La negociación con el ELN incluye un tema innovador: asuntos ambientales. ¿Por qué? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cómo debería abordarse este asunto?
Mónica Amador Jiménez*
El territorio como víctima
La mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN ha planteado la incorporación de los temas ambientales en su agenda, como una condición para restaurar el territorio y construir una paz sostenible.
La agenda de la mesa incluirá los temas siguientes:
- Participación de la sociedad en la construcción de la paz;
- Democracia para la paz;
- Transformaciones para la paz;
- Víctimas, donde se inscribe el ambiente como víctima;
- Fin del conflicto armado, y
- Plan general de ejecución de los acuerdos
Esta agenda temática está cruzada por tres temas que se abordarán en todas las fases: régimen político, modelo económico y situación ambiental.
Se puede entrever, entonces, que los asuntos ambientales, de la naturaleza y las relaciones socio-ecológicas en los territorios serán visibles y recurrentes durante esta negociación.
La mesa de diálogo aspira ir cumpliendo los acuerdos aprobados por las partes, de modo que el gobierno Petro puedan ejecutar acciones de corto, mediano y largo plazo.
La introducción de los temas ambientales es una innovación y es además un cambio en el paradigma para interpretar lo ocurrido en la guerra y en el sentido o alcance de la paz.
Más allá de pensar que la guerra y/o la paz se hacen entre humanos hay que asumir la relación que los humanos tenemos con la naturaleza y cómo nuestras confrontaciones violentas han hecho daño grave a otros no-humanos, como ecosistemas, especies y organismos.
la guerra contra el medio ambiente ha sido también una guerra no visibilizada contra las comunidades y sus territorios al afectar intrínsecamente sus vidas e identidades.
Aunque los asuntos ambientales se trataron en la mesa de la Habana con las FARC, ellos no fueron explícitamente considerados como fundamentales. Pero en el desarrollo de la Justicia Transicional encabezada por la JEP, así como en las investigaciones de la Comisión de la Verdad, se hizo evidente que los asuntos ambientales son seriamente afectados por el conflicto armado.
Un ejemplo es el Caso 02 del Territorio Uwa. donde la JEP concluyó que los habitantes indígenas y el territorio fueron violentados al mismo tiempo por la estrecha relación socio ambiental entre ellos y por la visión cosmológica de la comunidad.
Desechos de la guerra
La experiencia de la Comisión de la Verdad y la JEP ha dejado claro que el tema ambiental fue transversal en la guerra hecha por las guerrillas, los paramilitares, el ejército y otros terceros, de manera que los bosques fueron deforestados y degradados por economías ilegales como la coca o la extracción minera, o por actividades legales como la ganadería extensiva, la agroindustria o la minería.
Durante la guerra en Colombia, los ríos han sido victimizados, contaminados por acciones terroristas contra oleoductos o infraestructuras, pero también por la presencia de cadáveres humanos que fueron tirados agua abajo, como en el río Magdalena, el Atrato y Cauca.
De hecho, dichos ríos hoy tienen la categoría de ser ‘naturalezas sujeto de derechos especial de protección’, hecho judicial derivado de sentencias por tutelas y acciones populares interpuestas por comunidades afectadas.
Estas comunidades denunciaron la contaminación de industrias extractivas, falta de saneamiento básico, riesgo ante crisis climática, inexistencia de ordenamiento y acción de autoridades ambientales, y el hecho de haber vuelto a estos ríos fosas comunes.
El conflicto armado colombiano y las condiciones que este ha generado en los territorios, tales como marginalidad, falta de gobernabilidad, gobernanza y presencia institucional, han impactado al medio ambiente negativamente.
Lo que ha generado una perdida continua, acumulada y degenerativa de ecosistemas estratégicos y servicios ecosistémicos vitales para la calidad, provisión y regulación del agua, la riqueza y sostenibilidad de los suelos, la biomasa acumulada en la vegetación que permiten la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.
Las afectaciones contra la naturaleza-ambiente también se expresan en el rompimiento de relaciones socioambientales que las comunidades en sus territorios han establecido histórica y ancestralmente.
En estos territorios las comunidades se han entrelazado para subsistir y así mantener las prácticas socioculturales, afianzar las relaciones afectivas y de comunidad, y reconocer y adueñarse de su identidad.
Por lo tanto, la guerra contra el medio ambiente ha sido también una guerra no visibilizada contra las comunidades y sus territorios al afectar intrínsecamente sus vidas e identidades.
La lucha de los marginados
Colombia es un país pionero en la declaración de sentencias que establecen protección especial y categorías de sujeto de derechos a diferentes naturalezas. Han sido reconocidas 25 entidades entre 2016 hasta 2023.
La Constitución Política colombiana establece un marco de principios en donde reconoce la riqueza de recursos naturales y el medio ambiente como patrimonio natural, así como el compromiso común para su manejo y conservación. Jueces y cortes han construido una jurisprudencia importante que da sustento a la categoría de ‘naturaleza sujeta de derechos’ y ambiente como víctima.
Ante tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), el pueblo Uwa ha interpuesto una demanda contra el estado colombiano por el daño ambiental, territorial y de DD. HH., y también por el daño contra Zizuma, como los Uwa denominan al Cocuy. Los Uwa exigen reparación socioambiental y territorial, y autonomía sobre el territorio.
El Cocuy ha sido un punto de conexión entre Arauca, Catatumbo y el centro del país, es una zona neurálgica de ocupación histórica y confrontación entre las guerrillas del ELN, las FARC, y ahora de las disidencias del EMC, Segunda Marquetalia y el Frente Oriental del ELN.
Este corredor complejo también ha experimentado la arremetida del ejército con el Plan Colombia y Plan Patriota, el asentamiento de batallón de alta montaña durante el gobierno de Uribe. Desde los 1980 el territorio ha sido ambientalmente impactado por la explotación petrolera de Campo Caño Limón–Coveñas.
Será un desafío para la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN abordar la Situación Ambiental y el Ambiente como Víctima.
El ELN, en particular, ha sido uno de los principales actores involucrados en la contaminación de ríos y afectación por atentados contra infraestructura petrolera.
Un caso relevante es el del daño ocasionado sobre el Complejo de Humedales del Lipa, en donde los atentados han afectado cuerpos de agua y suelos a la altura de las veredas Sinaí de Arauca, Mataoscura, La Osa, y Campo Caño Limón.
En lo que va corrido de 2023 se han reportado 10 atentados al oleoducto Caño limón–Coveñas, y SierraCol Energy, empresa operadora del campo, ha sido objeto de amenazas por parte de este grupo.
El abordaje de la naturaleza como víctima del conflicto es de carácter multiactor, ya que explorar las violencias contra naturaleza, ambiente y el territorio, en el contexto de guerra, es un fenómeno heterogéneo, acumulativo y sinérgico.
Además, el daño contra el Humedal del Lipa ha sido fuertemente ocasionado por la instalación de la infraestructura petrolera desde 1980, lo que implico el cambio en el curso de ríos y desecamiento de partes del humedal, con la reducción del espejo de agua del estero principal, como lo han documentado la Defensoría del Pueblo y la Fundación Luterana Internacional.
Para permitir la extracción de hidrocarburos, las autoridades ambientales en 1983 aprobaron la eliminación de la figura de protección del humedal como Santuario de Flora y Fauna, por lo cual las autoridades estatales, en su momento, y las actuales, como Corporinoquia, han sido responsables por la negligencia o falta de monitoreo y protección de este importante humedal de la Orinoquia.
Junto con los hidrocarburos, la agroindustria del arroz también ha desecado y cambiado el curso de ríos, sin que haya mayor reconocimiento por este sector económico o por las autoridades ambientales.
Todos estos actores por acción u omisión han ido matando al Humedal del Lipa en Arauca durante los últimos 40 años.
Comisión de la Verdad Ambiental
El abordaje de la naturaleza como víctima del conflicto es de carácter multiactor, ya que explorar las violencias contra naturaleza, ambiente y el territorio, en el contexto de guerra, es un fenómeno heterogéneo, acumulativo y sinérgico.
La asunción de esta víctima implicará involucrar, más que al Estado y la guerrilla, sobre todo a los sectores económicos y economías ilegales como directamente involucrados.
Se hace necesario considerar establecer una Comisión de la Verdad Ambiental en Colombia, que de manera histórica, integrada y con ecuanimidad establezca los motores, actores, condiciones y patrones que han permitido el daño ambiental y territorial en el contexto de la guerra y el extractivismo.
Una Comisión de la Verdad Ambiental compuesta por comunidades indígenas, afros, rom, campesinos de páramos, selvas, llanos y costas, científicos, autoridades ambientales y sectores productivos, y que nos permitan conocer los impactos aún desconocidos de esta guerra hecha por humanos.
