La decisión del gobierno prolonga el historial de injusticias que han soportado las víctimas de un conflicto degradado.
Fernando Vargas Valencia*
Una injusticia más
En La rebelión de los genes (1997), Manuel Zapata Olivella sostiene que más de cien millones de nativos africanos fueron esclavizados para sostener la economía colonial en América, y que los herederos de quienes fueron los mayores instigadores de dicha empresa se han esforzado para reducir radicalmente la cifra y restarle importancia a esa afrenta contra la dignidad humana.
Por su parte, en el documental Todos son mis hijos (2016), las Madres de la Plaza de Mayo cuentan que los autores del genocidio perpetrado por el régimen militar argentino entre 1973 y 1983, lograron impunidad gracias a que los gobiernos posteriores intensificaron las políticas económicas promovidas por la dictadura concediéndoles privilegios a sus herederos políticos y familiares.
Refiriéndose a la transición española, Manuel-Reyes Mate Rupérez dice que existe una gran diferencia entre la desigualdad y la injusticia: la primera silencia a las víctimas en tanto niega la indagación a fondo sobre las causas sociales de su dolor, mientras que la segunda apela a la memoria para atribuir responsabilidades a personas concretas que -al menos en el campo moral- son susceptibles de ser heredadas. En el Tratado de la injusticia (2011), apunta que esta atribuye “la culpa a quien la produce, y la responsabilidad, a quien la hereda”.
Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, fue el comandante del Bloque Norte de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo criminal al que la justicia le ha atribuido más de 20.000 violaciones de derechos humanos contra 25.000 personas, un poco menos que las imputadas a la junta militar argentina.
El nombramiento de su hijo Jorge Tovar como coordinador de víctimas del Ministerio del Interior es una prolongación de la injusticia que ellas han sufrido durante años por varias razones éticas.
Grandes diferencias
En primer lugar, las víctimas de Jorge 40 no son ciudadanos que gocen realmente del derecho constitucional a la igualdad: mientras que Tovar hijo creció en una familia de la élite económica y política del norte del país, las víctimas de su padre, y sus sobrevivientes, son campesinos y campesinas, obreros y sindicalistas, maestras y maestros de escuela, tenderos, vigilantes, y conductores de buses y camiones.
Collage: elaboración propia
Jorge Tovar, hijo de Jorge 40, fue nombrado como coordinador de víctimas del Ministerio de Interior.
Esta desigualdad empeoró cuando Jorge 40 decidió controlar las vidas de sus víctimas mediante el vejamen sistemático de sus cuerpos, sus territorios y su dignidad. Entre sus delitos se cuentan tortura, violencia sexual, desaparición, apropiación de tierras y desplazamiento forzoso. Como si fuera poco, el flamante comandante logró tejer una compleja red de poder que decidió quiénes serían alcaldes y gobernadores en la Costa Atlántica e incluso senadores y representantes al Congreso de Colombia.
Mientras que su hijo gozó de privilegios sustentados en el dolor de miles de personas, buena parte de las víctimas del aparato al mando de Jorge 40 han tenido gran dificultad para recobrar –y a medias- sus derechos fundamentales.
En el ámbito de la libertad y de la dignidad, no existe comparación alguna entre las oportunidades que ha tenido Tovar y las privaciones impuestas a las víctimas de la máquina de sufrimiento que encabezó su padre.
A pesar de todo eso, la ministra del Interior defendió el nombramiento, afirmando que se hizo para “darle una oportunidad” al señor Jorge Tovar. Pero la ministra no menciona que –a falta de una certificación expedida por su señora madre- el señor Tovar no habría comprobado la experiencia laboral que el cargo exige.
Dejando de lado los requisitos formales, vale la pena recordar que las mujeres desplazadas por el padre del nuevo coordinador de atención y reparación a víctimas del Ministerio del Interior han tenido que someterse durante años a trámites extenuantes para obtener el reconocimiento de medidas de reparación. Jorge Tovar en cambio ha disfrutado de una vida cómoda gracias al prontuario criminal de su padre.
Su nombramiento en un cargo que las propias víctimas podrían detentar, es una injusticia y una suerte de amnistía moral y prospectiva, pues reafirma una serie de desigualdades que no pueden desligarse del dolor –un dolor que se extiende al campo de lo público por el carácter masivo, la sevicia y crueldad con que fue infligido-.
Puede leer: Los paramilitares y el despojo masivo de tierras en Colombia
Una afrenta contra la memoria
También es una afrenta contra la memoria y la dignidad de las víctimas –en especial a las de alias Jorge 40– porque sugiere que con el paso del tiempo la gravedad de los vejámenes se va diluyendo -y que los herederos de los culpables quedan libres de responsabilidad, mientras que los hijos de las víctimas están condenados a heredar el sufrimiento de sus padres-.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica
Jorge Tovar, ni siquiera reconoce a su padre como victimario, sino como perseguido político.
Esta decisión no es otra cosa que violencia simbólica contra las víctimas y la perpetuación del poder antes detentado por la vía de la violencia física. Esta decisión confirma que el dolor de las víctimas sigue siendo insignificante para el Estado colombiano y para los victimarios.
También es un mensaje ético y político muy parecido al que en su momento lanzó el Centro Democrático cuando insistió en enterrar las circunscripciones electorales para las víctimas del conflicto: hasta el día de hoy, persiste cierta actitud de sospecha sobre las víctimas, se les achaca cierta responsabilidad por su sufrimiento, y se les niega un duelo digno.
En contraste, parece inmoral sospechar de quienes forman parte de las redes económicas, políticas y familiares que tejieron sus victimarios. Falsos heroísmos impuestos por decreto y decisiones de punto final impuestas de facto. La confirmación de dos versos de la La serena hierba de Horacio Benavides: “El fuego que inicia en el bosque / quema la página”.
Lea en Razón Pública: Los retratos de los paramilitares en Colombia: un retrato colectivo
Alergia al pasado
Resulta sumamente desconcertante que, a diferencia de las hijas de varios torturadores argentinos, el hijo de Jorge 40 no haya roto el “silencio familiar” sobre los crímenes de lesa humanidad que cometió su padre.
Mientras que las primeras dicen abiertamente “Mi padre, el genocida”, el nuevo coordinador de víctimas del Ministerio del Interior se atreve a afirmar que su padre es prisionero político en Estados Unidos.
De allí que sea moralmente difícil –si no imposible– interpretar su nombramiento como un esfuerzo de reconciliación, como algunos han intentan hacerlo. Esa interpretación implica confundir la reconciliación con la negación del dolor de las víctimas, con retóricas re-victimizantes y con impunidad orgánica.
En definitiva, el nombramiento de Jorge Tovar no es más que una prueba de la alergia al pasado que padece el Estado colombiano, una dolencia que le impide revisarlo críticamente y reconocer las injusticias cometidas.
*Consultor independiente en derechos humanos, profesor universitario y aprendiz de poeta.
| Necesitamos tu ayuda para seguir realizando un cubrimiento responsable de la COVID-19. Apóyanos con tu donación y suscríbete a nuestro boletín. ¡Muchas gracias! |