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Los resultados electorales y las negociaciones de La Habana

Escrito por Armando Novoa

Aunque se dice que este domingo “triunfó la paz”, una lectura más cuidadosa de la escena política muestra la urgencia de introducir  ajustes o variantes en el proceso de La Habana y la inminencia de desafíos nuevos en el camino hacia la paz negociada.

Armando Novoa García

Un “mandato por la paz”.

De un total de 15.794.940 votos válidos, equivalentes al 47,89 por ciento del potencial electoral, el candidato-presidente obtuvo 7.816.986, es decir el 51 por ciento, mientras que Óscar Iván Zuluaga alcanzó 6.905.001 votos, el 45 por ciento del total.

En la segunda vuelta Santos logró 4.500.000 votos más que en la primera (3.301.815). Buena parte de este voto adicional provino del Polo Democrático, del movimiento Progresistas,  de la Alianza Verde, de abstencionistas en primera vuelta y de otros varios  sectores “independientes” o “de opinión”.

Casi al unísono, líderes políticos y medios de comunicación señalaron que el resultado había sido un triunfo de la paz. “Un mandato por la unidad y la paz” tituló El Tiempo.  Un apoyo  a la “salida negociada al conflicto armado con la guerrilla de las Farc” dijo El Espectador. El Nuevo Siglo habló de una reconfiguración de la política nacional, “como pocas veces antes había ocurrido”.

Santos está obligado a recoger, directa o indirectamente, las críticas de Zuluaga al proceso de paz, o al menos a exigir que se agilicen las negociaciones y que la guerrilla modere sus pretensiones.

La hábil estrategia de convertir los diálogos de paz en el tema central de la campaña,  dejando de lado la agenda social y las críticas al clientelismo, y de forzar una segunda vuelta con el candidato uribista, condujo a los resultados esperados.

El dilema entre “el fin de la guerra” y la “guerra sin fin” fue saldado con un mandato electoral a favor de continuar las negociaciones y de una “solución integral” al conflicto armado. Ahora el presidente Santos tiene cuatro años más para concretar este mandato de los electores.

Conviene entonces examinar el impacto que los resultados electorales podrían tener sobre el proceso de La Habana y sobre los contactos que se adelantan con el ELN para iniciar una negociación formal.


El ex-alcalde Antanas Mockus fue uno de los líderes
de oposición que se sumó a la campaña del
Presidente Santos.
Foto: World Economic Forum

Respaldo a las negociaciones

Los resultados arrojan, al menos, tres consecuencias positivas para la paz negociada:   

1) El presidente  tiene un mandato inequívoco de alcanzar la paz, no solo con las FARC, sino también con el ELN. Su legitimidad para firmar acuerdos con la insurgencia en representación del Estado colombiano ha quedado fuera de toda discusión.

2)A diferencia de lo que sucedió hasta antes de la segunda vuelta, existe una “coalición amplia”, política y social, a favor de la solución negociada. Ahora, Santos cuenta con el apoyo explícito de Clara López y de varios líderes del Polo Democrático, de la Alianza Verde, y también de sectores sociales, centrales sindicales, grupos de derechos humanos, movimientos por la paz, comunidades étnicas, población LGTB y mujeres que apoyan la paz, aunque tengan objeciones a las políticas económicas y sociales del presidente. Esta coalición le da una base de apoyo real al proceso de paz que antes no existía.

3)El resultado electoral puede interpretarse como una exigencia de la sociedad a las FARC para agilizar las negociaciones y para que moderen sus pretensiones. Quienes votaron por Santos votaron a favor de continuar las negociaciones, pero no extendieron un “cheque en blancoy menos para la guerrilla”.

Ajustes de lado y lado

Pero los resultados también plantean varios interrogantes: aunque el apoyo a las negociaciones es mayoritario, el mandato ciudadano no fue contundente, y el país ha quedado dividido en dos grandes bloques.

De aquí se sigue la necesidad de introducir ajustes o correctivos en el proceso de La Habana, pues de otro modo los acuerdos y su refrendación, contemplada en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera” podrían correr el riesgo de agravar la fractura política, y aun, en el extremo, de llevar al rechazo de lo acordado por una mayoría ciudadana en las urnas.

Y aquí empiezan las paradojas:

Desde el Polo y la Alianza Verde criticaron también ciertos aspectos del proceso en curso.

Santos está obligado a recoger, directa o indirectamente, las críticas de Zuluaga al proceso de paz, o al menos a exigir que se agilicen las negociaciones y que la guerrilla modere sus pretensiones. Santos tiene que acercarse al discurso de Zuluaga, aunque esta fue la propuesta derrotada en las urnas, tanto como Zuluaga hubiera tenido que hacerlo si hubiese sido el ganador.

Por eso es bueno recordar lo dicho en el Acta de Compromiso por Colombia firmada por Zuluaga y Marta Lucía Ramírez:

  • Condiciones y plazos que “garanticen avances tangibles, definitivos, verificables, con acompañamiento internacional”;
  • Acabar de inmediato con el reclutamiento de menores y con la siembra de minas antipersonales, con entrega al gobierno del mapa de campos minados para iniciar su erradicación;
  • Acabar con los atentados contra la población civil y los crímenes de guerra, cese del secuestro, la extorsión, los atentados contra la infraestructura y las actividades relacionadas con el narcotráfico;
  • Establecer un término de duración de las negociaciones.

Estas medidas buscan la “humanización del conflicto” y, como dijo Zuluaga en su  discurso de aceptación de la derrota: “Aquí hay una opinión ciudadana que reclama un espacio en la construcción de la paz negociada”. Pero sin duda estas medidas chocarán con la oposición de la guerrilla si no se avanza en el acuerdo definitivo.   

Del otro lado conviene recordar desde el Polo y la Alianza Verde criticaron también ciertos aspectos del proceso en curso:

El que la paz se utilice como una bandera electoral y no como un propósito nacional.

· La necesidad de incorporar nuevos sectores (mujeres y victimas) a la mesa de conversaciones.

· Establecer un sistema de información adecuado sobre los avances de las negociaciones y de la “necesidad de negociar un cese al fuego”.

  • En estas circunstancias, la continuidad y el éxito de las negociaciones de La Habana dependerán de cómo se ajusten a las nuevas realidades político-electorales, y cómo se incorporen algunos de los puntos propuestos por Zuluaga, por Peñalosa (la paz como política de Estado) y por el Polo Democrático (ampliación de la mesa y negociación de un cese “unilateral” de fuego).

Los ex-candidatos Oscar Iván Zuluaga y Marta
Lucía Ramírez.
Foto: Facebook Oscar Iván Zuluaga Presidente

¿Crisis en La Habana?

Una segunda paradoja surge del hecho que los ajustes mencionados pueden derivar en una crisis si la guerrilla no flexibiliza su postura, si no acelera el ritmo de las negociaciones y si la oposición del Centro Democrático intensifica sus críticas sin obtener respuestas por parte del gobierno. Santos tendría entonces que actuar como si el ganador hubiera sido Zuluaga y no él.

A lo anterior hay que agregar la proximidad de la discusión sobre un nuevo punto de la agenda de La Habana – el punto tres (fin del conflicto)- con temas como “el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo”, el alcance de la “dejación de las armas”, y la discusión sobre la libertad de integrantes de las FARC, “procesados o condenados”.

No puede entonces descartarse la hipótesis de una crisis en el proceso de paz originada en la nueva situación política, cuando una mayoría de 7,8 millones de votantes avaló la continuidad de las negociaciones, pero otros 6,9 millones manifestaron su inconformidad con los términos en que esta se adelanta.

Y la tercera paradoja consiste en que si los avances del proceso de paz son ciertos e irreversibles, se necesitará el mayor nivel de consenso político y social, no solo para refrendar los acuerdos  sino para garantizar su ejecución. Esta situación debería llevar a constituir un gobierno de transición hacia la paz de carácter pluralista y espíritu nacional.

Santos tendría entonces que actuar como si el ganador hubiera sido Zuluaga y no él.

Pero esa opción no parece ser viable porque las fuerzas de  izquierda democrática que contribuyeron al triunfo de Santos no se pondrán de acuerdo fácilmente. Existen en efecto muy grandes reticencias a ingresar a un gobierno elegido con apoyo del clientelismos y de las élites más poderosas, y no solo de la izquierda. Y está además su incapacidad para adoptar posiciones unificadas en torno a un aspecto crucial de la política en los próximos años.

La paradoja es que quienes reclaman la paz como política de Estado no tienen la voluntad de contribuir desde el gobierno con sus propios partidos unificados, para que así sea.

Por lo pronto, existe un “saldo pedagógico” que el gobierno y las FARC no podrán ignorar:

a) El tiempo corre en contra de unas negociaciones dilatadas y sin un horizonte claro de terminación; y la sociedad demanda una información adecuada sobre sus avances.

b) La negociación en medio del conflicto debería acompañarse de medidas concertadas para  evitar los daños sobre la población civil.

c) La política de paz debe tomar un nuevo impulso a partir de un acuerdo nacional que combine las urnas y la calle, y que incluya, como ya ocurrió en las elecciones, los más diversos sectores sociales y políticos.

Estos y otros correctivos podrían ayudar a romper el escepticismo sobre las negociaciones en un contexto postelectoral que no se vislumbra tranquilo y que marca el inicio de un nuevo ciclo en la política colombiana.

 

* Expresidente de la Comisión Especial Legislativa

 

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