La captura de alias Otoniel no es el fin de las organizaciones al margen de la ley, sino una reorganización del crimen en Colombia. Este ha sido el proceso —y estas son las perspectivas—.
César Alarcón Gil*
Triunfalismo discutible
El 23 de octubre fue capturado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Desde el fuerte militar de Tolemaida, el presiente Duque declaró que “este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país y este golpe (sic) es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90”.
Después de hacer énfasis en la importancia de seguir el camino de la legalidad, Duque sentenció: “con este golpe a alias Otoniel, en la operación Osiris, se marca el fin del Clan del Golfo” (cursivas añadidas).
La afirmación en cursivas retrata uno de los mitos recurrentes de las estrategias gubernamentales para el control de las organizaciones criminales: creer que si se descabezan automáticamente desparecen sus capacidades operacionales.
Pero la reorganización del crimen es un proceso permanente, de agrupaciones con capacidad de aprendizaje, redes, alianzas, conjuntos de actividades y nichos de mercado variables. Una mirada superficial de la historia del país proporciona la evidencia al respecto.
Medellín, Cali y sus organizaciones delictivas
Howard Aldrich señala que toda organización debe adaptarse a su entorno para sobrevivir. El entorno determina las condiciones para la sobrevivencia de una organización – y no a la inversa-. Esto vale también para las organizaciones al margen de la ley que operan en Colombia.
La configuración inicial de lo que en esos años se denominó “cartel” de Medellín y su homólogo de Cali (entre 1970 y mediados de los 1990) se produjo bajo unas instituciones nacionales que se comportaron de manera a lo sumo ambigua respecto a la presencia y los recursos económicos de estos grupos; originalmente dichas organizaciones, a pesar de ser consideradas como delictivas, eran valoraras positivamente por la gente y por los gobiernos locales o regionales.
Las dos organizaciones estaban jerarquizadas de manera vertical y con una presencia visible en las capitales y los principales cascos urbanos de sus respectivos departamentos. Una diferencia notable entre ambas era el uso de la violencia, pues la de Medellín fue más proclive a emplearla.
La generalización de las masacres y desplazamientos, junto con la aparición de zonas vedadas para la fuerza pública fueron consecuencias de la reorganización de los narco-paramilitares.
Los dos grupos integraron varias fases de la cadena de valor de las drogas prohibidas: laboratorios para el procesamiento químico, redes de suministro (rutas, puertos, y alianzas internacionales para la exportación de la mercancía) y nodos de recepción para comercializar su producto en el país extranjero (elementos de la familia Ochoa o la propia Griselda Blanco en Estados Unidos). Las Bahamas y el corredor Centroamérica–México representaron nuevos puntos de apoyo ante el recrudecimiento de las sanciones internacionales.
El narcotráfico se reorganiza
Pero a mediados de la década de 1990 cambiaron el panorama y las condiciones de tolerancia, lo cual impuso un nuevo ajuste organizacional.
Estados Unidos aumentó su presión y no tardó en llegar la contrarréplica punitiva del gobierno colombiano. De esta forma Escobar fue dado de baja en 1993 y el grueso del “cartel” de Cali fue desmontado en 1995. Ninguna de las dos organizaciones logró sobrevivir, aunque una y otra tuvieran grados notables de cohesión y especialización en el negocio de las drogas ilegales. Pero el tráfico de drogas ilegales si sobrevivió, en manos esta vez de diversas organizaciones de menor escala y con menos capacidades.
Entre 1997 y 2006 se registró el crecimiento el fenómeno paramilitar con la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organizadas como una confederación entre distintos bloques y encabezadas por diversos “comandantes”. El territorio y sus habitantes adquirieron un valor diferente tanto para estas organizaciones, como para aquella que en su momento fue conocida como “cartel” del Norte del Valle.
La expansión de los nichos de mercado existentes, pero no explotados hasta la época fue la señal del cambio de los tiempos (extorsión, robo, secuestro). Estos nuevos mercados ilegales fueron siendo integrados a la lógica organizacional de los principales participantes del conflicto: paramilitares, guerrilleros y algunos traficantes de drogas que lograron extraer cuantiosas rentas ilegales de la población rural y urbana.
La generalización de las masacres y desplazamientos, junto con la aparición de zonas vedadas para la fuerza pública fueron consecuencias de la reorganización de los narco-paramilitares.
Ahora bien, aunque las organizaciones participaron menos en la cadena internacional del tráfico de drogas, los cultivos de coca en Colombia aumentaron de manera ostensible. Este cambio reveló la importancia de las comunidades rurales para para las nuevas organizaciones criminales. Ahí estaban las semillas del futuro Clan del Golfo, encabezado por Otoniel.
El Clan del Golfo
Las AUC se desmovilizaron formalmente a finales de 2006, bajo el gobierno de Uribe. La guerrilla más antigua del país, las FARC, anunciaría negociaciones en 2012, pero el Acuerdo de La Habana tendría que esperar hasta el 2016.
Las dos desmovilizaciones repercutieron sobre la organización del crimen en Colombia, en particular para el Clan del Golfo.
La génesis y el robustecimiento de este grupo pueden rastrearse entre 2006 y 2016: a la desmovilización paramilitar de 2006 le siguió la creación de diversas agrupaciones de corte híbrido que combinaban la delincuencia y las aspiraciones políticas.
Entre sus márgenes surgirían las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En 2009 sería detenido Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, excomandante de las AUC y fundador de las AGC.
A principios de 2012 fue dado de baja Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanny, quien para entonces ejercería el mando. Su hermano, Dairo Antonio Úsuga David, tomaría el control de la organización y ampliaría su escala operacional.
Para finales de 2012, el gobierno nacional consideraba a las AGC como la principal organización del trafico internacional de drogas en Colombia. La subunidad de mando y control de esta agrupación había impuesto un modelo descentralizado: un líder máximo, un estado mayor compuesto por cinco integrantes, cuatro grupos, 22 subgrupos y dos comisiones.
Contrariamente a los momentos de esplendor del “cartel” de Medellín, el “cartel” de Cali y aun el de las AUC, la presencia territorial de las AGC se concentró en las áreas rurales.
El presidente Duque gana políticamente si muestra resultados ante la opinión. También ganan las fuerzas del orden, porque la captura de Otoniel implica neutralizar un objetivo de altísimo valor que había sido perseguido desde hace años.
Cuando las FARC se desmovilizaron, la organización dirigida por Otoniel trató de conquistar los territorios que, al menos en el papel, dejarían de estar controlados por la guerrilla más vieja de Colombia. Esto volvió a escalar la violencia y causar enfrentamientos con integrantes del ELN, disidencias de las FARC, disidencias internas como los Caparros, y toda una miríada de organizaciones delictivas de diverso tamaño y posición territorial.
El resultado fue un aumento en las cifras de desplazamiento forzado. Parece que las AGC lograron adaptarse a los retos del territorio colombiano mediante la subcontratación, la extorsión, el desplazamiento y los asesinatos.
¿Quién gana y quién pierde con la captura de Otoniel?
Difícilmente puede aceptarse la proclama triunfalista del presidente Duque. La detención de alias Otoniel no es el fin de la organización que él dirigía. Aunque se prevén ciertos conflictos por la sucesión, ya se perfilan nombres para reemplazarlo: a rey muerto, rey puesto.
Pero el presidente Duque gana políticamente si muestra resultados ante la opinión. También ganan las fuerzas del orden, porque la captura de Otoniel implica neutralizar un objetivo de altísimo valor que había sido perseguido desde hace años.
Gana también el gobierno de Estados Unidos, pues la caída de Otoniel refrenda el compromiso contra el narcotráfico internacional y consolida la vigencia del régimen internacional del control de drogas.
Pero la extradición inminente de Otoniel implica una serie de perdidas: para las familias de las víctimas, para el conocimiento de la verdad y para el castigo de los aliados políticos de esta organización criminal.
