¿Cómo pinta la lucha contra la corrupción bajo Santos II? ¿En qué consiste el problema? ¿Qué acciones pueden tomar las entidades oficiales, o incluso los ciudadanos del común, para acabar con este flagelo que mata tanto como la violencia?

Andrés Hernández Montes*

¿Una pelea perdida?

La corrupción, entendida como el abuso para beneficio propio del poder delegado por la ciudadanía, es reconocida actualmente como uno de los principales obstáculos para  consolidar los sistemas democráticos, el respeto por los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

En todo el mundo se considera inaceptable argumentar que la corrupción sirve para facilitar los negocios o para vencer las trabas burocráticas, y más que nunca existen tratados internacionales, leyes e instituciones para prevenirla, investigarla y sancionarla.

La batalla contra la corrupción está perdida y que lo mejor que podemos esperar es elegir a alguien “que robe pero que haga”.

Sin embargo, los actos de corrupción siguen existiendo y su magnitud, complejidad y sofisticación han aumentado a un ritmo muy superior al de la capacidad de muchas de nuestras instituciones y sociedades para combatirlos. Por eso parecería que la batalla contra la corrupción está perdida y que lo mejor que podemos esperar es elegir a alguien “que robe pero que haga”.

El reto sin duda es grande, pero la situación sería peor si nos cruzamos de brazos o si decidimos unirnos a las redes de corrupción como protagonistas (activos) – o como víctimas pasivas. Romper el círculo vicioso de la corrupción exige comprender bien el problema para ver cómo enfrentarlo.

¿De cuál corrupción hablamos?

A lo largo de su historia, Colombia ha sido víctima de grandes problemas sociales que hemos tendido a definir con letra mayúscula: la “Violencia”, el “Narcotráfico”, el “Conflicto Armado”, etc. La “Corrupción” en mayúscula también hace parte de esa lista.

Ha sido difícil ponerle nombre y apellido a los responsables de estos problemas, y por eso mucho nos consideran (o nosotros mismos nos consideramos) violentos, narcotraficantes o corruptos sin distinción.  Pero hay que ir más allá de semejantes generalidades y establecer claridad: no todos somos violentos, narcotraficantes o corruptos.

Analizar a la corrupción en minúscula permite diferenciar actos de corrupción: copiar en un examen podría ser una decisión estrictamente personal – como sería el escoger mi comida preferida- pero se vuelve socialmente nocivo cuando aprobar ese examen es un requisito para ocupar un cargo desde donde se toman decisiones que afectan a otras personas o se utilizan recursos que no son míos.

Cómo escoger prioridades

Este ejemplo sirve para ilustrar las tres variables importantes de los actos de corrupción:

1. El número de personas implicadas,

2. El poder que ejerce cada una de ellas, y

3. La dimensión del impacto que generan.

Los actos de corrupción se agravan en la medida en que cada una de las variables sea más alta. Y a estas hay que añadir, como anota Robert Klitgaard, una cuarta variable consistente en la capacidad de control o rendición de cuentas que posean las comunidades afectadas.

Lo anterior no significa que existan actos de corrupción mayores o menores que otros y que haya grados aceptables de corrupción. Hay que seguir siendo claros: la corrupción mata.

Lo interesante de esta diferenciación es comprender que, además de ponerle nombre y apellido a quienes realizan actos de corrupción, es posible identificar las respuestas que una sociedad debe dar a este problema.

Una situación problemática requerirá una respuesta que se corresponda con el número de personas implicadas, con el poder que detenten, con el impacto que produzcan y con el control que deba ejercerse sobre los mismos.

Una situación problemática que se convierte en un acto reiterado y en el cual participa un número amplio de personas (con nombre y apellido) que tienen mucho poder sobre otros, que tiene alto impacto y que es difícil de controlar, nos afecta a todos, y por lo tanto merece una respuesta pública, es decir, una política pública que lo enfrente.

Los desafíos actuales

Hoy Colombia cuenta con una política pública de lucha contra la corrupción.

El 9 de diciembre de 2013, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el documento CONPES 167, denominado “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción”. Este documento identificó una serie de causas de la corrupción y las principales estrategias que el gobierno se propone utilizar en su contra.

También en un documento reciente, Transparencia por Colombia analizó algunas de las causas y desafíos principales que en este frente afectan a Colombia:

1. En primer lugar se identificaron riesgos de corrupción y captura del Estado a través del sistema electoral, riesgos que afectan las decisiones relacionadas con la planeación, ejecución, evaluación y control del gasto público.

En otras palabras, grupos con intereses legales o ilegales han logrado imponerse en las decisiones que afectan a un número amplio de ciudadanos, favoreciendo sus propios intereses y con impactos altamente negativos que en muchos casos implican no solo la pérdida de recursos públicos sino la violación de derechos humanos.

2. Un segundo problema se refiere a las debilidades del sistema de pesos y contrapesos del Estado colombiano. Esto afecta la capacidad de investigar y sancionar casos de corrupción, de ejercer control estatal, político y social, y desemboca en altos niveles de impunidad.

3. En tercer lugar, Transparencia por Colombia concluyó que las estrategias adoptadas por el gobierno nacional aún no logran el enfoque transversal para poder ser eficaces al abordar los temas prioritarios para la ciudadanía: salud, educación, seguridad y justicia, entre otros.

4. En cuarto lugar, dentro del escenario previsible de los acuerdos de paz y el llamado “posconflicto”, es aún más necesario superar la desconfianza causada por la corrupción, y asegurar más transparencia en la inversión de los recursos públicos para tener  más equidad, más calidad de vida y más estabilidad política, económica y social. También en este contexto se hace más clara la falta de un enfoque de derechos humanos en la lucha contra la corrupción.

Las medidas recomendadas por Transparencia por Colombia requerirán no solo recursos financieros, sino también una institucionalidad sólida con capacidades humanas y técnicas, y con continuidad a lo largo del tiempo.

Dudas sobre Santos II

Si bien en los últimos años se han expedido nuevas leyes y creado instituciones con responsabilidades en la lucha contra la corrupción, el inicio del segundo período del presidente Santos ha despertado varias dudas:

• ¿La lucha contra la corrupción es en efecto un tema prioritario para el alto gobierno nacional?
• ¿La Secretaría de Transparencia contará con el nivel político y la capacidad técnica necesarias para garantizar que la lucha contra la corrupción esté presente en las decisiones del presidente y sus ministros?
• ¿Logrará corregirse la falta de coordinación entre el gobierno nacional, los órganos de control y el sistema judicial para lograr resultados contundentes?
• ¿Contarán estas entidades con recursos suficientes para prevenir la corrupción- por ejemplo en la ejecución de los 18,2 billones del Sistema General de Regalías o en los recursos nacionales e internacionales adicionales que requerirá el postconflicto?

Responder estas preguntas será una de las tareas de Camilo Enciso, quien asumirá la dirección de la Secretaría de Transparencia en los próximos días.

El papel del ciudadano

Enfrentar retos como los anteriormente descritos demandará no solo la acción decidida del Estado, sino también acciones concretas de la ciudadanía. De acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción 2013, el 97 por ciento de las personas encuestadas en Colombia dijo estar dispuesto a realizar alguna acción que aporte a la lucha contra la corrupción.

Esa voluntad podría concretarse en acciones de petición de cuentas a autoridades públicas en temas prioritarios para las comunidades. La Ley 1712 de 2014 sobre “Transparencia y Acceso a la Información Pública” ofrece nuevas herramientas para que la ciudadanía y las instituciones puedan entablar diálogos fundamentados en información cada vez más oportuna, precisa y de calidad.

También será necesario ir pensando desde ahora en las elecciones territoriales previstas para octubre de 2015. Ellas serán una nueva oportunidad para elegir de manera informada a las personas que mejor puedan contribuir al interés general y de rechazar el “roba pero hace”.

Hay que exigir información a los partidos políticos, como sujetos obligados a cumplir la Ley 1712, y obligarlos a publicar la información de manera proactiva, atendido a las solicitudes ciudadanas.

Por último y fundamentalmente, no debemos alimentar las redes de corrupción. Algunos estudios indican que la suma de los aparentes pequeños sobornos puede ser mayor que lo perdido en grandes escándalos, y que estas pequeñas acciones alimentan eslabones de cadenas de corrupción que involucran a una gran cantidad de cómplices que acaban por quedar impunes