La nueva directora del ICBF encuentra a la institución en una crisis apremiante. En qué consiste esta crisis y cuáles son los desafíos de quien reemplazará a Concepción Baracaldo.
Viviana Vargas Vives*
¿Cómo se gestan en la sociedad los valores de una cultura de la paz, en un país construido sobre los cimientos rotos de la exclusión, la desigualdad y la discriminación? ¿Cómo se construye la Paz Total cuando la necesidad y el hambre nos predestinan al interminable ciclo de la violencia, desde que nacemos?
¿Cómo nos pensamos distinto, si no nos pensamos desde el principio?
La polémica de Baracaldo
La llegada de Concepción Baracaldo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha sido tal vez el hecho más controversial durante el primer semestre de gobierno de Gustavo Petro.
El nombramiento de Baracaldo —una mujer sin ninguna formación ni preparación para el cargo— fue especialmente preocupante por tratarse de una entidad que maneja un presupuesto de más de 8 billones de pesos, que cuenta con una de las infraestructuras de mayor cobertura territorial en el país y que tendría que estar en el corazón de este nuevo proyecto político.
Además de su inexperiencia, preocupa el hecho de que, en una entidad con evidente vocación social y humanitaria, se reinstalara una visión hegemónica, conservadora y poco progresista sobre la agenda de la infancia, que siguiera perpetuando la mirada fragmentada y asistencialista de los gobiernos anteriores.
El tiempo perdido para avanzar sobre la agenda proyectada desde el programa de gobierno y sobre las alertas detectadas en el proceso de empalme, así como el desempeño deficiente de Baracaldo, pusieron sobre la mesa la necesidad de un relevo que estuviese a la altura de las expectativas y la visión del cambio con la cual se hizo elegir este gobierno.
La atención debe dejar de ser un fin en sí mismo para darle paso a una visión holística sobre los derechos fundamentales de la niñez, donde se potencialicen proyectos de vida a través de una oferta interinstitucional y transectorial. El ICBF debe dejar de ser una isla y empezar a ser un puente con todas las instancias del sector público que tienen obligaciones en materia de acceso y la garantía de derechos.
Con Astrid Cáceres al frente del ICBF se honraría el proyecto progresista y se vislumbraría la “política del amor”, aquella que se erige desde el enfoque de derechos donde los niños, niñas y adolescentes son protagonistas.
Los retos de la nueva directora
Para la nueva directora designada, el ICBF debe replantear su percepción altamente piramidal y centralista, enfocada casi exclusivamente en quien ocupase el cargo directivo desde Bogotá, para prestarle espacio y atención a los territorios y al trabajo misional, a la sociedad civil y a los trabajadores comunitarios. El enfoque diferencial y de género deben ser cultura de las instituciones.
La atención a niñez, adolescencia y juventud debe ser integral, abordándolas en todas sus facetas y etapas de la vida, partiendo de la premisa de la interconexión e indivisibilidad de los derechos humanos, donde se entiende que no hay educación sin salud, que no hay salud sin alimentación y que no hay alimentación sin agua y en medio de una crisis climática.
Apenas tome posesión, la nueva directora encontrará serios retos. El más grande de todos, en mi opinión, es transformar la lógica pública y política con la cual se han abordado los derechos de niñes y adolescentes en Colombia.
Las infancias son la población sobre la cual recaen y coinciden todos los tipos de violencia y marginalización. Estas realidades deben ser entendidas desde una mirada interseccional, que comprenda a cada niño, niña o adolescente, en clave con su territorio y su comunidad, su cultura, su arraigo, su origen e identidad étnica, racial y de género. Transformar esta lógica supone entrar en contacto con las poblaciones y las realidades territoriales.
La tercerización de las gestiones mediante la contratación de operadores debe plantearse siempre desde la perspectiva del apoyo y el acompañamiento al Estado, y no reemplazarle en toda su oferta. La delegación excesiva de funciones a los operadores ha creado una brecha entre la entidad y la población, dificultando el ejercicio de supervisión, trazabilidad y control sobre la atención prestada. Esto se ve en los numerosos hechos de violencia y maltrato que los niños y niñas padecen dentro del sistema, hechos sobre los cuales el Instituto no toma responsabilidad directa y no se prevé ningún tipo de reparación.
Los mecanismos de selección, así como la incidencia de intereses regionales y políticos en estos procesos, han perpetuado focos de corrupción en el Instituto, que limitan la ya precaria cobertura pese a su potencial geográfico y presupuestal. La superación de este reto implicará un compromiso constante y contundente por parte de la nueva directora.
El caso de la “bienestarina”
La atención debe dejar de ser un fin en sí mismo para darle paso a una visión holística sobre los derechos fundamentales de la niñez, donde se potencialicen proyectos de vida a través de una oferta interinstitucional y transectorial. El ICBF debe dejar de ser una isla y empezar a ser un puente con todas las instancias del sector público que tienen obligaciones en materia de acceso y la garantía de derechos.
En el contexto del derecho humano a la alimentación, debe pensarse sobre la “bienestarina”. Un debate politizado y monopolizado, tergiversado para crear la falacia de dos bandos que en constante contradicción: “la bienestarina es mala” o “la bienestarina es buena.”
Puede pensarse una política alimentaria incluyente, desde la seguridad y la soberanía, que reconozca la utilidad de la “bienestarina” y que a su vez amplie la oferta nutricional. Puede reconocerse que la malnutrición grave en niños, niñas y personas en general exige una atención inmediata de suministro de alimentos de alto valor nutricional —como la bienestarina—, pero sin perder de vista que este debe tener un carácter complementario y residual.
Debemos trazar la ruta para transitar del estado de necesidad a un estado de auto abastecimiento y autogestión, que se promueve desde la soberanía, donde los territorios, la producción campesina y la riqueza agrícola entran a ser fundamentales agentes del cambio.
El reto más difícil
El ultimo y quizás el más difícil reto para esta administración es la crisis del sistema de protección integral a la infancia, que atiende a la población ya azotada por la violencia, despojada del goce de sus derechos.
Lo que no haga el ICBF en protección de la infancia no lo puede hacer ninguna otra instancia ni agencia del Estado. Comparativamente, es una de las áreas más desfinanciadas de la entidad. Los grandes contratos y la mayor parte de la inversión se dedican a prevención y primera infancia, donde además se concentra la mayoría de operadores, lo que deja ver lo fracturada y mercantilizada que esta la atención a la niñez en Colombia. No se le da prioridad a atender las violencias, la reparación y el restablecimiento de los derechos humanos.
Además, las indignas condiciones laborales de la planta defensorial, equipos incompletos y desarticulados, con evidente sobrecarga y sin condiciones para atender oportunamente la demanda que se les presenta, así como el poco uso de los enfoques de derechos humanos y la justicia restaurativa, son obstáculos que deben superarse para avanzar hacia un Estado garante de los derechos de la infancia.
Adicionalmente, es necesario reconocer que la violencia sexual es el primer factor que lleva a niñas, niños y adolescentes a ingresar a un proceso de restablecimiento de derechos y entrar en contacto con el Instituto. Estadísticamente, es la violencia más común en Colombia y ocurre principalmente dentro de los hogares. Esta realidad, sobre la cual poco se habla, exige una respuesta contundente por parte de las entidades del Estado para identificar y erradicar los mecanismos que los agresores han usado para permear las instancias judiciales e institucionales y reducir las alarmantes cifras de impunidad (que ascienden al 97 % en la investigación de estos delitos).
La teoría de la alienación parental ha sido uno de estos mecanismos a través del cual pedófilos y pederastas se han apoyado en el machismo arraigado en las instituciones del Estado para mantenerse en la impunidad y culpar a las mujeres que defienden a sus hijas e hijos de la violencia sexual intrafamiliar e incestuosa.
Lo que no haga el ICBF en protección de la infancia no lo puede hacer ninguna otra instancia ni agencia del Estado. Comparativamente, es una de las áreas más desfinanciadas de la entidad. Los grandes contratos y la mayor parte de la inversión se dedican a prevención y primera infancia, donde además se concentra la mayoría de operadores, lo que deja ver lo fracturada y mercantilizada que esta la atención a la niñez en Colombia. No se le da prioridad a atender las violencias, la reparación y el restablecimiento de los derechos humanos.
En este doloroso escenario, el progenitor acusado de un delito sexual construye una narrativa sin ningún sustento ni argumento científico, clínico ni psicológico. Allí, la denuncia se ve como un supuesto acto de venganza por parte de la madre y de un ejercicio de manipulación del niño o de la niña, anulando por completo la voz de la víctima y descartando de plano su testimonio para entrar a desacreditar a la figura materna.
A través de esta figura, defensorías, comisarias y jueces de familia en Colombia, le niegan la custodia de los hijos o hijas a la madre y se la otorgan al padre, aun cuando este estuviera acusado de violencia familiar.
Desde el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, asociado con la OEA, clasificaron su uso como violencia de género y maltrato infantil, hicieron un llamado a los países firmantes de la convención para prohibir su mención. Gracias a la presión que organizaciones de víctimas han ejercido sobre el Estado por primera vez el ICBF emite concepto donde reconoce que dicho dictamen no existe dentro del mundo médico ni científico y que no debe ser usado en los procesos de custodia para desvirtuar denuncias de abuso sexual infantil ni para alejar a niñes de sus madres. Con este concepto, la institución garante de los derechos de la infancia reivindica a madres y víctimas. Esto es un avance que se mide en vidas salvadas, finalmente.
