La captura de alias Otoniel no es el fin de las organizaciones al margen de la ley, sino una reorganización del crimen en Colombia. Este ha sido el proceso —y estas son las perspectivas—.

César Alarcón Gil*

Triunfalismo discutible

El 23 de octubre fue capturado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

Desde el fuerte militar de Tolemaida, el presiente Duque declaró que “este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país y este golpe (sic) es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90”.

Después de hacer énfasis en la importancia de seguir el camino de la legalidad, Duque sentenció: “con este golpe a alias Otoniel, en la operación Osiris, se marca el fin del Clan del Golfo” (cursivas añadidas).

La afirmación en cursivas retrata uno de los mitos recurrentes de las estrategias gubernamentales para el control de las organizaciones criminales: creer que si se descabezan automáticamente desparecen sus capacidades operacionales.

Pero la reorganización del crimen es un proceso permanente, de agrupaciones con capacidad de aprendizaje, redes, alianzas, conjuntos de actividades y nichos de mercado variables. Una mirada superficial de la historia del país proporciona la evidencia al respecto.

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Medellín, Cali y sus organizaciones delictivas

Howard Aldrich señala que toda organización debe adaptarse a su entorno para sobrevivir. El entorno determina las condiciones para la sobrevivencia de una organización – y no a la inversa-. Esto vale también para las organizaciones al margen de la ley que operan en Colombia.

La configuración inicial de lo que en esos años se denominó “cartel” de Medellín y su homólogo de Cali (entre 1970 y mediados de los 1990) se produjo bajo unas instituciones nacionales que se comportaron de manera a lo sumo ambigua respecto a la presencia y los recursos económicos de estos grupos; originalmente dichas organizaciones, a pesar de ser consideradas como delictivas, eran valoraras positivamente por la gente y por los gobiernos locales o regionales.

Las dos organizaciones estaban jerarquizadas de manera vertical y con una presencia visible en las capitales y los principales cascos urbanos de sus respectivos departamentos. Una diferencia notable entre ambas era el uso de la violencia, pues la de Medellín fue más proclive a emplearla.

La generalización de las masacres y desplazamientos, junto con la aparición de zonas vedadas para la fuerza pública fueron consecuencias de la reorganización de los narco-paramilitares.