesinato de la exalcaldesa Yandra Brito.
- Jorge Coral Rivas. Exalcalde de Puerto Asís, avalado por el Partido Conservador en Putumayo. Lo han vinculado con la banda ‘La Constru’; en 2015, en medio de su campaña a la gobernación, Ariel Ávila publicó un video que mostraba una reunión entre Coral Rivas y el líder de esa banda criminal, Miguel Bastidas alías ‘Gárgola’, donde se hablaba de $150 millones de aportes a su campaña. Por esos presuntos vínculos fue capturado en octubre 2015 pero en 2017 fue revocada la medida de aseguramiento, sin que hayan sido aclarados esos supuestos nexos.
*El informe al que se hace referencia fue elaborado por el equipo de la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares.
