Menores en el conflicto: ¿reclutamiento o trata de personas? - Razón Pública
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Menores en el conflicto: ¿reclutamiento o trata de personas?

Escrito por Mónica Hurtado
conflicto infancia antioquia

conflicto infancia antioquia

Mónica Hurtado Lorena Del Castillo A raíz del anuncio sobre suspensión del reclutamiento de menores por parte de las FARC hay que preguntarse si en realidad no estamos ante un delito de trata de personas. La diferencia importa para el tratamiento de los jóvenes desmovilizados.

Mónica Hurtado* – Lorena Del Castillo**

Historias del terror

“Me llevaron al campamento cuando tenía 12 años (…) a los 14 tenía un fusil AK-47 y con él aprendí a asustar, a matar y rematar (…) maté a personas, a soldados y cuando les decía que ya no quería me amenazaban con cortarme las orejas y los dedos”.

“Yo no quería ir. Me obligaron a trabajar como cocinera. La mayoría de los muchachos querían estar allí. Les gustaba cargar el arma, combatir. Yo estaba llorando y llorando”.

La trata implica un sometimiento prácticamente absoluto de la víctima al tratante. 

Historias como estas suceden diariamente en Colombia, y no solo dentro de los grupos guerrilleros sino también de las organizaciones paramilitares o las bandas criminales. Esto se debe a que los menores de edad son una población atractiva para los actores armados ilegales, entre otras razones, porque pueden someterse más fácilmente que los adultos, se adaptan con rapidez a contextos muy distintos y son idóneos para ciertas actividades como espiar al grupo enemigo o servir de “carritos” para el transporte de drogas.

Pero, ¿en qué medida el reclutamiento forzado de menores para el conflicto armado es también un tipo de trata de personas? Según los instrumentos internacionales firmados por Colombia y según la legislación nacional, la respuesta es evidente: el reclutamiento de menores es trata. Sin embargo, en la práctica, los referentes legales no son tan claros como se creería y, a juzgar por la opinión pública y las instituciones relacionadas con el reclutamiento y trata de personas, estos temas parecerían estar desconectados.

Delegación de paz de las Farc en La Habana, cuba.
Delegación de paz de las Farc en La Habana, cuba.
Foto: FARC-EPaz

Traslado y explotación

Para tipificar un delito como trata de personas en Colombia se requieren dos elementos:

            1- Que haya traslado de la víctima, y

2- Que haya explotación.

El traslado supone que la persona se movilice de su lugar de origen o residencia a otro destino. En el caso de menores reclutados para el conflicto, su traslado suele ser desde los lugares que habitan, es decir, donde están sus familias o comunidades, hacia varios destinos. Por la naturaleza misma de la guerra, los menores reclutados no tienen un solo lugar de llegada sino que son itinerantes.

El segundo elemento de la trata es la explotación, bien sea en trabajos forzados, servidumbre o explotación sexual, entre otras modalidades. En la legislación colombiana, incluso si la persona voluntariamente acepta realizar alguna actividad bajo condiciones de explotación (por ejemplo, ejercer prostitución, servicio doméstico, trabajo en minas o ingresar a las filas de un grupo armado ilegal), este consentimiento no tiene validez, ni en el caso de adultos ni en el de menores de edad.

Pero no es tan fácil determinar cuándo hay explotación. De hecho, no existe un referente internacional que defina este concepto y, aunque la legislación nacional (artículo 188A del Código Penal) lo establece, esta definición es confusa: “(…) se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona mediante la explotación (…)”.

Para aumentar la complejidad, la explotación tiende a ser un término relativo, pues mientras que una persona puede sentirse explotada aunque no haya evidencia de ello, otra persona explotada puede percibir su situación como normal.

Sujetos u objetos

Aun con estas zonas grises en el concepto de “explotación”, se ha venido construyendo un consenso internacional para reconocer cuándo se está ante un caso de trata. Más allá del tema económico (cuando no hay remuneración por la labor realizada o cuando esta es irrisoria), la trata implica un sometimiento prácticamente absoluto de la víctima al tratante.

En esta situación, la persona no puede ejercer su voluntad ni tomar decisiones, de modo que   deja de ser un sujeto y se convierte en un objeto que se usa, se intercambia o se reemplaza. Por ejemplo, si la persona desea partir, no puede, dado el riesgo al que expone su vida o la de sus seres queridos.

Los menores reclutados para la guerra llevan a cabo distintas actividades que fundamentalmente benefician al actor armado ilegal al que pertenecen: combaten, secuestran, minan campos, extorsionan y ejecutan labores de ranchería, cocina y logística.

Aparentemente, no todas las actividades mencionadas implican explotación pues se realizan de manera ocasional, o coinciden con las que un menor de edad realizaría en su lugar de origen, como las labores domésticas. Sin embargo, el solo hecho de reclutar un niño, niña o adolescente para hacer parte del conflicto armado es una de las peores formas de trabajo infantil (Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo) y debe tipificarse como trata de personas.

Gran parte de la guerra en Colombia se ha sostenido justamente por la labor de los menores. 

La explotación sexual es otra actividad que tiene lugar dentro de las filas de los actores armados ilegales y que suele acentuarse en escenarios de conflicto armado. Las niñas reclutadas (aunque no exclusivamente) pueden ser utilizadas para satisfacer los deseos sexuales de los comandantes o de la tropa.

Según un testimonio recogido por Human Rights Watch, “Ellos escogen las niñas más bonitas y les dan regalos y privilegios. Es posible que estas relaciones no sean forzadas, pero también tienen lugar en un contexto en el que las niñas están claramente indefensas y los comandantes pueden tener autoridad sobre la vida y la muerte”.

Algunos argumentarán que esto no es una forma de explotación porque son ellas mismas quienes “propician y consienten” estas situaciones. Además, de este modo, pueden recibir protección y consideración especial de sus superiores. Pero esta posición es fácil de contradecir, entre otras razones porque el consentimiento de un menor de edad no tiene validez ante la ley y porque, cuando el poder sobre la propia vida lo determinan otros, no es difícil conseguir ese tipo de “consentimiento”.

Lo cierto es que los cuerpos de mujeres y niñas reclutadas sirven en el combate y el placer dentro del conflicto armado colombiano.

Niños de la comunidad indígena Buenos Aires, en el departamento de Vaupés.
Niños de la comunidad indígena Buenos Aires, en el departamento de Vaupés.
Foto: Jairo Galvis Henao

Niños sin guerra

Gran parte de la guerra en Colombia se ha sostenido justamente por la labor de los menores. Entre 1999 y 2015, el ICBF ha atendido a 5.708 menores provenientes de distintos grupos armados ilegales (guerrillas, paramilitares y bandas criminales), 60 por ciento de los cuales viene de las FARC. En un eventual acuerdo de paz en La Habana, esta institución tendría que recibir alrededor de 2.000 menores de edad que hoy hacen parte de esta organización guerrillera.

Probablemente, a estos niños, niñas y adolescentes que se desvinculen del conflicto no les serán imputados cargos por los delitos cometidos durante su permanencia en las FARC. Sin  embargo, ¿qué pasará con aquella población joven que ingresó siendo menor de edad y que en el momento de desmovilizarse ya tendrá 18 o más años? ¿Seguirán siendo perseguidos por la ley? ¿Merecen cárcel o reparación?

Desde nuestra perspectiva, estos jóvenes son victimarios porque han cometido delitos en el marco del conflicto, pero también son víctimas de trata en tanto fueron reclutados siendo menores de edad y no tuvieron oportunidades de dejar la organización, salvo que escaparan corriendo grandes riesgos.

Sin duda, la mejor solución para detener esta tragedia es acabar el conflicto armado, y en buena hora el reclutamiento forzado de menores está sobre la mesa de La Habana. El anuncio de las FARC de no reclutar menores de 17 años es un compromiso que puede empezar a detener la victimización de niñas, niños y adolescentes.

Pero más allá de la negociación de paz, es necesario pensar en el posconflicto y encontrar alternativas para estos jóvenes excombatientes. Pensar solo en años de cárcel para los culpables no resolverá apropiadamente las necesidades de estos jóvenes, que requieren emprender nuevos proyectos de vida como civiles.

Empezar a reconocer la dimensión de trata de personas a la que ha conllevado esta confrontación armada prolongada no solo permitirá buscar alternativas de justicia sino formas de reparar y reintegrar. Para eso se necesitan voluntad política, esfuerzos institucionales y una opinión pública sensible al tema.

 

* Politóloga de la Universidad de Los Andes, magister  en Estudios de América Latina de la Universidad de Stanford, magister en Estudios de Paz de la Universidad de Notre, Dame Profesora asistente de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Sabana. monica.hurtado@unisabana.edu.co

** Abogada y profesional en finanzas y comercio internacional  de la Universidad del Rosario, estudiante de la Maestría en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario; lorena.dc@gmail.com

 

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