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Nuevo decreto de protección de líderes sociales: ¿será que sí funciona?

Escrito por Carlos Guevara
Este año han matado alrededor de 150 líderes sociales.

Este año han matado alrededor de 150 líderes sociales.

carlos guevaraEl plan del gobierno para frenar los asesinatos y las amenazas es una muestra de voluntad política, pero cabe preguntarse qué pasó con los avances anteriores y qué implica el uso de “inteligencia artificial” que ahora se propone. 

Carlos Guevara J.*

¿Cumpliendo promesas?

En más de una ocasión Iván Duque se comprometió a trabajar “incansablemente” para frenar los asesinatos a líderes sociales. Lo anunció en su ceremonia de posesión como presidente y uno de sus primeros actos de gobierno fue comprometerse en la “Mesa por la Vida”—celebrada en Apartadó, Antioquia—a emitir una “nueva” política pública para tal fin.

El pasado 20 de noviembre el gobierno finalmente lanzó su apuesta. Se trata del decreto 2137 de 2018, anunciado por la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutierrez en una entrevista radial a RCN. El decreto crea una Comisión Intersectorial para el desarrollo del llamado Plan de Acción Oportuna (PAO), cuyo objetivo será prevenir y proteger individual y colectivamente a los afectados por este fenómeno.

Si bien este primer paso muestra voluntad política, hay dudas sobre su capacidad para frenar la violencia.

La política pública no estaba en ceros

Mesa protección a la vida de los líderes sociales.
Mesa protección a la vida de los líderes sociales. 
Foto: Presidencia de la República

Se estima que en el 2018 han sido asesinados más de 150 líderes. La cifra es una media establecida según las diferentes fuentes que reportan estos casos—Indepaz, CODHES, Somos Defensores, Fundación Ideas para la Paz, Defensoría del Pueblo, entre otras—. El problema, cuya gravedad y continuidad ya se advertía en el Gobierno Santos, no ha dado tregua.

Puede leer: Los líderes sociales y la suma de todos los miedos.

Sin embargo, el gobierno anterior dejó un importante avance normativo. En las negociaciones y el acuerdo de paz de La Habana se incluyeron lineamientos para garantizar la vida de estas personas. Luego, durante el 2017 y 2018, se emitieron varios decretos (Dec. 2252, 2078, 1581, 898, 660) para complementar la ruta de protección ya existente en el decreto 1066 de 2015.

Pero la política pública consignada en esos documentos nunca se implementó debido, entre otros factores, al cambio de gobierno. Pasadas las elecciones se “engavetaron” los avances de la anterior administración y el trabajo de años de dialogo quedó en veremos.

Aunque el nuevo decreto menciona la existencia de las normas anteriores, no es claro como las articulará a la nueva propuesta. De hecho, el PAO menciona en su último punto la creación de una “nueva” política pública, ignorando la arquitectura institucional y el soporte legal ya existentes para la actuación estatal.

Esta postura hace más compleja la respuesta efectiva, sobre todo a nivel regional donde las autoridades locales ya tienen demasiadas responsabilidades y adolecen de voluntad política para asumir un tema que históricamente ha dependido del gobierno central. 

Si bien este primer paso muestra voluntad política, hay dudas sobre su capacidad para frenar la violencia.

Mesa Nacional de Garantías y Comisión Nacional de Garantías de Seguridad: ¿No van más?

Una preocupación con respecto al nuevo decreto es la creación de una nueva Comisión Intersectorial para el PAO, que estaría en su mayoría conformada por instituciones encargadas del orden público y otras como la Fiscalía y el Ministerio del Interior.

El decreto no deja clara la participación de la sociedad civil en esta nueva comisión, lo que podría impedir que los principales afectados por esta violencia opinen frente a la construcción de una política pública de la cual serán beneficiarios.

Como antecedente importante existe la Mesa Nacional de Garantías, que nació en el 2009 como respuesta al incremento de asesinatos de personas defensoras de DD.HH y ataques contra sus organizaciones. Su única función es buscar acciones efectivas de parte del Estado y el Gobierno que den garantías para la defensa de los derechos humanos en el país.

Le recomendamos: Asesinato de líderes sociales: la guerra sigue viva.

Producto de esta mesa se emitieron importantes decretos como el 1314 de 2016, que estableció un programa especial de protección a mujeres líderes con enfoque diferencial. Además, el gobierno otorgó varios reconocimientos regionales a los líderes con el objetivo de disminuir la estigmatización. En general, la mesa creó un canal directo de comunicación entre defensores y gobierno, acompañado por la comunidad internacional—Embajadas y Naciones Unidas—.

Así mismo, en medio del acuerdo de paz se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Este espacio, donde participan delegados de la sociedad civil, tiene por responsabilidades:

  • La creación de política pública en aras del desmonte efectivo del paramilitarismo en Colombia.
  • La búsqueda de garantías a líderes sociales y sus organizaciones.

Si bien no funcionan a la perfección, estos eran espacios ya ganados por la sociedad civil y permitían una comunicación constante y una mirada estructural al problema de las personas defensoras de DD.HH. en el país.

Sin embargo, con la creación de la nueva Comisión Intersectorial para el PAO surge la duda de si los espacios mencionados anteriormente desaparecerán y si lo alcanzado en ellos será tenido en cuenta para el futuro. Sobre todo, existe el riesgo de que se abandone el enfoque de seguridad humana y protección integral que se había logrado luego de diez años de diálogo entre gobierno y defensores.

¿Dónde está la plata?

Reunión para elaboración de una política de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Reunión para elaboración de una política de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. 
Foto: Ministerio del Interior

Como se mencionó anteriormente, la andanada de decretos expedidos por el Gobierno Santos quedo en el tintero. Esto no se debió únicamente al fin de su mandato, sino a que la disponibilidad presupuestal para echar a andar esta costosa rueda de protección era mínima.

Como ya es de conocimiento público, el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección bajo el modelo de protección individual actual es muy costoso. Consiste, en su gran mayoría, en medidas materiales de protección como vehículos blindados, escoltas armados y teléfonos celulares.

Aunque el nuevo decreto menciona la existencia de las normas anteriores, no es claro como las articulará a la nueva propuesta.

A esta situación se le suma la postura ya conocida del gobierno Duque según la cual las finanzas del Estado pasan por un fuerte apretón, que redunda en una delicada reforma tributaria y una política de austeridad Estatal con muchos cambios en las finanzas del país.

Lea en Razón Pública: ¿Quién está matando a los líderes sociales en Colombia?

Así, no es claro de dónde saldrá el dinero para financiar esta nueva apuesta del gobierno, que de entrada ha hablado de la conformación de nuevas plataformas tecnológicas, la reestructuración de la UNP y el fortalecimiento de la fuerza pública para atender la emergencia de protección a líderes.

¿Inteligencia Artificial para proteger?

En la entrevista a RCN Radio, la ministra del Interior también mencionó la intención—contenida en el PAO—de construir una herramienta de inteligencia artificial que se encargaría de hacer el análisis de riesgo y la determinación de las medidas de protección que requiere un líder social cuando este las solicite. De ser cierto, la forma como actúa el Gobierno para proteger a líderes sociales en el país cambiaría mucho y las consecuencias aún no están calculadas.

Todas las acciones que propendan por parar este desangre son bien recibidas, pero ya es hora de ordenar tantas iniciativas dispersas.

La nueva herramienta reemplazaría—técnicamente hablando—las acciones desarrolladas por el Grupo de Valoración Preliminar (GVP) y el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (CERREM) consignados en el decreto 1066 de 2015, que es la actual ruta de protección estatal.

La propuesta es innovadora y podría agilizar muchos de los lentos e intrincados procesos que en este momento ponen en jaque la protección de los líderes y defensores en Colombia. Pero es potencialmente riesgosa, ya que se estaría dejando a esta inteligencia artificial el análisis de contexto que solamente los investigadores y analistas en terreno tendrían la posibilidad de entender y reflejar en sus conceptos.

Por lo pronto, habrá que esperar a que esta iniciativa se cristalice y tenga algunas pruebas piloto para ver que tan efectiva podría ser.

Lo cierto es que el país rebosa de decretos, mesas de trabajo institucional, planes y programas. Mientras tanto, el asesinato y las amenazas a los líderes parecen no detenerse y en cambio aumentan cada vez más. Todas las acciones que propendan por parar este desangre son bien recibidas, pero ya es hora de ordenar tantas iniciativas dispersas. Si es eso lo que pretende el gobierno con el nuevo decreto, debe hacerlo ya.

*Máster en Comunicación Política y Empresarial, especialista en Dirección de Cine, Video y TV, comunicador Social y periodista. Investigador en defensores(as) de DD.HH.
@barbaroja18

 

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