Matrimonio civil entre personas del mismo sexo: reconocimiento de la ciudadanía plena - Razón Pública
Inicio TemasEconomía y Sociedad Matrimonio civil entre personas del mismo sexo: reconocimiento de la ciudadanía plena

Matrimonio civil entre personas del mismo sexo: reconocimiento de la ciudadanía plena

Escrito por Carolina Giraldo
Carolina Giraldo Botero

Carolina Giraldo BoteroLa Corte Constitucional fallará en pocos días sobre esta ampliación controvertida de los derechos civiles. La autora explica el apoyo del Gobierno Distrital a la medida y examina los alcances de una posible sentencia favorable de la Corte.

Carolina Giraldo Botero*

Un tema con historia

El matrimonio se ha utilizado a lo largo de la historia como un demarcador de inclusión y exclusión social y sigue siendo la figura que otorga mayores protecciones a las parejas que lo conforman. Lejos de ser una noción inmóvil, el concepto de matrimonio, así como el de familia, varía con el lugar y con el paso del tiempo. 

Vale la pena recordar las limitaciones que existieron para celebrar matrimonios entre blancos y afrodescendientes en Estados Unidos y las limitaciones legales que durante el período colonial hispanoamericano existieron para que personas de diferentes orígenes socio-raciales pudieran casarse.

Incluso hoy en día persisten los matrimonios arreglados por los padres en diferentes lugares del mundo. En todos estos casos, la simple voluntad de contraer matrimonio por parte de personas en uso de sus facultades y por mutuo consentimiento no ha sido suficiente para acceder a los derechos conyugales.

Este también es el caso de las parejas del mismo sexo en Colombia, donde la orientación sexual o la identidad de género de la persona crean una barrera hasta ahora infranqueable para acceder a los derechos de pareja que representa el matrimonio civil, pues la  definición de matrimonio vigente limita el acceso a estos derechos civiles por condiciones o situaciones como la orientación sexual.

La situación de Colombia

En Colombia se admite la "unión civil" o "unión marital de hecho", institución reconocida a través de sentencias de la Corte Constitucional, nunca por medio del Congreso.

Bajo la unión marital de hecho se reconocen, entre otros, los derechos a formar una sociedad patrimonial, a afiliar la pareja al servicio de salud, a recibir la pensión y a la no discriminación en materia penal. Sin embargo, para acceder a la unión marital de hecho, la pareja debe tener al menos dos años de convivencia, mientras que en el caso del matrimonio, los derechos son inmediatos.

Adicionalmente, en el imaginario social, el matrimonio remite a una unión estable y duradera, mientras que la unión marital no parece percibirse de la misma manera.

La demanda

Antes del próximo 17 de noviembre, la Corte Constitucional deberá decidir sobre la validez del matrimonio civil entre personas del mismo sexo y su posibilidad de formar familias en los mismos términos que las parejas heterosexuales.

Esta trascendental decisión se estudia a raíz de la demanda que el abogado Felipe Montoya interpuso sobre el Artículo 113 del Código Civil Colombiano: "El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente".

Es importante tener en cuenta que la demanda trata exclusivamente sobre el matrimonio civil y no sobre el matrimonio religioso; por lo tanto lo que está en juego corresponde a la celebración de un contrato entre dos personas, mediante el cual se establecen derechos y deberes. Si se aprueba el matrimonio civil para personas del mismo sexo, cada religión podrá continuar realizando su rito, en el marco de la Constitución de 1991.

La posición del gobierno distrital

Una vez se admitió la demanda, varias entidades de orden nacional y distrital enviaron concepto favorable o desfavorable. Ya se han conocido los conceptos de la Procuraduría y el DANE, ambos desfavorables. Por su parte, la Administración Distrital apoyó la demanda y por ende afirmó que es necesario lograr la igualdad formal y la no discriminación por orientación sexual o identidad de género en el país.

La Administración Distrital se pronunció a favor de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, tomando como marco la existencia de una política pública que busca garantizar los derechos de esta población y erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género (Decreto 608 de 2007 y Acuerdo 371 de 2009).

Se trata de una política líder en el país y en América Latina que trabaja, entre otros, por el acceso a la salud, escuelas sin homofobia y ambientes laborales inclusivos. Adicionalmente, la política distrital para las familias toma como principio la diversidad e incluye a las familias conformadas por parejas del mismo sexo.

Una ciudad progresista

Recientemente, la Secretaría Distrital de Planeación publicó algunos resultados de un estudio sobre representaciones sociales y situación de derechos humanos de las personas LGBT en Bogotá. Las cifras demuestran que la mayoría de los bogotanos apoya el matrimonio entre personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, pues sólo un 36 por ciento está en desacuerdo.

No existen estudios similares para el resto del país, pero es posible que  en otras ciudades las cifras no sean tan favorables al matrimonio igualitario. Los resultados de la capital  demuestran que las acciones del movimiento social, el impulso de la Administración Distrital y por supuesto del hecho de que Bogotá sea la ciudad más cosmopolita del país, cuentan a la hora de hablar de temas de alta sensibilidad como el del matrimonio entre personas del mismo sexo. También significa que la ciudad está preparada para un fallo favorable de la Corte.

Del contexto internacional a la realidad nacional

En diferentes partes del mundo el concepto de matrimonio se ha transformado y ha venido incorporando a las parejas del mismo sexo. A pesar de los avances,  aun existen países en África y Asia donde la homosexualidad es castigada con pena de muerte y los crímenes debidos a prejuicios de género subsisten incluso en los países con normas más igualitarias.

Si el fallo es favorable a la población LGBT, Colombia sería el decimosegundo país del mundo en aprobar el matrimonio civil para homosexuales, después de, entre otros, Canadá, España, Países Bajos, Portugal, México y Argentina, la mayoría países con una larga trayectoria de políticas sociales. Llama la atención el protagonismo de los países de Iberoamérica.

¿Un movimiento social tradicionalista?

La agenda de los movimientos sociales LGBT ha estado marcada por un continuum que va de la despenalización de las relaciones homosexuales hasta el reconocimiento pleno de los derechos de las parejas establecido en el matrimonio.

Algunas personas críticas de esta agenda plantean que la prioridad otorgada al tema del matrimonio ha transformado a estos movimientos en tradicionalistas y perpetuadores de las relaciones convencionales entre la familia y la propiedad.

En los inicios de la revolución sexual de la década de 1960, la agenda incluía una crítica tajante a la noción de la familia y los matrimonios tradicionales. Al parecer el movimiento LGBT abandonó esa crítica y cambió su agenda por una de reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Este cambio en la agenda está  relacionado con la búsqueda de  la igualdad, más que con una obsesión con el tema de la familia tradicional. Desde ya el movimiento debería fijar nuevas prioridades, puesto que una vez se consiga la igualdad formal, queda por construir la igualdad real.

¿Y después del matrimonio?

Solteras o en pareja, las personas LGBT han sido históricamente discriminadas en derechos como la educación y el trabajo. Bogotá ha liderado la adopción de políticas para garantizar estos y otros derechos, pero importa abogar por un trabajo en el mismo sentido a nivel nacional.

En materia de educación, es necesario disminuir la deserción escolar de niños y jóvenes LGBT por culpa del matoneo estudiantil homofóbico. En el mundo laboral se ha comprobado que cuando las personas pueden ser honestas respecto de su orientación sexual o identidad de género, son también más productivas y se crea un mejor ambiente de trabajo. En ambos casos, las personas transgeneristas son las más vulneradas y quienes reciben más agresiones físicas. Es importante entonces buscar acciones integrales para que una vez ganada la igualdad ante la ley, se de más relevancia a cerrar la brecha de discriminación.

Se necesita reconocimiento social

En esta agenda debería estar también el derecho a la indiferencia, que no es más que el reconocimiento social de un derecho adquirido. Para apreciar los alcances del derecho a la indiferencia planteo las siguientes situaciones hipotéticas:

  1. En caso de lograrse la aprobación del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo ¿cuántos matrimonios van a celebrarse sin la presencia de familiares?
    El matrimonio (heterosexual) se ha celebrado tradicionalmente en un ambiente familiar, entre padres, abuelos, tíos y tías, primos. Me pregunto cuántos de estos primeros matrimonios contarán con el apoyo de las redes familiares.
  2. Más aun, ¿cuántos matrimonios van a dejar de celebrarse por miedo a revelar la identidad sexual en el lugar de trabajo?
    El estudio de la Secretaría Distrital de Planeación demostró que en la mayoría de los casos las personas LGBT esconden su orientación sexual o identidad de género por miedo al rechazo. Estos son algunos de los retos que impone el eventual fallo positivo de la Corte.

Mirando hacia adelante

Es importante seguir trabajando para que las representaciones sociales negativas y estereotipadas se cambien por otras ajustadas a la realidad, para que las personas LGBT puedan ser consideradas ciudadanos plenos que contribuyen al bienestar colectivo del país.

A pesar de los retos aquí mencionados y otros que sobrevendrían en el cumplimiento  de la eventual sentencia, si el fallo fuera favorable a la comunidad LGBT, todo el país se beneficiaría, puesto que se ampliarían los estándares de igualdad y tendería a reducirse la discriminación.

Esto representaría un paso tan significativo como lo fue la obtención del derecho al voto para las mujeres, puesto que se anularían desigualdades frente a la ley, en ese caso en razón del sexo, ahora, por la orientación sexual.

* Directora de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación. Historiadora y politóloga de la Universidad de los Andes, magíster y candidata a doctorado en Historia con énfasis en historia de género y sexualidad de Rutgers University.

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies