Los poderes detrás de la discusión de la justicia transicional en el Congreso - Razón Pública
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Los poderes detrás de la discusión de la justicia transicional en el Congreso

Escrito por Eliana Jimeno y Johannes Langer

Debate por la implementación de los acuerdos con las FARC.

Eliana JimenoJohannes LangerAunque se trata de un sistema integral, la discusión del modelo de justicia transicional se ha reducido a un solo componente (el Tribunal) y ha estado motivada por intereses concretos de las partes afectadas. Esto puede implicar que no se cumpla lo esencial del acuerdo de La Habana.  

Eliana Jimeno* – Johannes Langer**

Un sistema integral

Mientras los miembros de las FARC se trasladan a las zonas de concentración, el Congreso decide su futuro jurídico.

Lo que está en juego es la posibilidad de su reintegración a la vida civil, de su participación en política y de comenzar a construir “una paz estable y duradera”. Pero para lograr estos tres objetivos debe haber una efectiva rendición de cuentas enfocada sobre las víctimas del conflicto, y por eso el Acuerdo Final estipuló la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Como su nombre lo indica, el Sistema es integral o sea que contempla tanto medidas  punitivas como restaurativas que se refuerzan mutuamente. Abarca un tribunal, de una comisión de la verdad, de una Unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y de mecanismos para la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición.

A pesar de que los proyectos que cursan en el Congreso se refieren a todos los componentes del Sistema Integral, la discusión en los medios de comunicación se ha centrado exclusivamente en el tribunal, también conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Los proyectos

Miembros de las FARC en proceso de Paz y en espera por su ubicación política.
Miembros de las FARC en proceso de Paz y en espera por su ubicación política. 
Foto:  Canal Capital

Desde el pasado 16 de diciembre el Congreso ha debatido en sesiones extraordinarias los proyectos de ley y de acto legislativo presentados por el gobierno para comenzar la implementación del Acuerdo Final por medio del fast track. Este mecanismo permite tramitar las reformas constitucionales y legales en la mitad del tiempo es decir, reducir de ocho a cuatro el número de debates requeridos.

La controversia comenzó con la Ley de Amnistía, en cuyo debate las FARC inauguraron su vocería política y afirmaron que “sobre el odio, nada es posible construir”. Esta Ley permite la absolución de los delitos políticos y excluye el indulto por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Fue aprobada en tiempo récord gracias al fast track y al eficaz desempeño de la ‘coalición por la paz’. Pero preocupa que un tema tan importante, que sienta las bases para la rendición de cuentas y la reintegración de cerca de 5.675 personas alzadas en armas, haya tenido tan poca discusión.

Con la Ley de Amnistía prácticamente en el bolsillo, el gobierno radicó los dos proyectos de acto legislativo que han sido foco de discusión las últimas semanas. El primero referente a las normas que regirán los cuatro componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y el segundo referente a las normas que se aplicarán a la Fuerza Pública dentro de la justicia transicional.

Discusión interesada

Con respecto al proyecto de Acto Legislativo 003 de 2016 referente al Sistema, la atención se ha centrado exclusivamente en la JEP, particularmente en los cálculos sobre el número de magistrados y su proceso de elección y en las observaciones del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien se ha referido al tratamiento de los guerrilleros disidentes y reincidentes, y a la aplicabilidad de la justicia transicional a expresidentes.

Poco se ha hablado de las disposiciones referentes a la comisión de la verdad, la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas y la ampliación del programa de reparación integral para las víctimas.

Esta manera de abordar la discusión sobre el proyecto de Acto Legislativo muestra los matices de tinte político y punitivo que tiene la discusión sobre la justicia transicional en Colombia.

Por una parte, es claro el temor a la impunidad que supuestamente se le otorgaría a las FARC, como manifestó la campaña por el No en múltiples ocasiones. Por otra parte queda en evidencia la inmadurez del debate político en Colombia y el poco espacio que existe para la oposición, venga de donde venga.

Las observaciones del fiscal, por ejemplo, fueron recibidas por Iván Márquez y por algunos miembros de la ‘coalición por la paz’ como un intento de destruir lo construido en La Habana y no como una crítica constructiva (parece que aún no hemos aprendido la lección del plebiscito). Lo que hay en el fondo es una lucha de poder.

Otro aspecto visible en el debate de este proyecto y que no ha sido objeto de amplia discusión pública es la tensión entre la justicia ordinaria y la justicia transicional. Al respecto el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, así como la Corte Suprema de Justicia, han dicho que la JEP debe hacer parte de la rama judicial.

Finalmente, el plazo de funcionamiento de la JEP será de diez años contados a partir de la entrada en funcionamiento de sus salas y secciones, con una posible prórroga de cinco años para culminar su actividad jurisdiccional. Durante este tiempo, una cantidad considerable de recursos del Estado, así como la atención internacional, se centrará en los resultados del tribunal.

La responsabilidad de mando

Debate por la implementación de los acuerdos con las FARC.
Debate por la implementación de los acuerdos con las FARC.   
Foto: Canal Capital

También está abierto el debate acerca de cómo se abordará el tema de la responsabilidad de mando en la Fuerza Pública y en las FARC (tema del cual se ocupa el proyecto de Acto Legislativo 002 de 2016).

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, describe la responsabilidad de mando como “un concepto jurídico en virtud del cual puede responsabilizarse a un comandante de delitos no cometidos directamente por él o ella, sino por sus subordinados”.

El proyecto de Acto Legislativo no hace referencia explícita a los compromisos adquiridos al respecto por el Estado colombiano bajo el Estatuto de Roma, lo cual ha provocado críticas por parte de la fiscal Bensouda. De hecho, el “carácter complementario y subsidiario tanto del Estatuto de Roma como la competencia de la CPI respecto de la legislación y jurisdicción interna” está expresado en la exposición de motivos del proyecto pero no dentro de los artículos. De esta manera, parece que el proyecto busca bloquear una intervención de la CPI en Colombia.

Ante esta situación, la ONG de derechos humanos Human Rights Watch, una de las más críticas frente al modelo de justicia transicional colombiano, escribió una carta al representante Telésforo Pedraza. Allí expresó su preocupación por la interpretación de la responsabilidad de mando para los agentes del Estado que hace el proyecto de Acto Legislativo, la cual calificó de “inconsistente con el derecho internacional”.

Adicionalmente, el artículo transitorio 5 del proyecto aplica el criterio de concurrencia de varias condiciones para establecer la responsabilidad de mando, lo cual en la práctica va a ser complicado de cumplir. Esto significa que difícilmente algún miembro de la Fuerza Pública podrá ser tocado.

Igualmente preocupante es el artículo transitorio 4 del proyecto, donde se estipula que la JEP “tendrá competencia sobre los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, salvo que la determinación del perpetrador en la comisión de la conducta punible haya radicado única y exclusivamente en obtener un enriquecimiento personal indebido”.

Este es un interesante uso del lenguaje jurídico que quiere decir, nada más y nada menos, que los agentes del Estado que participaron en los falsos positivos no podrán ser tocados por la JEP. En otras palabras, el artículo 4 sí representa impunidad para los perpetradores de estos crímenes.

El futuro en juego

Así las cosas, la negociación para la construcción de una paz estable y duradera no terminó en La Habana. Ahora el Congreso y la sociedad civil deben involucrarse activamente en la definición de los parámetros normativos que harán posible la implementación del Acuerdo Final. Lo que está en juego ahora definirá el futuro de la sociedad colombiana. Es deber de los congresistas permitir una discusión abierta y transparente y dar los debates que sean necesarios para garantizar unas leyes coherentes con el propósito de la construcción de paz.

La esencia del Acuerdo Final está en la complementariedad de las medidas de justicia transicional que componen el Sistema Integral en consonancia con los demás componentes del Acuerdo. El éxito de las medidas de justicia punitiva con intención restaurativa, del proceso de rendición de cuentas por parte de las FARC y de la Fuerza Pública, así como del cumplimiento de las garantías para las víctimas depende de que se defienda esa integralidad.

En este momento, los proyectos de Acto Legislativo 002 y 003 de 2016 están en contra de este espíritu y los congresistas tienen el deber de ajustar estas normas para que en el futuro no entorpezcan la implementación.

 

* Politóloga con maestría en Resolución de Conflictos y Construcción de Paz de la American University en Washington DC, consultora e investigadora independiente con enfoque en posconflicto.

** Profesor asociado del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.

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