En las negociaciones con el ELN se juega más de lo que parece, y hay aspectos del proceso que amenazan desbordar a las dos partes. ¿Qué hay detrás de los primeros acuerdos y para dónde van la guerrilla y el gobierno?
Henry Ortega*
Con bombos y con platillos
Las últimas semanas han sido agitadas en cuanto a las negociaciones con el ELN. Las dos noticias centrales han sido: el cierre del tercer ciclo de negociaciones —con cese al fuego y comienzo de la participación de la sociedad civil—, y la posibilidad de un fondo internacional de financiación para el ELN.
El viernes 9 de junio se dio una gran noticia para la paz total, en medio de semanas turbulentas para el gobierno Petro. Fue una puesta en escena que revivió el encuentro entre Santos y Timochenko en La Habana en el 2016. De izquierda a derecha: presidente colombiano, presidente cubano y máximo líder de la guerrilla colombiana cerrando la foto, en medio de un apretón de manos.
Contra el reloj
Lograr la paz con ELN es uno de los desafíos más importantes para el gobierno Petro. Y para esto tiene el tiempo en contra. A diferencia de Santos, que contaba con la reelección, Petro tiene apenas 4 años –casi 3 en este momento– para posicionarse como el primer presidente de izquierda que dio fin al ciclo de violencias insurgentes del siglo XX.
El valor histórico de este eventual acontecimiento fue el argumento que utilizó Petro para justificar su decisión de acelerar el proceso. Por eso el presidente insistió en que el ELN debe entender que la guerra fría ya terminó, que el mundo ha cambiado y que es esta la oportunidad de acabar la fase de la insurgencia armada en América Latina.
Este llamado tiene un propósito concreto: agilizar, porque bien puede que el ELN no tenga tanta premura como Petro. Más allá del valor histórico y simbólico, esta urgencia tiene una doble motivación:
- La demanda misma de la población civil que reclama el final de la violencia en las distintas regiones con presencia del ELN y otros grupos armados, y
- El aprendizaje del proceso con las FARC: no basta lograr un acuerdo con un gobierno si éste no es quien da comienzo a su ejecución. De otra manera se corre el riesgo de dejar un acuerdo poco blindado ante el cambio de gobierno de 2026, sea cual sea.
Retomar la agenda que se pactó con el gobierno Santos y lograr este cese a diez meses de comenzar su gobierno es un avance sin duda significativo. Además del cese al fuego, se han logrado avances como la salida de menores de edad de las filas del ELN, cuyos protocolos de recepción están en curso.
El valor histórico de este eventual acontecimiento fue el argumento que utilizó Petro para justificar su decisión de acelerar el proceso.
Pero el proceso no está exento de dificultades, no será fácil hacer realidad los acuerdos progresivos y lograr que lleven a un acuerdo final y definitivo para que el ELN deje las armas.
La participación: sorpresas esperables
Lo que viene a continuación puede no tener el mismo ritmo. La participación de la sociedad civil no es apenas un reto político, sino también logístico y metodológico.
“En materia de participación, no se puede inventar la rueda”. Las regiones ya han participado en recientes e importantes escenarios como los PDET y el Plan Nacional de Desarrollo; muchas de las necesidades y soluciones se conocen y un exceso de asistencia a espacios de participación desgasta. Así lo señaló Iván Cepeda el pasado jueves en A fondo, el podcast de María Jimena Duzán (Cepeda es una de las voces más relevantes en el proceso por su papel de clarificador de muchos de los mensajes discordantes).
Si la intención efectiva del proceso es consultar la opinión de las comunidades, el gobierno debe estar dispuesto admitir que en las mesas regionales se den más que cordiales sugerencias para el acuerdo eventual entre el Estado y la guerrilla:
Por una parte, esos encuentros bien pueden ser espacios de rendición de cuentas, donde las poblaciones presenten sus reclamos sobre el avance o no de las reformas que abandera el gobierno. Más todavía cuando muchas de estas reformas se han inspirado en el conocimiento más o menos generalizado de las demandas preexistentes de las regiones.
Este ejercicio de rendición de cuentas puede servirle al gobierno para corregir el rumbo y diseñar los ajustes necesarios — como también para dar a conocer y para legitimar los avances en su agenda—.
Por otra parte, es también de prever que las comunidades reclamarán acciones inmediatas de reducción de la violencia, atención humanitaria y reconocimiento de las víctimas. Algo de esto se vio ya en la Caravana Humanitaria del Bajo Calima y el Medio San Juan.
Por eso mismo, la metodología de estos espacios debe incluir reglas claras para evitar revictimizaciones o evasiones en el reconocimiento de responsabilidades. Aquí se juega la credibilidad de futuros escenarios de justicia transicional con el ELN, por no decir que empezarían a operar como si fuera uno de estos.
El cese y los secuestros
Son dos las dificultades principales para que pueda operar el cese al fuego:
Primera porque es un cese bilateral, pero en muchas regiones las acciones armadas no se dan tanto entre el Ejército y el ELN, como entre diversos actores ilegales. Aunque se intensifiquen las negociaciones con otros grupos armados, es muy probable que se den acciones, por ejemplo, entre el ELN y las disidencias en Arauca o entre el ELN y el Clan del Golfo en Chocó.
En segundo lugar, no están prohibidas todas las acciones que involucran a la sociedad civil. El ELN declaró que no abandonaría el secuestro ni las extorsiones porque hacen parte de su economía de guerra.
Sobre esto importan algunas precisiones. Aunque se muestre dispuesto a renunciar al confinamiento y al reclutamiento de menores, el ELN se sigue negando a abandonar la práctica del secuestro. Este es un grave error: el secuestro es un motivo principal del repudio generalizado a las guerrillas en Colombia.
El ELN argumenta que hace parte de su financiación, pero vale la pena preguntar si en realidad este delito aporta tanto dinero a la organización como en su tiempo pareció aportarles a las FARC.
Resulta jurídicamente complejo y políticamente inaceptable que un gobierno o un fondo financien a una organización que se mantiene en armas.
Caso distinto sería el de la extorsión, que no es apenas un mecanismo de financiación, sino que cumple un doble y contradictorio papel entre el control social y el seguro o la “cuota para seguridad” que se suele cobrar en las regiones marginadas de Colombia. Por eso al combatir la extorsión no bastaría con que el ELN renuncie a esta práctica sin que el Estado garantice la seguridad de las comunidades afectadas.
El fondo internacional
El último remezón sobre el ELN vino del anuncio de un fondo internacional para financiar a esta organización.
La falta de claridad en los mensajes, una vez más, afecta la legitimidad del proceso. El mensaje consistió en canjear esa financiación por el fin de los secuestros y extorsiones, pero sin mencionar el compromiso de desmovilizarse. Resulta jurídicamente complejo y políticamente inaceptable que un gobierno o un fondo financien a una organización que se mantiene en armas.
Con el paso del tiempo han llegado rectificaciones y matices que bien pudieron ahorrase con un anuncio más claro y contundente.
Por supuesto, es común que algunos gobiernos aporten para los gastos logísticos de los integrantes de las guerrillas durante los procesos de negociación (pasajes, estadías y similares). Esta financiación, en un escenario de participación, podría estirarse a las acciones que pretendan disminuir la violencia (seguimiento del cese bilateral, jornadas de participación, rendición de cuentas a la sociedad civil, participación en caravanas humanitarias, etc.), pero no puede dejarse lugar sobre la prohibición de financiar la operación misma del grupo aún en armas. De lo contrario, nada evitaría que esos recursos se utilicen para el funcionamiento mismo de un ejército rebelde: compra de armas, reclutamiento, entrenamiento militar, acciones armadas contra otros grupos e incluso contra la sociedad civil.
De darse esta situación, se estaría echando por la borda toda posibilidad de respaldo social a cualquier acuerdo que se logre. Las aclaraciones, por fortuna, apuntan a lo contrario.
