Más allá de la narcoliteratura y de los falsos debates académicos, el autor plantea una idea audaz: el entorno mafioso preexistente, nacido del PRI, creó la industria de la protección privada, que se disolvió y volatilizó con el proceso de democratización. La violencia está más conectada con el negocio de la protección mafiosa que con la industria de las drogas ilegales.
Carlos Resa Nestares *
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Sucesos aleatorios en México 3 de mayo de 2012: Nueve cadáveres aparecen ahorcados, colgando de un puente de Nuevo Laredo. Junto a ellos, una sábana: “Pinches golfas, así me los voy a ir acabando a todos los pendejos que mandes a calentar la plaza”. La misma noche catorce cabezas decapitadas aparecieron a las puertas del ayuntamiento, a escasos metros de la frontera estadounidense. Un cartel sobre ellas ridiculizaba al alcalde: “Como nos quiere dar un dulcito, al salir usted declarando que aquí no pasa nada y que todo está bien, siga con lo mismo y le aseguro que van a seguir rodando cabezas. […] Yo no mato inocentes para presentar trabajo”. 8 de mayo de 2012: En dos vehículos en Chapala, a cincuenta kilómetros de Guadalajara, en el centro de México, se encuentran dieciocho cadáveres. Al día siguiente, en la misma ciudad de Guadalajara se localizan en una vivienda dieciocho cuerpos mutilados. Se detiene a un grupo de secuestradores. 13 de mayo de 2012: Aparecen cuarenta y nueve cadáveres sin cabezas ni extremidades en la cuneta de una carretera a dos horas de la frontera estadounidense y muy próxima a la industriosa ciudad de Monterrey. Diversos comunicados públicos en formas variadas se atribuyen la masacre o se desligan de ella. 18 de mayo de 2012: En Taxco, ciudad turística del sur de México, aparece una cabeza descuartizada con un mensaje dirigido al presidente Felipe Calderón: “Aquí está su basura. [… ] O les ponen un alto a las ratas […] o se los ponemos nosotros. Los Guerrero Unidos.” Tres días después, mismo escenario, ahora doble decapitación: “Aquí les dejo más basura”. ¿Qué tienen todos estos hechos en común? Dos cosas:
Un extraño vínculo: drogas ilegales y violencia “El narco” no hace lobby ni presenta demandas por difamación. El mundo entero ya da por hecho –inducido por la publicidad que hacen al alimón las agencias de seguridad pública y los medios de comunicación– que “el narco” es una conspiración criminal malvada, despiadada y depredadora, nada guiada por la racionalidad económica, a pesar de que se juega más con dinero que con vidas: las drogas quedarán ahí como las culpables de los asesinatos. El sospechoso habitual.
La academia lleva décadas debatiendo sobre la relación entre drogas y violencia: que si violencia farmacológica, que si violencia compulsiva, que si violencia económica. Algunas características asociadas con las drogas se solapan para convertirlo en un negocio más violento de lo que recomendaría la racionalidad económica: el acceso sencillo a las armas de fuego por su característica compartida de ilegalidad, una subcultura de violencia previa, la juventud de la mayor parte de los participantes y la tendencia a la repetición de actos violentos, mas allá de su funcionalidad económica. Pese a una teoría bien articulada, el consenso empírico es mínimo. No existe una ley de hierro que marque a los mercados ilegales con una retahíla de muertos. Pero el imaginario popular es terco y la relación poderosísima. Desde El Padrino y Miami Vice, pasando por toda una retahíla de representaciones y de subproductos culturales, se ha llegado a crear un subgénero propio en México: la narcoliteratura, más convincente que la propia realidad. En Europa se consumen volúmenes industriales de drogas, producidas internamente e importadas, y las tasas de homicidios son las más bajas del mundo, excluidos los países árabes. La industria de las drogas actúa allí con bajísimos niveles de tensión y de violencia explícita. Incluso los distribuidores de drogas procedentes de países donde el uso de la violencia letal es más habitual modifican su comportamiento para asimilarse a los patrones nativos. La mayor parte de las relaciones comerciales, ni en las drogas ni en otros ámbitos de la legalidad, no necesitan de la amenaza de la violencia, porque se producen bajo el aceite de un sustitutivo neto: la confianza mutua, sin la cual no habría economía, ni criminal ni no criminal. Perú y Bolivia han sido históricamente los mayores productores de hoja de coca del mundo, y salvo el periodo de tierra quemada de Sendero Luminoso, la carga violenta asociada con su cultivo y comercialización ha sido imperceptible. Pero volviendo a México, han tenido que pasar cuatro décadas de vida letárgica, tranquila y pacífica de la industria de las drogas para que súbitamente se alcancen niveles de violencia tan atroces como los actuales. ¿Por qué no ocurrió antes, si la relación entre drogas y asesinatos es unívoca y siempre repetida? La democratización desorganizó el negocio de la protección privada Siguiendo con la metáfora de la película, abrir el diafragma ayuda a encontrar una solución al dilema: la explosión de violencia en México ha ido en paralelo al proceso de democratización en México. ¿Casualidad? No ¿Causalidad? Sí, pero no en la versión simplista del concesionario sexenal y monopólico del negocio de las drogas. El régimen de partido único de facto que gobernó a México durante setenta años se convirtió en una activísima y eficacísima maquinaria de venta de protección privada. Nada nuevo bajo el sol. En realidad, el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la protección pública es una anomalía en la historia y en la geografía. Siguiendo la definición del sociólogo Diego Gambetta, “en una sociedad donde la confianza es escasa y la democracia débil, la Mafia [aunque se llame Partido Revolucionario Institucional, una asociación de intereses igualmente laxa, un cártel en el sentido económico] vende protección, una garantía de seguridad para que los agentes económicos llevasen a cabo sus transacciones comerciales”, a cambio de un precio que se paga privadamente y no en forma de impuesto. Casi cada miembro del sector público aplicaba esta máxima allí donde se le asignase. De ahí la popular frase, seguramente apócrifa: “Yo no pido que me den, póngame donde haiga”. En algunos casos se pujaba económicamente por el cargo público en la esperanza de ingresos superiores vendiendo protección privada: a taxistas, a vendedores ambulantes, a maestros, a cualquiera digno de pagar y de no protestar demasiado. Allí donde los derechos eran más difusos, y donde las enrevesadas y sofisticadísimas leyes mexicanas pusieron un granito de arena no intencionado, allí había un miembro del sector público dispuesto a facilitar la transacción comercial a cambio de una comisión. Con la prohibición, las drogas cayeron en el ámbito de protección de las agencias de seguridad pública y del ejército. Y allí se dedicaron a su actividad habitual, con extremo cuidado de no causar alteraciones del orden público que se llevasen por delante no sólo su dinero, sino de paso también su carrera burocrática.
Sus superiores jerárquicos aceptaban o permanecían ignorantes de este lucrativo negocio a cambio de lo importante: que mantuviesen la paz social. Los escasos conflictos entre los distintos cuerpos policiales en la venta de protección se solucionaban por jerarquía: el ejército mandaba sobre las policías federales, éstas sobre las policías estatales y éstas a su vez sobre las policías locales. Un mundo reconocible y estable. El esquema de convivencia pacífica multilateral y de reparto, casi cartelizado, se resquebraja con la democratización. Las policías estatales ya no se rebajan ante policías federales, porque su subordinación legal es a otro partido. En pos de la regeneración, muchos policías con amplia experiencia en la venta de protección privada fueron despedidos y pasaron a prestar sus servicios en otras policías en flagrante competencia o de manera privada para los empresarios de drogas. Los nuevos reclutas de la policía, con la misma esperanza de capitalizar su placa que aquellos a quienes sucedieron, pero sin sus conocimientos en la adquisición de prestigio e información que conlleva la venta de protección privada y con vidas laborales mucho más breves, se dedicaron a un negocio mucho más rápido: la extorsión. Los empresarios de drogas, y muchos otros fuera de las drogas, crearon sus propios servicios de violencia para defenderse de estos ataques de las fuerzas policiales. Y paradójicamente, los pioneros de la privatización de los servicios de violencia en la industria de las drogas en México, los hermanos Arellano Félix, tuvieron que reclutar en el sur de California, porque todos los especialistas en México ya estaban comprometidos con alguna policía. La verdadera causa: el entorno mafioso preexistente No son las drogas, por tanto, la causa última de la escalada de violencia. Es indiscutible su participación como lubricante: su dinero engrasa la violencia y probablemente sea su principal comprador. Pero las drogas podrían sobrevivir sin violencia. La violencia no es consustancial a la industria de las drogas. Lo que proporciona ingresos en la venta de drogas es vender drogas, no matar gente. México se ha hecho más violento en los últimos años debido al entorno donde se han movido las drogas y muchos otros agentes legales e ilegales. Ha sido la extrema volatilidad que ha adquirido la industria de la protección privada: policías federales, policías estatales, policías locales, mafiosos, empresarios de drogas y servicios de violencia, actuando en coaliciones efímeras y enfrentándose en múltiples planos en un mercado donde no hay cuotas ni segundos puestos, donde sólo puede quedar uno, porque el mercado de la protección tiende al monopolio y la única arma para competir es la violencia. Max Weber y su teoría del Estado o Charles Tilly y su idea del Estado como el vencedor de luchas mafiosas explican con meridiana claridad este comportamiento aplicado a los estados modernos. En definitiva, la creciente mafiosización de México, junto con la extorsión, el secuestro, las drogas y todo el reguero de pequeños y grandes delitos, se origina en la venta de protección privada. Eso es lo que hay detrás de la flagrante y muy publicitada violencia en México. Esta lucha latente y difusa sólo acabará con una pax mafiosa, que concluya en un reparto estable de territorios, o con el triunfo de una de las mafias sobre las demás, o con la emergencia de la policía como un verdadero servicio público. Pero a ninguno de los tres escenarios se llegará sin más violencia, haya drogas de por medio o no. Y no hay cosa que ahuyente más a un distribuidor de drogas, que a gran escala suele ser bastante móvil, que la incertidumbre, sobre todo la que se refiere a su propia vida. Esta inestabilidad puede paradójicamente matar también la industria de las drogas en México, no ayudar a su pervivencia en el tiempo. * Profesor asociado de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Administración de Empresas. Consultor de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia. Miembro de la International Association for the Study of Organized Crime. Miembro del Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale. Miembro del proyecto "The economics of civil war, crime and violence" del Banco Mundial. |
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