Hay pruebas contundentes de que las campañas de Santos y Zuluaga en 2014 violaron varias leyes. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no ha sancionado a los culpables?
Armando Novoa García*
Odebrecth, Santos y Zuluaga: nuevas pruebas
En marzo de este año, la Fiscalía General de la Nación envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) una “compulsa de copias” por el supuesto ingreso ilegal de dineros de Odebrecht a las campañas presidenciales de 2014. Los dineros estarían destinados a favorecer la reelección del presidente Juan Manuel Santos.
Las pruebas se relacionan con declaraciones que, un año atrás, rindió ante la Fiscalía el empresario Andrés Sanmiguel, gerente de una empresa denominada Gistic Logistics.
En un audio revelado por Vicky Dávila, Sanmiguel y Esteban Moreno, gerente de la campaña del Partido Liberal para el Senado en 2014, aceptan que Odebrecht consignó en las cuentas de Gistic Logistics alrededor de cuatro mil millones de pesos para la campaña.
Además, Sanmiguel afirma que entregó a Moreno el dinero con destino a la campaña de Santos. Las mismas fuentes indican que, posteriormente, estos dineros se “legalizaron” a través de contratos ficticios del Consorcio Ruta del Sol.
Por otra parte, Daniel Coronell dio a conocer unos videos donde altos directivos de Odebrecht confiesan a las autoridades judiciales de Brasil que la multinacional entregó contribuciones económicas a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014.
En los videos, Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina, y Eleuberto Martorelli, director de la empresa en Colombia, aceptan haber entregado 1,6 millones de dólares al publicista brasilero Duda Mendonça para que asesorara la campaña de Zuluaga. Según los directivos, el dinero se entregó a través de una firma con sede en Panamá, denominada Topsail Holding.
Otros aportes ocultos
A estos episodios se agrega la más reciente denuncia de la apoderada de la petrolera Frontera Energy Corporation, surgida de la quiebra de la canadiense Pacific Rubiales.
Según la apoderada, la nueva empresa encontró en la contabilidad de Pacific pagos no declarados por cerca de 9 mil millones, presuntamente para financiar las dos campañas presidenciales de 2014, en segunda vuelta.
Foto: Cancillería de Colombia |
La denuncia se acompañó de un dossier con facturas, contratos, recibos de operaciones bancarias internacionales y pagos no reportados a terceros, cuyos destinatarios finales, en el caso de Santos, serían el Partido de la U y Cambio Radical.
Y otra grabación más destapó las maniobras que se utilizaron para desaparecer información sobre los registros contables de la campaña de Santos.
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¿Qué había pasado antes?
A comienzos de 2017 se conocieron varios hechos relacionados con la financiación ilegal de las campañas presidenciales 2014 por parte de la multinacional Odebrecht.
La información fue revelada a finales de 2016 por una Corte del Distrito de Nueva York. La Fiscalía inició las investigaciones y remitió al CNE algunas pruebas para que investigara las posibles infracciones de carácter electoral. En octubre de 2017, sin mayor esfuerzo probatorio y con interpretaciones amañadas, el CNE absolvió a Zuluaga y, en agosto de 2018, a Santos.
La autoridad de control electoral concluyó que ninguna de las dos campañas presidenciales de 2014, y tampoco la de 2010, violó los topes de gastos electorales.
Antes de esa decisión, el CNE había decretado la caducidad de la acción sancionatoria contra la campaña de Santos 2010, a pesar de que Roberto Prieto, gerente de esa campaña, aceptó públicamente conocer del ingreso ilegal de recursos de Odebrecht. Hoy, Prieto paga una condena por delitos diferentes de los relacionados con la financiación ilegal de las campañas.
Todo esto ocurrió a pesar de que la Fiscalía había afirmado que “con certeza”, ingresaron dineros de la multinacional brasilera a las dos campañas.
¿Se violaron las normas electorales?
El limite máximo de gastos de campaña que en su momento fijó el CNE para segunda vuelta fue de 9.499’285.430 pesos. Y las campañas reportaron gastos, así:
- Santos: 9.475’898.803;
- Zuluaga: 9.478’321.922.
Si las pruebas conocidas son reales, ambas campañas sobrepasaron los topes fijados por el CNE de forma deliberada y fraudulenta, y además obtuvieron réditos económicos por el recibo de recursos públicos, entregados sin el cumplimiento de las reglas de financiación. Es decir, también hubo un enriquecimiento ilícito.
Además, es necesario tener en cuenta que:
- El mayor volumen de recursos se destinó a la propaganda electoral. Según las denuncias, ese rubro absorbió la mayor cantidad de los recursos girados desde el exterior y que pudieron desviarse, en el caso de la campaña Santos, a la compra de votos en varios departamentos de la costa atlántica;
- Santos no reportó donaciones de particulares, pues señaló que todos sus ingresos provinieron de créditos de entidades bancarias;
- Zuluaga informó que recibió contribuciones particulares por 978’000.000 pesos aproximadamente.
Por supuesto, ninguno de los informes insinúa siquiera que se violaron los topes de gastos o que se recibieron donaciones o aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras, o de los partidos políticos que los avalaron.
El CNE aprobó las cuentas de los gastos de campaña y, sobre la base de esa decisión, autorizó el pago de elevadas sumas de dinero por concepto de reposición de votos.
Los nuevos hechos conocidos plantean varios interrogantes:
- ¿Es adecuado el marco regulatorio del régimen de financiación de las campañas presidenciales?
- ¿Cuáles son las implicaciones de las infracciones electorales?
- ¿Tendrán las autoridades electorales la voluntad de abrir y llevar hasta el final las investigaciones?
- ¿En qué queda la democracia colombiana si se establece con certeza la violación de las campañas de ambos candidatos a las reglas de financiación electoral?
- ¿Existe alguna responsabilidad de los partidos que inscribieron a los candidatos?
Foto: Especiales Presidencia de la República |
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Las actuales normas electorales
Actualmente, la Constitución fija unas reglas electorales que:
- Establecen un sistema mixto de financiación de las campañas, con recursos públicos y privados (artículo 109);
- Permiten limitar el monto de los gastos que los candidatos y sus partidos pueden realizar,
- Permiten igualmente limitar el monto de los aportes privados;
- Sancionan la violación de los topes, debidamente comprobada, con la pérdida del cargo o la investidura;
- Prohíben a los partidos y candidatos recibir financiación para sus campañas de personas jurídicas o naturales extranjeras;
- Obligan a las agrupaciones políticas y a los candidatos a rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos;
- Responsabilizan a los partidos y sus directivos por “toda violación o contravención” de las normas legales sobre su organización, funcionamiento o financiación (artículo 107).
Además, existen unas reglas adicionales que deben cumplir las campañas presidenciales. Dichas reglas están contenidas en la Ley 996 de 2005:
- La financiación de las campañas es preponderantemente estatal (reposición estatal de votos válidos, anticipos estatales igualitarios, aportes privados);
- Solo las personas naturales (no las jurídicas) pueden financiar hasta el veinte por ciento del monto total permitido como gastos de campaña, y el aporte individual no puede ser superior al dos por ciento;
- Están prohibidos los aportes o donaciones de personas naturales o jurídicas extranjeras;
- Los recursos de las campañas deben manejarse en una cuenta única y exclusiva, en la cual debe depositarse las donaciones, aportes, recursos de reposición de votos y cualquier ingreso en dinero;
- Deben registrarse los libros de contabilidad ante la autoridad electoral, con el registro de la identificación de la lista de contribuciones y donaciones;
- Existe una responsabilidad solidaria entre el gerente y el candidato presidencial en el cumplimiento de las reglas de financiación;
- El CNE puede adelantar “en todo momento” auditorias o revisorías sobre los gastos de campaña y la financiación;
- Si se sobrepasan los topes, la autoridad electoral puede imponer la devolución, total o parcial, de los recursos estatales;
- Si el ganador es quien viola las reglas de financiación, puede decretarse la pérdida del cargo por el Congreso de la República.
Además, la ley responsabiliza a los partidos y a sus directivos, por toda violación o contravención de las reglas electorales. Las sanciones van desde la suspensión de la financiación estatal, el derecho a inscribir candidatos, y la suspensión o pérdida de la personería jurídica, según la gravedad de la falta.
¿Qué esperar?
A pesar de algunos vacíos, este sistema tiene tres grandes objetivos:
- Evitar la plutocracia y la captura de las campañas por parte de grupos económicos poderosos;
- Proteger la soberanía nacional, al proscribir cualquier donación o aporte personas naturales o jurídicas extranjeras;
- Garantizar la igualdad y la equidad social en la competencia electoral, y evitar que se distorsione el principio de “una persona, un voto”, pues el predominio del dinero en las campañas altera esa relación y facilita una sobrerrepresentación de las élites económicas en el Estado.
Los hechos examinados demuestran que, en la práctica, estas reglas no se cumplieron, y fueron reemplazadas por un régimen de facto en el que:
- Los aportes privados de grandes empresas extranjeras (Odebrecht y ahora Pacific Rubiales) no tuvieron límites, pues aportaron sumas cercanas al monto total de los gastos permitidos por la ley, sin declararlo.
- Las autoridades electorales no tienen las herramientas necesarias, ni la voluntad política, dado el origen partidista de su composición, para hacer respetar las reglas de financiación electoral. En la práctica, abandonaron su obligación de garantizar el cumplimiento de la ley, y la reemplazaron por la protección de los responsables.
- En cuanto a la financiación, se instauró un subregistro a través de prácticas off-shore para evitar la violación de los topes y no declarar los ingresos ilegales provenientes del extranjero.
- Se aprovecharon los vacíos legales para facilitar el ingreso de recursos de financiación ilegal de las campañas a través de los partidos políticos que apoyaron a esos candidatos, sin que estos asumieran ninguna responsabilidad en la violación de los topes.
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Las nuevas pruebas aquí mencionadas deberían llevar al CNE a avanzar en la indagación y a iniciar, sin dilaciones, una nueva investigación. Con las pruebas actuales, el CNE debe encontrar mérito para imponer las sanciones a los directivos, a los partidos que los avalaron y a los propios candidatos, por la violación a las reglas de financiación electoral.
* Expresidente de la Comisión Especial Legislativa y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.
