La persistencia de malos fiscales muestra que existen fallas de fondo
en la forma de elección de quien ocupe este cargo.
Jorge Iván Cuervo*
Más allá de Barbosa
Durante los últimos meses, los reflectores han estado renfocados sobre el fiscal general, Francisco Barbosa. Sus decisiones extravagantes, la falta de conocimientos sobre sus responsabilidades y sus viajes recientes han sido motivos constantes de escándalo en los medios.
Todas estas actuaciones son preocupantes, pero no hay que olvidar que no se trata de una excepción. El país ya está acostumbrado a los malos fiscales: basta recordar el paso de Néstor Humberto Martínez, Eduardo Montealegre, Mario Iguarán o Luis Camilo Osorio por esa entidad.
La racha de malos fiscales muestra que hay algo más estructural o profundo que debe revisarse y corregirse. Por eso debemos ir más allá del debate sobre Barbosa y pensar en serio cómo mejorar el proceso de elección del fiscal general.
La mejor forma de elegir fiscal
La Fiscalía General de la Nación fue creada en la Constitución de 1991, como la entidad encargada de investigar y acusar a quienes presuntamente han cometido delitos.
En la Asamblea Nacional Constituyente se discutió ampliamente sobre la mejor forma de elegir al fiscal general. Una de las preocupaciones centrales de los constituyentes fue “la necesidad de garantizar la autonomía de la justicia, evitando la ingerencia [sic] en la Fiscalía tanto del Ejecutivo como del Legislativo”.
A lo largo de los debates, se consideraron varias fórmulas:
- El constituyente Antonio Navarro y otros propusieron que la Fiscalía hiciera parte de la rama judicial y que la Corte Suprema de Justicia eligiera al fiscal de una lista que enviara el presidente con no menos de cinco candidatos de diferentes partidos;
- Los constituyentes Juan Gómez Martínez y Hernando Londoño propusieron la elección popular del fiscal para un período de cuatro años;
- Los constituyentes Raimundo Emiliani y Cornelio Reyes sugirieron que el fiscal fuera elegido por el presidente de una terna enviada por el Consejo Superior de Administración de Justicia.
La propuesta del gobierno de César Gaviria —en cabeza de su ministro de Gobierno, Humberto De la Calle— era que el fiscal fuera nombrado directamente por el presidente, pero que dicho nombramiento fuera controlado por la Corte Suprema de Justicia. Así, la Corte podía vetar la elección en un plazo de diez días, sin tener que motivar su decisión.
Finalmente se optó por la fórmula que hoy sigue vigente: el presidente envía una terna y el fiscal es elegido por la Corte Suprema de Justicia. Así, se buscó evitar una designación directa por parte del presidente para limitar su poder.
Una jugadita
En julio de 2019, justo cuando se debía elegir un nuevo fiscal general, el presidente Duque derogó el Decreto 450 de 2016. Este decreto fijaba algunas reglas para que la integración de la terna por parte del presidente fuera transparente. Se establecía, por ejemplo, que:
- Los aspirantes al cargo debían postularse en una convocatoria pública, a la que el presidente podía añadir otros nombres;
- La lista definitiva era difundida y los ciudadanos podían hacer observaciones sobre los candidatos;
- Después de recibidas las observaciones, el presidente podía hacer entrevistas y finalmente debía divulgar los nombres de la terna en medios de amplia circulación.
Al derogar esa norma, el presidente envió un mensaje sobre su discrecionalidad para conformar la terna y finalmente incluyó a Barbosa, su mejor amigo de la universidad, una persona sin la trayectoria ni la preparación para ejercer el cargo.
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Hay alternativas
Este repaso histórico nos sirve para entender lo que está en juego en la elección del fiscal general y la importancia de su ubicación en la estructura del Estado.
Es conveniente que la Fiscalía General de la Nación siga haciendo parte de la rama judicial y no de la ejecutiva. Así se evita en parte la concentración de poderes en cabeza del ejecutivo.
También es positivo que los candidatos deban presentar sus propuestas en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, pero ese parece ser un requisito más formal que otra cosa. Al final, la elección del fiscal parece estar definida en los entramados del cabildeo institucional y político.
Por eso, los actuales contrapesos para la elección del fiscal no son suficientes: es urgente dar un debate sobre la mejor forma de hacer la elección, pues el actual modelo aún le da mucho poder al presidente.
Es necesario pensar en un sistema donde se disminuya o desaparezca la intervención del ejecutivo. Una opción es volver a la fórmula inversa, en la que la Corte Suprema de Justicia integra la terna y el presidente escoge; otra sería que la elección del fiscal sea exclusiva responsabilidad de la rama judicial.
En su momento la Corte Suprema de Justicia le devolvió una terna al presidente Álvaro Uribe, al declararla “no idónea”. No obstante, la Corte no construyó una jurisprudencia que sirviera de referente para futuros gobiernos sobre los criterios que deben considerarse para integrar la terna, más allá de los requisitos legales.
Para pensar en un nuevo sistema de elección, vale la pena considerar los lineamientos propuestos por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). La elección del fiscal no solo requiere de transparencia, sino de altos estándares de exigencia técnica y ética. Al fin y al cabo, se trata del funcionario en cuyas manos está la libertad de los ciudadanos.
En fin, detrás de este debate hay mucho más que un personaje irresponsable que se va de viaje.