Una historia resumida

En la política de paz total de Gustavo Petro tiene un papel fundamental el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es la última guerrilla de primera generación que persiste en la lucha armada, después de la desmovilización de las FARC-EP, el EPL, el M-19 y otras varias guerrillas de Colombia.

El Estado ha intentado negociar con el ELN. En 1983 se desarrollaron los diálogos en Cravo Norte, en el departamento de Arauca, que unos meses después se trasladaron a Caracas y a Tlaxcala. Después, a finales de la década de 1990, se llegó hasta el llamado denominado Acuerdo de Viana. El gobierno de Uribe también intentó negociar con este grupo insurgente. Por último, en el mandato de Santos se alcanzó a establecer una agenda y a tener varias rondas de conversaciones.

Un proceso de paz debe entenderse como un esfuerzo para lograr el entendimiento entre dos partes que, tras tratar de doblegar al adversario por medio de las armas, reconocen la posibilidad de una salida que medianamente satisface los intereses de ambas partes. No hay que olvidar que un proceso de paz se realiza entre enemigos que se reconocen como adversarios, para construir una salida negociada que busca poner fin a la violencia, reconstruir la sociedad y el orden colectivo.

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Más avances que nunca

A un año del comienzo del gobierno Petro se puede hablar de varios avances significativos en los diálogos con el ELN, entre ellos:

• Hay una agenda detallada que comprende seis temas: participación de la sociedad civil; democracia para la paz; fin del conflicto armado; reparación de las víctimas; transformaciones para la paz; y, por último, un plan general de ejecución de los acuerdos. Aunque parece amplia y ambiciosa, por medio de la negociación se establecerá su viabilidad, los tiempos y las escalas
• Se acordó crear el Comité Nacional de Participación, órgano encargado de propiciar la inclusión de diversos sectores en la definición de una agenda que será estudiada por la Mesa de Negociación. Esta herramienta puede marcar un antes y un después en el proceso de paz, ya que tendrá un alto costo político para alguna de las partes si se desconoce lo acordado por medio de la participación ciudadana.
• Se pactó un cese al fuego nacional y bilateral. Esta medida es un alivio humanitario para las personas que deben lidiar con la presencia del ELN en sus regiones. También es una pausa en la violencia generada por el ELN en su confrontación con las fuerzas estatales y otras organizaciones violentas. Será muy importante la vigilancia encomendada a la Misión de Verificación de la ONU, la iglesia católica y la sociedad civil.

• A pesar de las dudas sobre la cohesión del ELN, hasta el momento la organización ha demostrado estar unida, a pesar de las habituales tensiones entre los frentes. En consecuencia, se ha acatado el cese al fuego a nivel nacional durante estas dos primeras semanas. Históricamente, el ELN se ha caracterizado por una constante deliberación y una alta autonomía operativa de los frentes regionales. Sin embargo, como ellos mismos han expresado, cuando se toma una decisión, es cumplida por todas las estructuras del grupo.

Retos e interrogantes

A pesar de los avances anteriores, persisten serios interrogantes, que por lo mismo deben ser resueltos por el gobierno y el ELN en los próximos meses.

Tal vez lo más preocupante es la tensión entre la necesidad de un proceso paciente de deliberación y la oportunidad política que representa un gobierno progresista como el de Gustavo Petro. Si se llega al final del mandato presidencial sin un acuerdo consolidado, la posibilidad de retroceder es alta. Aunque es entendible la resistencia del ELN a una paz exprés, es decisivo aprovechar la coyuntura.

Otros temas que exigen una postura más clara del ELN son: su noción sobre el fin del conflicto armado, la entrega de armas, sus expectativas de participación política y los mecanismos de integración.

Algunos voceros de la guerrilla han señalado que la desmovilización no está en la agenda, pero es imposible pensar que se produzca un acuerdo final si no se garantiza la renuncia definitiva del ELN a la acción armada. Aunque estas dudas son entendibles, especialmente por lo ocurrido con otras guerrillas, no hay que olvidar que la transformación del país se debe lograr a través de la vía democrática.

El tema de las víctimas siempre es complejo y difícil de abordar. Los debates sobre las justificaciones, motivaciones y responsabilidades serán claves para lograr consensos en un país con una larga experiencia en este campo. Un acuerdo justo en lo concerniente a las víctimas sería esencial para legitimar el proceso —y para eso también sería preciso que ese acuerdo se cumpliera de manera integral—.

Por último, el ELN tiene razones de peso para dudar de la voluntad de las élites para llevar a cabo las reformas económicas, políticas y sociales que se acuerden. Por esta razón tiene sentido preguntarse si el gobierno de Petro puede ir más allá del “establecimiento” o si Colombia se enfrentará a otro acuerdo de paz frustrado, donde las guerrillas cumplen su desmovilización, pero les hacen conejo con la ejecución.

En la actualidad, son las élites quienes deben expresar su deseo de renunciar a algunos de sus privilegios y al uso de la violencia ilegal. Pero también — lo sabemos con certeza— esto pasa a su vez por la movilización social y la presión de los sectores democráticos para exigir el cambio que necesita Colombia.

Ojalá que esta vez sí podamos ponerle fin de manera definitiva al ciclo de violencia política que comenzó a mediados de la década de 1960, lo cual es necesario para avanzar en la construcción de una nación más democrática y equitativa.

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