Las declaraciones de Mancuso y otros paramilitares han dado luz sobre sus nexos con los empresarios y las agencias o agentes del Estado. Pero quedan muchas preguntas que necesitan investigaciones urgentes.
Mauricio Romero Vidal*
Un testimonio aterrador
El testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la JEP fue una sacudida para la cúpula política y militar del Estado y para el sector empresarial, toda vez que se lucraron de una “guerra sucia” que ellos mismos alimentaron en los momentos más dramáticos del conflicto armado.
Como lo había hecho en 2007 en las audiencias de la ley de Justicia y Paz, después de la desmovilización de los principales frentes de las AUC, el antiguo jefe del Bloque Norte señaló los apoyos que recibió de altos mandos militares, policiales, de la Fiscalía, de políticos y empresarios para asesinar, desplazar, despojar o desaparecer a sindicalistas, abogados, defensores de derechos humanos, opositores, periodistas, campesinos o simples personas que consideraban asociadas con la guerrilla, con pruebas o no.
Resulta particularmente aterradora la declaración de que en el norte de Santander hubo tantos asesinatos cometidos por los paramilitares y bajo la mirada de las autoridades civiles y militares que tuvieron que llevar aproximadamente 200 cadáveres a Venezuela para evitarle problemas a la policía local. Además, se usaron grandes hornos crematorios para desaparecer algunos de los cuerpos. Esto muestra las dimensiones de este tipo de violencia que se extendió por todo el país.
Las alianzas entre Estado, empresarios y paramilitares
Las evidencias de las alianzas entre las fuerzas ilegales y los diversos funcionarios y ciudadanos privados abundan y están dispersas en las declaraciones de los jefes paramilitares en el marco jurídico de su desmovilización conocido como Justicia y Paz y en los numerosos casos de condenas judiciales a funcionarios públicos de la época.
Las nuevas declaraciones de Mancuso encontraron un contexto político muy distinto del que enfrentaron en el pasado. El gobierno actual no niega el conflicto armado ni tampoco la “combinación de todas las formas de lucha” del Estado colombiano para arrinconar a las guerrillas, en particular a las FARC.
Las condenas las encabezan casi 70 políticos entre congresistas, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios del orden nacional vinculados a lo que se conoció como la parapolítica.
Bajo este nombre se engloba la alianza entre frentes paramilitares y políticos regionales para elegir sus candidatos en las elecciones nacionales y locales en 2002-2003 y 2006-2007, en el marco del enfrentamiento con la guerrilla. Esta alianza ayudó a elegir al 30 % de los congresistas con violencia y amenazas, como también al presidente de la República y autoridades locales en todo el territorio. Este se puede considerar como el mayor fraude electoral en toda la historia de Colombia, algo que no se podía decir hasta hace pocos años.
Entre los casos de alianzas entre paramilitares y personas en la legalidad más conocidos está el del expresidente del Congreso Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, el del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y el del exdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, (DAS), Jorge Noguera, entidad adscrita a la presidencia y cuyo director fue nombrado por el mismo presidente.
En el sector empresarial, el ejemplo más conocido es el del expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), Jorge Visbal. En el sector de las Fuerzas Armadas, fue el del general Rito Alejo del Río, aunque no fue el único.
La fiscalía reveló en 2020 que los magistrados de Justicia y Paz habían solicitado 5.563 investigaciones sobre personas que habían apoyado o financiado el despliegue de la violencia de las AUC. De ellas,
- 311 eran personas naturales o empresarios.
- 835 eran funcionarios estatales no combatientes.
- 417 eran agentes del Estado combatientes.
No hay datos sobre cuántas investigaciones abrió la Fiscalía, y esto es algo que se debe averiguar.
En todo caso, hay que reconocer que la rama judicial, la Corte Suprema de Justicia en particular, ha hecho un trabajo sobresaliente para investigar y condenar importantes figuras del llamado entramado paramilitar. Por eso importa preguntar por qué en amplios sectores subsiste una sensación de que no se ha hecho lo suficiente o de que aún falta algo.
Cambio de contexto político
Las nuevas declaraciones de Mancuso encontraron un contexto político muy distinto del que enfrentaron en el pasado. El gobierno actual no niega el conflicto armado ni tampoco la “combinación de todas las formas de lucha” del Estado colombiano para arrinconar a las guerrillas, en particular a las FARC. Los gobiernos anteriores, sus apoyos sociales y políticos tendieron a esconder esta parte de la historia del conflicto que el informe de la Comisión de la Verdad documentó ampliamente.
Esas alianzas tuvieron un costo humano altísimo y unos legados controvertidos, como la corrupción de las mismas instituciones, las mafias en la política y unas fuerzas de seguridad con graves violaciones de derechos humanos en su historial. Por eso, la propuesta de Seguridad Humana en vez de seguridad estatal del gobierno Petro no es mera retórica.
“Por qué es lícito matar comunistas”
Un caso que llama la atención y demanda investigación es el de José Miguel Narváez, condenado por el asesinato del humorista político Jaime Garzón. El señor Narváez considerado un ideólogo de la “guerra sucia” —también llamada “guerra integral” en sus exposiciones y manuales — consideraba que la oposición política legal, la crítica al gobierno y el periodismo que mostraba los abusos del poder eran una guerra política impulsada por el comunismo contra la democracia y sus apoyos.
José Miguel Narváez convocaba a sus audiencias para tomar cartas en el asunto asesinando a esos civiles que impulsaban la llamada “guerra política”. Así lo confirman las declaraciones de Mancuso y otros jefes paramilitares, quienes reconocen que las conferencias de Narváez fueron parte de su formación anticomunista a finales de la década de 1990.
Lo que sí es de extrañar es el silencio de las asociaciones de retirados de las fuerzas militares y de policía frente a las declaraciones de Mancuso y frente a la evidencia acumulada de su complicidad en las atrocidades cometidas por los paramilitares durante la década fatal entre 1996 y 2006.
Con esta trayectoria, el señor Narváez llegó a ocupar cargos públicos y privados altos durante el cambio de milenio. Fue profesor de la Escuela Superior de Guerra del ejército, asesor del comando militar de la misma institución, director de Fondelibertad —entidad encargada de gestionar los recursos de las unidades de seguridad contra el secuestro—, asesor de FEDEGAN y subdirector del DAS en 2003.
Se sabe que el paso de Narváez por el DAS fue funesto y organizó una red de espionaje de políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y lideres sociales, algunos de los cuales fueron asesinados, como le ocurrió a Jaime Garzón. Según Mancuso, el presidente Petro también estuvo entre sus objetivos.
Narváez también fue parte de la comisión de empalme en el tema de seguridad entre el gobierno saliente de Andrés Pastrana y el entrante de Álvaro Uribe. Junto con Fabio Echeverry Correa, expresidente de la Asociación de Industriales (ANDI) y uno de los promotores de la candidatura de Uribe, Narváez hizo parte del empalme con la nueva ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez.
Lo que falta saber
Surgen muchas preguntas sobre las circunstancias en la carrera profesional del señor Narváez:
- ¿Quiénes lo contrataron para los cargos públicos de formación en las fuerzas militares?
- ¿Quiénes asistieron a sus cursos en la escuela superior de guerra?
- ¿La cúpula militar de la época estaba de acuerdo con la ideología y recomendaciones del señor Narváez sobre el uso de la fuerza armada en contra de civiles?
Frente a las declaraciones de Mancuso, ya no es suficiente descartarlas con el argumento de que son una venganza contra el gobierno de Álvaro Uribe que lo extraditó a Estados Unidos en 2008 bajo cargos de narcotráfico. Por fortuna, el espectro político actual es más amplio y el poder de las instituciones ya no está en manos de una única corriente política.
Lo que sí es de extrañar es el silencio de las asociaciones de retirados de las fuerzas militares y de policía frente a las declaraciones de Mancuso y frente a la evidencia acumulada de su complicidad en las atrocidades cometidas por los paramilitares durante la década fatal entre 1996 y 2006. Alrededor del 60 % de los hechos de violencia política del conflicto armado ocurrieron durante esos años.
Sería recomendable una reflexión pública sobre el papel de la cúpula de la época con lo sucedido y sobre la evidencia acumulada de lo que al menos podría considerarse una negligencia del deber de proteger a la ciudadanía. Ese sería un primer paso para renovar una doctrina de seguridad que pide a gritos un cambio. Hay que agradecer a la JEP el espacio creado para comenzar esa discusión que no da plazos.
