Mujeres encarceladas por delitos de drogas: un fenómeno creciente
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Aunque participan cada vez más en el tráfico ilícito, los motivos y formas de hacerlo son muy distintos de los de los hombres. Por eso estas mujeres necesitan un tratamiento judicial y social también distinto del de los varones.
Presas de las drogas
Alrededor de 625.000 mujeres y niñas están privadas de la libertad en el mundo, en espera de una sentencia o en cumplimiento de una sentencia condenatoria.
La población carcelaria femenina ha crecido a una tasa superior a la masculina: en América Latina, por ejemplo, casi se duplicó durante los últimos cinco años, al pasar de 40.000 en 2006 a 74.000 en 2010.
En países como Bolivia, las mujeres representan más del 13 por ciento de la población penitenciaria total -una de las tasas más elevada en el mundo-. La lentitud de la justicia es un aparte fundamental del problema, pues el 80 por ciento de aquellas mujeres está a la espera de una sentencia.
La mayoría de las encarceladas lo están por crímenes relacionados con las drogas. Es más: la gran mayoría de ellas están en espera de juicio.
Los estudios de campo, los testimonios y la investigación realizada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) revelan que en muchos países de América Latina la mayoría de las encarceladas lo están por crímenes relacionados con las drogas. Es más: la gran mayoría de ellas están en espera de juicio.
Casi todas las mujeres participan en los eslabones más bajos de la cadena delictiva de la comercialización, y la mayoría de estos delitos se cometen por motivos referentes a la supervivencia económica en contextos marcados por el abuso y la violencia.
El estudio 'Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina', del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC), también refleja que la mayoría de las mujeres encarceladas en América Latina lo están por haber sido acusadas de delitos menores relacionados con sustancias psicoactivas: de 75 a 80 por ciento en Ecuador, entre 30 y 60 por ciento en México, el 64 por ciento en Costa Rica, el 60 por ciento en Brasil, el 70 ciento en Argentina y el 42 por ciento en Colombia (aquí se puede acceder a una entrevista con Corina Giacomello, la autora del estudio).
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División sexual del narcotráfico
El estudio preparado por el IDPC muestra cómo la participación de las mujeres en la cadena de producción y comercialización de drogas es diferente de la de los hombres, y como sus experiencias con los sistemas penitenciarios son muy distintas. Por tanto, el tema requiere una clara diferenciación de género al aplicar la ley o al diseñar las políticas de prevención o de sanción de los ilícitos.
Las mujeres suelen actuar como cultivadoras, recolectoras, vendedoras al menudeo, correos humanos (“mulas” o “burreras”) e introductoras de drogas a centros de reclusión. No suelen ser protagonistas del crimen organizado ni suelen cometer el delito con violencia. Además, la investigación del IDPC explica los factores que contribuyen a que las mujeres funjan como mano de obra fácilmente reemplazable en las redes criminales transnacionales.
El perfil de las mujeres detenidas por delitos relacionados con las drogas es similar en toda América Latina: son jefas de hogar y las principales cuidadoras de sus hijos, actúan por la necesidad de mantener a sus dependientes, tienen poca o nula escolaridad y carecen de oportunidades laborales. Uno de los motivos más importantes detrás de su participación es la pobreza.
Un aspecto fundamental pero poco estudiado de este fenómeno es el papel de la violencia en la participación de las mujeres en los mercados de drogas. La poca evidencia disponible indica que muchas mujeres empiezan en ese trabajo como resultado de la presión, las amenazas y la violencia por parte de su pareja u otro familiar o conocido.
Los problemas del tratamiento actual
La CIM -perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA)- ha señalado el problema que enfrenta el creciente número de mujeres que participan en el mercado ilícito de drogas, así como la carga que esto representa para los sistemas penitenciarios.
Muchas mujeres empiezan en ese trabajo como resultado de la presión, las amenazas y la violencia por parte de su pareja u otro familiar o conocido.
Las políticas de “mano dura” han implicado un sobrecargo importante para los sistemas de policía, justicia y atención carcelaria en América Latina. Además, la tendencia a penalizar de manera especial los delitos asociados con las drogas ha creado una seria desproporción en la frecuencia relativa de estos casos.
Algunos resultados negativos de esas políticas son la criminalización de las personas por consumo de drogas y la detención durante largos períodos de prisión “preventiva,” es decir, sin cargos o sin sentencias. En el caso de las mujeres madres, el encarcelamiento por largos períodos produce la separación de sus hijas e hijos y la ruptura de la familia.
Es igualmente grave el problema de la doble estigmatización de las mujeres encarceladas por delitos de drogas, pues ellas son un grupo particularmente vulnerable al ser rechazadas por su comunidad por dejar de cumplir con su papel tradicional de cuidadoras y por su nuevo papel de proveedoras.
El estigma de ingresar al mundo del crimen organizado, aunque hayan sido víctimas de violencia o coerción, aumenta su aislamiento y obstruye sus oportunidades de reintegración social después de cumplir sentencia.
Por un tratamiento diferenciado
Considerado las políticas de drogas vigentes en la región desde una perspectiva de género, el informe del IDPC recomienda las acciones siguientes:
◦ Levantamiento de información cuantitativa y cualitativa detallada acerca de las personas recluidas. Esta información debe ser producida por los Estados, ser accesible a todo tipo de usuarios y estar desagregada por género.
◦ Programas de prevención dirigidos específicamente a los diversos grupos que pueden verse involucrados en delitos de drogas. Estos programas habrían de tomar en cuenta los procesos socioculturales que actúan en cada contexto, además de utilizar el saber acumulado por la cooperación internacional.
◦ Cada país debería revisar su legislación en materia penitenciaria, ampliar las opciones para aplicar penas alternativas a la prisión y ceñirse a las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), considerando además, los derechos de los niños y de sus madres en prisión.
◦ No menos importante, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) haría bien en adoptar una visión desde los derechos humanos hacia las personas vinculadas con delitos de drogas. Desde este enfoque la CICAD podría auspiciar una revisión de los procesos nacionales para evitar la desproporcionalidad de las sentencias, para avanzar hacia la plena descriminalización del uso de drogas y de la posesión para el consumo personal, y hacia el cumplimiento de la Declaración de Antigua, Guatemala, entre otros.
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En materia específica de género, ka mencionada Declaración de Antigua (“Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las América”) que fue aprobada en junio de 2013 por los Estados miembros de la OEA, señala que “las políticas públicas relacionadas con el problema mundial de las drogas necesariamente deben ser diseñadas e implementadas con un enfoque de género, cuando corresponda”.
Igualmente, en su resolución 55/5, titulada “Fomento de estrategias y medidas que respondan a las necesidades específicas de la mujer en el contexto de programas y estrategias amplios e integrales de reducción de la demanda de drogas”, la Comisión de Estupefacientes se hizo eco de las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra Mujeres (CEDAW, por su nombre en inglés) y de la Declaración de Beijing. Esta resolución insta además a los Estados de la ONU a adoptar medidas de control de drogas que respondan a las necesidades de las mujeres.
Todavía queda mucho por hacer en este sentido. El trabajo de la CIM se centrará en recopilar información cuantitativa y cualitativa sobre mujeres en reclusión por delitos de drogas, para influir sobre las políticas públicas y velar por la especificidad de género en los procesos judiciales y penitenciarios.
La CIM comparte la preocupación sobre el aumento de las mujeres en todas las esferas del tráfico de drogas y sobre la necesidad de repensar el enfoque hemisférico, incluyendo la justicia, y los sistemas penitenciarios, que deben dar prioridad a los derechos humanos y la igualdad de género.
Si tratamos como iguales a personas que históricamente han sido desiguales, solo perpetuamos las discriminaciones y desigualdades. La diferenciación de género es imperativa en la lucha para lograr justicia y tratamiento humano para mujeres privadas de la libertad o en riesgo de estar presas por delitos de drogas.
*Secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Organización de los Estados Americanos.
Acerca del autor
Carmen Moreno
Secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Organización de los Estados Americanos.
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Carmen Moreno
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