Los tres cheques del gobierno Petro: de la esperanza al desgaste

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta el desgaste natural del poder. La coalición política se fragmentó, el capital simbólico se erosionó entre escándalos y continuidades con la vieja política, y el poder práctico chocó con una gestión deficiente y un Congreso cada vez más adverso.

El presidente Gustavo Petro comenzó su mandato como quien despierta a un día nuevo y poderoso, con tres cheques que dieron lugar a grandes expectativas sobre su capacidad para transformar a Colombia. Estos cheques –político, simbólico y práctico– no solo definían el punto de partida de su gobierno, sino que también reflejaban un momento único en la historia del país, colmado de promesas de cambio.

Casi dos años después, esos cheques parecen haberse agotado. Lo que al principio despertó grandes expectativas hoy enfrenta serios obstáculos: una coalición rota, un Congreso cada vez más adverso y una agenda transformadora atrapada en el limbo legislativo

El cheque político: Una coalición frágil y condicionada

El primer cheque fue el respaldo inicial de una coalición heterogénea que unió sectores de izquierda, liberales e incluso fuerzas tradicionales, como el Partido Conservador y el Partido de la U. Esta coalición se conformó no por afinidad ideológica, sino por pragmatismo: los partidos tradicionales buscaban obtener cuotas de poder en el Gobierno y no quedar relegados ante un Ejecutivo que llegaba con una alta legitimidad electoral y una narrativa de transformación. Para Petro, esta alianza inicial ofrecía la posibilidad de avanzar en su agenda legislativa, especialmente en un Congreso donde el oficialismo no cuenta con mayorías sólidas y las dinámicas políticas exigen acuerdos permanentes para evitar el bloqueo de reformas.

La coalición política era frágil, sustentada más en apoyos estratégicos que ideológicos. Los partidos tradicionales respaldaron medidas iniciales, como la reforma tributaria, con reservas para reformas más profundas. Sectores independientes, como los partidos Verde y ASI, veían una oportunidad para impulsar agendas progresistas, pero condicionaban su apoyo a resultados concretos y diálogo político.

La ruptura de la coalición comenzó a gestarse con el avance de las reformas estructurales, especialmente la de salud. Las tensiones emergieron cuando los partidos tradicionales consideraron que el Gobierno no estaba dispuesto a ceder en puntos esenciales de la agenda legislativa. La salida de ministros moderados, como Alejandro Gaviria, fue percibida como una señal de que el Ejecutivo estaba optando por priorizar su núcleo ideológico sobre el consenso, lo que aceleró el retiro de los partidos Conservador, Liberal y de la U de la coalición.

A medida que se fragmentaba la coalición, el Ejecutivo quedó cada vez más aislado, dependiendo de las fuerzas minoritarias del Pacto Histórico y del apoyo fluctuante de sectores independientes. Esto no solo afectó la viabilidad de las reformas pendientes, sino que también debilitó la capacidad del Gobierno para negociar proyectos futuros. El cheque político, inicialmente valioso, se agotó rápidamente ante la incapacidad del Ejecutivo para articular una estrategia que conciliara las tensiones entre sus aliados y le permitiera avanzar en el Congreso.

Hoy, el Ejecutivo enfrenta un panorama legislativo adverso, donde las alianzas deben reconstruirse casi desde cero en cada proyecto legislativo. Sin el respaldo de los partidos tradicionales y con una oposición fortalecida, la capacidad del Gobierno para avanzar dependerá no solo de ajustes en su estrategia política, sino también de su disposición para ceder en puntos clave y negociar con actores que, desde la ruptura, se han mostrado más críticos y distantes.

El cheque simbólico: Entre el deseo de cambio y el desgaste

El segundo cheque, simbólico, tenía un peso histórico que iba más allá de la llegada de un gobierno de izquierda al poder. En un país con una larga tradición de exclusión y violencia contra este sector político –como el exterminio de la Unión Patriótica–, la victoria de Gustavo Petro no solo rompió con décadas de hegemonía política tradicional o de derecha, sino que también se presentó como un parteaguas en la historia del país. El triunfo de Petro no fue únicamente el resultado de una campaña electoral exitosa, fue la culminación de una acumulación de tensiones sociales, económicas y políticas que encontraron su expresión más visible en el estallido social de 2021. Ese estallido, detonante de profundas demandas de cambio, marcó una transformación en el discurso político colombiano. Las movilizaciones no solo mostraron el agotamiento de un modelo político y económico excluyente, sino que también dejaron en evidencia la desconexión de las élites tradicionales frente a las realidades de amplios sectores de la población. En este contexto, la llegada de Petro al poder representaba una respuesta simbólica y política a esas demandas, un intento por canalizar el descontento social acumulado hacia una transformación institucional y estructural.

A pesar de su peso histórico, el cheque simbólico comenzó a debilitarse rápidamente por una serie de decisiones y acontecimientos que contrastaron con las expectativas de transformación que habían consolidado la legitimidad inicial del Gobierno. En lugar de materializar un verdadero cambio en la forma de hacer política, la Administración terminó por reproducir varias de las prácticas que había prometido combatir, lo que erosionó su capacidad de mantener la narrativa de renovación y ruptura con el pasado.

Primero, la continuidad con la vieja política se evidenció en el protagonismo de figuras como Armando Benedetti. Su desempeño como embajador en Venezuela y, posteriormente, en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estuvo marcado por cuestionamientos. Estos incluyeron tanto las acusaciones de violencia intrafamiliar como la percepción de que su nombramiento obedecía más a los secretos que podría manejar sobre el presidente que a sus méritos técnicos. Benedetti simbolizó el vínculo entre el Gobierno y las maquinarias tradicionales, y así desdibujó la imagen de un Ejecutivo comprometido con prácticas transparentes y meritocráticas.

Además, la gestión del Gobierno en el Congreso no rompió del todo con las prácticas transaccionales. Aunque el discurso inicial apuntaba a un nuevo estilo de liderazgo, las dinámicas legislativas llevaron al Ejecutivo a recurrir a mecanismos tradicionales para asegurar apoyos, como la entrega de cuotas burocráticas a figuras sin experiencia o preparación suficiente. Este patrón no solo debilitó la narrativa de un gobierno basado en el mérito, sino que también fortaleció la percepción de que el Ejecutivo seguía anclado a la vieja política. Otro golpe fue la feria de nombramientos en la carrera diplomática, donde el Gobierno mantuvo la tradición de privilegiar pagos políticos por encima de la profesionalización del servicio exterior. Este tipo de decisiones contrastó con la promesa de fortalecer la institucionalidad y proyectar una nueva visión del país ante el mundo, lo que debilitó aún más la legitimidad del Gobierno ante sectores críticos.

Por otro lado, las fallas en la gestión también contribuyeron al desgaste del cheque simbólico. El Ministerio de la Igualdad, creado como una de las grandes banderas del Gobierno y liderado por la vicepresidenta, Francia Márquez, se convirtió rápidamente en un símbolo de promesas incumplidas. La falta de una estructura funcional y de una estrategia clara para articular políticas públicas eficientes ha dejado a esta cartera sin resultados tangibles. 

Finalmente, un factor que amplió la distancia frente al Gobierno fue su intento de posicionar al M-19 como un símbolo de identidad nacional común. Más allá de las diversas interpretaciones del legado de este grupo –considerado por unos un referente de reconciliación y por otros un episodio polarizante en la historia del país–, la intención del Ejecutivo de integrar su historia en una narrativa nacional generó resistencias en sectores políticos y sociales. En lugar de construir puentes, esta estrategia avivó las divisiones y consolidó distancias entre el Gobierno y aquellos que, aunque apoyaban ciertos aspectos de su agenda, no compartían esta visión sobre el papel del M-19 en la memoria colectiva de la Nación.

En conjunto, estos factores debilitaron el capital simbólico inicial del Gobierno.

El cheque práctico: un poder con límites

El tercer cheque, práctico, se derivaba del poder inherente al Ejecutivo colombiano. En un sistema presidencialista como el de Colombia, el gobierno central tiene a su disposición herramientas significativas para negociar y ejercer influencia, incluso en un Congreso fragmentado y con actores políticos diversos. Entre estas herramientas se destacan el control sobre superintendencias, la capacidad de influir en sectores estratégicos de la economía, el manejo de recursos presupuestales y un amplio margen para definir cuotas burocráticas. Este poder, en teoría, debería haber permitido al Gobierno construir alianzas y avanzar en su agenda de reformas.

Sin embargo, aunque el Ejecutivo utilizó varias de estas herramientas, su impacto fue limitado por la combinación de factores internos y externos que terminaron por reducir la efectividad de este capital político y administrativo.

Por un lado, el Gobierno ha empleado su capacidad de presión económica para influir en actores clave. Un ejemplo evidente ha sido su relación con las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) en el marco de la discusión de la reforma a la salud. Aunque la reforma no logró avanzar completamente en el Congreso, el Ejecutivo utilizó mecanismos indirectos de chantaje financiero –como la asignación o el retraso de recursos– para presionar a las EPS, para desarticular parte de su capacidad de acción y consolidar su control sobre el sector. Esta estrategia, aunque efectiva en el corto plazo, reforzó la percepción de que el Ejecutivo da prioridad a medidas coercitivas sobre estrategias de consenso, lo que genera tensiones tanto con las EPS como con los aliados políticos que buscaban una solución dialogada.

De manera similar, en el caso de la reforma pensional, el Gobierno recurrió a las prebendas para intentar garantizar el respaldo legislativo. Este tipo de transacciones, centradas en asegurar votos a cambio de beneficios particulares para partidos o regiones, permitió al Ejecutivo mantener vivas algunas iniciativas clave. Sin embargo, esta estrategia resultó costosa en términos tanto de imagen como de eficiencia legislativa, pues el uso de prebendas no siempre aseguró la consolidación de alianzas duraderas, pero sí reforzó la fragmentación política en el Congreso.

Hacia la deriva del ocaso 

Con casi dos años de mandato cumplidos, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta el desgaste natural del poder. Los tres cheques que lo impulsaron al inicio –político, simbólico y práctico– se han agotado. La coalición política se fragmentó, el capital simbólico se erosionó entre escándalos y continuidades con la vieja política, y el poder práctico chocó con una gestión deficiente y un Congreso cada vez más adverso.

Ahora, con partidos y actores que se reposicionan de cara a 2026, el Ejecutivo avanza aislado, sin margen para transformar las promesas iniciales en logros concretos. La deriva del ocaso se perfila como un cierre marcado más por cuentas pendientes que por el cambio prometido.

Le recomendamos: El gobierno de Petro y la justicia, una relación de mutua desconfianza