Nuevo comisionado de paz: el desafío y la oportunidad
Inicio TemasConflicto, Drogas y Paz Nuevo comisionado de paz: el desafío y la oportunidad

Nuevo comisionado de paz: el desafío y la oportunidad

Escrito por Elizabeth Dickinson
Nuevo comisionado de paz

Con el nuevo comisionado de paz revive la esperanza de corregir los errores de un proceso que está naufragando. El propósito central del proceso debe ser proteger la población.

Elizabeth Dickinson*

Tres nuevas prioridades

La “paz total” está en crisis, pero es una crisis superable.

El nuevo alto comisionado para la paz, Otty Patiño, tiene la oportunidad de reorientar el programa bandera del presidente para reducir la violencia y proteger a la población civil. A partir de ahora, el propósito de las negociaciones con los grupos armados debe ser el bienestar de las comunidades. No solo es lo más urgente, sino el único modo de lograr el apoyo de la opinión pública.

En consecuencia, Otty Patiño debe dar prioridad a tres asuntos:

  • pactar y supervisar ceses al fuego dirigidos a proteger la población;
  • coordinar las políticas de “paz total” con la estrategia de seguridad y defensa, y
  • decidir qué hacer con los grupos criminales de alto impacto, por ejemplo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una de las organizaciones con más recursos y presencia territorial que ha quedado fuera de la paz total.

La paz total en crisis

Los resultados de la política de paz de este gobierno han sido diversos. No hay que minimizar que el gobierno se haya sentado a dialogar con el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC (EMC). Las conversaciones han ayudado a reducir los combates , el hostigamiento, el desplazamiento y el confinamiento forzados.

En el primer semestre de 2023, las autoridades anunciaron un alto al fuego por seis meses. Sin protocolos y reglas claras, este tiempo se convirtió en un regalo táctico para los grupos armados, quienes lo utilizaron para fortalecerse.

Pero hay otras tendencias alarmantes. Según la JEP, las denuncias de secuestro y extorsión se han disparado (en el primer caso, en un 80%). Los combates entre grupos armados han mantenido niveles similares a los de 2022 y, en algunas zonas  han aumentado. Los anteriores indicadores, junto al aumento de la inseguridad urbana, causan justificada alarma y pesimismo entre la ciudadanía.

Por otro lado, las comunidades étnicas, las mujeres y los niños sufren cada vez más el peso de la violencia. El número de mujeres afectadas por masacres se ha duplicado con relación al año anterior; en 2022, los afrocolombianos,  pese a constituir entre un 10 y un 20% de la población, representaron el 53% de los desplazados por la violencia. Aunque las cifras oficiales padecen de un grave subregistro, es posible afirmar que el reclutamiento de menores subió en 2022 y, según varias comunidades, continúa en aumento.

Asimismo, la reducción de las tasas de homicidio en muchas zonas oculta una realidad más cruda: los grupos armados han conseguido un control tan asfixiante de la vida cotidiana que ya no necesitan recurrir a la violencia para deshacerse de sus rivales o silenciar a sus críticos.

Nuevo comisionado de paz
Foto: Facebook: Ministerio de Defensa - El nuevo comisionado de paz debe alinear la estrategia de seguridad con la paz total; la presión militar es indispensable para conseguir la paz.

Errores útiles

El primer desafío para el nuevo comisionado será frenar la violencia y demostrar que el diálogo produce resultados tangibles a corto plazo. La herramienta más lógica es negociar ceses al fuego, pactados con rigor y enfocados en las necesidades de la población.

Tenemos que aprender de los errores del pasado. En el primer semestre de 2023, las autoridades anunciaron un alto al fuego por seis meses. Sin protocolos y reglas claras, este tiempo se convirtió en un regalo táctico para los grupos armados, quienes lo utilizaron para fortalecerse. De igual forma, la mayoría de los ceses al fuego, con la excepción del que se firmó con el EMC, están orientados a reducir los enfrentamientos y no a proteger la población civil.

El cese al fuego con el ELN tiene la misma debilidad. Su único compromiso frente a la población civil es la de respetar el Derecho Internacional Humanitario. Aunque es un avance importante (porque en el pasado habían minimizado sus compromisos dentro de dicho marco legal), no todo es perfecto. Como mostró el secuestro de los padres de Luis Díaz, el respeto por las leyes internacionales puede quedarse en el papel; con este acto, el ELN minó la legitimidad de las negociaciones a los ojos del público.

Corregir estos errores es posible y necesario. Los protocolos que se están diseñando en las negociaciones con el EMC especifican que prácticas como el confinamiento forzoso no están permitidas. De igual forma, es urgente lograr compromisos que prohíban el secuestro, el reclutamiento de menores, la violencia de género, entre otros. La comunidad internacional, en su papel como garante de los diferentes procesos, puede facilitar el cumplimiento de los acuerdos. Este nuevo modelo podría convertirse en una base para futuros diálogos.

Acabar con estas prácticas es crucial para salvaguardar el bienestar público y para demostrar que las conversaciones producen beneficios genuinos para las comunidades. La ciudadanía está cada vez más descontenta con las negociaciones a medida que aumenta la percepción negativa de la seguridad. Según una encuesta reciente, apenas el 28,5% de los colombianos considera que la “paz total” está funcionando bien, mientras que casi el 67% considera que la seguridad pública se ha deteriorado.

Un solo camino

Durante el primer año de gobierno, la “paz total” y la estrategia de seguridad tomaron caminos distintos. El segundo desafío del alto comisionado será alinearlas lo más pronto posible.

La presión militar tiene un papel indispensable en la paz. Hoy en día, las fuerzas estatales de seguridad no son parte de la ecuación que lleva a los grupos armados o criminales a negociar. Es más, en los esfuerzos por conseguir control territorial, estos grupos luchan contra otras organizaciones al margen de la ley, y no contra el Estado.

El Estado tiene que realizar operaciones militares para respaldar el mensaje de que el único camino a seguir es el diálogo. Además, la fuerza pública debe mantener la capacidad de combatir las prácticas violentas que persisten a pesar de las negociaciones. Por ejemplo, es importante luchar contra la extorsión, el secuestro y las economías ilícitas que benefician a los grupos criminales. La presión de la milicia asegurará que los grupos lleguen a la mesa con la mejor disposición.

Si estas acciones no se coordinan pueden desencadenar nuevas olas de represalias violentas. La situación en el Cauca a principios de noviembre es un buen ejemplo.

Tras lograr que la fuerza pública entrara a El Plateado para las elecciones locales, la falta de coordinación por parte del Estado causó un grave problema. La oficina del alto comisionado le aseguró al EMC que los militares abandonarían la zona después de las votaciones, pero la fuerza pública se negó a abandonar el territorio citando posibles investigaciones por falta de debida diligencia. El 5 de noviembre, el grupo armado obligó a las comunidades a salir a protestar y exigir la salida del ejército. Las tropas oficiales se retiraron finalmente de los centros poblados, pero mantuvieron presencia en varias zonas de la región.

Para evitar este tipo de situaciones, es indispensable una planeación concertada entre la oficina del alto comisionado y el Ministerio de Defensa.

El elefante en la sala

El reto más complejo para Patiño consiste en que el grupo criminal más grande del país, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, no es parte de la “paz total” y tiene además el poder de estropear las demás conversaciones: en este momento los Gaitanistas están presionando al ELN (en el Chocó, Bolívar y Bajo Cauca) y al EMC (en Antioquia). Será difícil discutir cualquier desarme mientas que dicho grupo criminal amenace con ocupar el territorio de los desmovilizados.

la fuerza pública debe mantener la capacidad de combatir las prácticas violentas que persisten a pesar de las negociaciones.

La demora en establecer contacto con los Gaitanistas responde a la falta de un marco jurídico que defina qué se puede discutir y qué beneficios se pueden ofrecer. En junio, el Congreso hundió el proyecto de ley propuesto por el gobierno para llenar este vacío.

En términos políticos, la cosa no se ve mejor: los Gaitanistas rechazaron las condiciones ofrecidas.

Mientras se busca una solución, el gobierno puede avanzar en aspectos que no requieren más facultades legales. El alto comisionado debe establecer un canal de comunicación efectivo con las AGC y otros grupos criminales para discutir formas inmediatas de reducir la violencia y asegurar que no interfieran en los demás procesos. Gestos de buena fe pueden servir como antecedentes para diálogos de mediano y largo plazo. Tal vez el argumento más importante para iniciar esta conversación es que las comunidades donde los Gaitanistas tienen presencia han  pedido que haya un diálogo.

El Acuerdo del 2016, junto con los resultados iniciales de la “paz total” (aun estando inconclusos y llenos de advertencias), demuestran el potencial de las negociaciones para cambiar los patrones del conflicto y prevenir las confrontaciones directas y desplazamiento de civiles.

Ahora que el país avanza por el camino de diálogo, es indispensable seguir. El precio de fallar podría ser el recrudecimiento del conflicto y una nueva ola de violencia con efectos impredecibles.

¿Por qué vivir ahogado en un mar de desinformación? Razón Pública te ofrece análisis rigurosos y sin restricción como este. Súmate a esta labor a través de una donación.

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

*Al usar este formulario de comentarios, usted acepta el almacenamiento y manejo de sus datos por este sitio web, según nuestro Aviso de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies