Pese al escándalo y a la lavada de manos del Gobierno Nacional, la Comisión tenía permiso y tenía derecho a buscar la pacificación de la ciudad.
Jorge Giraldo Ramírez
Por estos días se ha venido debatiendo la noticia de que los grupos delincuenciales comandados por alias "Valenciano" y alias "Sebastián" acordaron una tregua en la disputa armada que mantienen en algunas comunas de Medellín desde el año pasado. Este acuerdo resultó, en alguna medida, de las gestiones de una Comisión civil que había informado de su misión al Gobierno Nacional en octubre pasado y que había obtenido un aval del mismo para moverse por diversas cárceles del país.
La opinión pública está al tanto del escándalo que se suscitó y de los ires y venires de comunicados, desautorizaciones y malentendidos. Sin embargo, como suele suceder, lo importante queda sepultado. Entre las cosas que merecen destacarse hay dos: lo que el hecho devela respecto a la criminalidad en Medellín y las tendencias que existen en el país frente a este tipo de gestiones.
La violencia en Medellín
Desde hace más de un año las muertes violentas en Medellín se habían convertido en un pretexto para varias campañas políticas encubiertas y en el sustento de interpretaciones basadas en la inercia de los imaginarios más que en la serenidad de la información y del análisis.
Pero la tregua confirma varias hipótesis que los observadores independientes habían planteado en 2009. La primera es la fractura de la llamada "Oficina de Envigado". Muchos -incluido el Gobierno Nacional- habían negado la existencia de la tal "Oficina" y después otros negaron esta división. La segunda es que buena parte del aumento de los homicidios que se dio en Medellín en 2009 se debió a una guerra entre esos grupos. Medellín venía de varios años con menos de mil homicidios y en 2009 pasó la cifra de dos mil, siendo el peor año desde el 2002. Hay muchas estimaciones de cuánto le aportó esta confrontación a ese incremento, pero las más bajas hablan del 50%. La tercera idea que se confirma es que la naturaleza del crimen en Medellín pasó de la confrontación armada de carácter político entre guerrillas y paramilitares a la presencia activa de grupos de criminalidad organizada alrededor de distintos tipos de negocio. Y sabemos, por último, que es una disputa que se extiende hasta el Bajo Cauca, Córdoba, Cartagena y Barranquilla. No son cositas locales, solubles desde una Secretaría municipal.
Quedan muchas preguntas por resolver, ¿por qué se desató esta lucha violenta entre esas dos facciones? ¿qué hay en disputa? ¿cómo articulan a las pequeñas bandas y combos de jóvenes? ¿a qué se debe la localización tan precisa de la disputa? ¿cómo entran estas organizaciones en el mapa nacional de las bandas criminales o "bacrim"?
La Comisión
En el segundo semestre del 2009 se sabía, en algunos círculos, que había personas intentando acercarse a las cabezas de esta confrontación. Ya es público que las personas más activas en esta iniciativa fueron Jaime Jaramillo Panesso -dedicado durante más de treinta años a estos menesteres con todo tipo de organizaciones- y Francisco Galán-radicado en Medellín y acogido por las dos últimas administraciones locales después de salir de la cárcel y de expresar su compromiso con la paz.
¿En qué escenario actúa la Comisión? Aumento del homicidio, mil muertos más de cuenta de este enfrentamiento. Lentitud del gobierno nacional, que hizo agitación pública con el problema cada semana, pero tardó meses enteros para aumentar el pie de fuerza de manera permanente. Debilidad de la inteligencia policial que, después de dos años, no ubica a los determinadores de estos grupos (el General Naranjo habla de un lapso de gracia de 12 a 18 meses como tiempo para lograr capturas después de identificado un jefe de estas organizaciones). Corrupción mayúscula en la justicia que en dos años le ha dado casa por cárcel, hospital por cárcel, liberación por vencimiento de términos o por procedimientos a la captura a decenas de grandes y medianos delincuentes.
No estoy autorizado para decir por qué vía se abre el canal de conversaciones con esta Comisión. Para empezar los contactos más sistemáticos, la Comisión necesita un aval escrito del gobierno nacional (a) porque necesita protegerse de cualquier inculpación por tratos con delincuentes y (b) porque necesita autorización para entrar a diversas cárceles del país. Para más nada. El hecho es que estos buenos oficios ayudan a que se declare una tregua entre los dos jefes delincuenciales mencionados antes. Ahí fue Troya.
Las tres preguntas
Los problemas de fondo que surgen son:
- ¿Pueden los ciudadanos buscar medidas de mitigación ante enfrentamientos violentos que afectan a las comunidades en las que viven? La respuesta es sí, sí pueden y siempre han podido. Sacerdotes y rectores de colegios en los barrios de Medellín lo han hecho durante décadas. ONG y organizaciones de derechos humanos, también. En una sociedad no puede esperarse que todos los conflictos se tramiten judicialmente y que la ley y el juez sean la única vía de solución.
- ¿Pueden los grupos delincuenciales hacer treguas entre sí? La pregunta es absurda, pero hay que ponerla en blanco y negro para que nos percatemos de las imposturas que se generaron a propósito de este hecho. Muchos comentaristas opinaron cosas de este tenor: señores delincuentes, es incorrecto que ustedes hagan treguas porque la función de proteger al ciudadano no es de ustedes sino del Estado; luego el único camino es la acción estatal de ubicar, detener o dar de baja, juzgar y castigar.
- ¿Puede el Estado negociar con delincuentes? Este no fue el caso, pero el prurito de la pureza apareció para tratar de sindicar al gobierno y para que el gobierno se desmarcara de la iniciativa, mostrando más virtud de la que debe tener y de la que efectivamente tiene. Pero la respuesta también es sí. Los Estados negocian todos los días con los delincuentes y en todas partes. Cuando Gaviria estableció la Consejería Presidencial para Medellín, una de sus funciones fue realizar directamente este tipo de gestiones y, de hecho, terminaron con negociaciones en 1994 con tres grupos milicianos locales que ya eran más delincuencia común que otra cosa.
No es un buen síntoma que una sociedad se enrede en estas cosas elementales. Muy mala es la doctrina que se trata de establecer desde aquí. Que la Iglesia (el Arzobispo Giraldo fue miembro de la Comisión), que los mediadores civiles (el señor Jaramillo Panesso fue fundador y nervio de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia desde hace 15 años) y ciudadanos con experiencia en estos asuntos (el señor Galán y su proyecto Casa de Paz), se vayan a sus casas y le dejen el trabajo a la policía y a los jueces. Señales de una mentalidad vindicatoria.
