Negociaciones en La Habana: ¿estamos en la recta final?
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Repaso prospectivo del camino que aun deben recorrer el gobierno y las FARC. Se trata ahora de los temas más directamente relacionados con el fin de las operaciones militares. Pero no será fácil concretar los acuerdos: ¿cuándo vendrían las firmas?
Alejo Vargas Velásquez*
Víctimas y orígenes del conflicto
Esta semana se reanudaron las conversaciones en La Habana, con el inicio del ciclo número 32 entre las delegaciones del gobierno nacional y de las FARC.
La agenda de este ciclo debería estar centrada en el tema de víctimas, del cual viene ocupándose la Mesa desde hace cerca de cuatro meses y sobre el cual ya tiene insumos suficientes para ir construyendo los acuerdos: las reuniones con las cinco delegaciones de víctimas, más los tres Foros Regionales y el Foro Nacional sobre el tema- organizados por el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional y la Oficina de Naciones Unidas en Colombia-.
La tarea inmediata de la Mesa es entonces llegar a los acuerdos para el debido reconocimiento de las víctimas, la atención de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como al papel que ellas han de cumplir durante la terminación del conflicto y el período del pos-acuerdo, especialmente en lo tocante a la reconciliación.
Como se busca combinar la justicia con la viabilidad de la paz- la Mesa y sus asesores jurídicos han de hacer gala de gran creatividad.
También está prevista la segunda reunión de la subcomisión de género con delegados de organizaciones de mujeres, para seguir avanzando en la tarea de incorporar la dimensión de género en el conjunto de los acuerdos a que se vaya llegando.
Igualmente está prevista la presentación del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que seguramente contendrá una mirada plural acerca de los orígenes del conflicto armado. Recordemos que paradójicamente no hay consenso acerca de cuándo comenzó nuestro conflicto armado; el informe será fundamental para que la Mesa pueda acercarse a una definición consensuada sobre esta fecha, de lo cual dependerá la extensión temporal del universo de las víctimas -y de quiénes han sido los diversos victimarios-. Y por supuesto el informe aportará elementos importantes para el debate nacional al respecto.
Des-escalar y terminar el conflicto
No obstante lo anterior, tanto el gobierno como las FARC plantearon la necesidad de conversar y de llegar a acuerdos sobre medidas para el llamado ‘desescalamiento del conflicto’ –dentro de las cuales el tema del desminado tiene gran importancia-.
Sin olvidar que la Mesa desde un comienzo adoptó el principio de que las decisiones deben ser adoptadas de manera conjunta, a finales del año pasado las FARC anunciaron un cese unilateral de actividades militares, que hasta el momento han venido cumpliendo según constatan diversos organismos de seguimiento del conflicto y la violencia en Colombia.
Para abordar las facetas propiamente militares de la negociación se convocó la subcomisión técnica-militar, que por supuesto tiene también un carácter político y que habrá de explorar asuntos complejos y sucesivos, como decir el método para inventariar el armamento, las modalidades y mecanismos para el cese de fuego bilateral definitivo, el consiguiente y riguroso sistema de verificación, la posible reubicación de las fuerzas insurgentes en ciertos puntos del territorio nacional, y el proceso para la dejación de las armas- que puede adoptar distintas modalidades-.
Los temas anteriores son parte sustancial del tercer punto de la agenda convenida desde 2012 – el de ‘terminación del conflicto’- que ya comienza a ser discutido por los especialistas militares esto es, por la subcomisión militar del lado del gobierno y los jefes guerrilleros por parte de las FARC.
Justicia transicional
Una vez se definan los acuerdos sobre víctimas (que demorará alrededor de tres ciclos) la Mesa debe abocar el punto de la justicia transicional, tanto para los miembros de la insurgencia, como los de la Fuerza Pública y otros sectores que hayan tenido el carácter de victimarios.
Esto implica examinar una gama compleja de normas y principios en el marco de la justicia transicional –pues no debe olvidarse que se trata de una justicia en construcción, donde no existe una última palabra-. Como se busca combinar la justicia con la viabilidad de la paz –no es probable que alguien quiera dejar las armas para ir a una prisión, pero tampoco son posibles las figuras de amnistías o indultos que antes se utilizaban en relación con los “delitos políticos” – la Mesa y sus asesores jurídicos han de hacer gala de gran creatividad.
No será fácil llegar a fórmulas aceptables para todos. Pero vale recordar que una buena negociación es aquella que deja a todos parcialmente descontentos, porque significa que todos consiguieron parcialmente sus objetivos, pero igualmente debieron sacrificar parte de los mismos. Este, sin duda, es una de los temas neurálgicos que tiene por delante la Mesa de Negociaciones.
 Delegaciones de Paz del Gobierno y las Farc reunidas con los representantes de las víctimas de la Masacre de Bojayá. FARC-EPaz |
Refrendar el acuerdo
Una vez completados los acuerdos sustantivos, la Mesa deberá ocuparse del mecanismo para su refrendación, aclarando que se trata de su legitimación política y no tanto de una necesidad jurídica, porque el gobierno cuenta con suficientes herramientas legales para llevar a cabo la mayor parte de los acuerdos.
El presidente cuenta además con un mandato político inequívoco para adelantar estas conversaciones y firmar estos acuerdos, pero existe el compromiso de las dos delegaciones de acudir a los colombianos para que ellos sean quienes refrenden los mismos.
Una buena negociación es aquella que deja a todos parcialmente descontentos.
También aquí se va necesitar mucha inventiva de las dos delegaciones, porque seguramente tendrán que pensar en opciones distintas de las existentes e idear una nueva figura –algo como una consulta popular o referendo sin umbral, acompañado de un constituyente con mandato restringido o un “congresito” con unas funciones muy precisas-. Una figura excepcional como esta sería necesaria porque los mecanismos existentes no parecen adecuados para tramitar una decisión también excepcional: poner fin un conflicto armado tan complejo y de tanta duración.
Por lo demás sería deseable que la propuesta del procurador – un ‘Pacto por la Paz’- se tradujera en un diálogo franco y sereno entre actores políticos e institucionales para llegar a consensos básicos que hagan posible la refrendación popular de los acuerdos y garanticen su cumplimiento en el mediano y en el largo plazo.
Ejecución de los acuerdos
Finalmente la Mesa deberá definir los mecanismos de implementación de los acuerdos. En este campo el gobierno tendrá un gran desafío, porque hay una historia de incumplimientos del Estado colombiano. El nuestro es un Estado proclive a firmar acuerdos para poner fin a conflictos armados o no armados, y para desactivar los movimientos de protesta ciudadana, pero muy poco eficaz para llevar a cabo los programas prometidos,
Por eso importarán los mecanismos de seguimiento y verificación del cumplimiento de los acuerdos por parte y parte. Seguramente se acordará una fórmula mixta, con participación nacional e internacional.
También aquí se planteará una discusión acerca de qué significa la ‘la paz territorial’ que en su enunciado suena bien pero que puede tener muy diversos desarrollos: ¿Es escoger unos municipios ‘piloto’ para adelantar algunas obras o acciones de desarrollo? ¿Es ‘empoderar’ a organizaciones sociales de las regiones y darles apoyos económicos para que lleven a cabo algunos proyectos de desarrollo? ¿Es adelantar políticas de desarrollo regional teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio, que comiencen a transformar las condiciones de vida de los habitantes? ¿Se trata de alguna mezcla articulada entre estas y otras modalidades? Es parte de lo que deben analizar y acordar las dos delegaciones.
En conclusión
Si bien es realista suponer que hacia finales del año podría firmarse el Acuerdo final entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP –incluido el cese del fuego bilateral u definitivo-, es poco realista esperar que en las elecciones regionales de octubre los colombianos puedan refrendar el Acuerdo.
Si a esto le sumamos que en el mejor de los casos el proceso con el ELN comenzaría en estos primeros meses del año, resulta ser del todo irrealista que el proceso concluya en el 2015: probablemente la refrendación quedaría para el año que viene.
Sin embargo podemos mirar con optimismo los avances ya logrados en La Habana y la disposición que cada vez más claramente demuestran las dos partes para ponerle punto final a este conflicto con la guerrilla más antigua del mundo.
* Profesor Titular de la Universidad Nacional.
Acerca del autor
Alejo Vargas
* Profesor titular de la Universidad Nacional.
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Alejo Vargas
* Profesor titular de la Universidad Nacional.
