Detrás de las buenas intenciones del nuevo gobierno se agazapan los intereses de quienes lo llevaron al poder. ¿Quién ganará? Hay espacio para la esperanza pero también hay caciques.
Teófilo Vásquez *
Dos Santos, dos situaciones
No son pocos los retos que enfrenta el nuevo presidente de Colombia. Para empezar, cabe recordar que al gobierno de su tío abuelo, Eduardo Santos (1938-1942), se le denominó “la gran pausa”, refiriéndose con ello al freno y la moderación que le impuso al ritmo de las reformas propuestas por Alfonso López Pumarejo, que habían crispado los ánimos políticos. Santos optó por la vía de un reformismo moderado en consonancia con su tradición republicana.
Las circunstancias que vive el actual presidente son parecidas. Su llamado a la unidad nacional tiene como objetivo superar ocho años de polarización política, generados por un gobierno al que las organizaciones de derechos humanos calificaron como el del “embrujo autoritario”. Sin embargo, aunque es un hecho el ánimo conciliador de Juan Manuel Santos, la situación es radicalmente distinta. Ahora no se trata de hacer una pausa en el reformismo liberal, sino de atajar a la derecha para la cual hasta las más mínimas reglas de la democracia representan un estorbo.
De izquierda a derecha
Las expectativas y opiniones sobre el nuevo gobierno son diversas y en ocasiones encontradas.
Para la izquierda más radical, Juan Manuel Santos representa el continuismo uribista, sobre todo por sus anuncios en materia de Seguridad Democrática.
Para el centro son innegables las distancias con respecto a su antecesor, ya que es evidente, tanto en los hechos como en los enunciados, el objetivo de recuperar un clima más favorable y positivo en dos ámbitos que el uribismo había llevado a su máximo deterioro: las relaciones internacionales y el respeto a la autonomía del poder judicial.
Y, por último, la derecha contumaz piensa que representa un grave peligro para sus intereses, defendidos a capa y espada por el gobierno de Uribe. Ese grupo recela de los anuncios de Santos, tal vez porque añora las prácticas y el estilo de su caudillo.
Las armas y la tierra
Sobre este escenario se destacan dos cuestiones centrales para el país, estrechamente ligadas entre sí: el conflicto armado y el problema agrario.
Para considerar el primero, partiremos de analizar las implicaciones de la bomba contra las instalaciones de Caracol en el norte de Bogotá y las afirmaciones del gobierno y las FARC en materia de paz o guerra.
Frente al segundo, analizaremos los anuncios que en esa materia han hecho tanto el presidente como su ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo.
Conflicto armado y paz
El acto terrorista del pasado 12 de agosto es un mensaje siniestro y directo para el presidente Santos, que muestra la capacidad de sembrar desesperanza por parte de aquellos que se empecinan en el uso de medios violentos, y pone de manifiesto que el camino hacia la paz es proceloso. En esa dirección, las conjeturas sobre sus posibles autores son igualmente desalentadoras.
Si fueron las FARC, sería una muestra más de que a pesar de las condiciones adversas en las que esta guerrilla se encuentra actualmente, sigue en el equívoco de pretender abrir el diálogo e imponer la negociación mediante la acción violenta y en medio de la confrontación. Esa posición demostró su rotundo fracaso durante los diálogos del Caguán.
Por otra parte, si fue la ultraderecha, no es menos grave, porque constata que el proyecto paramilitar y sus objetivos de incidir en la política por medio de la violencia siguen presentes, tanto que le incomodan hasta los tibios anuncios de reformismo del nuevo gobierno.
Mano dura y mano tendida
Ambas interpretaciones son muestra de la ambivalencia del actual gobierno. Si bien el presidente ha ordenado a las Fuerzas Armadas proseguir su ofensiva contra las FARC y ha enfatizado en la necesidad de “arreciar, arreciar y arreciar” dentro de ese contexto, al mismo tiempo −a diferencia de su antecesor−, no cierra definitivamente la posibilidad de un diálogo con las guerrillas. Los atisbos de esas conversaciones se basan no sólo en lo afirmado por Santos y su vicepresidente, sino también en las palabras en un tono menos radical del jefe máximo de las FARC.
Sin embargo, este nuevo ambiente debe ser asumido con cautela. Es necesario poner de presente dos asuntos:
Primero, que el presidente no ha sido suficientemente explícito sobre su inclinación por la salida negociada o por la salida militar. Se trata de un punto fundamental si se busca evaluar con rigor las posibilidades de diálogo y la negociación con las guerrillas.
Segundo, que Santos fue elegido en buena medida porque insistió en que él era el mejor continuador de la política de Seguridad Democrática. Este aspecto resulta clave en la medida en que el presidente, en una clara muestra del pragmatismo que ha caracterizado su carrera política, se ha mantenido en una posición ambivalente. Él es el primero en saber que aún es muy temprano para tomar decisiones contrarias a su electorado y al apoyo político que de él recibió.
El problema agrario
Ahora bien, no cabe duda que en el tema agrario es todavía mayor el distanciamiento entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Este último gobernó a favor de los grandes propietarios y empresarios agrícolas, mientras que los campesinos, los desplazados −en su mayoría desposeídos de sus tierras por los grupos armados−, y otros sectores sociales del agro, fueron abandonados a su propia suerte o, dicho de otra manera, fueron arrojados al mercado y al capital.
Por su parte el presidente Santos y su ministro de agricultura han hecho anuncios que llaman al optimismo en la posible y anhelada solución de aspectos centrales que atan el conflicto armado y el problema agrario.
En este sentido, Juan Camilo Restrepo, afirmó que “va a meter el hombro con entusiasmo a la reactivación de la política de devolución de tierras” [1]. Además, sobre el viraje en la política agraria sostuvo que éste “es un ministerio que está encargado no sólo de la agricultura empresarial, que naturalmente tendrá todo el apoyo del Ministerio, sino del desarrollo rural, de la economía campesina, de la agricultura pobre del país, que hay que apoyar. Los mayores índices de pobreza del país están en esa área”[2].
El cáncer sigue ahí
No obstante, a esos propósitos se le atraviesan duras realidades políticas, ya que las medidas hasta ahora propuestas afectarían los intereses y los mecanismos de reproducción de élites regionales que fueron fundamentales, no sólo para garantizar la gobernabilidad de Uribe I y II, sino también para asegurar la victoria de Santos.
No sobra recordar que la coalición de gobierno no es homogénea ni obedece a intereses comunes: si bien en ella se agrupan sectores industriales y agroindustriales moderados, también cobija a la vieja élite latifundista que por años ha gozado de representación en el Congreso.
El panorama político se hace todavía más complejo si se tiene en cuenta que el uso de la violencia ha sido uno de los mecanismos recurrentes en la historia de Colombia para mantener el poder político y económico de las élites regionales. Esa situación ha llevado a que se establezca en algunas regiones un límite difuso entre caciques, latifundistas, empresarios agrícolas, narcotraficantes y paramilitares.
Una cosa piensa el burro…
Precisamente, ha sido este vínculo entre tierra y poder político, que pareciera desconocer tanto la opinión pública como el calificado equipo del nuevo gobierno, el límite de las bienintencionadas propuestas de cambio y modernización del sector agrario. Sobran ejemplos históricos en los que las medidas que eran vistas por el Estado central como democratizadoras, terminaron en las regiones apuntalando un orden social reaccionario que fortaleció a las elites políticas tradicionales.
En conclusión, más allá del optimismo que han despertado algunos hechos del nuevo gobierno como la composición del gabinete presidencial, el diálogo civilizado con la Corte Suprema de Justicia y la propuesta de agenda legislativa presentada la semana pasada (reforma política, ordenamiento territorial y replanteamiento de la política agraria) no se puede pasar por alto la presencia de intereses políticos y económicos que impone límites al espíritu reformista que cree encarnar el nuevo mandatario.
Incluso, las realidades políticas a las que se enfrenta la unidad nacional podrían hacer del reformismo central una herramienta invaluable para las élites regionales en aras de mantener y fortalecer su poder. O peor aún, podrían llevarlas a resistir las reformas mediante la reactivación de la violencia.
* Investigador CINEP – ODECOFI.
Notas de pie de página
[1] http://www.semana.com/noticias-politica/juan-camilo-restrepo-promete-gran-viraje-politica-agricola/141429.aspx
[2] Ídem
