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México en crisis social y política

Escrito por Jorge Cadena-Roa

El presidente Peña Nieto dando un discurso

Jorge Cadena Detrás de los 43 estudiantes desaparecidos está la realidad de un país que a pesar de sus muchas reformas no ha logrado superar una pesada herencia de corrupción política, crimen organizado y violación de los derechos humanos. Renace el descontento.

Jorge Cadena-Roa*

De la primavera a la tormenta

Hace tan solo unos días- este 2 de septiembre- el presidente Enrique Peña Nieto informaba al Congreso mexicano que su gobierno había logrado expedir once reformas que sus antecesores habían intentado sin éxito.

El ánimo presidencial era triunfalista y la prensa internacional ponía al presidente mexicano como un ejemplo de cómo destrabar las decisiones, lograr la colaboración entre partidos políticos y construir acuerdos.

Se decía que gracias a las reformas no tardaría mucho en llegar la inversión extrajera que detonaría el crecimiento económico. Se avecinaba un nuevo salto a la modernidad.

México enfrenta una grave crisis política como resultado de la indignación social por las  violaciones de derechos humanos y la penetración del crimen organizado.

Había lugar para balances optimistas. Sin embargo, en las últimas semanas el optimismo se desvaneció. Resultó que la casa no se estaba poniendo en orden sino que la basura se estaba ocultando debajo de la alfombra. Poco tiempo tuvo que pasar para que esa basura carcomiera hacia abajo y abriera hoyos en la alfombra. La basura ya es inocultable. La podredumbre es evidente.

México enfrenta una grave crisis política como resultado de la indignación social por las  violaciones de derechos humanos y la penetración del crimen organizado a las instituciones y las Policías.

Transcurridos apenas  dos años de gobierno, el presidente Peña Nieto enfrenta una crisis política de grandes proporciones que incluye amenazas, ya no de mal tiempo, sino de una tormenta perfecta.

Marcha por los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en el Estado mexicano de Guerrero
Marcha por los estudiantes desaparecidos en
Ayotzinapa, en el Estado mexicano de Guerrero.
Foto: jazbeck

Escándalos y crisis

Debido a la importancia que han adquirido las organizaciones criminales y su penetración en gobiernos electos y cuerpos policíacos, el gobierno enfrenta ahora la segunda crisis importante del sexenio.

La primera crisis estalló en Michoacán con el surgimiento de las Autodefensas. Entonces, el presidente Peña designó a un comisionado para coordinar las acciones del gobierno federal con las del estado y los municipios y desmovilizar a las Autodefensas.

En junio, el gobernador dejó el cargo por evidencias de que su hijo mantenía relaciones con el crimen organizado, y el Congreso local designó a un gobernador sustituto. Buena parte de las Autodefensas fueron desmovilizadas, desarmadas y sus miembros se integraron a la Fuerza Rural del Estado. Y quienes se negaron a dar ese paso han sido capturados.  

La siguiente crisis se produjo durante el segundo semestre del 2014. El 30 de junio la prensa informó sobre un enfrentamiento entre un grupo delictivo y miembros del Ejército mexicano en Tlatlaya, estado de México.

En ese enfrentamiento 22 personas murieron, un militar habría resultado herido y tres personas secuestradas habrían sido liberadas. La nota llamó la atención del público, pero se aceptó la versión oficial. Sin embargo, una sobreviviente de esos hechos declaró a Esquire México que los militares habrían ejecutado a personas que se habían rendido.

El escándalo salpicó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que no había iniciado una averiguación inmediata, como requería el caso, y se pronunció apenas el 21 de octubre.  Según su recomendación 51/2014, quince civiles, entre ellos dos hombres y una mujer menores de edad, habrían sido ejecutados por miembros del Ejército.

Los eventos recientes

El escándalo de Tlatlaya estaba en la prensa cuando el 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, recibió disparos de la Policía municipal, lo que llevó a la muerte de 6 personas y a la detención de 43 estudiantes cuyo paradero se desconoce hasta el momento de escribir estas líneas.

Los estudiantes habían tomado algunos buses en Iguala con la intención de trasladarse a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa de la Masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Se sabe ahora que la Policía de Iguala y la del municipio vecino, Cocula, habrían entregado a los estudiantes a la organización criminal “Guerreros Unidos.” Es decir, en lugar de haber sido puestos a disposición de un juez para que determinara su situación jurídica, los estudiantes fueron entregados a un grupo criminal que los habría asesinado y desaparecido sus cuerpos.

43 jóvenes entre los 18 y los 23 años que estudiaban para ser maestros rurales fueron detenidos y entregados un grupo de asesinos. De ese tamaño es el agravio.

En la búsqueda de los estudiantes se han descubierto 10 fosas clandestinas de donde se han exhumado 38 cuerpos que no parecen corresponder a los estudiantes detenidos por la policía.

Las protestas por la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa han ido creciendo en número y en extensión. De acuerdo con el diario Reforma, el miércoles 22 de octubre hubo protestas en todo el país, excepto en Baja California Sur.

Probablemente en ningún otro momento de la historia reciente de México se han registrado protestas simultáneas sobre un mismo tema en tantas ciudades del país, y en varias del extranjero.

Crisis política

Los hechos de Tlatlaya revelan que el Ejército no ha dejado de incurrir en graves violaciones de los derechos humanos y que las instituciones encargadas de velar por esos derechos son inútiles. El prestigio del Ejército y el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han quedado maltrechos.

El exceso de fuerza contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 de ellos revelan que el crimen organizado ha permeado instituciones públicas, que funcionarios electos forman parte, protegen o dirigen, organizaciones criminales. Aunque es muy difícil determinar en dónde y hasta qué grado la clase política, las Policías y Fuerzas Armadas han sido penetradas.

Estos hechos son especialmente graves porque el alcalde de Iguala había llegado al cargo como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el partido de izquierda más grande e importante de la historia mexicana, y el gobernador del estado provenía de ese mismo partido.

Los hechos de Tlatlaya revelan que el Ejército no ha dejado de incurrir en graves violaciones de los derechos humanos.

El PRI (Partido Revolucionario Institucional) carga con un largo historial de abusos de poder y violaciones a los derechos humanos, y bajo el gobierno del PAN (Partido Acción Nacional) estalló la crisis de seguridad en el país. Pero el PRD se había salvado de cargos tan graves, e incluso fue víctima de represión en el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994).

Después de Ayotzinapa, el PRD se convirtió de víctima en victimario: se hizo evidente que gobiernos formados por ese partido también violan derechos humanos.

Si bien el alcalde de Iguala pidió licencia de inmediato y se dio a la fuga, el PRD sostuvo al gobernador hasta que las protestas llegaron a ser masivas, y de que algunos grupos quemaran el Palacio de Gobierno del estado, el Palacio Municipal de Iguala, la sede del PRD en la capital del Estado, y que 25 de 81 alcaldías fueran tomadas por los inconformes, incluida la de Acapulco.

El sistema de representación política ha quedado lastimado después de Ayotzinapa, en especial su ala izquierda, la cual se ha desdibujado como opción para sectores que consideran que en México no ha habido transición a la democracia, que el neoliberalismo y la privatización se han profundizado, que no hay posibilidad de cambios significativos con el actual esquema partidario, que las elecciones no son la solución y que a la violencia del Estado se le debe responder por la vía armada.

Fuerzas paramilitares en el Estado de Michoacán, en México
Fuerzas paramilitares en el Estado de Michoacán,
en México.
Foto: Pedro

Regreso al pasado

Estas violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas nos devuelven cuarenta años atrás, a los años de la matanza de Tlatelolco, de la guerra sucia, de los desparecidos, de los años cuando la participación electoral no era concebida como una forma de producir cambio social o de traer beneficios netos a la gente.

Es evidente que el crimen organizado ya no está concentrado solamente en la producción, distribución, almacenamiento, trasiego, contrabando de drogas, blanqueo de dinero y tráfico de armas, sino que ha incorporado nuevas actividades.

Como ha señalado Guillermo Trejo, organizaciones criminales han buscado controlar presidencias municipales, no solo para contar con la protección de los alcaldes y las policías locales, sino también para tener acceso a los recursos presupuestales de los municipios.

Estamos en vísperas de elecciones intermedias. La popularidad del presidente va en descenso desde que tomó posesión. Hay la percepción de que con el PRI la situación ha empeorado, pero los medios de comunicación que lo llevaron al poder ocultan información. El PAN ha estado envuelto en un sinfín de acusaciones de corrupción. El PRD difícilmente saldrá bien librado de esta crisis y, además, en la siguiente elección participa un desprendimiento de ese partido, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), es decir que la izquierda se presenta dividida.

Estos acontecimientos revelan que no se trata de hechos aislados, sino bastante generalizados y frecuentes, que la política de combate al crimen organizado no ha funcionado, que los ciudadanos se encuentran entre dos fuegos (el crimen organizado y los funcionarios corruptos), que los políticos no se van a reformar solos, y que los partidos no van a cambiar por iniciativa propia.

En esas circunstancias, ¿qué puede hacer que amainen las protestas? Los problemas son institucionales: la corrupción, la impunidad, la violación a los derechos humanos. Igual que hace 40 años.

 

*Sociólogo, coordinador del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales de la UNAM. 

twitter1-1@cadenaroa

 

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