El Ministerio de la Igualdad promete cambios importantes para abordar el problema de la desigualdad, pero también hay muchas dudas e incertidumbres alrededor de esta nueva institución.
Diego Arturo Grueso*
Un proyecto de ley sin precedentes
Uno de los proyectos de ley que el gobierno escogió llevar al Congreso llegó a buen término el 4 de enero cuando el presidente Petro sancionó la Ley 222 de 2022 por medio de la cual se crea el Ministerio de la Igualdad, el cual será encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez, como se prometió en campaña.
El acto de sanción de la ley constituye un hito en las transformaciones en las instituciones que el gobierno actual supone como expresión concreta del cambio prometido.
Pero el camino que resta es arduo y los retos son múltiples, empezando por el de desarrollar un papel claro y distinguible en la administración central, sin duplicar funciones naturalmente asignadas a otras carteras y sin causar confusión o elevar en exceso las expectativas de la ciudadanía y de las poblaciones objeto de su ejercicio.
Qué es el Ministerio de la Igualdad
Según lo afirmado en los discursos tanto por el presidente, como por la futura ministra, el Ministerio de la Igualdad puede ser la primera instancia administrativa del orden nacional en ocuparse de la superación de las brechas de inequidad y de la aplicación material del mandato constitucional de igualdad.
Pero tal vez su papel más importante sea el de funcionar como ente articulador de los diferentes sectores para que llegue de mejor manera a los lugares y personas que más lo necesitan.
Este material establece una obligación doble al Estado: la de garantizar que nadie sea discriminado bajo ningún criterio como raza, sexo origen nacional o credo y la de establecer medidas concretas y diferenciadas para garantizar la igualdad efectiva en favor de grupos marginados.
Sin embargo, esto no debe entenderse como una innovación arriesgada, sino como la respuesta estatal obligada al deber de actuar frente a la evidencia de que Colombia es uno de los países con mayores índices de desigualdad del mundo. Este fenómeno se relaciona con la mortalidad infantil, el desempleo, el lento desarrollo de la industria o la violencia armada, cuya solución total es otra de las apuestas centrales del actual gobierno.
Con el Ministerio, se creará un nuevo sector dentro de la administración pública, el de la igualdad, a la vez que un nuevo sistema, el nacional de cuidado, los cuales deberán dirigir y orientar planes y proyectos que tengan la potencialidad de superar las desigualdades que sufren los diferentes grupos, personas y territorios marginalizados.
Pero tal vez su papel más importante sea el de funcionar como ente articulador de los diferentes sectores para que llegue de mejor manera a los lugares y personas que más lo necesitan. Este reto no es menor, pues la administración pública no ha logrado buenos niveles de articulación y coordinación para que la ciudadanía acceda efectivamente a derechos y condiciones mínimas de vida. Aunque se cuenta con sistemas, herramientas y mecanismos para tal fin, estas no funcionan o lo hacen muy deficientemente.
A quién se dirige el nuevo ministerio
La aparición de la propuesta de la nueva institución tomó el espacio de otras que estaban dispuestas para atender una población en particular, como las que proponían un ministerio de la mujer, que ya tenía un proyecto de ley escrito que seguía el modelo de otros países.
También recogió una demanda creciente por instancias jerárquicamente más importante dentro de la administración central, para los asuntos de comunidades étnicas, de juventudes o personas con discapacidad.
En suma, el Ministerio de la Igualdad pretende recoger varias instancias dispersas por toda la administración que se ocupan de la política pública de protección y promoción de los derechos de varios sujetos de especial protección constitucional como lo pone de presente la exposición de motivos de la ley.
Esta institución, de la mayor jerarquía en el orden administrativo nacional como cabeza de un sector, intenta organizar los esfuerzos estatales hacia la realización material del derecho a la igualdad de mujeres, población LGBTIQ, pueblos étnicos, campesinos, niñez, infancia y adolescencia, personas con discapacidad y habitantes de calle, con particular énfasis en los territorios más excluidos.
El territorio como escenario de desigualdad
La localidad escogida por el gobierno para suscribir la ley de creación del Ministerio de la Igualdad fue el municipio de Itzmina en el departamento del Chocó, departamento con una enorme brecha en el acceso a los mínimos vitales para su población y preso de una inercia de exclusión histórica que este gobierno pretende revertir.
Hasta allí se trasladaron el presidente y la vicepresidenta, con numerosos miembros del gabinete, lo cual simbólicamente es importante pues pone de presente que es en territorios marginalizados y empobrecidos donde debe desplegarse primordialmente la labor del nuevo ministerio.
Debe ser el territorio una de las variables fundamentales del modelo de intervención, gestión y articulación para procurar una focalización de esfuerzos interinstitucionales para lograr el cometido de llegar a mejores niveles de igualdad en el acceso a los derechos básicos de poblaciones marginalizadas.
Expectativas, dudas y realidades
Naturalmente, la puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad crea mucha expectativa entre los grupos que urgen de respuestas estatales a sus difíciles circunstancias de segregación, poblaciones cuya participación en las urnas hizo posible el acenso del nuevo gobierno al poder, por lo que respaldan esas expectativas en un mandato popular de cambio hacia una sociedad mas equitativa y justa.
Esas expectativas las refuerzan los discursos esperanzadores, que con esta apuesta quieren ratificar el compromiso y las promesas hecha durante la brega electoral. Sin embargo, los mismos protagonistas, tanto el presidente como la vicepresidenta, manifestaron que este es el comienzo de un proceso que necesita de tiempo y mucho esfuerzo. Aunque es un paso importante, la ley es apenas el primero de muchos.
Queda la duda y el reto sobre la dirección que debe tomar la nueva institución frente a un ámbito de acción tan amplio, mucho más amplio que el de otros países que se ocupan de uno o máximo tres grupos en vez de nueve. Esto no significa que vaya a haber nueve viceministerios, sino que hay que encontrar otro tipo de arreglo en el sistema del nuevo ministerio.
Debe ser el territorio una de las variables fundamentales del modelo de intervención, gestión y articulación para procurar una focalización de esfuerzos interinstitucionales para lograr el cometido de llegar a mejores niveles de igualdad en el acceso a los derechos básicos de poblaciones marginalizadas.
Otro tema que creó debates durante la aprobación del proyecto de ley, y que aparece como una pregunta de rigor en el horizonte de su puesta en marcha, es el tema de los recursos con los que contaría el ministerio para el desarrollo de sus tareas. Preliminarmente, se supone que varias dependencias de diferentes ministerios y departamentos con sus plantas de funcionarios y presupuestos de inversión se desplazarían hacia el nuevo ministerio.
Sin embargo, esto es apenas un comienzo porque instancias como consejerías presidenciales y direcciones de poblaciones que ya piensan integrar la cartera de la igualdad son pequeñas y tienen un escaso músculo presupuestal, como lo han reiterado ellas mismas. No parece muy lógico trasladar las limitaciones señaladas en otras instituciones al Ministerio de la Igualdad.
Otra duda tiene que ver con las herramientas y mecanismos que tendría el ministerio para realizar su tarea de instancia coordinadora de programas y políticas sobre las poblaciones incluidas en su ámbito de competencia y que se encuentran dispersas en diferentes instituciones de diferentes órdenes y en las que intervienen y tienen responsabilidades directas también los entes territoriales.
La experiencia demuestra que esa tarea articuladora alrededor de la política social necesita no sólo de compromiso de las instituciones, sino de modelos de alta complejidad en el diseño, pero con la necesidad de ser ágiles y simples en su ejecución en territorios marginados, alejados, a veces de difícil acceso y con conflictos vigentes.
La desigualdad es muy grave, además de la escasez de recursos. Esta realidad obligará seguramente a poner en marcha mecanismos de focalización, priorización y selección de territorios y subgrupos dentro de las poblaciones objeto de la acción del nuevo ministerio, como forma específica y pragmática de avanzar.
Pero esto puede causar tensiones en las localidades y poblaciones que entiendan que se les está aplazando en la atención, como sucede en focalizaciones territorializadas como los PDET. Ojalá la nueva institución funcione para gracia y satisfacción de quienes más lo necesitan y para que Colombia empiece a zanjar las brechas de desigualdad e injusticia que han marcado su historia.
