Cada vez más países latinoamericanos optan por cerrarles sus fronteras a los venezolanos. ¿Es una medida efectiva para confrontar la crisis migratoria?
Nastassja Rojas Silva*
Medidas restrictivas
La semana pasada, cientos de venezolanos llegaron a Ecuador con la intención de entrar a ese país antes del lunes 26 de agosto, cuando entrará en vigencia un nuevo tipo de visado para ingresar a ese territorio.
Esta es tan solo una de las tantas restricciones (fallidas) que los países vecinos han impuesto para frenar la migración venezolana. En junio del año en curso, Perú y Chile adoptaron medidas similares.
Pero es preciso entender que el cierre de frontera o la imposición de medidas restrictivas al ingreso de migrantes en condiciones de vulnerabilidad, no frena el flujo migratorio, sino que estimula el ingreso irregular y desvía los pasos oficiales a las manos de las redes de tráfico humano y explotación sexual.
Adicionalmente, estas medidas ponen a Colombia en una situación sumamente compleja, porque abren la posibilidad de que las zonas fronterizas se conviertan en un embudo migratorio. Es importante tener en cuenta que, hasta ahora, el gobierno colombiano no ha considerado cerrar sus fronteras con Venezuela, lo cual demuestra que la propuesta presentada en el Proceso de Quito que abogaba por adoptar de forma coordinada políticas de acogida en la región ha fracasado estrepitosamente.
El proceso de Quito: un llamado a la cooperación
El 4 de septiembre de 2018, un grupo de países latinoamericanos se reunió por primera vez para coordinar una respuesta regional a la crisis migratoria venezolana. Como resultado, todos los Estados asistentes, a excepción de Bolivia y República Dominicana, firmaron un documento titulado “Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región” en el que se establecieron directrices para la gestión de la crisis migratoria, reconociendo la responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro en la condición de vulnerabilidad de sus migrantes, razón por la cual los dos gobiernos mencionados anteriormente se negaron a firmar dicho documento.
Foto: Cancillería Colombiana |
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Entre otras cosas, el documento en cuestión estableció los siguientes puntos:
- La necesidad de acoger adecuadamente a los migrantes provenientes de Venezuela, particularmente aquellos en condición de vulnerabilidad;
- La importancia de trabajar de manera individual y conjunta en el acceso a mecanismos de permanencia regular tendientes a la protección de los derechos humanos de los migrantes, en el marco de las legislaciones nacionales e internacionales;
- La urgencia de instar a los países a que, siguiendo su legislación interna, aceptaran
los documentos de identificación venezolanos vencidos con fines migratorios. Este último punto hizo un énfasis especial sobre Colombia, pues es el país que más venezolanos ha recibido desde que comenzó la crisis.
Se necesita de la acción conjunta, tanto en términos económicos, sociales e institucionales estamos frente a un asunto que más allá de la gratitud histórica, compromete la protección de los Derechos Humanos.
El 23 de noviembre del mismo año, se realizó otra reunión en la cual se adoptó el Plan de Acción sobre la movilidad humana de nacionalidad venezolana en la región, siguiendo los puntos establecidos por la “Declaración de Quito”. Este Plan proponía tres ejes de trabajo:
- Afinar los mecanismos de la migración venezolana;
- Cooperación financiera internacional;
- La competencia con los temas de migración y refugio.
Tanto la Declaración como el Plan en cuestión fueron estudiados en una tercera reunión que se llevó a cabo el 9 de abril de 2019. Allí, Colombia hizo énfasis sobre la importancia de manejar esta crisis de forma cooperativa. Sin embargo, Perú hizo un llamado de atención sobre las dificultades que representa adaptarse a la regulación para el tránsito internacional de personas. La postura del gobierno peruano dejó entrever que algunos países latinoamericanos estaban considerando endurecer sus medidas migratorias de forma unilateral.
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Foto: Migración Colombia |
Finalmente se realizó un cuarto encuentro en Buenos Aires entre el 4 y el 5 de julio del año en curso. Allí se trataron veinte puntos en los que primaron las expresiones de agradecimiento sobre las acciones concretas. Sin embargo, se mencionó la importancia de reestablecer el orden institucional en Venezuela con el fin de frenar o al menos disminuir la ola migratoria que no deja de acrecentarse. Nuevamente, se habló sobre la importancia de adoptar estrategias de cooperación que permitan enfrentar esta crisis satisfactoriamente.
Después de ese último encuentro Perú y Ecuador procedieron a imponer nuevas restricciones a los migrantes venezolanos. Teniendo en cuenta la precaria situación económica y social de estas personas, es lógico que la mayoría no podrá completar los documentos ni el dinero necesarios para tramitar su ingreso a sus países legalmente.
Como señalé anteriormente, lejos de desmotivar el tránsito migratorio, estas medidas impulsan la migración irregular y acentúan las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan los migrantes venezolanos. Justamente eso sucedió en la frontera entre México y Estados Unidos, en donde la construcción del muro y el aumento de las redes de vigilancia no han impedido la entrada de inmigrantes, sino que han incentivado la creación de grandes redes criminales que tranzan con los migrantes como si se tratara de un producto. En últimas, estas medidas solo han traído consecuencias negativas para la seguridad nacional de Estados Unidos.
¿Qué hacer?
En ese orden de ideas, el gobierno colombiano ha entendido que cerrar las fronteras no frenará una ola migratoria tan grande como la venezolana. Considerando que con una frontera que extiende más de 2000 kilómetros es imposible bloquear todos los pasos irregulares, asumiendo probablemente la postura más responsable en toda la región.
Si bien Colombia ha procurado confrontar esta crisis de la mejor manera, poniendo a disposición los recursos y la capacidad institucional posible, se necesita de la acción conjunta, tanto en términos económicos, sociales e institucionales. Por eso no deben cesar los llamados a la cooperación regional: estamos frente a un asunto que más allá de la gratitud histórica, compromete la protección de los Derechos Humanos y el cumplimiento de tratados internacionales.
El cierre de frontera o la imposición de medidas restrictivas no frena el flujo migratorio, sino que estimula el ingreso irregular.
Ahora bien, los migrantes tienen la responsabilidad de adaptarse y de acogerse a las legislaciones de los Estados receptores y, por ende, este no es un llamado a flexibilizar las normas de orden interno, sino a tener un trato diferencial para los migrantes en condición de vulnerabilidad, como lo son, por ejemplo, los niños y las personas de la tercera edad.
En ese sentido, uno de los pasos más importantes que ha dado Colombia fue la Resolución 8470 que otorga la nacionalidad colombiana a los hijos de venezolanos nacidos en el país después del 18 de agosto de 2015. Esta Resolución reconoce que negarles la nacionalidad a los neonatos venezolanos constituye una violación de los derechos fundamentales y que, además, no reducía los partos de venezolanas en Colombia, sino que representaría un aumento de los casos de apatridia en el país.
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Foto: Presidencia de la República |
En conclusión, lejos de frenar la migración, los cierres fronterizos exponen a graves peligros a los migrantes en condición de vulnerabilidad. Así que para enfrentar esta crisis habrá que optar por otras estrategias que garanticen el cumplimiento de los Derechos Humanos.
*Decana de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás, Candidata a Doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Contacto: dec.fagori@usantotomas.edu.co @NastassjaRojas
