Proyecto anticorrupción

No paran los ataques a la libertad de prensa. Esta vez el Congreso, la Fiscalía y el gobierno se turnaron para atacar la opinión y el debate crítico y para poner en su contra a los ciudadanos y los analistas.

Ilegal, ilegítima, inconveniente, incompatible, desproporcionada, regresiva, restrictiva, autoritaria, intimidatoria… fueron algunas de las etiquetas usadas para expresar la preocupación de propios y extraños frente a la andanada del gobierno contra el estado de derecho.

La semana pasada la Cámara de Representantes defendió la inclusión de un “mico” gigante dentro del proyecto de ley anticorrupción: penalizar la crítica, la investigación y la veeduría de los medios de comunicación a los funcionarios públicos. El pretexto es proteger a los funcionarios de la injuria y la calumnia.

Esta ley violaría los principios jurídicos y los derechos fundamentales de la libertad de expresión, un ejemplo del fuego intensificado contra el periodismo independiente, los líderes de opinión y los defensores de los derechos humanos.

La Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que el mico va en “contravía de los estándares interamericanos” y que es “incompatible con las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión, reunión y asociación”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), los medios y la academia refrendaron esta reacción.

Como resultado, Duque declaró, algo tarde, que de ser necesario objetaría dicho artículo. Pero conviene recordar que el proyecto tiene origen gubernamental y sus progenitores y auspiciadores son los partidos afines al gobierno.

Noticias Uno

En medio de esta discusión, Noticias Uno denunció el intento de “allanamiento” de su archivo periodístico, bajo la figura de inspección judicial. Un fiscal seccional ordenó la inspección para conseguir pruebas de un presunto delito al revelar secretos durante la emisión de una nota, el 19 de octubre de 2013 (hace ocho años).

Según la noticia, el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, reconocía un déficit de 17 mil millones de pesos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en medio del polémico desempeño en la recolección de basuras que causó una crisis sanitaria en la ciudad.

El noticiero rechazó la solicitud de información, porque consideró que el mencionado delito estaba prescrito y la pretendida prueba era inocua. Además, la pretensión de obtener dicha prueba bajo cadena de custodia implica que la Fiscalía debe examinar el archivo histórico del medio. Esto pondría en riesgo su independencia, su archivo y a sus fuentes, información protegida por los Artículos 73 y 74 de la Constitución.

Por eso la FLIP consideró que la petición de la Fiscalía es intimidatoria y obsoleta, y que exponer la información abriría un boquete entre las fuentes y los periodistas. Considera también que se trata de una forma de censura velada con efectos a mediano y largo plazo que contaminan el periodismo y sus derechos colaterales.

Frente a la negativa del medio, la Fiscalía respondió que únicamente pretendía el audio y el video de la nota pública, archivos que se consiguen en las redes de Noticias Uno y en las plataformas digitales.

La respuesta corporativa y ciudadana fue instantánea y despertó la solidaridad en todo el continente: la solicitud de apoyo a Noticias Uno y a los derechos del periodismo tiene alrededor de 30 mil firmas en la plataforma Change.org.

Sin embargo, esto causó una desafortunada declaración del fiscal: “en las críticas a la Fiscalía siempre hay que encontrar, detrás de esas críticas, a algún delincuente parapetado…así funciona”.

De esta forma, el fiscal sigue contaminando la democracia: en vez de respetar la libertad de opinión, justifica las violaciones a la libertad de prensa de los últimos años.

La FLIP ha documentado cifras inéditas de agresiones, amenazas, detenciones ilegales, estigmatizaciones, hostigamientos, obstrucciones al trabajo reporteril y robo o eliminación de material periodístico en el 2021.

¿Una estrategia?

La insistencia de quienes gobiernan de defender sus disparates deja entrever la posibilidad de una estrategia de propaganda política que consiste en agitar las emociones, el prejuicio y el miedo de las personas mediante reflejos condicionados.

En esos reflejos el mensaje no importa, de ahí su incoherencia. El énfasis es la repetición y la intensidad para atacar el inconsciente, intimidar e inhibir mediante una puesta en escena permanente que exacerba la opinión y pone en pie a adeptos y seguidores, quienes de manera instintiva difunden el mensaje sin debate o discusión.

Según Jean Marie Domenach, el efecto secundario en estos casos es el adormecimiento del adversario, representado por la prensa y la oposición, que se acostumbra a recibir ataques frecuentes y reacciona cada vez con menos energía, en especial cuando los ataques no se materializan completamente.

Esta secuencia se matiza por la técnica de conversación, expuesta por Pierre Janet hace ya casi un siglo, que usa la seducción o la crudeza para suscitar un estado sicológico indefinido, alterno y ambiguo: entre la angustia, producto de un estado pasivo-negativo, y el éxtasis, producto de un estado activo-controlado.

Esos estados permiten entender la desconexión y la bipolaridad del discurso presidencial y de sus huestes. Pero también son allanados por la excesiva atención de la opinión.

Los gobernantes tacan a tres bandas: censurar, asustar y sentar precedentes; y ganan con la exposición y la polémica, porque exacerban el alma nacional. En una de esas logran coronar la censura.

Mientras tanto arrinconan a la prensa y a la opinión independiente y se blindan de la crítica y el escrutinio ciudadano. Por eso estamos como estamos… Y siguen tan campantes.