Milei en fuera de lugar. Protestas e hinchadas en Argentina

Milei enfrenta el momento de mayor polarización por cuenta de un escenario que se ha configurado a partir de medidas económicas, como de sus propias equivocaciones que, combinadas, han representado una ventana de oportunidad para la oposición y una gran movilización social.

Tarjeta amarilla para Milei      

El 10 de diciembre de 2023 comenzó un nuevo período de gobierno en Argentina. Desde entonces, Javier Milei no había enfrentado un escenario cercano de crisis política y, menos aún, de movilización sostenida en las calles con algún tipo de efecto político. Por el contrario, gozaba de un amplio respaldo en las encuestas y una hegemonía política relativa en el Congreso de la Nación, soportado en el respaldo del PRO (Propuesta Republicana), partido que lidera el expresidente y exdirigente del club Boca Juniors, Mauricio Macri.  

En poco menos de 16 meses de gestión, Milei enfrenta el momento de mayor polarización por cuenta de un escenario que se ha configurado a partir de medidas económicas, como de sus propias equivocaciones que, combinadas, han representado una ventana de oportunidad para la oposición y una movilización social de quienes menos se esperaba.

El escenario político argentino se forma a partir de una espiral de medidas económicas de ajuste, movilización social de pensionados, represión policial violenta, aumento de la indignación que ensancha la base que integra la movilización social, y se completa con un discurso estigmatizante que hace parte del repertorio discursivo de la derecha extrema que se abre paso en el continente.     

Entre los principales hechos que constituyen este nuevo panorama se pueden registrar:    

• Cripto-fiasco. El pasado 14 de febrero, a través de su cuenta de X, el presidente Javier Milei promovió $Libra, una criptomoneda que en un poco menos de tres horas resultó ser una estafa que dejó a más de doscientas personas afectadas y unas ganancias, que pueden estar entre 86 y 100 millones de dólares, para quienes encabezaron el fraude.
• Denuncias y juicio político. La cripto-estafa ha constituido un inesperado aire para la oposición, que encontró motivos suficientes para que en la Cámara de Diputados se promoviera una comisión investigadora y la interpelación a funcionarios posiblemente implicados de forma directa en el fraude. Una oportunidad política que, hasta entonces, no había encontrado con claridad la oposición.   
• Enfrentamiento político con Axel Kicillof. Con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Milei se ha enfrentado al acusarlo de ser incapaz de controlar la inseguridad y advirtió una posible intervención a la provincia. Esta amenaza antidemocrática tiene como objetivo ocupar un espacio político con su propio partido en las elecciones del próximo octubre, aunque por ahora el único resultado ha sido convertir a Kicillof en potencial candidato presidencial de la oposición.
• Decreto de Necesidad y Urgencia con el Fondo Monetario Internacional. Se firmó el 11 de marzo por Milei y fue ratificado por el Congreso de la Nación con un margen reducido de 129 votos a favor contra 108 negativos y seis abstenciones. Una medida que según el oficialismo busca habilitar nuevos créditos y brindar seguridad a los acreedores, y que es cuestionada por la oposición debido a la opacidad del acuerdo por cuanto no se conocen sus términos.              

Tarjeta roja a las pensiones y jubilados     

Una de las preguntas que gravitaron alrededor de la elección de Javier Milei era cuál sería la resistencia. De dónde surgiría una oposición social, ya que la oposición política en el Congreso de la Nación estaba definida y resultaba insuficiente. El 55,7% que obtuvo Milei en las urnas, muy por encima del 44,3% que alcanzó Sergio Massa, le daba holgura suficiente para iniciar un mandato sin contratiempos ni oposiciones fuertes.

Bajo el mandato de Milei podía advertirse en Argentina una suerte de parálisis temporal de la contestación social. Ni los sindicatos fuertes en otros tiempos, como la Confederación General del Trabajo (CGT), ni los movimientos sociales con alguna presencia continua en las calles como los piqueteros, las mujeres, entre otros, lograron agrupar una respuesta lo suficientemente importante para hacer oposición al anarco capitalista que llegó a la Casa Rosada.

La protesta explotó por el sector social en apariencia menos esperado, pero cuyas medidas gravosas lo explican. Entre las medidas de ajuste fiscal que tomó Javier Milei se incluyen el recorte de setenta dólares mensuales que recibían como bono las pensiones mínimas, una situación que afecta de forma importante la capacidad adquisitiva de las personas mayores y con discapacidad en medio de una inflación que alcanza el 200%.

El recorte fiscal incluye una nueva clasificación usada por la Agencia Nacional de Discapacidad que pretende aumentar las barreras para acceder a las pensiones. La Resolución 187 de 2025 incorporó en sus anexos términos en desuso como “idiota”, “débil mental”, “imbécil” y “retardado” para referirse a la discapacidad mental, en abierta práctica discriminatoria. 

En septiembre de 2024, Milei logró imponerse al Congreso de la Nación con el veto presidencial al aumento de las pensiones, un proyecto de ley que fue aprobado por sectores incluso del oficialismo como el PRO y que buscaba en lo fundamental compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en un escenario de hiperinflación. 

El 25,3% del ajuste fiscal realizado en 2024 ha recaído, en lo fundamental, sobre el poder adquisitivo de las personas pensionadas. Han sido estas el principal soporte del ajuste fiscal, y los jubilados argentinos los grandes perdedores.

Este escenario económico explica la respuesta social masiva que personas mayores han encabezado con sus protestas semanales ante el Congreso de la Nación en Argentina. Cada semana se han agrupado jubilados que en su mayoría se encuentran en situación de pobreza y sobre quienes se desató una violenta represión policial que ni periódicos cercanos a Milei como El Clarín pudieron ocultar.    

A las protestas se han sumado diversas hinchadas del fútbol argentino. En principio fueron hinchas del club Chacarita Juniors quienes salieron a las calles junto con jubilados que protestaban frente al Congreso, y con esto la indignación creció y tomó forma de manera sostenida con una movilización social que hoy agrupa sindicatos y movimientos sociales. 

¿Hinchas o barras bravas? Fútbol y política en Argentina  

La indignación que produjo la violenta represión policial contra personas mayores jubiladas que se manifestaban de manera pacífica en la calle, y el trauma craneoencefálico que sufrió el periodista Pablo Grillo, brindó el catalizador que necesitaba la paralizada movilización social desde la llegada de Javier Milei. 

Las calles se abarrotaron de camisetas de todos los colores para cantar “qué triste debe ser tener que pegarle a un jubilado para poder comer” o “Milei, vos sos la dictadura”. Las protestas sumaron hinchas de la primera y la segunda división del fútbol profesional argentino. Los cánticos se trasladaron de las tribunas a las calles para lanzar una advertencia: “policía, policía / no te lo decimos más / si nos tocan a los viejos / que kilombo se va a armar”. 

Aunque esta respuesta solidaria, junto con la movilización de pensionados, fue una respuesta no esperada contra el oficialismo, en realidad no debe verse como algo sorprendente la relación existente entre el fútbol y política que, en el caso de Argentina, han estado ligados desde sus orígenes. 

El fútbol en el sur del continente fue producto de la expansión del tiempo del ocio, la creciente urbanización y consolidación de barrios obreros, y una importante migración que generó un sincretismo cultural que persiste hasta nuestros días. La Buenos Aires de 1900 contaba con un millón de habitantes, un crecimiento significativo si consideramos que para 1870 tenía 200.000 habitantes y que 500.000 de estos eran extranjeros.

El barrio de la Boca que describe Martín Caparrós en su célebre crónica Boquita, copado por genoveses casi de forma unánime, o la Paternal que dio origen en 1904 al club Mártires de Chicago y que sería la semilla de lo que hoy es Argentino Juniors, son el producto de esta característica que combinó concentración obrera y nueva cultura del ocio y recreación, con una fuerte migración, y en el segundo caso la influencia importante de las ideas anarquistas que llegaron a tierras argentinas en los albores del siglo XX.     

Pese a esta historia, el fútbol y la política en Argentina no siempre han estado ligados a experiencia o prácticas de resistencia. El deporte con más seguidores en el mundo fue usado en 1978 para ocultar las atrocidades que se cometieron en la ESMA, cerca del estadio monumental donde oficia de local el club River Plate. 

El fútbol fue un dispositivo de olvido y una herramienta para reprimir cuando se necesitó. Durante el gobierno de Carlos Ménem se acudió a las barras futboleras para apaciguar opositores. Néstor Kirchner acudió a la barra de Racing de Avellaneda cuando la necesitó como respaldo electoral, tradición que siguió Cristina Fernández con las barras de Quilmes, Boca Juniors y River Plate, con fines electorales o para confrontar al grupo Clarín desde las tribunas, como ocurrió en 2009.    

En el caso de las más recientes protestas contra Milei, la narrativa oficial se ha concentrado en señalar que los enfrentamientos con la policía han sido generados por barras bravas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusa a estas de ser las generadoras de las violencias y el oficialismo ha construido una narrativa que busca estigmatizar las protestas con medidas legales para endurecer las penas y establecer sanciones de ingreso a los estadios. 

El objetivo no es neutral ni de seguridad. El discurso estigmatizador legitima la represión de todo tipo. La última de estas maniobras fue señalar a 29 personas de ser generadoras de hechos violentos durante las protestas y ser barras. Sin embargo, dentro de los detenidos no se encuentra ninguna persona que tenga una verdadera vinculación con las barras y, lo que es peor, son simples hinchas que portaban sus camisetas, o no hay pruebas de la comisión de hechos violentos, tal como ocurrió con una persona cuyo único delito es portar la camiseta del Club Atlanta y una persona mayor que fue barra de Chacarita Juniors hace más de tres décadas.    

Ninguna de las personas cuyo listado hizo público Bullrich, sobre quienes se realizaron detenciones y allanamientos, controla algún paravalanchas, término con el que se reconoce a quienes lideran las tribunas populares en donde se ubican las barras futboleras de los clubes. 

Es claro que el objetivo es generar un discurso estigmatizante a partir de ligar hechos violentos que se presentaron durante las protestas (quema de vehículos policiales, barricadas, enfrentamientos) con la mala reputación que llevan tras de sí las barras futboleras, para justificar la represión y vaciar de contenido político la protesta.       

Alineación titular de la derecha extrema en América Latina 

De acuerdo con Norberto Bobbio, el origen histórico de la derecha y la izquierda en el mundo puede ubicarse en los tiempos de la Revolución Francesa de 1789, cuando se conformó la Asamblea Nacional. Más allá de las posturas a favor o en contra del antiguo régimen, lo propio de la derecha y la izquierda es la visión que tienen frente al origen de las desigualdades y la respuesta ante estas. 

Mientras que la derecha considera que las desigualdades son de origen natural y, en consecuencia, poco o nada debe hacer el Estado para acabarlas, la izquierda históricamente ha concebido las inequidades como propias de la sociedad, y considera que siendo estas de carácter social y político pueden reducirse hasta su máxima expresión con las acciones del Estado. 

La particularidad de la extrema derecha o ultraderecha en América Latina se encuentra en la dimensión sociocultural. Esta consiste en una práctica política que busca desmantelar derechos específicos de comunidades marginalizadas y oponerse a que estas ejerzan poder político, la defensa de jerarquías consideradas normalizadas como el patriarcado y la exclusión de sectores LGBTIQ, y el punitivismo penal que se apalanca en la inseguridad creciente como fundamento para ganar espacio entre sectores populares. 

Milei es la variante argentina de extrema derecha como producto explosivo de una hiperinflación que creció exponencialmente a partir de 2020 y llegó a su punto máximo en 2023, y una profunda desconfianza en la democracia y la política institucionalizada que encontró en el discurso contra la “casta política” y antiprogresista mediado por las redes sociales un catalizador electoral que permitió su ascenso. 

Esta derecha extrema en América Latina combina una visión neoliberal de la economía con una perspectiva conservadora de la sociedad, que denomina “batalla cultural”. Se presenta ante la opinión pública como disruptiva y transgresora, buscando capitalizar el desprestigio de gobiernos progresistas, la creciente inseguridad, y en general la crisis de la política organizada e institucional.

La lógica de su acción se concentra en la oposición a los avances legales y políticos que en materia de derechos han alcanzado minorías y mujeres, se resisten a la conformación de una agenda global contra el cambio climático a partir de la negación de este, rechazan la diversidad cultural, y son negacionistas frente a las dictaduras de Pinochet y Videla en Chile y Argentina. El memoricidio es parte de la “batalla cultural” que matiza las violaciones a los derechos humanos.

La derecha extrema en América Latina debe analizarse como parte de las transformaciones del orden mundial. Estas incluyen la pérdida de capacidad de los partidos políticos para representar sectores de la sociedad mediante vínculos programáticos, y un sistema político que en su conjunto es cada vez más incapaz de metabolizar las demandas sociales y convertirlas en políticas públicas efectivas. 

Todo un escenario que ha traído consigo la desconfianza en la política profesional, que deriva en una lógica colectiva antipolítica que asocia esta con la corrupción y la crisis social. Grietas que la derecha extrema ha sabido ubicar a su favor, paradójicamente, a través del mecanismo electoral de la democracia representativa para elegirse y usando -como sostiene Levitsky y Ziblatt– “(…) las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”.    

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