Mancuso ante la JEP: ¿un paso hacia la paz y la verdad?
Foto: Migración Colombia

Mancuso ante la JEP: ¿un paso hacia la paz y la verdad?

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El regreso a Colombia del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, abre o debería abrir la discusión sobre las responsabilidades políticas y empresariales detrás de los horrores del paramilitarismo.

Juan Felipe García*

Mancuso en libertad 

Este 27 de febrero Salvatore Mancuso regresó a Colombia para saldar sus deudas con la justicia, las víctimas y la sociedad. El lunes 4 de marzo se presentó ante una jueza de ejecución de penas de la jurisdicción de “Justicia y Paz” desde la cárcel La Picota. 

En la audiencia se discutió si se habían cumplido los requisitos para otorgar la libertad a prueba derivados de las tres sentencias condenatorias que existen contra Mancuso. Después de la evaluación respectiva, la jueza concluyó que Mancuso los había cumplido y podía recibir ese beneficio penal —como lo habían hecho otros comandantes de los grupos paramilitares que se acogieron al sistema de “Justicia y Paz —.  La Fiscalía, el ministerio público y las víctimas no presentaron recursos frente a esta decisión. 

No obstante, la jueza advirtió que Mancuso debía continuar en La Picota pues, en otros procesos que se adelantan contra él en los Tribunales de “Justicia y Paz” de Barranquilla y Bogotá, están vigentes medidas de aseguramiento para la privación de su libertad. Frente a dichas medidas cabría esperar que los jueces competentes lleguen a la misma conclusión de esta primera audiencia y Mancuso salga de la cárcel bajo un régimen de libertad condicionada en el transcurso de las próximas semanas.

comprendieron que los grupos privados nacidos bajo el manto de la legalidad, estaban diseñados para usar las armas sin control alguno: podían matar a quien consideraran peligroso bajo la promesa de que no tendrían que rendir cuentas de ningún tipo. Hoy sabemos que estos modelos de seguridad desembocan en prácticas genocidas.

Pero “Justicia y Paz” no es la única jurisdicción en la que Mancuso rendirá cuentas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga a los integrantes de la ex-FARC y la fuerza pública, lo ha admitido como compareciente en el Macrocaso 8, que investiga y juzga los crímenes cometidos por los paramilitares en asociación con las Fuerzas Armadas de Colombia, arguyendo que Mancuso pudo jugar un papel de “militar de facto”. 

Le recomendamos: Mancuso y la JEP: ¿dónde quedan las víctimas?

El modelo especial de seguridad del campo colombiano

A finales de los años ochenta, Mancuso administraba haciendas ganaderas en las sabanas cordobesas y, como muchos otros hacendados, estaba siendo víctima de la extorsión por parte de guerrilleros que proliferaban en las áreas rurales.

A principios de los años noventa, algunos altos oficiales de la fuerza pública concibieron un modelo especial de seguridad para el campo colombiano: convocar a ciertos sectores productivos de las regiones para conformar y financiar unos cuerpos armados de seguridad privada, denominados legalmente “Convivir”, los cuales trabajaban en conjunto con la fuerza pública para proteger la vida, la libertad y los bienes de aquellas personas.

En distintos escenarios judiciales se ha constatado que quienes promovían este modelo de seguridad estaban influenciados por la idea de la lucha anticomunista, típica de la Guerra Fría. Por eso se propagaban estigmas sobre algunos grupos como organizaciones sindicales, asociaciones de campesinos, bancadas políticas de afiliación de izquierda y colectivos estudiantiles inspirados en estas ideas políticas. El estigma los convertía en sujetos peligrosos para la sociedad, pues allí se “incubaba la subversión”. Esto, a su vez, legitimaba las violencias ejercidas contra ellos para “defender” a la sociedad.

Como el mismo Mancuso ha relatado, después de inaugurar el modelo en Córdoba, comenzó un periplo de reuniones en los principales clubes sociales de Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar y Magdalena. El propósito de estas reuniones era concertar entre las autoridades locales, los comandantes de la fuerza pública y aquellas personas con un músculo financiero significativo la réplica de ese modelo de seguridad que se había configurado en Córdoba y que quería expandirse por todas las llanuras del caribe colombiano.

El desangre

A finales de los años noventa, el país fue testigo de los ríos de sangre que corrían por los valles de esas llanuras a la par que ese modelo de seguridad se ponía en marcha. Con alarma, algunas voces llamaron la atención de la sociedad colombiana para preguntar por qué eran asesinados los sindicalistas, miembros de partidos de izquierda o profesores universitarios o por qué los campos estaban quedando sin campesinos y llegaban a las ciudades capitales convirtiéndose en “desplazados”. 

Estas voces críticas, como la del humorista Jaime Garzón, asesinado por quienes promovían ese modelo de seguridad, comprendieron que los grupos privados nacidos bajo el manto de la legalidad, estaban diseñados para usar las armas sin control alguno: podían matar a quien consideraran peligroso bajo la promesa de que no tendrían que rendir cuentas de ningún tipo. Hoy sabemos que estos modelos de seguridad desembocan en prácticas genocidas.       

Lavando el rostro de los criminales

En contraste con estas voces, el terror fue banalizado en la esfera pública colombiana. 

En un informe de 1999 sobre la ola de violencia paramilitar, la revista Semana sobrepuso la fotografía de Mancuso sobre un grupo numeroso de hombres armados hasta los dientes. El titular decía: “El yuppie de los paras”. El pie de foto decía: “Salvatore Mancuso, miembro de una respetada familia de Montería, es la mano derecha de Carlos Castaño y está al frente de la ofensiva paramilitar en el Catatumbo”. 

En otro reportaje del mismo año, la revista publicó una imagen de un vendedor ambulante de sombreros volteados y en el pie de foto advertía: “los cordobeses dicen que se respira otro aire en el Departamento desde que las autodefensas pacificaron la zona. Se sienten felices solo con poder trabajar sin zozobra”.

La percepción de prosperidad y seguridad que se vivía al comienzo de este siglo era difundida entre los gremios económicos que celebraban la existencia de un clima propicio para hacer “buenos negocios”. 

Foto: JEP - Los saberes de Mancuso, producto de su trasegar criminal, serán aportados en el Macrocaso 8 de la JEP, que investiga los crímenes cometidos entre paramilitares y fuerzas armadas del Estado.

La JEP es un escenario judicial imaginado para inaugurar un tiempo de paz que juzgue esos crímenes y es una de las ventanas a través de las cuales Mancuso puede proyectar su transformación de vida a partir de lo que sabe.

Es el caso emblemático de la industria del carbón en la cuenca del río Cesar. Su llegada a la región coincide con el mayor número de masacres y desplazamientos en la zona, delitos perpetrados por los grupos paramilitares comandados por Mancuso. La relación de coexistencia espacio-temporal entre los dos fenómenos es innegable: a mayor extracción de carbón, mayor número de crímenes contra la población civil.

En este entorno de entusiasmo por los logros económicos del modelo de seguridad, en 2004, el Congreso de la República invitó a Mancuso al capitolio para que explicara ante el país el heroísmo de su gesta, que terminaba con la desmovilización y los acuerdos de paz con el gobierno Uribe. En una escena tristemente célebre, los representantes de la democracia ovacionaron al comandante paramilitar. 

Aprender del pasado

La Colombia de quienes diseñaron ese modelo de seguridad no será la del futuro. Años después de ese discurso encubridor ante el Congreso, Mancuso tuvo que estar en prisión en Estados Unidos pagando las consecuencias del modelo de seguridad que se financió con dineros del narcotráfico.

Sin duda alguna, en su trayectoria criminal Mancuso acumuló saberes para hacer la guerra. Él conoce a los integrantes de la fuerza pública, a las autoridades locales y a los agentes privados con mayor capacidad económica que, como máximos responsables, concertaron y se beneficiaron de esos crímenes contra la humanidad. La JEP es un escenario judicial imaginado para inaugurar un tiempo de paz que juzgue esos crímenes y es una de las ventanas a través de las cuales Mancuso puede proyectar su transformación de vida a partir de lo que sabe. 

Esos saberes serán recibidos en el Macrocaso 8 de la JEP para que la sociedad colombiana pueda conocer una dura realidad de su pasado. De ese modo, podrá tener más herramientas para su transformación, comprometiéndose a que ese modelo de seguridad no se repita en el futuro.

Lamentablemente, otros grupos que participaron en la guerra aprendieron que ese modelo de seguridad es eficaz para controlar un territorio, someter a la población civil y ensanchar actividades económicas, como es el caso del narcotráfico. Por ello, zonas altamente productivas de nuestra geografía siguen gobernadas por ese modelo, en un derramamiento permanente de sangre.

En este contexto, la reciente designación de gestor de paz de Mancuso es importante, pues él supo conquistar a sangre y fuego territorios estratégicos para la consolidación de economías legales e ilegales. Ese saber puede ser usado para persuadir a los grupos armados ilegales del agotamiento de ese modelo. 

Por último, en clave de construcción de paz, puede contribuir a la imaginación de fórmulas políticas, jurídicas y económicas que permitan transformar los territorios de la guerra en escenarios de convivencia democrática, porque es plausible pensar que quien sabe hacer la guerra también sabe hacer la paz. Esto aplicaría tanto para el futuro de Mancuso como para el de Colombia.

Vea en Razón Pública: Temores y dudas frente a las posibles confesiones de Mancuso

Acerca del autor

Juan Felipe Garcia Arboleda

*Abogado de la Universidad Javeriana, magister de Urbanismo en la Universidad Nacional, doctor en Antropología de la Universidad de Los Andes, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana.

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*Abogado de la Universidad Javeriana, magister de Urbanismo en la Universidad Nacional, doctor en Antropología de la Universidad de Los Andes, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana.

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