
Nueva ministra de Justicia: siguen pendientes las tareas
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El presidente hizo un guiño dirigido a las Cortes, pero nada concreto se ha avanzado en descongestión y acceso a la justicia. Es más: la reforma constitucional se necesita para lograr las mejorías que con razón se pretendían antes.
Pablo Convers*
Un perfil interesante
Tenemos nueva ministra, Ruth Stella Correa. La primera mujer en ocupar la cartera de justicia y derecho. Pero además fue presidenta de la comisión de género del Consejo de Estado, lo cual suscita una mayor expectativa acerca de las políticas de acceso a la justicia que adoptará durante su paso por el ministerio, y aún más importante, sobre el acceso de mujeres víctimas del conflicto armado. La nueva ministra tiene, sin duda alguna, un perfil interesante. Al haberse abierto paso en la carrera judicial, conoce como la palma de su mano los problemas a los cuales se enfrentan los jueces y la justicia en Colombia. Esta virtud, el tener una carrera judicial impecable, producto de sus méritos, para muchos puede también ser su mayor defecto: al haberse formado únicamente en la rama judicial, les preocupa su falta de experiencia como gerente político y en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas.
![]() La nueva ministra, al haberse abierto paso en la carrera judicial, conoce como la palma de su mano los problemas a los cuales se enfrentan los jueces y la justicia. Foto: AngélicaZambrano @Anyelik |
Frente a esa preocupación podría afirmarse que el manejo de los despachos judiciales es en sí mismo toda una experiencia gerencial y que, como miembro de la comisión redactora del nuevo Código Contencioso Administrativo, se fogueó ante los pesos pesados de la jurisdicción contenciosa.
Demostró tener una visión progresista en el diseño de políticas para la administración de justicia, que se acerca más a un derecho dinámico, que incorpora los avances contenidos en el cúmulo de decisiones de las altas Cortes, y que reconoce como esencial la adopción de tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) para brindar una justicia pronta y de calidad, más cercana al ciudadano.
También se debe reconocer su habilidad en materia de relaciones públicas y profesionales, que junto a su trabajo constante, debió influir positivamente en una carrera que ha avanzado de manera sostenida.
Las sombras
No obstante, estas dudas no se pueden descartar tan fácilmente:
La reforma constitucional sigue siendo necesaria. Es importante retomar los aspectos positivos que quedaron en el limbo tras los malabares del Presidente y del CongresoFoto: AngélicaZambrano @Anyelik |
-Por un lado, la comisión redactora del Código Contencioso Administrativo, de la cual hizo parte la hoy ministra, diseñó una reforma muy pertinente pero que, ya en su primer mes de aplicación, empieza a dar indicios de quedarse en el papel. Es una reforma sin recursos y sin real capacidad para inducir el cambio hacia una cultura de la oralidad en los procesos, pieza clave para lograr mayor transparencia, mayor celeridad y en consecuencia, para descongestionar esta jurisdicción.
Estos primeros tropiezos revelan falta de planeación, que difícilmente puede ser achacada a la comisión, aunque esta debería asumir alguna responsabilidad.
-Por otro lado el manejo del Congreso resultará difícil para la ministra, tras el fracaso de la reforma a la justicia. Su perfil no es precisamente el de una encantadora de serpientes. Acabamos de ver cómo unas cuantas devoraron al ministro Esguerra quien, pese a estar perfectamente enterado de los ‘micos’ y de que probablemente no los aprobaba, prefirió sacar adelante algunas medidas prioritarias para el gobierno, interpretando como males necesarios lo que la sociedad juzgó como abusos intolerables.
La ministra ha recibido votos de confianza como el de la Directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Gloria María Borrero, quien considera que su inexperiencia política no es un obstáculo y que puede adquirir esas destrezas en muy poco tiempo.
Tareas pendientes
Más allá de su capacidad para sortear las dificultades en el Congreso, la ministra recibe un legado de retos que exigirán una labor titánica ante esta corporación: el arancel judicial, la reforma constitucional – si se opta por un nuevo intento – y la reforma del sistema carcelario.
En todo caso, el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura están en mora de formular una política para mejorar de veras la administración y el acceso a la justicia.Foto: AngélicaZambrano @Anyelik |
Frente a la posibilidad de un nuevo intento de reforma constitucional a la justicia, la ministra ya se pronunció y puede inferirse que este no es el único medio para resolver los problemas de congestión, ni mucho menos el de su preferencia. Su enfoque entonces será mejorar las prácticas de organización, de administración y de ejecución presupuestal con el fin de reducir los procesos acumulados y atender la creciente demanda de justicia de los colombianos.
La jugada presidencial implícita en este nombramiento sorpresivo indicaría que de momento al menos ha congelado la opción de una reforma constitucional, pues de otro modo habría escogido a alguien capaz de moverse en el Congreso como pez en el agua. Pero prefirió acercarse a las cortes.
Sin embargo esa reforma constitucional sigue siendo necesaria. Es importante retomar los aspectos positivos que quedaron en el limbo tras los malabares –completamente inconstitucionales– de un Presidente ‘libre de toda culpa’ y de un Congreso ‘arrepentido’ para tumbarla. De los puntos pendientes que se deben retomar, se destacan los siguientes:
Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. En buena hora el gobierno propuso eliminar tanto la Sala Disciplinaria como la Sala Administrativa de este Consejo —escenarios por excelencia de los escándalos de corrupción de la rama. Para mejorar la capacidad de planeación y administración, y para ejecutar un enorme presupuesto, se optó por crear la Sala de Gobierno y por modificar la fórmula de selección del gobierno judicial: un órgano elegido por cooptación plena de las altas cortes.
Elección del gobierno judicial. Voces como la de Rodrigo Uprimny [i] advirtieron sobre los peligros que implica una cooptación plena de la rama. Este podría ser un escenario propicio para el clientelismo judicial y la creación de una aristocracia de toga, pues podría prescindirse del concurso de méritos. Aun así se necesita una fórmula de elección del gobierno judicial en la que i) lleguen los mejores; ii) se asegure la independencia de las cortes frente al poder político; iii) y se evite al mismo tiempo el corporativismo judicial.
- Requisitos para acceder a las altas cortes y a la gerencia de la rama judicial. A este respecto la reforma constitucional establecía que para ser gerente de la rama se debía tener un grado o posgrado en administración, ingeniería industrial o afines, más 20 años de experiencia gerencial.
- El aumento de los periodos de las magistraturas y de la edad de retiro forzoso. Este fue uno de los puntos más criticados de la reforma pues se vio como una prebenda del gobierno para los magistrados. El problema verdadero era su aplicación inmediata para los magistrados actuales y no para los entrantes. En todo caso, es importante encontrar una forma para que las altas cortes constituyan la culminación merecida de una carrera profesional.
- Colegiatura de abogados. La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura implicaba crear un tribunal encargado de la función disciplinaria de jueces y magistrados, pero también concebía la colegiatura de abogados, indispensable para reducir la congestión en la jurisdicción disciplinaria, mejorar la celeridad de los procesos y garantizar un mejor servicio legal.
En todo caso, el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura están en mora de formular una política para mejorar de veras la administración y el acceso a la justicia.
Y tal como lo advierte Gloria María Borrero, se deben entregar los recursos adicionales que requiere la Judicatura, condicionados al logro de metas concretas en descongestión, la puesta en marcha de las TICS y la aplicación efectiva de las reformas en curso y de las que están por venir.
* Abogado.
@PabloConvers
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Pablo Convers
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En todo caso, el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura están en mora de formular una política para mejorar de veras la administración y el acceso a la justicia.


