En medio del escándalo por la reforma a la justicia, el Congreso aprobó leyes avanzadas sobre participación democrática y ciudadanía juvenil. Paradójicamente las leyes ayudarían a movilizar la sociedad civil para evitar los abusos del Congreso.
Marcela Escandón Vega*
Dos leyes refrescantes
Debido a la nutrida agenda legislativa que promovió el gobierno en la legislatura que concluyó el pasado 20 de junio, y gracias al carácter polémico de algunos proyectos como la Reforma a la Justicia y el “Marco legal para la paz”, algunas iniciativas discutidas y aprobadas por el Congreso pasaron desapercibidas por la opinión pública, a pesar de su aporte sustantivo a mejorar nuestra democracia.
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Me refiero a dos iniciativas: al Proyecto de Ley Estatutaria sobre la Participación Democrática [1], promovido por el senador John Sudarsky y al Proyecto de Ley Estatuto de Ciudadanía Juvenil [2] como un par de ejercicios interesantes en términos de su contenido y del proceso de difusión y discusión de sus objetivos, alcances y limitaciones.
Estos dos articulados, que el Congreso ya aprobó, contaron con la especial presencia y los insumos de organizaciones de la sociedad civil durante todo el proceso de elaboración y discusión de la ley.
Desde la sociedad civil
En el caso de la participación ciudadana, la iniciativa fue producto de un diálogo entre organizaciones sociales, congresistas y el gobierno nacional. Se identificó el problema de la poca eficacia de los mecanismos de participación y se acogió la propuesta de Foro por Colombia para reformar la Ley 134 de 1994 y fortalecer la participación ciudadana.
Luego de numerosas mesas de trabajo regionales, se recogieron los aportes de diferentes gremios, empresarios, ONGs y grupos de ciudadanos. Entre las propuestas acogidas se encuentran:
- la disminución de requisitos para apelar a mecanismos de participación como la revocatoria del mandato;
- el aumento de los recursos destinados a promover la participación;
- la creación del Consejo Nacional de Participación como un ente asesor del gobierno en el proceso de unificar y coordinar la política de participación;
- la adopción de la iniciativa de ley ciudadana, en cuya virtud un ciudadano podrá elaborar propuestas de ley y enviársela a su representante. El congresista está obligado a contestar de manera detallada por qué presentaría o no dicha proposición al Congreso.
Ciudadanía juvenil
El proceso de construcción del Estatuto de Ciudadanía Juvenil no fue menos novedoso. Más de tres años pasaron para que un conjunto de organizaciones de jóvenes recibieran la atención del Congreso, pese a que varios proyectos similares se habían “hundido” por falta de interés de los congresistas y del gobierno.
Diversas organizaciones que trabajan con y para los jóvenes conformaron entonces el Comité Técnico para la Formulación y el Seguimiento del Proyecto de Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, recogiendo documentos académicos y aportes de miles de jóvenes de todas las regiones que participaron por medios virtuales y actividades presenciales, como el IX Festival Nacional de la Juventud.
Finalmente, fueron radicadas tres iniciativas similares (dos de origen legislativo y una gubernamental) las cuales se acumularon y discutieron en un proceso que si bien no estuvo exento de divergencias, consiguió recoger al menos el 70 por ciento de las propuestas de los jóvenes en el primer proyecto radicado, tal como lo señala la organización de jóvenes Colombia Soy Yo.
El “marco institucional para el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil y las políticas públicas de juventud” obliga al Estado:
- a adoptar medidas para reconocer la diversidad de los jóvenes,
- a capacitar funcionarios para que brinden un trato no discriminatorio;
- a crear mecanismos que contribuyan a la inserción laboral;
- a garantizar educación de calidad;
- a adelantar campañas de planificación familiar dirigidas a jóvenes;
- a proteger el derecho a pertenecer a un proceso o práctica organizativa, entre otros.
Estas mismas organizaciones de jóvenes, en colaboración con otros proyectos como ICP Joven y el Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política, han liderado la divulgación y discusión del articulado final, en diversas instancias como foros y mesas de expertos.
La sociedad civil movilizada
Las recién aprobadas Ley de Participación Ciudadana y Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil son dos ejemplos de construcción de políticas públicas de manera incluyente y deliberativa.
En un país con escasa rendición de cuentas y poco control social, abrir espacios de discusión con organizaciones sociales para el diseño de políticas tiene un valor muy alto. Colombia ha venido perdiendo espacios de inclusión por la desmotivación de los ciudadanos, su desconfianza en las instituciones y la creencia de que sus esfuerzos por participar son infructuosos.
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Esto se refleja en la caída del uso de los mecanismos de control sobre el Estado (-19 por ciento), de mecanismos de participación directa (-12 por ciento) y en otros indicadores como la pérdida en los niveles de confianza en los otros (del 14 al 11 por ciento entre 2005 y 2011), en el gobierno (-11 por ciento) y en lo legal (-10 por ciento), de acuerdo con la tercera medición del Capital Social en Colombia realizada mediante la metodología del Barómetro de Capital Social (BARCAS) en 2011 [3].
Sin embargo, numerosas organizaciones llevan a cabo grandes esfuerzos por movilizarse, por debatir e incidir sobre las políticas y decisiones públicas, pese a los costos, a las dificultades y casi siempre a la escasa incidencia. Colombia necesita dimensionar la importancia de sus organizaciones de la sociedad civil. Las ONGs no son el único actor no partidista que puede llegar a incidir en el debate político.
En el caso de las dos leyes aquí mencionadas, debe destacarse el papel de organizaciones como Colombia Soy Yo y Juventudes Colombia, que trabajaron durante más de tres años para que el tema de ciudadanía juvenil ocupara un lugar en la agenda del Congreso.
Del mismo modo, en el caso de la participación ciudadana, el papel de organizaciones como Foro por Colombia y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga fue fundamental no sólo para divulgar y discutir el contenido del proyecto de ley, sino para hacer el diagnóstico de los problemas de la participación ciudadana y de algunos mecanismos para solucionarlos.
Precisamente, el Instituto de Ciencia Política celebra el próximo 27 de junio sus 25 años de fundación con el foro "Democracia Capitalista o Capitalismo Democrático" en el club El Nogal de Bogotá. Este evento pretende reflexionar sobre los principios de libertad económica y democracia, tanto en Colombia como en el mundo, con invitados como Francis Fukuyama y José María Aznar.
Quizá los resultados hubiesen sido distintos si se hubiera permitido construir un proceso similar en el caso de la hoy tan denigrada reforma a la justicia, teniendo en cuenta las alarmas, aportes y comentarios de las organizaciones sociales a lo largo de todo el proceso [1].
* Directora del Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política. Historiadora, politóloga y Máster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Samaria de 23 años.
@MarceEscandon
@ObservatorioICP
