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Minería y asesinato de líderes en el Norte del Cauca

Escrito por Fernando Vargas
Minería de Oro.

Fernando VargasQué está pasando y cómo ciertos periodistas empeoran la situación

Fernando Vargas Valencia*

Asesinatos y amenazas a líderes sociales

Durante los últimos meses se han disparado las amenazas y asesinatos de líderes sociales del Norte del Cauca:

  • El mes pasado ocurrió una masacre donde murió una candidata a la alcaldía del municipio de Suárez.
  • Solo en las dos últimas semanas han sido asesinadas cuatro personas en ese departamento, y
  • Hay denuncias de aumento de las amenazas en contra de comunidades indígenas y rurales.

La presencia de recursos naturales en el Norte del Cauca ha estimulado el interés de las empresas o de los emprendimientos extractivos. Esto se da en un contexto de guerra o de disputas territoriales violentas en las que los grupos armados desplazan o desaparecen a quienes defienden el bienestar colectivo.

Justamente en esa región, un grupo de mujeres valientes decidió caminar desde el corregimiento de La Toma (Suárez) hasta Bogotá en 2014, para exigir del Gobierno el cumplimiento de sus derechos colectivos básicos. En esa caminata se denunciaba la entrega desmedida del territorio a intereses extractivos, especialmente mineros.

Desde 1997, las y los líderes del Consejo Comunitario de La Toma se han visto amenazados de muerte y hostigados por grupos armados por defender el carácter étnico y colectivo de su territorio, y por promover acciones políticas y legales para protegerlo de la violencia armada, racial, ambiental y de género. Francia Márquez, por ejemplo, ha sido amenazada seis veces desde 2009.

El debate sobre la gestión comunitaria del territorio es largo y es complejo, sobre todo si se da, como en este caso, en medio de disputas económicas y violaciones de los derechos humanos y étnico-territoriales de las comunidades, pues se enfrentan a los intereses individuales de agentes económicos.

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Titulaciones mineras suspendidas

El epicentro del problema que actualmente azota los territorios ancestrales en el Norte del Cauca es la sobreposición entre la lucha por la protección de la dignidad colectiva del pueblo negro y la implantación de un modelo de explotación agresiva de recursos mineros. Este contraste se refleja en dos leyes importantes:

  • La Ley 70 de 1993 reconoce a las comunidades negras que han ejercido posesión ancestral desde sus prácticas tradicionales el derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio.
  • La Ley 685 de 2001 fomenta y estimula la explotación de recursos mineros en cualquier lugar del país para satisfacer una demanda creada por la misma decisión del Estado de reprimarizar su economía.
La lucha de los líderes sociales ambientalistas pone en riesgo sus vidas.

Foto: Facebook Francia Márquez
La lucha de los líderes sociales ambientalistas pone en riesgo sus vidas.

En 2010, la Corte Constitucional en la sentencia T-1045A consideró que los títulos para explotación de oro inicialmente concedidos por el Gobierno en La Toma carecían de legitimidad por omitir el derecho fundamental y colectivo de las comunidades afrodescendientes a la consulta previa.

Esta Sentencia responde a una acción de tutela instaurada por el Consejo Comunitario, según la cual estos títulos estaban afectando “la autonomía y la identidad e integridad cultural, el medio ambiente y las prácticas tradicionales” de un sujeto étnico colectivo asentado desde 1636 en dicho territorio.

Francia Márquez, por ejemplo, ha sido amenazada seis veces desde 2009.

En 2018, la Junta Directiva del mismo Consejo presentó una demanda de restitución de derechos territoriales, haciendo énfasis sobre la protección y reivindicación de la dimensión étnica y colectiva del relacionamiento de los miembros de la comunidad con su territorio ancestral.

Esta demanda solicitó la nulidad de los títulos mineros existentes en dicho territorio como medida de restitución. Se sustentó, entre otros, en el Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional, según el cual la titulación minera existente en el territorio ancestral guarda relación con el contexto de afectaciones y daños territoriales sufridos en el marco del conflicto armado.

En ambos casos, en el 2010 y en el 2018, se ha cuestionado la titulación minera por ser parte de un complejo de circunstancias de despojo y expropiación territorial de facto que comprometen la supervivencia física y cultural del colectivo afrodescendiente de La Toma.

Mientras los títulos mineros formales se encuentran suspendidos por la Corte, las amenazas y violaciones de derechos humanos aumentan, y la exportación masiva de oro proveniente del Norte del Cauca se sigue reportando a través de comercializadoras.

La división como estrategia de despojo

En tal contexto, ciertos agentes económicos no solo saben que la consulta previa “impide el desarrollo minero”. También saben que la reivindicación del carácter colectivo de los territorios ancestrales contribuye a detener la voracidad extractiva.

Noticias recientes dan cuenta de la oposición de algunos habitantes de Suárez a las iniciativas de protección comunitaria del territorio, y en particular, a esfuerzos por concretar la promesa de la Ley 70 a través de la titulación colectiva de las tierras ancestrales.

Recientemente, se ha profundizado la división entre quienes apoyan la titulación colectiva del territorio y quienes no la apoyan. Esto resulta conveniente para los intereses extractivos, toda vez que evita la protección reforzada y robusta del territorio en su dimensión comunitaria.

La minería choca con los intereses de los ambientalista ¿Una maldición?

Foto: Policía Nacional
La minería choca con los intereses de los ambientalista ¿Una maldición?

Una manera de explicar este fenómeno sería que agentes rentísticos se han esforzado por fracturar o desaparecer el sujeto étnico colectivo, usufructuando los temores jurídicos de algunas familias en lo que atañe a la tenencia individual de las tierras ubicadas en el territorio ancestral.

Los etnocidios que el mundo ha sufrido en contextos de guerra casi siempre responden a intereses económicos que operan a través de estrategias de división radical entre las comunidades, a la manera que el poder colonial impuso falsas diferencias entre hermanos en Ruanda o Sudáfrica para expoliar su memoria, su dignidad y sus tierras.

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La crónica de Salud Hernández

A esta estrategia se suman aquellas que buscan criminalizar a quienes reivindican los territorios colectivos y responsabilizarlos de las acciones de grupos armados. Un ejemplo es lo que ha pasado alrededor de Karina García, candidata a la Alcaldía municipal que fue asesinada recientemente en circunstancias terribles que merecen un enérgico rechazo.

Según una investigación de Salud Hernández-Mora publicada en El Tiempo, el crimen sería atribuible a una facción disidente de las FARC. Pero el reportaje también sostiene que Francia Márquez, supuestamente en una reunión muy concurrida, afirmó que la candidata inmolada “favorecería el arribo de las empresas (mineras) foráneas”.

La periodista insinuó una relación entre la lucha pacífica y legítima de las y los líderes que quieren proteger la dimensión colectiva del territorio ancestral, y el móvil que ella considera que tuvo el brutal asesinato: un rumor sobre minería que no se tomó el trabajo de contrastar con otros testimonios.

Los títulos mineros formales se encuentran suspendidos por la Corte,

Por otro lado, la periodista expone a los líderes del Consejo Comunitario de La Toma a la “justificación” de cualquier atentado contra su vida e integridad, pues comentarios como el suyo pueden etiquetar a los voceros como colaboradores de sus propios victimarios. Esto, además, puede interpretarse como un intento de impedir su actividad política.

También guarda silencio sobre la responsabilidad del Estado en los homicidios sistemáticos de líderes sociales que se han presentado recientemente en Colombia. En cambio, tiende a culpabilizar de dicha atrocidad a quienes fueron interlocutores políticos de la víctima y que como ella han expuesto sus vidas para reafirmar su agencia, con o sin minería, ante un Estado represivo e indolente.

Francia Márquez, una de las líderes ambientalistas más reconocidas del país que hoy teme por su vida.

Foto: Facebook Francia Márquez
Francia Márquez, una de las líderes ambientalistas más reconocidas del país que hoy teme por su vida.

Con ello, se sumerge imprudentemente en el contexto y contribuye a profundizar la división entre los habitantes. Es muy grave distorsionar deliberadamente la realidad de lugares como el Norte del Cauca, donde la gente expone a diario la vida para que cesen las injusticias y para que se cumplan las promesas de dignidad por las cuales lucharon los ancestros.

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“En Colombia, los ríos de sangre se cruzan con los ríos de oro”, escribió Eduardo Galeano en El libro de los abrazos. La ambición sobre los recursos naturales en ciertos lugares del planeta no es propiamente una maldición, pero sí es una imposición injusta de cargas y riesgos desproporcionales que en el caso del Norte del Cauca volvió a concretarse en masacre.

A diferencia de las maldiciones bíblicas, esta del Cauca tiene responsables de carne y hueso e insiste en perpetuarse en los cuerpos y los territorios.

*Abogado especialista en Derechos Humanos y DIH. Magister en Sociología.

 

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