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Los retos del sistema judicial en Colombia

Escrito por Edna Sastoque y Angie Culma

La detención de Uribe ha revivido la posibilidad de reformar el sistema judicial. ¿Cuáles son sus retos y las soluciones que realmente necesita?*

Edna Sastoque
Angie Culma**

Externado

Los retos

Bajo el gobierno Santos, Colombia inició los trámites para ingresar a la OCDE y para eso se propuso un ambicioso paquete de medidas que modernicen las instituciones y enfrenten los grandes desafíos en cuanto a:

• Bajo nivel de productividad;
• Índices elevados de desigualdad;
• Ineficiencia del sistema judicial, y
• No diversificación de la actividad económica.

En pocas palabras, se trataba de “escapar de la trampa de los países de ingreso medio”.

Una de las recomendaciones de la OCDE a Colombia fue lograr una “gobernanza más eficaz”. Para esto propuso “reforzar la eficacia y la eficiencia de la justicia colombiana, mejorando el cumplimiento de los contratos e incrementando (sic) la especialización de las decisiones judiciales”.

Desde la Constitución de 1991, el compromiso ha sido una justicia transparente, responsable, abierta y participativa, que responda a los reclamos ciudadanos. Sin embargo, el sistema judicial se ha quedado rezagado.

La crisis de la justicia

En opinión de muchos ciudadanos, la crisis del sistema judicial es el principal problema del país, debido a:

1. La impunidad reflejados que se refleja en el Índice global de Impunidad (IGI), según el cual en 2019 el 57% de los departamentos tenía un alto nivel de impunidad y apenas el 9% un nivel bajo;
2. La congestión y demora de las condenas. La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) estableció que para el 31 de diciembre de 2019 había cerca de 1,8 millones de procesos que no avanzaban en los despachos judiciales;
3. Los casos de corrupción de jueces y magistrados. Según el Consejo Superior de la Judicatura, para diciembre del 2017 había 2280 procesos contra funcionarios judiciales.

Esto le da una imagen negativa a la rama judicial. Según la encuesta Gallup Poll, recogida por la CEJ, para agosto de 2019, el 79% tenía una imagen desfavorable del sistema judicial.

Hay otros factores que afectan la confianza en la justicia y menoscaban la seguridad jurídica, elementos que son fundamentales para atraer inversión privada y desarrollar una economía competitiva:

• la falta de acceso judicial efectivo;
• la tardía resolución de los conflictos;
• la falta de disponibilidad de representación jurídica; y
• el desconocimiento de los ciudadanos de sus propios derechos.
Esta desconfianza en el sistema judicial ha deteriorado los incentivos económicos y evitado que se aprovechen los factores productivos del país.

En efecto, la falta de seguridad jurídica crea incertidumbre sobre los beneficios que pueden esperar las empresas y las personas, tanto en aspectos de crecimiento—como el cumplimiento de contratos en proyectos de inversión privada y sus garantías—, como en términos desarrollo—en cuanto a la garantía de derechos fundamentales y el reconocimiento cultural—.

Aunque algunas de las instituciones judiciales mantienen altos índices de aprobación debido a su gestión y a la salvaguarda de los derechos fundamentales, esto no implica que estén exentas de reproches y ataques. Ese es el caso de la Corte Constitucional, que es blanco de constantes críticas desde distintas esquinas como:

• La sociedad civil, porque demuestra ser progresista en temas como la legalización del aborto, la dosis personal y el matrimonio igualitario;
• algunos sectores políticos, en especial los cercanos al expresidente Álvaro Aribe, porque a partir de su primer gobierno, él y su coalición mostraron una actitud reacia ante las decisiones de la Corte y defendieron su plan programático por encima del judicial;
• Los mismos jueces, porque el protagonismo de la Corte Constitucional ha dado lugar a notorios conflictos entre los altos tribunales.

Foto: Rama Judicial - Para muchos colombianos el principal problema que tiene el país radica en la crisis del sistema de justicia.

La tutela

Este es un instrumento importante de nuestro sistema judicial, pues permite protección jurídica a cualquier ciudadano que se sienta vulnerado en sus derechos fundamentales. Es, además, una herramienta ágil y gratuita, que—para bien o para mal—, ha reemplazado muchas de las acciones tradicionales del litigio.

Por eso mismo, a la gente le gusta, pues siente la capacidad directa de defender sus derechos en un tiempo relativamente corto. En los últimos días, el uso de la tutela ha enriquecido el debate nacional en temas como: la rebelión de las canas, el discurso del odio, o la repatriación de las personas varadas en otros paises debido a la pandemia.

La otra cara de la moneda es la dificultosa capacidad de gestión y decisión pues, aunque el sistema se esfuerza por tramitar la inmensa cantidad de tutelas, muchas veces no logran hacerlo. Otros sectores critican el excesivo uso de este instrumento y la inseguridad que puede crear en ciertos casos, como cuando se usa para discutir otra decisión judicial.

Foto: Procuraduría General de la Nación - Algunas de las instituciones judiciales mantienen altos índices de aprobación debido a su gestión.

La detención de Uribe

Con la detención preventiva de Uribe que ordenó la Corte Suprema de Justicia ha revivido por supuesto el debate sobre la necesidad y contenido de la reforma.

Pero al igual que en ocasiones anteriores, esta vez la reforma se plantea como una posible salida a coyunturas o como solución a problemas particulares. El uribismo y otros movimientos han llegado a plantear la necesidad de una Constituyente.

No puede desconocerse que la rama judicial necesita de una reingeniería para:

• Revisar los recursos que se le asignan dentro del presupuesto nacional;
• Buscar una mayor especialización de los jueces;
• Consolidar la carrera judicial;
• Descongestionar los despachos judiciales;
• Promover el acceso efectivo a la justicia a personas en condiciones vulnerables;
• Despolitizar las altas Cortes, y
• Garantizar la autonomía e independencia de los jueces.
Sin embargo, estas reformas no pueden hacerse de un día para otro y no pueden tomarse a la ligera. Los cambios abruptos que no tienen en cuenta el contexto social pueden resultar en un sistema judicial más inestable, ineficaz y falto de legitimidad.

Por ejemplo, una asamblea constituyente puede llevar más o menos dos años, lo que, en medio de la crisis sanitaria y económica es indeseable y desgastante, desde dos perspectivas:

1. Desde la gestión del proceso, pues se podría desviar la atención y los recursos a temas que deben ser analizados en condiciones de más largo plazo y con cabeza fría;
2. Desde la necesidad inmediata del pueblo, que demanda garantías de recuperación económica en el corto plazo. Para esto son necesarios recursos económicos y tiempo de planeación.
Por lo tanto, no deberían gastarse los recuersos en proyectos que no son de necesidad inmediata para la sociedad.

¿Adiós a las cortes?

El uribismo también afirma la necesidad de unificar las altas cortes. Pero, ¿tiene sentido poner en riesgo lo ganado en diversidad, especialización y representación en los altos tribunales?

La unificación de las cortes desbarajustaría la manera de elegir a los magistrados y sus periodos en el cargo. Además, ¿quién propondría nombrar esa gran corte?

Para evitar pérdidas de tiempo y controversias estériles, vale la pena preguntarse más bien: ¿el sistema judicial actual podría salvarse con mayor voluntad política y lograr así una mejor coordinación, una delimitación de funciones y el mejor uso de sus recursos financieros?

El poder judicial ha pasado por muchos retos y ha logrado sacar la cabeza frente a desafíos importantes de los que el Congreso o el gobierno nacional no se han hecho cargo, como la defensa del ambiente o el patrimonio público.

La historia nos ha enseñado que mejoras de este tipo no se hacen de la noche a la mañana. No podemos caer en lo mismo de siempre: tener que elegir entre un mal arreglo o un buen pleito.

En este caso, debe ser lo contrario. Un buen arreglo nos pone en el escenario de un diálogo nacional serio y sin afanes, con la participación de los sectores políticos y académicos, con propuestas a largo plazo y no como remedios para casos particulares de la agenda diaria del gobierno de turno.

En tiempos de crisis y pandemia como los que vivimos, la opción siempre será un buen arreglo, antes que malos pleitos.

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*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones presentadas son responsabilidad de las autoras.

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