La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) escuchó la versión de algunos exmandatarios y excomandantes paramilitares y guerrilleros, y transmitió en vivo y por sus canales masivos, estos encuentros. El más reciente fue el que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe que, al igual que los anteriores, por el formato que adopta, convierte a la CEV en altoparlante de sus justificaciones.
María Emma Wills*
Una decisión
Contra viento y marea, Colombia entró a finales de 2016 en un proceso de justicia transicional enmarcado en un paradigma que ubica a las víctimas en el centro de todo el esfuerzo institucional: son ellas las que deben ser reparadas integralmente creando escenarios dignos de reconocimiento de sus experiencias, su sufrimiento y sus interpretaciones de lo acontecido.
Quienes adhieren a este paradigma, esperan que las voces de las víctimas, en el centro de la escena pública, conmuevan a una opinión anestesiada por años de degradación violenta; interpelen los discursos justificatorios de quienes estuvieron al frente de las decisiones y estrategias para derrotar al bando enemigo; y contribuyan con sus lecturas de contexto a los procesos de esclarecimiento.
La CEV tomó la decisión de difundir ampliamente a través de sus canales de comunicación las versiones de personas que ocuparon cargos de autoridad y mando dentro de las estructuras estatales, las organizaciones paramilitares o la guerrilla bajo el argumento de que su mandato le exige escuchar a todos los ciudadanos que quieran voluntariamente aportar al esclarecimiento de lo sucedido.
En nombre de la imparcialidad y la pluralidad, la Comisión abrió sus puertas y sobre todo sus medios de transmisión masiva a las versiones del expresidente Juan Manuel Santos, Salvatore Mancuso, Rodrigo Londoño, y más recientemente el expresidente Álvaro Uribe.
Pero ni la escucha ni la pluralidad son actos inocentes ajenos al poder.
Con la mejor voluntad, los y las comisionadas se están prestando a la legitimación pública de las voces poderosas que, sin interpelación de las víctimas, exponen sus discursos heroicos, esos que la Comisión justamente tiene el mandato de ayudar a impugnar públicamente.
La racionalización del pasado y su impudicia
Durante años, los colombianos y las colombianas fuimos bombardeados a través de los medios y las redes sociales de las racionalizaciones discursivas de los bandos enfrentados, esas que pretenden otorgar legitimidad a los repertorios de violencia degrada que ellos han usado. Gracias a este taladrar cotidiano las justificaciones cerradas y totales se instalan en distintos públicos con la consistencia de verdades inobjetables.
El mecanismo de disonancia cognitiva que explica las distorsiones de la realidad que operan en la psiquis de los grandes perpetradores para vivir con la carga de sus actos, se convierte a través de esa reiteración cotidiana en un proceso de envergadura social: cada burbuja, atada a las cadenas de sus adhesiones políticas, es incapaz de observar críticamente lo que su bando ha perpetrado a nombre de su causa.
El mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la CEV, el primero en un plano judicial, el segundo en el registro histórico, pretende desafiar esas racionalizaciones confrontando a los responsables con las consecuencias de sus decisiones:
- los sufrimientos impuestos en las víctimas,
- las tierras arrasadas,
- las comunidades y las familias fragmentadas,
- las arbitrariedades y los cuerpos marcados,
- los silencios y las soledades impuestas,
- los desamparos y la desesperanza instalada.
Por eso mismo, el contrapunteo entre víctimas y responsables debe darse en un plano simétrico. Quien funge de arbitro para el encuentro (CEV o JEP), tiene la responsabilidad de construir escenarios que propicien esa paridad: la voz de quien fuera (y en algunos casos sigue siendo) poderoso no puede retumbar y acallar el testimonio de los sufrientes porque de lo que se trata no es de reinstaurar las asimetrías de poder que acompañaron el conflicto, sino de abrir paso a un encuentro de naturaleza democrática que otorgue la misma dignidad y valía a todas las voces convocadas pero sobre todo las de las víctimas.
La escucha de los responsables: prolongar la disonancia cognitiva o impugnar
Para dilucidar los mecanismos y las alianzas que desencadenaron y prolongaron el conflicto armado colombiano es necesario escuchar a las dirigencias de uno y otro bloque y convertir sus versiones en archivos a ser contrastados con otras fuentes.
Pero una cosa es entrevistar, sin audiencias, a estas voces poderosas y otra muy distinta escuchar ante un público masivo.
Cómo y dónde se reciben estas contribuciones no son preguntas triviales, como pretende el presidente de la Comisión de Esclarecimiento, porque los lugares y la forma hacen parte de los mensajes que decantan en sus memorias las audiencias.
Por eso, de esas escuchas televisadas surgen algunas preguntas:
- ¿Por qué estas contribuciones, donde los expresidentes hablan sin contrapunteos con las víctimas y con investigadores expertos, son de carácter público y se divulgan sin ser contrastadas? ¿Por qué convertir a la CEV en un canal de divulgación de esas justificaciones? ¿Qué hay de democrático en esos monólogos donde los exmandatarios hablan, no como ciudadanos concernidos por el esclarecimiento, sino como jefes imbuidos de autoridad y poder, claramente preocupados por su reputación política?
- ¿Qué tan ético es servir de plataforma a esos discursos? Por la manera como se llevaron a cabo, ¿no se convierte la CEV en un mecanismo de refrendación de eso que justamente debería impugnar?
- En una sociedad que refundió el “abc” del pensamiento histórico crítico, ¿qué hay de pedagógico en la divulgación de una versión que no interactúa ni es contrastada con otras?
Sin duda, las víctimas quieren dilucidar por qué ellas tuvieron que sufrir lo que sufrieron y la opinión necesita tejer una narrativa del pasado que le permita, no solo describir sino sobre todo comprender por qué pasó lo que pasó. Pero los monólogos públicos de los poderosos no son el camino.
Decantar entre líneas: ¿Un Estado al servicio del poder?
Como fuentes históricas, las racionalizaciones de Salvatore Mancuso y de Álvaro Uribe hablan de un proyecto político y económico que va más allá de la intención de derrotar a la guerrilla.
Ambos exponen una visión que entendía y entiende la seguridad como el fundamento indispensable para procesos de desarrollo y progreso que asocian exclusivamente a inversión capitalista.
En el caso de Mancuso, el comandante se presenta como “comisario político” responsable de articular una extensa alianza de empresarios, políticos y agentes del sector seguridad orientados a fortalecer en las regiones el orden social capitalista que ellos defendían y defienden. El establecimiento en completo es nombrado como integrante de esta densa red de poder que se extendió por distintos territorios pero sobre todo por la región Caribe.
En el discurso de Mancuso, el Estado nunca estuvo por fuera o confrontado al paramilitarismo, sino al servicio de esta alianza que articulaba dimensiones militares, políticas y económicas.
Por su parte, Uribe se presenta como el gran activador económico de regiones enteras gracias a su talante empresarial y su capacidad de liderazgo de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano. Desde su mirada, su mandato se distinguió por exigir resultados, sobre todo en el terreno militar. Gracias a esta presión, el Estado pudo hacer presencia integral –según él militar y social—en territorios que languidecían económicamente por la existencia de dominios guerrilleros.
En ambos casos queda la impresión que la institucionalidad democrática, imparcial porque autónoma de los sectores de poder, fue la gran ausente (o la gran sacrificada) en las décadas de confrontaciones armadas.
En el primer caso, el de Mancuso, el conjunto institucional aparece como abiertamente al servicio del proyecto paramilitar; y en el segundo la figura de Uribe se convierte en un nodo de poder por el que toda la estatalidad pasa: él es el que conecta al ciudadano con las instituciones; él es el que imparte órdenes y exige resultados; él es el que protege y confronta. A la manera de un rey sol, la institucionalidad gira en torno a su figura pero no adquiere consistencia propia.
En ambos casos queda la sensación que, más que ausencia del Estado en los territorios, lo que tuvimos (y quizás aún tenemos pero de otra manera) es la presencia de unas instituciones cooptadas, incapaces de actuar con autonomía para defender el orden democrático constitucional.
Sin lugar a dudas, esos monólogos son una entrada para comprender las mentalidades que orientaron a uno de los bandos de la confrontación, pero en ausencia de contrastaciones o de voces impugnadoras, poco o nada tienen de reparador y menos aún de pedagógico.