El acuerdo de México

Este 10 de marzo se presentó el ‘Acuerdo de México’, como cierre del segundo ciclo de negociación entre el gobierno nacional y el ELN.

El alcance del documento y las posibilidades de negociar la paz con ese grupo fueron motivo de múltiples reacciones.   En este articulo haremos algunos comentarios, bajo esta idea general: prudencia sobre el grado de avance en el proceso.

A pesar de llamarse un ‘acuerdo’, este documento no es un punto final, sino el punto de partida como agenda de negociación entre las partes. Uno muy sólido, por demás, teniendo en cuenta los antecedentes, puesto que nunca se había llegado tan lejos en claridad de la agenda.

Sin duda es una agenda maximalista que despierta preguntas sobre cómo será abordada; está compuesta de temas ambiciosos y dialoga con aspiraciones de muchos sectores, con sus demandas particularistas. La participación de estos actores sería una fuente de serias tensiones.

Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, negociadores del gobierno Santos, se mostraron inconformes con la agenda y la catalogaron como una ganancia del ELN, que “le metió todos los goles al gobierno”. Pero importa recordar que aún no hay goles absolutos en el juego. Por lo pronto, si el símil deportivo lo permite, apenas se acaba de delimitar la cancha.

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Lo que parece que gana el ELN

El primer motivo de alarma fue la idea de “examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico” colombiano. Sin duda, esto parece una ganancia absoluta para el ELN, toda vez que el modelo económico ha sido la “línea roja” que no ha cruzado ninguna negociación de paz de Colombia.

Pero esa declaración es menos sorprendente si se tiene en cuenta que el cambio de modelo económico hace parte de la agenda del gobierno Petro. Este acuerdo con el ELN puede servirle al gobierno de trampolín para legitimar sus intentos de reformas.

Con todo, la pregunta central sería en qué consiste examinar “desde una perspectiva democrática”, ¿qué es perspectiva democrática?, ¿quiénes participarán y cómo se concertaría esa participación? Si bien el ELN tiene bases sociales, estas bases pertenecen a sectores sociales muy distintos en las varias regiones —sin añadir que a menudo han sido víctimas de este grupo guerrillero—.

Las sorpresas

Además de pasar la línea roja con el modelo económico, en el acuerdo aparecen por lo menos tres: la mención expresa del fin del conflicto armado, la inclusión del medio ambiente como víctima y la participación política del ELN.

1. Sin duda, la idea de la ejecución parcial de los acuerdos causa suspicacias con el ELN. Humberto de la Calle, por ejemplo, cree que esto puede ser un incentivo para no entregar las armas hasta que las reformas no sean ejecutadas, convirtiendo la negociación en un proceso sin fin. La reticencia del ELN frente al asunto de las armas ha ayudado a reforzar esta idea.

Pero la mención expresa de que esta negociación tiene el propósito de “erradicar la violencia de la política” es un punto importante al sugerir que el uso de las armas en la política no será legítimo, aunque no se hayan solucionado todos los problemas.

2. La segunda sorpresa, el medio ambiente, tiene que ver con un punto central de la agenda del ELN: el asunto del petróleo y su manejo nacionalista. Esta unión lo ha hecho incurrir en una contradicción práctica ante la cuál deberá responder: exigir el cuidado del medio ambiente mientras estalla oleoductos.
3. La participación política del ELN es un asunto que crea muchas expectativas. Esta guerrilla considera que su actividad es la política con armas para construir un poder popular, pero no ha dado muchos indicios sobre su tránsito a la política sin armas.

Se ha dicho varias veces que el modelo de curules por desarme no funcionaría con el ELN, como lo hizo con las FARC ¿Se mantiene esta percepción?, ¿irá el ELN hacia la conformación de un partido político?

Tratamiento diferenciado

El ELN logra su reconocimiento político y así se diferencia de los demás grupos armados en los intentos de negociar la paz total.

Esto sin duda es un factor que permite negociar con mayor fluidez. Pero, el tratamiento diferenciado debe evitar por lo menos dos errores:

1. Demeritar los intentos de negociación con otros grupos armados. Los múltiples frentes de negociación de la paz total son un desafío, pero también una necesidad. Desarticular un solo grupo armado no es garantía suficiente de reducción de violencia, ni siquiera cuando se reduce la violencia entre un grupo y el Estado. Por ejemplo, cuando se pactan ceses con el Estado la violencia no disminuye porque se mantienen disputas entre grupos; por eso es importante la apuesta por desarticular todos los grupos.
2. El tratamiento diferenciado no puede hacer desechar las capacidades institucionales que ya existen para la paz. Esto concierne tanto a la firma del eventual acuerdo como a las condiciones para alcanzarlo.

Por ejemplo, uno de los ejes del acuerdo es la participación amplia de la población. Esto puede facilitarse con la ley de paz total (2272 de 2022) establece regiones de paz con la tarea expresa de adelantar negociaciones en una escala regional.

La negociación con el ELN debe ser una oportunidad para aplicar estos mecanismos, ponerlos a prueba y evitar la duplicación de esfuerzos institucionales.

También, pensando en el futuro, los cambios institucionales para la consolidación de la paz y la justicia deben hacerse con cuidado. Un tribunal como la JEP no podría transformar su mandato para atender a un acuerdo con el ELN, si antes no la reforma el Congreso. Un costo político adicional.

Pero ignorar la existencia de un tribunal de esta naturaleza, también sería un desacierto. Duplicaría y particularizaría aún más la justicia transicional colombiana. En todo caso la eventual ampliación del mandato de la JEP tendría que ser acompañado por su mejoría presupuestal y técnica.

Los espacios humanitarios

Los espacios como la caravana del bajo Calima y el San Juan son importantes porque reducen los costos humanitarios. También son, sin embargo, espacios de denuncia por parte de la población civil, donde presentan sus inconformidades y reclamos a las partes.

Estos espacios deben considerar como un deber la satisfacción de las necesidades de las víctimas en clave del reconocimiento de responsabilidades. Aunque no son espacios judiciales, cuando las comunidades presentan sus reclamos, ni el Estado ni el ELN deberían responder con mensajes justificantes o evasivos. Esto puede ser re victimizante, además de minar la confianza en los procesos de participación en la mesa.

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