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Los límites de la violencia

Escrito por Kristian Herbolzheimer
Kristian-Herbolzheimer

Kristian HerbolzheimerBasta con traspasar un incierto umbral para que se desate el poder latente en sociedades aparentemente anestesiadas. Algo está por pasar en Colombia.

Kristian Herbolzheimer*

Voy a plantear una hipótesis ambiciosa, que sugiere la existencia de una conexión entre las oportunidades de paz en Colombia con el final de grupos armados como el Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) de Sri Lanka y Euskadi Ta Askatasuna (ETA), y aún con los regímenes del norte de África que han caído recientemente.

En todos los casos, los cambios políticos están relacionados con el hastío provocado por la violencia. En otras palabras: la ciudadanía conserva un poder latente que estalla cuando los actores que monopolizan la violencia traspasan un incierto umbral, una delgada línea roja.

Ilustro esta hipótesis mediante tres argumentos:

Primero: el poder de una guerrilla depende cada vez más de su poder suave, es decir, de la fortaleza de sus argumentos y de la coherencia entre éstos y su actuar.

El derecho internacional humanitario (DIH) ya no es de obligado cumplimiento sólo para los Estados.  Acciones armadas que afectan a la población civil son hoy difíciles de justificar con discursos revolucionarios.

Y si quedan dudas, que se lo pregunten a los tamiles que, hartos de atropellos y sectarismos, acabaron dando la espalda a su vanguardia armada, a pesar de que el gobierno de Sri Lanka no ofrecía alternativas democráticas.

El principio del fin de la violencia en el país vasco también se produce cuando la sociedad le dice a ETA que se ha quedado sola, cuando incluso sus propias bases sociales se dan cuenta de que todo nuevo atentado no hace más que obstaculizar objetivos políticos que se defienden mejor desde la legalidad.

Segundo: a los gobiernos que reprimían a su población aprovechando la marea alta de la lucha global contra el terrorismo se les ha acabado el crédito.

Con ese argumento –y con grandes reservas de hidrocarburos- se habían enquistado en el poder las autarquías de Túnez, Egipto, Libia y algunas más que ahora observan con pavor cómo estallan las ansias de libertad y dignidad de una población que ha sufrido el enriquecimiento de una élite indolente. Una población que cuando se atrevió a pedir la palabra, sistemáticamente recibió como respuesta detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas.

Los limitados y controvertidos resultados de la guerra total contra el terror también están obligando a replantear las estrategias en países con conflictos armados internos como Filipinas, India, Pakistán o Turquía: países formalmente democráticos que, sin embargo, mantienen en vigor políticas que ignoran, marginan, discriminan o criminalizan a una parte de la población.  

El siglo XXI pareciera estar enviando el mismo mensaje a insurgentes y a gobiernos: el fin ya no justifica los medios.

Tercero: las observaciones anteriores tienen relación directa con Colombia.

Las FARC se están dando cuenta de que el secuestro ya no es un arma política, sino un lastre para su credibilidad. La arrogancia con la que en tiempos pasados se referían al DIH parece estar dando paso a tímidas señales de una nueva forma de actuar.

La insistencia en llamados a negociar con el gobierno y el pragmatismo de los últimos mensajes ciertamente pueden ser el resultado de la presión militar en su contra, pero también cabe pensar que hay un replanteamiento interno que responde al cambio de sensibilidades de una sociedad en constante evolución.

Porque esta es otra novedad: con todas sus paradojas, la sociedad colombiana en tiempos recientes ha demostrado su madurez al decir “basta” a ciertas prácticas violentas. Un “basta” multitudinario ante el flagelo del secuestro; un reproche algo más discreto en contra de “todas las formas de violencia”, incluidas las desapariciones forzadas, y más recientemente, una indignación creciente ante hechos como los falsos positivos, las escuchas ilegales, las falsas desmovilizaciones, las bandas criminales emergentes, la corrupción, y demás síntomas de abuso de poder y responsabilidades del Estado.

El gobierno parece estar tomando nota de esta evolución y es consciente del poder latente que subyace en una población que, igual que en otros países, despierta de una cierta anestesia para darse cuenta de que simplemente no hay razones que justifiquen el conflicto armado, la pobreza y la falta de equidad.

La guerrilla traspasó la línea roja hace tiempo, pero busca mantenerse firme, visible y creíble, aún nadando a contracorriente. El gobierno es consciente de que no sólo tiene la obligación sino la urgencia de responder en forma tangible a las necesidades más apremiantes de un país que dilapida sus recursos naturales y su potencial humano;  nunca se sabe cuándo la ciudadanía también gritará un “basta” a tanta violencia estructural.

La paz en Colombia tiene que pasar –entre otros procesos más incluyentes y democráticos- por un final negociado al conflicto armado. Pero el gobierno y las guerrillas saben que un proceso de paz en el siglo XXI deberá ser diferente a experiencias del pasado: el equilibrio de fuerzas no se va a medir tanto por el poderío militar, sino por el respaldo social y la consiguiente legitimidad.

Esa es la batalla del presente. Una batalla que no admite más violencia, ni directa ni estructural.

* Asesor en Procesos de Paz. Director de Programa para Filipinas y Colombia en  Conciliation Resources ( www.c-r.org ),  ONG de apoyo a procesos de paz. En 2010 co-editó un libro con Ideas para la Paz ( Idepaz): "La Vía Ciudadana para construir la Paz". Ingeniero agrónomo (Lleida, 1994), diplomado en Cultura de Paz (Barcelona, 2001), y MA en Estudios Internacionales de Paz (Notre Dame, 2009).

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