Cómo ha cambiado la relación entre tráfico de drogas y violencia en Colombia, y cómo el narcotráfico está detrás de la actual oleada de homicidios.
Camilo Echandía Castilla*
Estrategia equivocada
A la sombra del cartel de Medellín
Las organizaciones narcotraficantes nacieron a comienzos de la década de los ochenta y su violencia estalló a raíz de un secuestro perpetrado por el M19, cuando el cartel de Medellín creó el grupo Muerte a Secuestradores (MAS).
Como muestra la Gráfica siguiente, a partir de la segunda mitad de los ochenta las tasas de homicidios en Colombia aumentaron bruscamente:
Evolución de los cultivos de coca y las tasas de homicidios (1981-2019)
El aumento de los homicidios puede explicarse por la disputa entre los narcotraficantes por el control del negocio, pero también podría deberse a la ruptura de sus acuerdos con las FARC sobre las zonas cocaleras del sur del país. Esto segundo habría sido consecuencia del fortalecimiento militar de la guerrilla, que implicó el cobro del “impuesto a la coca” y el ejercicio más severo del control sobre la población local.
Por esa misma época se extendieron las acciones del MAS a las zonas rurales. Después, al producirse el choque con el cartel de Cali, un ala del cartel de Medellín encabezada por Rodríguez Gacha se apropió de este brazo criminal.
Los homicidios registraron su punto más alto en 1991 y después disminuyeron hasta 1998. Este periodo coincide con el desmantelamiento de los carteles de Medellín y Cali. Los carteles mejicanos aprovecharon para tomar el control de la comercialización al por mayor y al detal en Estados Unidos.
Por otra parte, en Colombia surgían nuevas organizaciones, como el cartel del Norte del Valle, que se encargaban de garantizar la protección de las rutas de la droga.
Integración y fragmentación
Durante la década de los noventa se produjo la integración vertical del negocio de la cocaína: la siembra, la producción de base, la refinación y la transformación del alcaloide pasaron a depender de una misma organización. Esta integración ayudó a disminuir la producción de drogas y los problemas derivados de esta industria en Perú y en Bolivia; pero en Colombia se agravaron los problemas.
Pasamos de 40 mil hectáreas cultivadas de coca en 1990 a 163 mil en 2000, al tiempo que aumentan los laboratorios para el procesamiento de la pasta. Este salto fue una consecuencia de la expansión territorial y el fortalecimiento de la guerrilla y de las autodefensas.
Hacia el año 2000 entonces el narcotráfico alcanzó su punto más alto en cuanto a siembra y producción, pero estaba más fragmentado y sus ganancias estaban más distribuidas, en comparación con los años ochenta y noventa.
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Paramilitarismo y narcotráfico
El panorama anterior permite explicar la expansión de los grupos paramilitares o de autodefensa entre 1997 y 2002: estos grupos pasaron de 3.800 miembros en 1997 a 13.175 en 2002, en el momento mismo del auge del narcotráfico en Colombia.
Aunque las autodefensas querían ser reconocidas como contrainsurgentes y para esto tenían que sostener algunos enfrentamientos directos con la guerrilla, el patrón geográfico de su expansión en realidad corresponde a las áreas estratégicas para el narcotráfico, tanto en el norte como en el oriente, suroriente y suroccidente del país.
En medio de la negociación entre las FARC y el gobierno Pastrana, la lucha entre los paramilitares y las guerrillas entre 1999 y 2002 elevó las tasas de homicidios, masacres y asesinatos de líderes sociales, hasta un nivel que no volvió a registrarse.
El aumento de las masacres y asesinatos selectivos fue consecuencia de la expansión de paramilitarismo, que pretendía crear un corredor en el norte y el centro del país para controlar la producción de coca entre Urabá, el Bajo Cauca, el sur de Bolívar y el Catatumbo. Apelando a la violencia, las autodefensas tuvieron acceso a las zonas de retaguardia de las FARC en el sur del país.
Estos grupos se consolidaron en varias regiones y establecieron hegemonías de facto, con el apoyo de empresarios, comerciantes y representantes del Estado
Desmovilizaciones y crimen ordinario
El narcotráfico entró en su etapa de mayor fragmentación con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia: por este motivo a partir del 2003 disminuyen las masacres en Colombia.
Pero las bandas criminales aprovecharon la oportunidad para controlar los territorios donde la desmovilización afectó la unidad del narcotráfico. La violencia prosiguió en los espacios estratégicos para el narcotráfico y la extracción de rentas ilegales, debido a las disputas entre bandas bajo el control de parientes o segundones de los antiguos jefes de las autodefensas.
Las negociaciones entre el gobierno Santos y las FARC contribuyeron a reforzar una tendencia descendente de los homicidios hasta 2017, cuando se alcanzó la tasa más baja en 42 años. Al desmontar la guerrilla más numerosa, con más poder militar y cubrimiento territorial, se hizo evidente la incidencia del conflicto armado sobre la violencia global del país.
El problema no resuelto
Pero a partir de 2018 las disputas por el control de las actividades ilícitas han conllevado un repunte de la tasa de homicidios. Buena parte de estos homicidios proviene de grupos como el Clan del Golfo, los Caparros, el ELN, el EPL y las disidencias de las FARC.
La persistencia de las guerras sangrientas por el control de las economías criminales es prueba de que el Estado tiene pendiente la tarea de proteger a la población.
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El aumento de asesinatos de líderes sociales desde el 2016 no puede explicarse únicamente por razones ideológicas o políticas; tal vez más importante ha sido el hecho simple de que las actividades promovidas por las víctimas van contra el interés de diversos grupos armados.
Estos asesinatos ocurren en regiones donde se adelantan la sustitución de cultivos, la restitución de tierras, los proyectos nocivos para el medio ambiente y a los cuales se oponen las comunidades, o simplemente en sitios que son útiles para los grupos armados.
Hoy el ELN, EPL o las disidencias de las FARC ocupan las zonas de influencia previa de la guerrilla desmovilizada. Su reacomodo en el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño y su continuidad en el sur de Córdoba y el Litoral Pacífico han producido enfrentamientos que, aunque elevan la tasa de homicidios de estas zonas, tienen incidencia moderada sobra la tasa nacional.
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La capacidad de adaptación de estas agrupaciones para controlar las economías criminales es una grave amenaza para el Acuerdo de Paz, particularmente en los territorios donde se dio prioridad a su ejecución.
Para contrarrestar todos los factores que amenazan a la población se necesita de la presencia integral del Estado en estos territorios. Hay que buscar una solución a un conflicto armado que persiste y a los múltiples asesinatos con los que se busca controlar el mercado ilícito.
Existe una continuidad histórica, un patrón de convergencia entre la violencia y el narcotráfico: los grupos armados se disputan los cultivos de coca, el control de las rutas y puertos para la exportación de la droga y, así, aumentan las tasas de homicidios.
