Manipular las cifras sobre asesinato de líderes también es violencia - Razón Pública
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Manipular las cifras sobre asesinato de líderes también es violencia

Escrito por Camilo González
Camilo Gonzalez Posso

Estas son las maromas aritméticas, conceptuales y administrativas que ha hecho el gobierno para restarle importancia al asesinato de líderes sociales.

Camilo González Posso*

Un pequeño porcentaje

El 10 de febrero, la organización Human Rights Watch publicó un informe sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia y sobre la respuesta lenta y deficiente del gobierno nacional.

Al día siguiente, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de esta organización, se reunió con el presidente Duque para presentar el informe. Después del encuentro, Vivanco dijo que “la reunión no fue mayormente productiva y honestamente me resultó decepcionante”.

Aunque no se conocen los detalles de la conversación, se sabe que Duque quiso restarles importancia a las cifras que presentó Human Rights Watch. Según el presidente, en Colombia hay ocho millones de líderes sociales porque esa es la cantidad de miembros que tienen las Juntas de Acción Comunal. En ese escenario, el gobierno considera que las cifras de asesinatos de líderes —más de 400 desde 2016, según Human Rights Watch— no son tan altas.

Cuando el actual fiscal general Francisco Barbosa era consejero presidencial para los Derechos Humanos también hacía ese tipo de cuentas engañosas para dar tranquilidad. En esas cuentas, 450 personas asesinadas en cuatro años pesan menos del 0,006% del supuesto universo de líderes defensores de derechos humanos.

Vivanco dijo que “la reunión no fue mayormente productiva y honestamente me resultó decepcionante”.

Pero Vivanco ha insistido en que no se pueden confundir ambas figuras, pues hacer parte de una organización de base o una organización no gubernamental (ONG) no necesariamente es lo mismo que ser un líder social. ¿Y qué decir del porcentaje que representan las 76 masacres que ocurrieron en 2020, según la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Aquí no cabe el uso de la aritmética para trivializar los graves abusos contra la vida de las personas.

Ese curioso manejo de los números por parte del gobierno se ha vuelto costumbre cada vez que se habla de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Con esa lógica, no sería extraño que cuando se debata sobre las muertes por COVID-19, algún matemático de la Casa de Nariño le recomiende al presidente que divida el número de muertes entre el censo de población, lo que le permitiría decir, para comenzar su discurso, que el total de muertes representa apenas el 0,1% de los colombianos.

Desde Brasil, Jair Bolsonaro podría agregar que no hay que alarmarse, pues los dos millones de muertos en el mundo son menos del 0,025% del total de los seres humanos vivos en 2021, una cifra apenas comparable con el porcentaje de los muertos en la Segunda Guerra Mundial.

Es claro que Duque no es tan corto de entendimiento como para seguir una ocurrencia semejante al evaluar los efectos de la pandemia. Entonces, ¿por qué aplica la misma lógica cuando se trata del asesinato de líderes o las cifras de masacres en Colombia?

Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica Parece que el presidente quiere minimizar la gravedad de los asesinatos de líderes sociales.

¿Esconder cifras o reducir asesinatos?

Hace unas semanas, el presidente Duque anunció que la Fiscalía General de la Nación unificaría y tendría el monopolio de las cifras de asesinatos de líderes sociales en Colombia.

Para el gobierno, haber llegado al 63,08% en “esclarecimiento” es el mejor indicador de efectividad de la respuesta estatal ante los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Pero, en realidad, esa cifra corresponde a los avances en investigación en la Fiscalía General, es decir, al registro de casos que tienen algún trámite de investigación, imputación de cargos, orden de captura, preclusión, traslado de jurisdicción, etc.

Ese agregado lo confunden con lo que sí es “esclarecimiento”, es decir, casos en los que existe una sentencia condenatoria. Una cosa es avanzar en investigar y otra es identificar mediante una sentencia judicial a los responsables. Con los datos de la Fiscalía, a diciembre 2020, apenas nueve casos de asesinatos de líderes han tenido sentencia, lo que representa apenas cerca del 2% del total.

El otro truco con el que se manipulan las cifras consiste en desconocer los registros de la Defensoría del Pueblo, que son más completos que los de Naciones Unidas, por la mayor cobertura de la entidad. Desde el gobierno anterior, la información pública de la Presidencia sobre asesinato de líderes desestimó los datos entregados por la Defensoría, a pesar de ser la entidad pública encargada del sistema de Alertas Tempranas, con fuentes cercanas y fiables en todo el país.

Al gobierno le ha resultado más conveniente usar cifras parciales y aprovechar el prestigio de Naciones Unidas para sostener que se ha tratado de un asunto menor, sin patrones de sistematicidad, que ha sido el resultado de ajuste de cuentas y hasta de “líos de faldas” o disputas de vecinos por cuestiones domésticas. Con las cifras de la Defensoría del Pueblo, el famoso “esclarecimiento” no llega al 1,2% del acumulado de líderes asesinados desde 2016; y el avance de la Fiscalía en investigación es de apenas el 36% para el mismo período.

Además, el gobierno no usa los registros entregados por organizaciones sociales y ONG en sus evaluaciones sobre avance de esclarecimiento o esclarecimiento judicial, a pesar de que estos registros tienen amplia cobertura y se construyen de común acuerdo con organizaciones locales y nacionales, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y otras.

El otro truco con el que se manipulan las cifras consiste en desconocer los registros de la Defensoría del Pueblo

Aunque cuenta con todas estas bases de datos, a la hora de los balances y los informes el gobierno escoge la cifra menor. Si tuvieran en cuenta los registros de las ONG, dirían que el esclarecimiento a diciembre de 2020 es del 0,9% y el avance en alguna fase de investigación es del 26%.

La manipulación de cifras para intentar ocultar la incapacidad y la negligencia de gobierno queda al desnudo.

Las consecuencias

Pero el principal problema de esta manipulación de cifras es que el diagnóstico sobre asesinato de líderes sociales queda sesgado y esto esconde las causas de las violencias armadas y la responsabilidad de los criminales.

Restarle importancia a la violencia y esconder sus causas tiene consecuencias desastrosas en varios sentidos:

  • Minimiza las alertas de la Defensoría del Pueblo y las denuncias comunitarias sobre la necesidad de medidas preventivas de fondo y respuestas efectivas.
  • Les resta importancia a la magnitud subregional y nacional de las violencias.
  • Dilata y fracciona la puesta en marcha del Acuerdo de Paz y justifica la inoperancia de instituciones como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad o la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
  • Pone en entredicho el efecto que tienen las violencias sobre el liderazgo social y sobre la mayoría de las víctimas registradas por las organizaciones sociales.
  • Al relacionar la violencia con el narcotráfico, reduce el problema y estigmatiza a las víctimas como sospechosas de estar envueltas en redes de criminalidad o vendettas entre grupos armados ilegales.
  • Desorienta la acción del Estado y de la fuerza pública para enfrentar el problema.
  • Amenaza la independencia de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo al intentar alinearlas con las directrices del partido de gobierno.
  • Afecta los procesos judiciales y la estrategia de investigación, al disminuir el universo de los afectados y hacer más difícil el esclarecimiento de los responsables.

Como los virus, que son altamente contagiosos, la manipulación de cifras parece no tener límites. El gobierno colombiano no solo amaña las cifras sobre asesinato de líderes sociales, sino otros datos importantes. Por ejemplo, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mostró que hay 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la fuerza pública (o “falsos positivos”), el gobierno insiste en que la cifra no llega a la mitad y que estos asesinatos no solo ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Les parece que tres mil ejecuciones criminales de gente inocente, asesinada para mostrar resultados no es tan grave. Y les parece más grave que se investigue al jefe del partido de gobierno.

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