Un análisis de la terna de candidatos a la Corte Constitucional antes de su elección en el Senado*.
Esteban Hoyos Ceballos**
Una elección importante
El Consejo de Estado presentó al Senado la terna de la cual será elegido el reemplazo del magistrado Luis Guillermo Guerrero en la Corte Constitucional.
La elección de una magistrada o magistrado promoverá un amplio debate nacional, pues la Corte toma decisiones cruciales en un Estado constitucional. Entre estas decisiones cabe por ejemplo recordar:
• la que declaró inconstitucional la ley que convocaba un referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe;
• la que despenalizó parcialmente el aborto en Colombia;
• las que han protegido el derecho a la salud o los derechos de la población afectada por el desplazamiento forzado.
La Corte tiene un papel esencial tanto en el control de constitucionalidad de ciertas normas, como en la revisión eventual de sentencias de tutela que orientan el trabajo de los jueces en todo el territorio nacional.
Desafortunadamente, las elecciones de un funcionario tan importante suelen pasar desapercibidas, salvo para un pequeño grupo de ciudadanos interesados.
Si el aspirante a magistrado es académico, pocos leen sus artículos y publicaciones. Si es litigante, casi nadie revisa quiénes han sido sus clientes o las causas que han defendido. Si ha sido juez o árbitro, pocos leen sus decisiones y analizan críticamente sus posiciones contrastándolas con las ideas que sostienen frente a las instituciones que los ternan o los eligen.
Los medios de comunicación se limitan, por lo general, a presentar la hoja de vida resumida de los aspirantes o a preguntas generales sobre las funciones de la Corte o la noticia del día.
Los candidatos
Hoy tenemos una terna integrada por tres juristas: Natalia Ángel Cabo, Marino Tadeo Henao y Jorge Enrique Ibáñez. En su última audiencia ante el Consejo de Estado los aspirantes contestaron dos preguntas:
1. Las razones para aspirar a la Corte, y
2. Cómo conciben el papel de la Corte Constitucional y sus límites en nuestro Estado de Derecho.
A continuación, analizaré brevemente algunos argumentos presentados por los aspirantes.
Natalia Ángel Cabo
La candidata dejó claro que su aspiración no es el resultado de una decisión apresurada. Su trayectoria profesional da cuenta de un compromiso con el proyecto constitucional, con los principios y valores constitucionales.
Fue la única que habló de su trabajo y compromiso con los sujetos de especial protección constitucional como mujeres, personas con discapacidad, desplazados, entre otros grupos históricamente discriminados.
Además, subrayó la necesidad de respetar la separación de poderes y de que las ramas del poder colaboren armónicamente entre ellas, sin usurpaciones.
Ángel Cabo señaló que la Corte debe abrir espacios para oír las distintas posiciones y buscar consensos. Y sobre todo tomar decisiones que puedan ser cumplidas efectivamente.
Además, fijó posiciones concretas sobre temas que han estado en el debate nacional, como la tutela contra providencias judiciales y el juicio de sustitución constitucional. En ambos asuntos se mostró respetuosa de la jurisprudencia de la Corte, pero también partidaria de ajustes mediante la ley estatutaria y precisiones que despejen dudas frente al uso que la Corte ha hecho de estas doctrinas.
En toda su intervención, la preocupación central de la candidata fue mostrarse como alguien capaz de oír distintas posiciones y facilitar la toma de decisiones consensuadas dentro de la Corte.
Marino Tadeo Henao
Este candidato dedicó buena parte de su intervención a hablar del pasado preconstituyente. Contó algunas anécdotas académicas sobre las discusiones en la Universidad del Externado entre los profesores Restrepo Piedrahita y Gaona Cruz acerca de las características del control de constitucionalidad en Colombia e intentó conectar algunos de los aspectos de su larga trayectoria profesional con estas discusiones.
Al entrar en materia, señaló el gran poder de la Corte Constitucional en nuestro contexto y anotó que, por tanto, ese poder debe ejercerse con máxima moderación y autorregulación.
Como bases de esa autorregulación mencionó los siguientes criterios —en mi opinión un tanto inconexos y desarticulados—:
1. La Corte puede declarar inexequible una ley, pero si la declara exequible ella está sujeta a esa ley;
2. La interpretación y aplicación de la ley es del dominio de las otras Cortes y no de la Constitucional, con excepción de las declaratorias de constitucionalidad condicionada;
3. La Corte Constitucional está sujeta a sus precedentes y a sus propias sentencias. El cambio de precedentes, en su opinión, debe ser excepcional y sometido a una carga especial de argumentación.
Jorge Enrique Ibáñez
En gran parte de su intervención, Ibáñez señaló las funciones que no le atañen a la Corte Constitucional. Por ejemplo, que la Corte:
• No es un órgano constituyente y que, por lo tanto, no se puede arrogar funciones constituyentes;
• No es un órgano legislador;
• Ni es un órgano administrativo;
• No le corresponde adoptar o ejecutar políticas públicas;
• Tampoco ser un tribunal de casación en la jurisdicción ordinaria;
• No es un órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa, y
• Tampoco puede asumir las funciones de otras ramas del poder público.
En definitiva, el candidato apuntó que la Corte Constitucional debe cumplir sus funciones en los precisos términos de la Constitución y la ley, sin invadir las competencias de los demás órganos del Estado.
Después de su intervención me pregunto quién sostiene que la Corte cumple tales funciones, o si el candidato cree que, en efecto, la Corte a la que aspira ejerce estas labores a las que él se opone.
Además, mostró ser partidario de:
• La integración de las normas del bloque de constitucionalidad en las decisiones de la Corte; y
• Una comisión conformada por los presidentes de las altas corporaciones judiciales para reformar el Decreto que regula la acción de tutela —aunque no dijo en qué sentido— y resolver las tensiones entre estas altas corporaciones.
Finalmente, el candidato fue enfático en señalar que la Corte debe contribuir a proteger el derecho humano a la justicia y brindar una tutela judicial efectiva a los ciudadanos que esperan celeridad, eficacia y seguridad jurídica de la administración de justicia.
Lo que debe tener en cuenta el Senado
Actualmente, hago parte de las voces que han llamado a la integración de una Corte más diversa desde el punto de vista de género, raza, orientación sexual y origen regional.
Una Corte diversa, como lo ha recordado la abogada Maria Adelaida Ceballos Bedoya, aumenta la legitimidad democrática de esta institución. Es bueno que la justicia refleje en su composición a los ciudadanos que acuden a ella. De esta forma, otros juristas como mujeres, afros, personas de fuera de Bogotá, entre otros, se animarán a participar en este tipo de procesos en el futuro.
Aunque el proceso del Consejo de Estado fue mejor de lo que había sido en otras ocasiones (esta vez, por ejemplo, tomó unas seis semanas), todavía la Corte tiene una deuda en términos de diversidad. Además, necesita juristas sintonizados con nuestro tiempo y sus desafíos en materia ambiental, tecnológica y de salud pública, entre otras cuestiones.
Además, el Senado debe tener en cuenta que la salida del magistrado Guerrero y la posterior renuncia del magistrado Carlos Bernal Pulido deja a la Corte sin dos constitucionalistas.
La Constitución señala que en la designación de los magistrados deben tenerse en cuenta diversas especialidades del derecho. Esto no significa dejar a la Corte sin expertos en derecho constitucional.
El análisis que se ha hecho en este texto es todavía limitado para entender en profundidad las posiciones de los aspirantes frente los difíciles debates constitucionales que debe resolver la Corte. Pero puede ser un punto de partida para que el Senado prosiga su labor.
Como puede verse, el Senado tiene un serio reto para seleccionar la nueva magistrada o magistrado de la Corte Constitucional que cumpla con estos requisitos.
Los ciudadanos estamos especialmente atentos a este proceso, dado el papel central de la Corte en nuestra democracia constitucional.
*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad EAFIT. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.
| Necesitamos tu ayuda para seguir realizando un cubrimiento responsable de la COVID-19. Apóyanos con tu donación y suscríbete a nuestro boletín. ¡Muchas gracias! |
