Más que guerra comercial: la tropicalización de los aranceles coercitivos

Al atacar las exportaciones colombianas, el presidente Noboa introduce a Suramérica en la lógica del uso de aranceles como arma política. Pero lo hace en su versión tropicalizada: una copia fuera de escala de una estrategia geoeconómica utilizada por potencias con economías complejas y cadenas de producción altamente integradas.

Carlos Marx escribió en El 18 Brumario de Luis Bonaparte que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. No porque los contextos sean idénticos, sino porque, ante la falta de ideas nuevas, los actores políticos reciclan símbolos, narrativas y estrategias del pasado.

Algo similar parece estar ocurriendo hoy en Suramérica, con una diferencia clave: la inspiración ya no proviene del pasado, sino de otras latitudes. La decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de imponer aranceles del 30% a productos colombianos no solo detonó una crisis comercial innecesaria en la región andina, sino que también replicó —casi sin disimulo— la retórica y el instrumento predilecto del modelo que Noboa parece tener en mente: el de Donald Trump.

En el momento de escribir este artículo, los gobiernos de Colombia y Ecuador no han anunciado una salida diplomática y los aranceles ecuatorianos a los productos colombianos entrarían en vigor el domingo primero de febrero. En respuesta, el gobierno de Gustavo Petro suspendió la venta de energía a Ecuador y tiene la intención de imponer aranceles de represalia sobre ciertos productos ecuatorianos.

La situación puede cambiar en cualquier momento y no puede descartarse una desescalada. Aun así, el episodio guarda paralelos evidentes con la ofensiva arancelaria que Estados Unidos ha venido desplegando desde hace un año en América del Norte —y más allá—. Vale entonces preguntarse qué lecciones ha dejado ese experimento de coerción comercial y qué ocurre cuando estas estrategias se “tropicalizan”: es decir, cuando se trasladan a economías más pequeñas, menos integradas y con menor capacidad para infligir daño.

El espejo del norte: seguridad como pretexto comercial

El primer paralelismo con la experiencia estadounidense es difícil de ignorar. Hace exactamente un año, Donald Trump anunció la imposición de aranceles contra Canadá, México y China, no por razones comerciales, sino como represalia por su supuesta falta de cooperación en la lucha contra el tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos. La justificación era explícitamente extra comercial: utilizar el comercio como instrumento punitivo para forzar concesiones en materia de seguridad y control fronterizo. Sin embargo, el propio Trump se ha encargado de dejar claro que el tráfico de fentanilo fue una excusa conveniente. La motivación real detrás de los aranceles ha sido el persistente déficit comercial que Estados Unidos mantiene con esos tres países.

La decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa replica esa lógica sin mayor disimulo. Al elevar en 30% los aranceles a los productos colombianos por la supuesta falta de cooperación del gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico, Noboa adopta tanto el instrumento como la narrativa de su modelo a seguir. Es más, al anunciar la medida, Noboa hizo referencia al déficit comercial que Ecuador tiene con Colombia. 

El primer problema que plantea este abuso de la política arancelaria es que impide precisar qué condiciones deben cumplirse para restablecer un comercio normal. De hecho, los gobiernos de Canadá, México y China pasaron buena parte de 2025 negociando con Estados Unidos concesiones de todo tipo: comenzaron por el fentanilo, pero rápidamente las conversaciones derivaron hacia asuntos económicos, como el impuesto a los servicios digitales que Canadá buscaba implementar o la exigencia de vender una versión de la plataforma china TikTok a inversionistas estadounidenses.

De este modo, el uso de argumentos de seguridad nacional —con el subtexto de desbalances económicos, ya sean reales o percibidos— para justificar medidas comerciales genera una negociación inherentemente incierta, en la que la parte demandante siempre puede exigir nuevas concesiones.

 Desintegración e incertidumbre: el costo de las represalias

Esta dinámica probablemente explica por qué Colombia optó por una estrategia distinta, más cercana a las lecciones aprendidas por China durante su enfrentamiento comercial con Estados Unidos. En lugar de buscar una rápida salida negociada, Pekín recurrió a represalias selectivas, centradas en puntos nodales de las cadenas de suministro, como los controles a la exportación de tierras raras, que terminaron por forzar a Trump a moderar su ofensiva.

La respuesta colombiana parece inspirarse en esa lógica. La suspensión de las ventas de energía a Ecuador —un país parcialmente dependiente del suministro energético colombiano— no busca tanto una confrontación comercial abierta como enviar una señal clara de su capacidad de daño. Se trata de una represalia limitada, pero estratégicamente ubicada, diseñada para mostrar que la coerción puede operar en múltiples frentes y que la economía del adversario puede ser estrangulada sin necesidad de recurrir exclusivamente a los aranceles.

Sin embargo, tanto el uso coercitivo de aranceles como la restricción del suministro de bienes esenciales socavan gravemente la capacidad de los sectores productivos para tomar decisiones estratégicas y obligan a los consumidores a pagar precios más altos.

La incertidumbre en las relaciones comerciales resulta especialmente nociva en el caso de países limítrofes con economías integradas. Muestra de ello es que, tras anunciar los aranceles contra México y Canadá el primero de febrero de 2025, la administración Trump se vio obligada a pausar su aplicación apenas dos días más tarde y, posteriormente, a eximir de los aranceles los bienes comerciados bajo el T-MEC. La presión política interna, el impacto en las cadenas de suministro y el riesgo de mayores disrupciones económicas forzaron una rápida desescalada.

No obstante, incluso con negociaciones e intentos de mitigar el daño, la consecuencia de fondo del uso coercitivo de aranceles entre vecinos —y de las represalias que genera— es un fuerte incentivo para diversificar las relaciones comerciales y reducir las dependencias. Canadá ya ha tomado ese rumbo. Tras constatar su vulnerabilidad frente a la política comercial estadounidense, el gobierno de Mark Carney firmó un acuerdo con China que abre su mercado a los vehículos eléctricos chinos a cambio de mayores compras de productos agrícolas canadienses y, pocos días después, advirtió en Davos sobre la necesidad de que los países medianos diversifiquen sus vínculos y eviten dependencias excesivas. Esa lección, en términos generales, también es válida para América Latina.

Pero aquí aparece una diferencia crucial: a diferencia de América del Norte, la región andina no cuenta con altos niveles de integración económica. Canadá y México destinan entre el 77% y el 83% de sus exportaciones a Estados Unidos, mientras que ambos países absorben cerca del 29% de las exportaciones estadounidenses. En cambio, menos del 5% de las exportaciones colombianas se dirigen a Ecuador y menos del 3% de las ecuatorianas tienen como destino Colombia. Esta débil integración comercial —pese a la existencia de marcos regulatorios como la Comunidad Andina— ha sido uno de los principales retos económicos de la región durante décadas y, de paso, también limita el impacto de cualquier arancel coercitivo.

El estallido de un conflicto comercial entre países con niveles de desarrollo similares y necesidades compartidas, por tanto, no augura buenos prospectos para profundizar la integración regional ni para fortalecer la cooperación Sur-Sur. 

Por el contrario, al lanzar un ataque contra las exportaciones colombianas, el presidente Noboa introduce a Sudamérica en la lógica del uso de aranceles como arma política. Pero lo hace en su versión tropicalizada: una copia fuera de escala de una estrategia geoeconómica utilizada por potencias con economías complejas y cadenas de producción altamente integradas.

Lo que en el Norte ha sido una tragedia comercial con efectos sistémicos, en la región andina corre el riesgo de convertirse en una farsa. En economías menos integradas, con necesidades de desarrollo compartidas y márgenes de política estrechos, la coerción comercial no refuerza la posición negociadora ni la autonomía estratégica; más bien erosiona la confianza entre vecinos, desalienta la integración regional y traslada los costos del conflicto a los consumidores y a los sectores productivos más expuestos.

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