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Mancuso y la JEP: ¿dónde quedan las víctimas?

Escrito por Helber Noguera
Mancuso como compareciente ante la JEP

La decisión de aceptar a Mancuso como compareciente ante la JEP contradice el eslogan de que el Acuerdo de Paz se basó en el interés de las víctimas.

Helber Noguera Sánchez*

La decisión

La JEP decidió aceptar al ahora gestor de paz y excomandante paramilitar Salvatore Mancuso como compareciente.

El tribunal afirma que Mancuso es un “sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública”, pues “tenía una capacidad superior para determinar acciones estratégicas y “unir los hilos» entre paramilitares, militares y otros agentes del Estado, empresarios y políticos para construir el engranaje de una estructura macrocriminal (sic)”

Pero las víctimas se pueden preguntar: ¿qué implica esta decisión para sus demandas de verdad, justicia y reparación integral?, ¿qué tribunal les responde?, ¿cuándo? No hay respuestas claras.

El salvamento y aclaración de voto de la Magistrada María del Pilar Valencia llama la atención sobre los riesgos de la fragmentación de competencias, no sólo para las aspiraciones de verdad, sino en lo referente a las víctimas.

Es una decisión inédita que contrasta con la del 2020, cuando la JEP negó el ingreso de Mancuso en calidad de tercero civil y paramilitar: el tribunal dijo entonces que no tenía competencia sobre sus actuaciones bajo ese papel exclusivamente.

Mancuso como compareciente ante la JEP
Foto: JEP - En esta decisión ha habido una ausencia del principio de centralidad a las víctimas.

El camino de Mancuso hacia la JEP

En mayo de este año, en una Audiencia Única de Aporte a la Verdad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) interrogó a Mancuso de manera pública y reservada sobre los siguientes temas:

  • las cooperativas convivir;
  • las operaciones conjuntas;
  • los acuerdos tácitos y/o expresos entre la Fuerza Pública, funcionarios y paramilitares, y;
  • su relación con el DAS y su papel como puente entre los paramilitares, agentes del Estado y empresarios entre 1989 y 2004.

La SDSJ contrastó los aportes de verdad de Mancuso en las audiencias con lo ya conocido en la justicia ordinaria y en los trámites de justicia y paz. Esto significa que la Magistratura hizo una triangulación y cruce de información entre lo expresado por Mancuso, las pruebas y soportes que aportó posteriormente y las fuentes judiciales consultadas.

A partir de estos aportes, la Sala consideró que el ahora compareciente ejerció un papel de bisagra en la cúspide con la fuerza pública, con intención de establecer patrones de “macrocriminalidad”. En otras palabras, Mancuso diseñó y ejecutó políticas macrocriminales de manera concertada con agentes del Estado de alto rango militar y político y empresarios, no sólo como paramilitar, sino como miembro del Ejército Nacional.

Las implicaciones

La decisión de la SDSJ tiene varias implicaciones:

  1. La JEP acepta el sometimiento de Mancuso por hechos ocurridos entre 1989 y 2004, únicamente en lo referente a su incorporación funcional a la Fuerza Pública.
  2. Dentro de la JEP, el expediente es trasladado a la Sala de Reconocimiento de verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas (SRVR) para empezar un proceso de diálogo con víctimas acreditadas y ser incluido en los macrocasos, en particular:
  • el 03 sobre ejecuciones extrajudiciales cometidos por la fuerza pública,
  • el 04 de la situación territorial de Urabá,
  • el 06 sobre la victimización de la Unión Patriótica y
  • el 08 sobre crímenes cometidos por la fuerza pública y paramilitares.
  1. Los procesos en Justicia y Paz y de la justicia ordinaria inclusive en la Corte Suprema de Justicia se mantienen en cuanto a su actuación como paramilitar. Se crea una mesa técnica interjurisdiccional entre la JEP, Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía general y la Procuraduría para:
  • complementar las investigaciones,
  • ejecutar las decisiones,
  • garantizar seguridad jurídica al compareciente,
  • hallar celeridad,
  • estudiar la procedencia de beneficios condicionados y
  • fijar un cronograma común.
  1. Levanta la reserva de la mayoría de la información que Mancuso dio en las diligencias cerradas de la audiencia. Excepto la que pueda ponerlo a él, a su familia o abogados en peligro.
  2. Aunque la JEP ha negado otras solicitudes de paramilitares, esta decisión crea expectativas para quienes tienen aún pendiente su aceptación, principalmente Carlos Mario Jiménez alias “Macaco”, Hébert Veloza, alias “H. H.” y Hugo Aguilar, exgobernador de Santander.
  3. Las compulsas de copias. En las aseveraciones de Mancuso ante la JEP se mencionaron más de 300 personas, sobre las cuales el Tribunal remitió copias a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a otros entes que tengan competencia.
  4. Las investigaciones de personas, líderes políticos o militares y empresarios mencionados no han avanzado. En ellas, han operado diversos y sofisticados mecanismos de impunidad por lo que se espera que tanto los aportes de la verdad como la información que los acompaña dirijan las investigaciones hacia los máximos responsables y beneficiarios de los crímenes.

¿Y las víctimas?

Tanto la decisión como su cubrimiento han centrado el análisis en el compareciente, la JEP o algunas personas mencionadas. Sin embargo, la ausencia de las víctimas se denota en esta nueva decisión de la JEP. En la audiencia única de aporte a la verdad tuvieron un papel de espectadores, al igual que el resto de la ciudadanía, pues la audiencia fue transmitida por los canales abiertos de la misma jurisdicción.

Sobre la decisión en particular, la SDSJ le encarga la participación de las víctimas a la SRVR desde el comienzo del diálogo bajo el imperativo de la estricta temporalidad. Esto es, el límite temporal que tiene la JEP, por lo que terminaría limitada bajo criterios de eficiencia y de cargas de trabajo “desmesuradas” que afronta la jurisdicción. También le ordena a la Secretaría Ejecutiva absolver las dudas, preguntas e inquietudes de las víctimas y organizaciones sobre el contenido de la decisión.

Aunque la JEP ha negado otras solicitudes de paramilitares, esta decisión crea expectativas para quienes tienen aún pendiente su aceptación

A la mesa técnica interjurisdiccional no se le encarga ninguna tarea respecto de las víctimas. El salvamento y aclaración de voto de la Magistrada María del Pilar Valencia llama la atención sobre los riesgos de la fragmentación de competencias, no sólo para las aspiraciones de verdad, sino en lo referente a las víctimas. Se verían “avocadas a transitar ante dos autoridades judiciales para reclamar sus derechos, con los costos psicosociales, económicos y en tiempo que ello conlleva, y con la incertidumbre en torno a las decisiones que se tomen ante una y otra autoridad”.

Ya es difícil conocer y exigir las medidas de atención, asistencia y reparación integral en medio de un sistema creado desde la Ley 1448 de 2011 (SNARIV) y un Sistema Integral para la Paz (SIP) que deviene del Acuerdo Final de Paz. Más confuso puede resultar demandar tales derechos en diversos tribunales de justicia (JEP, CSJ o JyP) y autoridades administrativas (UARIV, URT o PGN) por “el engranaje macrocriminal” liderado por Salvatore Mancuso.

No hay una respuesta unificada e integral del Estado a las víctimas de Salvatore Mancuso, ni el cuándo ni el cómo sus derechos serán respetados y garantizados.

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