El abuso policial no es nuevo en Colombia: en los últimos cien años ha dejado centenas de muertos y heridos.
Daniel Rubio*
Una y otra vez
Desde hace años la policía colombiana ha protagonizado varios episodios de abuso de autoridad que han desembocado en la muerte de civiles inocentes:
Se cumplirán cinco años del caso de Carlos Torres y diez años del de Diego Becerra. También durante las manifestaciones sociales ha habido numerosos casos letales como el de Dilan Cruz o el de Nicolás Neira, que murieron a manos del ESMAD hace uno y quince años, respectivamente. Pero, a pesar de los casos particulares, un ‘homicidio colectivo’ como respuesta ante la protesta ciudadana era algo que parecía impensable hasta hace poco.
Gracias a Gabriel García Márquez y a Álvaro Cepeda Samudio, la Masacre de las Bananeras se volvió la imagen arquetípica de la violencia estatal contra la protesta social en Colombia. Sin embargo, esta masacre no es la única instancia donde la Fuerza Pública ha buscado neutralizar la manifestación con consecuencias tan letales. El 9 de septiembre de 2020 dejó imágenes que ya se habían visto antes en la capital durante el último siglo.
Vale la pena hacer un recuento histórico de estos y otros acontecimientos que asemejan lo sucedido el ‘9S’ en Bogotá y Soacha, evaluando las similitudes con las que se repite nuestra trágica historia nacional.
La masacre de los sastres
El 16 de marzo de 1919, en medio de la crisis económica provocada por la gripa española, los sastres y otros artesanos bogotanos decidieron salir a protestar para evitar que el gobierno conservador de Marco Fidel Suárez fabricara en Estados Unidos los 8,000 uniformes nuevos que usaría el Ejército en la conmemoración del primer centenario de la Batalla de Boyacá.
El historiador Renán Vega señala que los manifestantes insistieron en el carácter pacífico de la protesta, pero el gobierno la desautorizó asegurando que era organizada y financiada por los bolcheviques; una estrategia que aún resulta familiar. Cerca de 4.000 manifestantes llegaron a la Plaza de Bolívar cargando pancartas y gritando arengas, reiterando que era una protesta pacífica e incluso vitoreando al Ejército y la Policía.
El presidente Suárez salió entonces al balcón del Palacio de la Carrera (hoy Palacio de Nariño) para anunciar que la compra de los uniformes había sido detenida por razones fiscales. Pero, debido a la lluvia y la deficiente oratoria del presidente, la multitud no lograba escuchar lo que decía y le pedia a gritos que hablara más fuerte.
Frustrado, el presidente decidió abandonar el balcón. Mientras el tiempo corría los manifestantes se iban impacientando al ver que Suárez no volvía a salir, hasta que algunos de ellos terminaron tirando piedras y rompiendo ventanales para llamar la atención. La Guardia Presidencial respondió accionando un cañón emplazado a la entrada del Palacio que mató a varias personas y dejó heridas a muchas otras. La gente huyó despavorida mientras la tropa disparaba. Un vocero de los artesanos se acercó al comandante a cargo para pedirle que detuviera su ataque, pero el oficial, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa y lo mató.
Según la versión oficial, la Guardia disparó al aire para dispersar a los “amotinados”. Políticos de ambos partidos condenaron la actuación de los uniformados, pero la prensa conservadora defendió a la Fuerza Pública y culpó al “populacho” subversivo. En contraste, las paredes de la ciudad se comenzaron a llenar de mensajes pintados: “El pueblo tiene hambre”, “Suárez es un bruto”, “Piedra al palacio y a Suárez”. La masacre dejó al menos 10 muertos y 15 heridos.
Una década después, tras la masacre de Las Bananeras, se llevaron a cabo marchas contra el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez quien, en vez de buscar responsables por lo sucedido en Ciénaga, nombró como jefe de la Policía a Cortés Vargas, el general que ordenó la matanza. En medio de las manifestaciones en Bogotá, la Fuerza Pública asesinó al estudiante Gonzalo Bravo Pérez, hijo de un amigo del presidente. La muerte de este joven de la élite bogotana (y no la masacre de peones ‘costeños’) le costó el puesto al Ministro de Guerra y al General Cortés Vargas.
El Bogotazo
A veces se olvida que la reacción de la Fuerza Pública fue lo que contribuyó a escalar la violencia el 9 de abril de 1948 . Jaime Quijano Caballero, testigo presencial de los sucesos, cuenta que después de que una multitud enardecida arrastrara por la carrera séptima el cuerpo de Juan Roa Sierra —autor material del homicidio de Jorge Eliecer Gaitán— y lo dejara frente a la puerta del palacio presidencial, varias personas se congregaron allí para manifestar su dolor y exigir explicaciones al presidente conservador Mariano Ospina Pérez.
Media hora después llegaron los 80 soldados del Batallón Guardia Presidencial y obligaron a la gente a dirigirse a la Plaza de Bolívar. Entonces se oyó un disparó al que la gente respondió diciendo: “¡No! Así no… ¡No es con ustedes! ¡Viva el Ejército de Colombia! ¡Vivaaa!”
Minutos más tarde, los manifestantes volvieron a marchar hacia el Palacio, cuando el teniente Silvio Carvajal ordenó abrir fuego. Entre muertos y heridos, cerca de 30 personas cayeron acribilladas. Este sería el punto de inflexión que precipitó los acontecimientos violentos de los siguientes días.
Como algunos uniformados se sublevaron durante el Bogotazo, el Gobierno despidió a todo el cuerpo policial y entregó sus funciones al Ejército. Según investigadores de la Policía Nacional, la institución sufrió entonces una “militarización radical” que abrió el camino hacia un “enfoque castrense de la Policía”, lo que no demoró en producir “graves episodios en relación con el uso de la fuerza y otros problemas relacionados con el trato a la comunidad.”
En 1953, con la llegada de Gustavo Rojas al poder, la Policía se convirtió en la cuarta fuerza armada de Colombia y fue integrada al Ministerio de Guerra (hoy Ministerio de Defensa) donde permanece hasta el día de hoy.
Los muertos bajo Rojas Pinilla
Después de 1930, se volvió costumbre realizar peregrinaciones universitarias a la tumba del estudiante asesinado, Gonzalo Bravo, cada 8 de junio. Además de la marcha había escenarios de debate y crítica estudiantil, como programas radiales conmemorativos donde, en 1951, también participó el estudiante Carlos Holmes Trujillo (padre). En 1954, la marcha se realizó en medio de tensiones con la Fuerza Pública que, después del evento, intentó desalojar la Ciudad Universitaria donde jugaban fútbol quienes ya habían regresado de la peregrinación.
Entre chiflidos y piedras, los uniformados terminaron retirándose, pero volvieron al poco tiempo con refuerzos que dispararon desaforadamente, matando al estudiante Uriel Gutiérrez.
Para rechazar el asesinato se convocó al día siguiente una gran manifestación que, al cruzar la calle 13 con carrera séptima, se encontró de frente con el Batallón Colombia.
El Ministro de Gobierno sabía lo que se venía, admitiendo después que estos soldados, recién llegados de la Guerra de Corea, “estaban acostumbrados a echar bala.” Trece estudiantes murieron entre el 8 y 9 de junio a manos de la Fuerza Pública y por lo menos 50 fueron heridos. El gobierno del General Rojas Pinilla dijo entonces que el Batallón había respondido a supuestos disparos enemigos, y que la tragedia había sido organizada por comunistas y laureanistas que dirigían a los estudiantes y buscaban derrocarlo. La misma estrategia usada desde 1919 para justificar la masacre.
El Paro de 1977
El 14 de septiembre de 1977, las centrales obreras convocaron un paro cívico contra el alza de tarifas y la inflación derivada de la apertura económica impulsada por el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen. El descontento era generalizado y federaciones, estudiantes, docentes y habitantes de barrios marginados de Bogotá decidieron adherirse a la manifestación.
Ese día hubo bloqueos, saqueos y serias confrontaciones. El profesor Frank Molano señala que, además de la propia policía, los blancos principales fueron el transporte, los grandes almacenes y los bancos, es decir, los sectores con los que había mayor descontento ciudadano. En dos días de paro, los enfrentamientos dejaron más de 500 heridos de fusil en Bogotá y 25 muertos. Casi todos los muertos eran residentes de barrios obreros como Atahualpa (Fontibón), entre ellos un niño de 10 años.
Esta movilización suscitó interpretaciones contradictorias. El oficialismo la tildó de subversiva e incluso insinuó que se había tratado de un levantamiento popular de inspiración marxista o de una escaramuza del clero y la oposición Ospino-Pastranista.
El año siguiente, con la llegada del liberal Julio César Turbay a la presidencia, se expidió el Estatuto de Seguridad como instrumento de persecución de opositores de izquierda. Durante los siguientes 30 años se produjeron por lo menos 61 masacres en las que estuvo involucrada la Fuerza Pública.
El 9S
El 9 de septiembre de 2020, una ciudadanía golpeada económicamente por la pandemia y harta de la antipatía del gobierno (como en 1919), salió a manifestar su indignación por la muerte de Javier Ordóñez a manos de la Policía (como en 1954).
Los ciudadanos arremetieron contra varios CAI de Bogotá, incluyendo el sitio donde Ordóñez fue asesinado a golpes. La Fuerza Pública no tardó en disparar las mismas balas que recibieron los manifestantes capitalinos del último siglo y que los pasados 9 y 10 de septiembre cobraron la vida de al menos 13 personas.
Llevamos más de cien años esperando que el gobierno tome medidas que impidan el asesinato de manifestantes a manos de la policía. ¿Cuántas masacres más son necesarias para darle fin a nuestra espera?