Minería artesanal: la promesa incumplida de facilitar su legalización - Razón Pública
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Minería artesanal: la promesa incumplida de facilitar su legalización

Escrito por Carolina Moreno
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 Catalina_Rivera_RazonPublicaCarolina_Moreno_RazonPublicaAnálisis desconsolador sobre una legislación que hostiga a pequeñas comunidades de mineros pero favorece a concesionarios con más recursos técnicos y financieros, a pesar de lo que diga el Presidente.

Helena Catalina Rivera Cediel* – Carolina Moreno López**

Caídos del cielo

Justo a comienzos de este año, el 2 de enero, al Sur del departamento de Bolívar, en pleno Magdalena Medio, en un pequeño municipio llamado Norosí, comenzó a correr un extraño rumor: el presidente de la República aterrizaría en aquel sitio perdido en el corazón de la selva.

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Foto: prensarural.org
 

El rumor corrió rápidamente: los líderes de las comunidades también se movilizaron hasta allí y en efecto, como si el Estado de Derecho por fin descendiera del cielo para visitar a Macondo, apareció el presidente Juan Manuel Santos junto con el gobernador, Juan Carlos Gossaín y con el entonces ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría.

Su intención era reunirse con los líderes de la zona, particularmente mineros tradicionales, y entender sobre el terreno cuál era la percepción de las comunidades acerca de las dificultades en el proceso de legalizar la minería tradicional o artesanal, sobre la presencia de empresas nacionales y extranjeras sin autorización en la zona, y finalmente sobre los grupos armados al margen de la ley que desempeñan un papel activo en “acompañar” a ciertos actores en el proceso de explotar las minas.

La visita tenía todo el sentido: el municipio está ubicado estratégicamente y permitía aglomerar a los líderes y a los representantes de los corregimientos vecinos en una de las zonas auríferas más ricas del país, para escuchar de viva voz los testimonios acerca de la minería y su conflicto en esa zona.

Según declaraciones de uno de los líderes, los mineros tradicionales pudieron manifestar al presidente y a sus acompañantes hasta qué punto el proceso de legalización resulta inviable –pues les exigen requisitos técnicos que están por fuera de las posibilidades económicas y técnicas de las comunidades.

Las comunidades del Sur del Bolívar deben afrontar grandes dificultades, que comienzan por acceder al conocimiento y comprensión de la norma, lo que refleja otro problema: la incapacidad del Estado para enviar funcionarios por todo el territorio nacional y, de paso, llevarles la información jurídica pertinente.

El resto de dificultades posiblemente no están relacionadas directamente con las limitaciones del Estado, pero sí con la incapacidad de garantizar, por ejemplo, que estas comunidades puedan desplazarse hasta los lugares donde se encuentra el material probatorio que se les exige, acceder a peritazgos que garanticen sus derechos, o a asesorías jurídicas que hagan posible su participación en este tipo de procesos.

La distancia entre las comunidades y la norma es tal que el proceso de legalización actualmente vigente ni siquiera contempla la posibilidad de que en zonas como el Sur de Bolívar los mineros hayan sido desplazados o víctimas de otros delitos asociados con el conflicto armado, lo cual debería suponer un cambio en las condiciones probatorias en cuanto a tiempo de explotación continua de la mina.

A pesar de todo, la mayoría de los líderes presentes persistieron en la idea de legalizarse de forma que su actividad sea reconocida por la ley como artesanal o tradicional, para poder trabajar sin persecuciones ni amenazas de parte de los otros actores de la zona: grupos armados al margen de la ley, empresas o el Estado mismo.

Confiaban en que el Presidente de la República, si había ido a hablar con ellos, también respaldaría y promovería la legalización de la minería artesanal, haciendo todo lo que estuviera a su alcance.

Kafka en el trópico

Lamentablemente, pocos meses después, las órdenes más precisas del gobierno se resumen en que algunos de esos “barequeros” artesanales fueron a dar a la cárcel, sin siquiera haber investigado a las retroexcavadoras -esas sí ilegales-, ni a los grupos armados que las cuidan, ni a las empresas que las utilizan, pues obviamente habían abandonado la zona oportunamente.

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Foto: prensarural.org
 

Ante la opinión pública el gobierno ha venido prometiendo desde entonces desplegar todas las herramientas que estén a su alcance para luchar contra la minería ilegal y criminal, adoptar nuevos tipos penales para castigarla, sin hacer distinciones respecto de los mineros tradicionales que acaban siendo declarados ilegales. (Ver el artículo de María del Pilar Pardo “Minería informal, ilegal y criminal en el gobierno Santos”, publicado por Razón Pública el pasado 18 de noviembre).

Hasta el segundo semestre del presente año, se han acumulado más de 2.000 procesos de legalización de minería artesanal: ninguno de ellos ha logrado dicha declaratoria para las comunidades accionantes, lo cual oscurece aún más el panorama.

El proceso de legalización está fijado por la ley 1382 de 2010, que definió la minería tradicional o artesanal como una actividad “legal” caracterizada porque la lleva a cabo personas, grupos de personas o comunidades que acrediten que su trabajo se ha adelantado de forma continua durante 5 años y además tienen una existencia mínima de 10 años anteriores a la vigencia de la ley 1382.

Dicho trámite exige presentar documentación técnica y comercial dentro de la cual se incluyen planos, pruebas de la existencia de las personas jurídicas que hagan la solicitud si es del caso, y documentación también de tipo técnica y comercial que acredite los trabajos de minería.

El proceso de legalización de minería artesanal no sólo hace exigencias desproporcionadas a las comunidades, sino que la forma de regular los supuestos de hecho contemplados por la ley complica aún más su viabilidad.

En el decreto 2715 de 2010 se consagra que “En el caso en que se presente superposición de una solicitud de legalización de minería con una propuesta o contrato de concesión, la Autoridad Minera competente, con facultad para sugerir fórmulas, mediará entre las partes para lograr los acuerdos de que trata el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, de lo cual se dejará constancia por escrito en el expediente.”

Esto en última instancia quiere decir que comunidades tradicionales como la que visitaba el presidente, no pueden aspirar al ejercicio autónomo e independiente de sus derechos, pues corren el riesgo de tener que negociar con algún concesionario avivato que también pretenda instalar su explotación en el mismo sitio. Evidentemente, este dispositivo termina por poner nuevamente en desventaja a las comunidades tradicionales de mineros.

El decreto 2715 en todo caso no contempla la posibilidad de que las comunidades se opongan a llegar a “acuerdos” con las empresas con las que tendrían que negociar. Cabría entonces preguntarse si además es obligatorio que renuncien al ejercicio autónomo de sus derechos.

Peor el remedio que la enfermedad

En septiembre de este año el gobierno respondió con un nuevo decreto a la petición de los líderes con quienes habían dialogado para facilitar el proceso de legalización. El resultado fue el decreto 1917 de 2012, expedido en virtud del decreto 009 de 2012, que ordena simplificar y racionalizar los trámites adelantados ante la administración minera, tales como el proceso en mención.

Este nuevo decreto, en suma, no contempla un criterio diferenciador para estas comunidades victimas del desplazamiento forzado y de otros crímenes. Muy por el contrario, reitera la exigencia de presentar documentos comerciales y técnicos y aumenta las especificaciones técnicas respecto de los planos que deben adjuntarse.

Con respecto a la ineficiencia de la administración pública para llevar a feliz término este tipo de procesos, el decreto prevé que tendrán trámite prioritario aquellos casos donde las comunidades se encuentren en tensión con otros concesionarios y hayan aceptado “arreglos conciliatorios como subcontratos”, es decir, tendrán trato prioritario las comunidades que renuncien de entrada al ejercicio autónomo e independiente de sus derechos e intervengan en calidad de subcontratistas.

El decreto también establece como límite para presentar solicitudes de legalización de minería artesanal el 10 de mayo del 2013, frente a lo cual cabría preguntarse ¿Por qué el gobierno no pone un límite también, por ejemplo, para las solicitudes de explotación de minería a gran escala?

Los beneficios del decreto consisten básicamente en que (a) si la antigüedad no puede ser acreditada por el grupo, podrá serlo mediante la antigüedad de algunos de ssu miembros, y (b) a quienes se les haya negado la solicitud, podrán solicitarla una segunda vez.

Finalmente, el dilema de la mediación se resolvió al afirmar que “de no prosperar la mediación, la Autoridad Minera competente dará por terminado el trámite de la legalización y en consecuencia ordenará el archivo de la solicitud”. Esto significa para las comunidades que a pesar de ser tradicionales, a pesar de cumplir con los requisitos y a pesar de haber adelantado exitosamente el trámite, no tienen ninguna opción de que les sean reconocidos sus derechos.

La consecuencia última del fracaso de los procesos de legalización de minería artesanal consiste n que las comunidades, aun cuando hayan cumplido con todos los requisitos pero se hayan negado a la subcontratación, por ejemplo, se convierten automáticamente en mineros ilegales, que el gobierno ha prometido combatir con todas las herramientas a su alcance.

¿En qué medida el decreto flexibilizó los requisitos?, ¿Es consistente el discurso público con respecto al resultado real y cierto del nuevo decreto? ¿Por qué el Estado no aplica criterios diferenciadores para casos tan delicados como la legalización de la minería artesanal?

* Coordinadora del área de minería de la Fundación Espíritu de 1991 y miembro de la Clínica jurídica de la Universidad Javeriana.

** Abogada de la Fundación Espíritu de 1991 y de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana.

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