Después de más de veinte años de litigio, la Corte Internacional falló a favor de Colombia. Pero quedan problemas y preguntas sobre el manejo del archipiélago de San Andrés y sobre nuestra relación con Nicaragua.
Manuel Rayran Cortés*
El fallo
Este 13 de julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su último fallo en relación con el diferendo entre Colombia y Nicaragua
La CIJ confirmó su decisión anterior de adjudicarle a Nicaragua 75.000 km2 que Colombia consideraba suyos. También determinó que San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de hacer parte de Colombia, tienen derecho a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y a la plataforma continental.
En tercer lugar, la Corte indicó que Colombia había incumplido el fallo de 2012, ya que mantenía actividades económicas en una zona que le pertenecía a Nicaragua. Finalmente, el tribunal decidió que Colombia recuperaba su soberanía y que no estaba sujeta a dicha jurisdicción en el momento de dirimir sus controversias con otros Estados.
A las malas o a las buenas
Ante este nuevo escenario jurídico, tanto Colombia como Nicaragua se encuentran en una encrucijada diplomática, pues dos de las tres opciones que tenían para resolver sus controversias ya han sido agotadas.
Primero fracasó el arreglo directo a través del diálogo y la diplomacia, llevado a cabo entre 1990 y 1998, una vez que Managua y Bogotá publicaran sus Libros Blancos. Segundo, el arbitraje ante una institución internacional competente no satisfizo a una de las partes.
el Estado colombiano tiene dos opciones: sentarse a negociar un tratado limítrofe con Nicaragua o argumentar que no se acatará el fallo de 2012 porque, de acuerdo con el artículo 101 de la Constitución, las fronteras deben ser definidas por tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República.
De este modo, el camino restante tendría que ser la guerra. Pero esta opción no es viable para ninguno de los gobiernos. Gustavo Petro, pese a tener una notable ventaja militar, es consciente del costo político de esta decisión. Daniel Ortega, además de tener problemas de gobernabilidad, no preside un país tan unido como Colombia.
Así, los gobiernos tendrán que retornar al camino del diálogo y tener en cuenta que el mundo está lleno de rarezas geográficas, las cuales, sin importar las ideologías políticas, se han adaptado al pragmatismo y a la conveniencia del ser humano. La diplomacia y el buen juicio serán claves para defender los intereses de los colombianos, ya que Nicaragua establecerá su propia negociación a partir de los dos fallos ganados en la CIJ.
Colombia: terquedad o negociación
En pocas palabras, el Estado colombiano tiene dos opciones: sentarse a negociar un tratado limítrofe con Nicaragua o argumentar que no se acatará el fallo de 2012 porque, de acuerdo con el artículo 101 de la Constitución, las fronteras deben ser definidas por tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República.
Si se opta por la segunda opción, el presidente tendrá que establecer con urgencia los debidos procesos de gobernanza en la zona, sin que eso se traduzca en el reconocimiento de la adjudicación de los 75.000 km2 ni una línea limítrofe entre ambas naciones.
El gobierno podrá abrir el diálogo a partir de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Específicamente, el objetivo 14 manifiesta la importancia de “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. De este modo, los ODS podrán serán herramientas de negociación y de coexistencia pacífica con Nicaragua.
Tareas pendientes en San Andrés
Los acuerdos propuestos por Colombia deben apuntar hacia dos objetivos principales: (1) ejercer soberanía sobre el Mar Caribe mediante el libre acceso al océano para garantizar los intereses nacionales, y (2) poner en marcha políticas de desarrollo, seguridad y defensa para aprovechar la posición oceánica, los ecosistemas y la biodiversidad.
Para eso será clave gestionar integralmente el territorio continental y oceánico, garantizando los derechos económicos de los raizales y sanandresanos; también nos es preciso rescatar el papel de la investigación básica y aplicada para entender los recursos oceánicos y su buena utilización. Bajo esta lógica, la Reserva de Biosfera y Área Marina Protegida Seaflower tendrán un papel protagónico.
Los criterios anteriores ayudarán a resolver una serie de problemas del archipiélago.
En primer lugar, la situación socioeconómica de la población raizal y sanandresana que, pese a los ingresos por turismo y comercio, sobrevive gracias a la pesca. Según la Asociación de Pescadores y Agricultores de San Andrés y Providencia (ASOPACFA), las áreas de pesca artesanal fueron ampliadas desde 2019, alcanzando el 55% de la totalidad territorial marítima del archipiélago. Por eso es necesario establecer un mínimo de uso comercial responsable para los pescadores.
En segundo lugar, es urgente fortalecer las demás actividades productivas de San Andrés y Providencia, para elevar el nivel de vida de lo lugareño. Según el DANE, el 43% de los isleños vive en pobreza multidimensional; el 32,4% de la población en edad escolar está por fuera del sistema educativo, y el 79,52% de los jóvenes no acceden a la educación superior.
En tercer lugar, si el gobierno desea gestionar una gobernanza con Nicaragua tendrá que llegar a un acuerdo sobre la seguridad, especialmente, en lo referente a delitos transnacionales como el narcotráfico. Por su posición, San Andrés y Providencia son un paso estratégico para el transporte de droga hacia Centro América. En consecuencia, en las islas hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo.
Dicho de otro modo, Colombia no puede descuidar esta zona marítima, y, por el contrario, debería trabajar de la mano con el gobierno nicaragüense para luchar contra este flagelo.
El cuarto aspecto por considerar es la protección de la Reserva de Biosfera y Área Marina Protegida Seaflower, un tema vital para Colombia debido a que, con el fallo de 2012, vio reducido el 54% de la zona protegida.
si el gobierno desea gestionar una gobernanza con Nicaragua tendrá que llegar a un acuerdo sobre la seguridad, especialmente, en lo referente a delitos transnacionales como el narcotráfico
Aunque este territorio es reconocido por la UNESCO como una reserva, no impide las iniciativas de desarrollo que los países lleven a cabo en dicha área. Por su parte, Nicaragua, en repetidas ocasiones, ha sostenido que tiene intenciones de explorar la extracción de combustibles fósiles en estas aguas.
Finalmente, se debe considerar el tema del acceso libre y directo al patrimonio cultural sumergido bajo las aguas del Mar Caribe. Varios estudios sugieren que entre los siglos XVI y XVIII, se presentaron más de 116 siniestros de embarcaciones, convirtiendo a Colombia en un país con un alto número de naufragios que incluyen galeones, mercantes y barcos de línea.
Tres líneas prioritarias
Con la anterior información en mente, el gobierno tendrá que establecer una estrategia que integre tres elementos.
Primero, fortalecer la gobernanza interna mediante la concertación entre los varios niveles de gobierno. Esta estrategia fortalecerá la participación de Colombia en los escenarios internacionales relacionados con lo oceánico.
Segundo, aumentar el presupuesto destinado a mejorar las condiciones económicas y sociales de los sanandresanos y raizales. Además de consolidar su soberanía, la presencia del Estado colombiano en el departamento ayudará a resolver un problema social que se agrava con el paso del tiempo.
Tercero y no menos importante, diseñar y ejecutar una política exterior de Estado que mejore el servicio diplomático. Una buena comunicación con los países colindantes facilitará el trabajo conjunto para remediar los males que afectan a esos vario territorios.
1 Comentario
Solución judicial no es arbitraje… Pero eso pasa cuando uno escribe sobre derecho sin tener idea…