El gobierno nacional apostó por la Operación Artemisa para frenar la deforestación en la Amazonía. Sin embargo, esta operación excluye a los pueblos indígenas directamente afectados por este fenómeno.
Damaris Paola Rozo López*
La importancia de la Amazonía
La Amazonía es el bosque tropical más grande del planeta. Tiene un área de 6,7 millones de kilómetros cuadrados que alberga el 10 % de la biodiversidad del mundo.
Este bioma descarga el 15 % del agua dulce de la Tierra. Su grandeza ecosistémica es compartida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guayana Francesa. Por eso en este extenso territorio habitan aproximadamente 2,5 millones de personas, principalmente pueblos indígenas de más de 350 grupos étnicos.
Según el Informe del Ministerio de Ambiente de Perú, este bioma desempeña un papel central en la regulación del clima a escala global y regional. Dado su tamaño, estructura ecológica y ubicación, el Amazonas actúa como un motor hidrológico que produce condiciones climáticas favorables.
Pero el ciclo hidrológico de la región es sensible a los cambios en sus ecosistemas por deforestación y degradación de sus suelos. Esta sensibilidad, sumada a los efectos del cambio climático, dificulta la tarea de regular el clima.
En los primeros meses de 2022 han aumentado los puntos de calor en los ecosistemas de bosques basales húmedos, sabanas inundables y los complejos de humedales que conectan la Amazonía con la Orinoquia.
Durante el último siglo, la Amazonía sufrió un aumento de temperatura, entre 0,5 y 0,8 grados centígrados. Además, según los modelos de circulación global, en este bioma la temperatura podría podría aumentar entre 2 y 3 grados centígrados en 2050.
Una de las grandes afectaciones del cambio climático a la Amazonía es la disminución de las lluvias, lo que se hizo evidente en las sequías ocurridas entre 2005 y 2010. En ese sentido, los científicos advierten que entre el 30 % y el 60 % del bioma amazónico podría convertirse en una sabana en la siguiente década.
La Operación Artemisa
Teniendo en cuenta esta situación, desde 2019 el gobierno Duque ha tomado algunas medidas para reducir la deforestación mediante la Operación Artemisa. Las metas de esta operación son las siguientes:
-Frenar la deforestación en Colombia,
-Recuperar la selva húmeda tropical, y
-Judicializar a las personas que promueven la cultura de “tumbar bosque”.
Pero en lugar de cumplir estos propósitos, la operación ha tendido a agravar la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. En efecto, Artemisa:
- Excluye a las comunidades indígenas de su planeación, ejecución y seguimiento;
- Está dando lugar ataques contra los líderes indígenas por parte de las fuerzas públicas mediante la judicialización de quienes deforestan;
- No tiene un enfoque de derechos humanos que proteja a los pueblos indígenas, y
- No está cumpliendo las metas de frenar la deforestación y recuperar la selva.
Este tipo de iniciativas sencillamente no puede funcionar sin la presencia activa de los pueblos indígenas en la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos para reducir la deforestación en la Amazonía.
Los actores principales de esta estrategia de gobierno son la Fiscalía General de la Nación, el Escuadrón Móvil de Carabineros, la Policía, el Ejército Nacional y los ministerios de Defensa y de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los pueblos indígenas están completamente excluidos de la operación.
El aumento de la deforestación
Desde el 2016, con el Acuerdo de Paz, la deforestación ha aumentado significativamente en Colombia. Según el Espectador, las principales causas de este aumento son los cultivos de coca y la extensión de la ganadería.
Sin embargo, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Operación Artemisa ha tenido grandes avances en la lucha contra la deforestación: “gracias a las acciones de la campaña Artemisa, una de las grandes estrategias del Gobierno Nacional para la protección del medio ambiente, se han recuperado 21.480 hectáreas de bosque en diferentes regiones del país”.
Estos avances indujeron al presidente Duque a extender esta estrategia al cuidado y protección de los océanos. Duque sostiene que “esta determinación de proteger nuestros parques, de ampliar nuestras áreas protegidas y de tener un sistema de investigación es acorde con un país que quiere mostrarle al mundo que la biodiversidad es un tesoro que todos debemos proteger”.
Las palabras anteriores parecerían indicar que el gobierno ha asumido un papel importante en la lucha contra la deforestación y en el cuidado y la conservación de los biomas y ecosistemas estratégicos de Colombia.
Pero, como señala la revista Semana, ha proseguido el aumento de la deforestación en la Amazonía colombiana, lo cual afecta negativamente gran parte de las áreas protegidas y de las reservas indígenas.
De acuerdo con la organización Global Forest Watch, durante el mes de enero se presentaron más de 1200 alertas de incendios en la región amazónica. En 2021 se presentaron 280 en total.
Además, en los primeros meses de 2022 han aumentado los puntos de calor en los ecosistemas de bosques basales húmedos, sabanas inundables y los complejos de humedales que conectan la Amazonía con la Orinoquia. Según la Mesa de Monitoreo del Ministerio de Ambiente, en estos puntos se encuentran zonas protegidas como la Reserva y el Resguardo Nukak, las cuales están en alto riesgo por deforestación y por las violencias que este proceso ha traído a sus comunidades.
La exclusión de las comunidades indígenas
Las comunidades indígenas de la Amazonía son unas de las más afectadas con el aumento de la deforestación y de las violencias en sus territorios.
En septiembre de 2021 el resguardo Yaguará II, que alberga a las comunidades de las etnias Pijao, Tucano y Piratacuyo, envió una carta al presidente Duque para contarle sobre el nuevo desplazamiento del que son víctimas y solicitarle la protección de su territorio y de sus derechos.
La Operación Artemisa debe reestructurarse para poder lograr sus propósitos sin vulnerar los derechos de las comunidades que habitan el territorio amazónico.
Dichos territorios se ubican entre los parques Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Sierra de la Macarena, tres de los más amenazados en Colombia por la pérdida de bosque.
Al respecto de esta situación, en una de mis entrevistas con Fany Kuiru Castro, Coordinadora de Mujer, Niñez y Familia de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), ella decía que la participación de las comunidades indígenas amazónicas en las estrategias de gobierno para enfrentar la deforestación es casi nula, aunque ellos han mantenido el territorio saludable.
Además, Fany Kuiru resaltó que los pueblos amazónicos no tienen apoyo financiero significativo por parte del Gobierno para sus iniciativas y proyectos, los cuales tienen como base los conocimientos y prácticas ancestrales que han mantenido el ecosistema amazónico durante siglos.
Además de la falta de concertación con las comunidades indígenas, parece que las estrategias del gobierno han dado lugar a los siguientes problemas:
- No frenan la violación de derechos de los pueblos indígenas y sus líderes;
- Propician los discursos que estigmatizan a los líderes indígenas para poder atacarlos violentamente, y
Ocasionan procesos de persecución y amenazas a los miembros de las comunidades indígenas por parte de las Fuerzas Armadas. Esto se constata en la denuncia realizada por la OPIAC: “dada la captura ilegal y las falsas incriminaciones al gobernador indígena del Cabildo la Esperanza Reinaldo Quebrada por parte del Ministerio de Defensa en cabeza del ministro Diego Molano”.
En conclusión, la Operación Artemisa debe reestructurarse para poder lograr sus propósitos sin vulnerar los derechos de las comunidades que habitan el territorio amazónico. De lo contrario es probable que esta estrategia se convierta en otro de los programas modernos de exterminio de los pueblos indígenas en la historia de Colombia.
