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Odebrecht: Expansión internacional y corrupción

Odebrecht en Colombia.

maria gonzalezIsabel GutierrezCada vez se sabe más sobre la red de corrupción de esta empresa brasileña, que prosperó en todo el mundo gracias a los sobornos generosos que repartió entre  políticos y funcionarios. ¿Qué se discute internacionalmente sobre el tema?*

Maria Alejandra Gonzalez-Perez** – Isabel Gutiérrez Ramírez***

Eafit

¡Qué manera de crecer!

En el año 2014 la reconocida escuela de negocios brasileña Fundaçao Dom Cabral clasificó a Odebrecht como la empresa más internacionalizada de Brasil (más que Petrobras), gracias a su proceso de expansión internacional que comenzó en 1979 con operaciones en Perú y en Chile. Durante muchos años Odebrecht ocupó los primeros puestos en el escalafón de multi-latinas de América Economía, que mide el grado  de transnacionalización de las empresas latinoamericanas, pues más de un 65 por ciento de sus ganancias eran resultado de sus operaciones en Latinoamérica y en siete países de África.

Esta internacionalización fue en gran medida un resultado del apoyo del gobierno brasileño. Las investigadoras Cyntia Calixto y Marina Gama, de la Fundaçao Getulio Vargas (FGV), publicaron recientemente una investigación sobre cómo Odebrecht ha usado abierta y estratégicamente sus conexiones políticas en Brasil para facilitar su expansión en 23 países.

Odebrecht fue obligada a pagar la multa por corrupción más alta de la historia.

Odebrecht fue fundada en 1944 por Norberto Odebrecht, un inmigrante alemán, y hoy opera en 15 ramas industriales o sectores distintos (entre ellos construcción, petroquímicas, recursos naturales, agro-negocios, fondos de inversión, petróleo y gas). Su fundador también escribió cinco libros donde expone en detalle su posición filosófica y sus principios para ser transmitidos a los empleados de la organización.  La empresa ha sido dirigida durante tres generaciones por miembros de la familia y el 60 por ciento de las acciones permanecen bajo control familiar.

Odebrecht se posicionó como una de las principales empresas de construcción brasileñas durante el llamado “milagro económico” (1968-1973) de la dictadura militar, al participar en la construcción de vías, hidroeléctricas y centrales nucleares.

Emporio del soborno

Orden de Captura al exsenador Otto Bula, por sobornos con Odebrecht.
Orden de Captura al exsenador Otto Bula, por sobornos con Odebrecht.  
Foto: Canal Capital

Pero empezaron las denuncias, y en marzo de 2015 fue arrestado por corrupción el director de la empresa.  

Entonces el señor Newton de Souza asumió la dirección ejecutiva para hacer ajustes fundamentales y conseguir la "Visión 2020” de la compañía, que incluye desligarla del gobierno brasileño del cual ha dependido en demasía. Bajo el liderazgo de De Souza, Odebrecht decidió vincularse activamente al  Pacto Global de las Naciones Unidas desde junio del 2016, y se comprometió a respetar los 10 principios sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Sin embargo, en marzo de 2016 Marcelo Bahia Odebrecht, director de Odebrecht desde 2008 y nieto del fundador de la compañía, fue condenado a 19 años de prisión por pagar más de treinta millones de dólares en sobornos. Esta noticia afectó la situación financiera de la empresa, lo que llevó a que la firma Standard & Poor bajara su calificación de riesgo a la categoría BBB-.

Marcelo Odebrecht había sido arrestado el 19 de junio 2015 en el proceso conocido como la “operación Lava Jato”, considerado como la principal investigación sobre prácticas corruptas del gobierno en la historia de Brasil, y donde también se vieron involucrados la destituida presidente Dilma Rousseff y el expresidente Inácio Lula Da Silva, además de numerosas compañías, empresarios y políticos de ese país, así como los expresidentes de Perú Alán García, Ollanta Humana y Alejandro Toledo.

En diciembre de 2016 se negoció un acuerdo de indulgencia para Brasken, la unidad de petroquímica de Odebrecht, después de admitir ante un tribunal en Estados Unidos el pago de sobornos a funcionarios del gobierno a cambio de beneficios de adjudicación de contratos. El 21 de diciembre de 2016 se firmó un acuerdo entre Odebrecht, la Procuraduría de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza, donde altos directivos de Odebrecht reconocieron los delitos.

Como resultado de este proceso Odebrecht fue obligada a pagar la multa por corrupción más alta de la historia (3,5 billones de dólares). El 80 por ciento de este dinero será destinado a reparar a las víctimas en Brasil, y la empresa se comprometió a adoptar prácticas para prevenir nuevos actos corruptos.

Este escándalo no fue destapado por la Fiscalía colombiana.

En los procesos de investigación oficial se ha identificado que Odebrecht ha estado involucrada en este tipo de medidas “retributivas” a cambio de contratos de infraestructura, ingeniería y construcción desde el año 2001. Se estima que los sobornos a funcionarios del gobierno o a políticos en Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela ascienden a 788 millones de dólares, los cuales fueron pagados a través de una red de transacciones no contabilizados a cuentas bancarias en el extranjero.

Este sistema de sobornos fue muy rentable para la empresa. El fiscal general de Suiza estimó que por cada millón de euros pagados a políticos la empresa se benefició con cuatro millones de euros en contratos. Es decir: un 400 por ciento de retorno sobre la “inversión”.

Colombia salpicada

Norberto Odebrecht, fundador de Odebrecht.
Norberto Odebrecht, fundador de Odebrecht.  
Foto: Wikimedia Commons

En el caso de Colombia, las evidencias apuntan a que hubo pago de sobornos por 11 millones de dólares durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos a funcionarios del Ministerio de Transporte, de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Instituto Nacional de Vías (INVIAS),.

Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte del gobierno Uribe, habría recibido sobornos por 6,5 millones de dólares. El exviceministro hoy está procesado por interés indebido de contratos, cohecho y enriquecimiento ilícito. El exsenador Otto Nicolás Bula Bula, involucrado en este escándalo por los delitos de cohecho y soborno, habría recibido 4,5 millones de dólares.

Estos pagos, que se hicieron mediante dos empresas en China y Hong Kong, se hicieron a cambio de que los funcionarios apoyaran la adjudicación a la empresa de un contrato en la Ruta del Sol y de la vía Ocaña-Gamarra.

Pero este escándalo no fue destapado por la Fiscalía colombiana, sino que vino de las investigaciones adelantadas por el juez Moro en Brasil, quien remitió el caso a la justicia de nuestro país. El caso ha demostrado las pocas herramientas de investigación y los precarios mecanismos de detección temprana que tiene el Estado colombiano para prevenir la corrupción. Ahora solo queda esperar la celeridad con la cual la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría den trámite a uno de los escándalos más sonados  de los últimos tiempos en Colombia.

Hay que llegar hasta el fondo de los hechos para entender los mecanismos de la alta  corrupción en Colombia. A simple vista, en este caso intervinieron por lo menos:

  • Un lobista (Bula) con capacidad de incidir sobre la agenda de varias comisiones del Senado para citar ministros a debates de control político con el fin de presionar la adjudicación o la ampliación de un contrato.
  • Un viceministro que manipuló un comité de evaluación para descartar mediante  tecnicismos las propuestas que competían con Odebrecht. Al final, solo se abrió la propuesta económica de esta firma, pese a que el precio que esta proponía era superior al de sus competidores, según dijo el representante de una de las empresas cuya propuesta resultó rechazada (OHL).

Esta última circunstancia constituye un agravante al delito de soborno que cometió el viceministro: en la práctica, los colombianos pagamos un valor mucho mayor por un mismo contrato y este sobreprecio puede haber significado un daño más grave que el soborno mismo.

En efecto,  la corrupción tiene un costo para la sociedad que suele llamarse un “costo de oportunidad”. La corrupción cuesta lo que se hubiera podido hacer con ese dinero si no se hubiera perdido: si esta suma se hubiera invertido en salud, el costo es en vidas humanas; si estaba destinado a infraestructura, el costo es en productividad y puede llegar a reflejarse hasta en menores salarios para los colombianos.

Por eso una persona corrupta, ya sea el funcionario que recibe el dinero o el empresario que lo paga, está siendo parte de una organización criminal que le hace un daño profundo a la sociedad.

 

 *Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad EAFIT. Las opiniones expresadas son responsabilidad de las autoras.

* Ph.D. en Negocios Internacionales y Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Nacional de Irlanda, vicepresidente de la Academia de Negocios Internacionales (AIB) y Profesora Titular de la Escuela de Administración de la Universidad EAFIT. 

**Magíster en América Latina Contemporánea del Instituto Ortega y Gasset de Madrid; especialista en Derecho Laboral de la Universidad Bolivariana, abogada y politóloga de EAFIT. Fue asesora en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y en la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Actualmente es la directora de la sede de Bogotá de la Universidad EAFIT.
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