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Los territorios de paz: espectros contra propuesta

Escrito por Medófilo Medina
Medófilo Medina

Medófilo MedinaRepaso necesario de la historia de Colombia, de comunidades campesinas, de violencias territoriales y de estigmatizaciones como los que ahora ha recibido la iniciativa de los “terrepaz”.  Faltan cordura de un lado y  precisión del otro.  

Medófilo Medina*

El General Jorge Enrique Mora Rangel, miembro de la Delegación de Paz del gobierno Nacional.

La propuesta

El 24 de noviembre de 2015 la delegación de las FARC en La Habana esbozó la propuesta de crear “territorios especiales para la construcción de la paz” (Terrepaz).  El comunicado de las FARC fue lacónico y en esas pocas líneas no podía adelantarse a responder a las muchas preguntas, confusiones o críticas que podría despertar esta propuesta.

El comunicado menciona la necesaria protección constitucional para las Terrepaz y precisa  que serían excepcionales, extraordinarias y transitorias. Su propósito único sería construir la paz en esas zonas donde las FARC han estado en interacción con la población, y en ellas los excombatientes vivirían y trabajarían al lado de las comunidades. Las zonas brindarían condiciones de seguridad no para las FARC sino para los exguerrilleros desarmados.

Pero no bien se conoció el comunicado surgió un diluvio de pronunciamientos en su contra.

Danza de estigmas

Los medios destacaron ante todo la declaración del general Mora Rangel del 2 de diciembre, actuando como vocero ad-hoc de la delegación del gobierno y del gobierno mismo: “No estamos en el proceso para dividir el país ni hacer entrega de territorios ingobernables. Nuestra Constitución no es para reemplazarla en la mesa. Al contrario se habla de una Colombia indivisible (…) los famosos terrepaz hacen parte únicamente del imaginario de las FARC”.

El procurador Ordóñez declaró que “ello es institucionalizar a las FARC en las zonas y en los territorios donde estas hagan presencia, otorgarle funciones del Estado a las FARC”. Pero, doctor Ordoñez: ¿No es acaso a la institucionalización de los excombatientes a lo que se juega en La Habana?

No estamos en el proceso para dividir el país ni hacer entrega de territorios ingobernables. 

Por otro lado las FARC hablaron de la necesaria “protección constitucional”. ¿Podría alguien pedir el amparo de la Constitución para algo que riña  con sus artículos y choque con sus principios?

Algunos columnistas se sumaron al exaltado coro, haciendo tanta gala de prejuicios y desinformación  que no es posible tratar siquiera de razonar con ellos. Es cierto que el informe de Semana titulado ¿Qué quieren las FARC con los terrepaz? fue una excepción pues se mantuvo fiel a este interrogante y ofreció aproximaciones independientes y objetivas.

Es interesante preguntarse por qué la sola enunciación de la propuesta de las FARC se  convirtió en una especie de conjuro  que liberó una serie de espectros que tienden a abortar un auténtico debate.

Desde “las rochelas” hasta los resguardos

IV Encuentro de Zonas de Reserva Campesina en Tibú, Norte de Santander.
IV Encuentro de Zonas de Reserva Campesina en Tibú, Norte de Santander.
Foto: Agencia Prensa Rural

Justamente en Colombia y a lo largo de la historia han sido muchas las experiencias de comunidades rurales que han protagonizado procesos con referencia  territorial. Y en ningún caso estas experiencias han implicado peligros para la integridad territorial del país.

Ya en el período colonial fueron numerosos los palenques formados por esclavos fugitivos.  El propio régimen colonial admitía la existencia de una población “arrochelada”, que no se avenía a entrar en los patrones del poblamiento oficial pero tampoco era considerada bajo estigmas criminales.

En la era colonial y en la historia republicana, los resguardos  y las diversas modalidades de organización comunal de los indígenas les han servido para defender sus derechos y preservar su identidad cultural, al tiempo que han contribuido a la diversidad cultural del país que hoy se estima como un alto valor colectivo.

La defensa de la vida

Durante el siglo XX y en particular desde 1949 (bajo “la Violencia” de 1946 a 1964), los campesinos se organizaron para defender su vida frente a la violencia aupada desde los gobiernos conservadores contra liberales, gaitanistas, comunistas e incluso contra protestantes. Esas zonas fueron varias y tuvieron orientaciones políticas diversas.

La evolución de las autodefensas dirigidas por comunistas en el Oriente del Tolima y Sumapaz, y por gaitanistas en el Sur del mismo departamento tiene especial pertinencia para apreciar la actual iniciativa de las Terrepaz.

  • En la primera región se ha reconstruido la siguiente secuencia: autodefensa, lucha armada, entrega de armas en octubre de 1953, paz precaria, ofensiva de algunos hacendados, reanudación de la resistencia armada, conversaciones con el gobierno de la Junta Militar en 1957 e iniciación de una larga paz. En esta vasta comarca se desarrolló una economía próspera de pequeños productores paperos en Sumapaz y cafeteros en el Oriente de Tolima. Un factor importante del éxito fue el liderazgo de más de medio siglo de Juan de la Cruz Varela, un comunista-gaitanista con indeclinable voluntad de paz.
  • Muy otra fue la historia en el Sur de Tolima, aunque el comienzo haya sido igual: la violencia de los terratenientes contra campesinos. Estos habían conquistado sus parcelas aprovechando algunos elementos de la Ley 200 de 1936, y respondieron mediante la contra-violencia popular que se hizo posible por la unión de campesinos liberales y comunistas agrupados en autodefensas. Surgió la división y el enfrentamiento entre “limpios” y “comunes”.  Vendrían luego las nuevas avanzadas de colonización en regiones del extremo sur del Tolima, en parte de Huila y en el Norte del Cauca.

Un saludable ejercicio de historia contra-factual

Se cuenta con suficientes razones y materiales para hacer el ejercicio documentado de lo que no pasó pero pudo haber pasado.

Este ejercicio contra-factual permite sostener que las  colonizaciones  de Marquetalia, el Pato o Guayabero hubieran podido seguir el mismo cauce que los de Sumapaz o la región de Tequendama en Cundinamarca. No ocurrió así en la medida en la que tales colonizaciones, empezando por Marquetalia, fueron sometidas a un tratamiento militar por parte del Estado, en consonancia con la campaña que adelantó el Partido Conservador encabezado por Álvaro Gómez entre 1960 y 1964 contra las denominadas con mala fe “Repúblicas Independientes”. Gómez Hurtado encontró en este  sintagma la consigna para oponerse  eficazmente a la aplicación de los elementos más avanzados de la Ley de Reforma Agraria propuesta por Lleras Restrepo y convertida en Ley 135 de 1961.

No es fácil entender que una idea tan alucinada como ésta – la conversión de las zonas de colonización de Colombia en “repúblicas” bajo la soberanía soviética- se convertiría en fundamento  “conceptual” para promover políticas de Estado.

A guisa de digresión, desearía yo algún día poder examinar con el general Mora todo el “material probatorio” sobre la coyuntura militar y política entre 1961 y 1964 que abona la hipótesis de una guerra que Colombia hubiera podido evitar. En esa información hay elementos aportados por el general Landazábal Reyes, recuerdos de sus conversaciones   con “gente de Marulanda” sobre posibilidades de paz  a comienzos del decenio de 1960  que se frustraron debido a la intervención del gobierno central (1). No expreso similar expectativa con respecto al doctor Alejandro Ordóñez: cuando se trata de  alguien que se ha ocupado de quemar libros, resulta de muy mal gusto sugerirle materiales de lectura.

 Las Zonas de Reserva campesina

Resguardo Indígena de Caño Mochuelo en el departamento de Casanare.
Resguardo Indígena de Caño Mochuelo en el departamento de Casanare.
Foto: Derechos Indígenas

No menos aleccionadora es la experiencia de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en diversas regiones de colonización. Una vez más se repite aquí el esfuerzo de colonos y campesinos por encontrar modalidades de agrupamiento donde la cooperación en el trabajo y la solidaridad de las familias sirven para amortiguar el impacto del desplazamiento o del despojo.

En Colombia han sido muchas las experiencias de comunidades rurales que han protagonizado procesos con referencia  territorial. 

La Ley 160 de 1994 -adoptada bajo el gobierno Gaviria- formalizó estas “reservas” que de hecho ya existían en algunas regiones. La Ley coadyuvó a fortalecer y por supuesto a  institucionalizar las ZRC en Guaviare, Caquetá, Sur de Bolívar, Sumapaz (municipio de Cabrera) y Puerto Asís en Putumayo (Darío Fajardo hace una exposición sencilla y completa sobre el tema). La historia positiva se prolonga hasta 2002, cuando la política agraria del gobierno Uribe convirtió las ZRC en regiones problemáticas. Y no hace mucho el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo volvió al estigma de su copartidario  Gómez Hurtado al hablar de “republiquetas” para referirse a alguna propuesta de la FARC en relación con las ZRC. Esto muestra la mineralización de los estigmas en las mentalidades conservadoras.

También tiene interés examinar la experiencia de los Consejos del Plan Nacional de Rehabilitación en las zonas de rehabilitación bajo el gobierno Barco. “Además de servir como foros para la discusión de inversiones, dichos consejos cumplían la función de ir institucionalizando el proceso de paz, ya que en ellos los funcionarios estatales podían dialogar con representantes de los insurgentes y de los sectores campesinos que estaban bajo su influencia” (2).

Invitación a la cordura

Quien quiera acercarse de manera desprevenida a la propuesta de las FARC  sobre Terrepaz cuenta con estudios suficientes como para someterla a un estudio serio (3). Hoy la posible aproximación de la Firma de los acuerdos en la Habana y la preocupación por preparar la etapa de la post-firma invitan a superar viejos modelos mentales  construidos sobre prejuicios que a su vez sirven de plataforma para los estigmas.  

Como también es preciso exigirles a las FARC que presenten una propuesta que vaya más allá de los enunciados generales y pueda ser examinada por juristas, investigadores, militares y funcionarios gubernamentales. Una regla de oro en el tema de la paz debe ser la de someter a examen previo cada pronunciamiento o propuesta antes de salir a crear una atmósfera  de lo que el sociólogo Simmel llamaba “excitación estéril”.

Notas

  1. Estas entrevistas me las concedió el general Landazábal a comienzos de 1998. De la segunda de ellas se publicó la transcripción en la Revista Análisis Político, No. 30, enero/abril de 2000, págs. 83-93. El general caería cobardemente asesinado por sicarios el 12 de mayo de 1998.
  2. León Zamosc, “El campesino y las perspectivas para la democracia rural”, Francisco Leal Buitrago León Zamosc, (Editores),  Al filo del Caos, Tercer Mundo-IEPRI, 1991, pág.356.
  3. Entre ellos  los siguientes: Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela. Sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984), Bogotá, Universidad Nacional, 2011, Pierre Gilhodés, “El Ejército colombiano analiza la violencia” Medófilo Medina, “La resistencia campesina en el Sur del Tolima” en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda (compiladores) Pasado y presente de la violencia en Colombia, Medellín, La Carreta Editores, 2007

 

*Cofundador de Razón Pública; para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

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