Al adoptar reformas que limiten los poderes de los jueces, hay que tener en cuenta que a menudo son ellos quienes garantizan la prestación de servicios que el Estado no satisface por otros medios. Una advertencia importante en esta coyuntura.
Diana Dajer* – Michael Monclou Ch.* *
Por una visión integral de la justicia
¿Cómo fortalecer y aumentar la independencia del poder judicial? En Colombia y en América Latina la respuesta intuitiva a esta pregunta ha sido reformar las competencias de los jueces y la forma de elegirlos o removerlos del cargo. Este precisamente fue el enfoque de la pasada reforma a la justicia y el del proyecto que hace poco presentó el ministro de Justicia saliente.
Sin embargo, la discusión de una reforma constitucional que elimina la reelección presidencial y refuerza el equilibrio de poderes puede ser una oportunidad para adoptar un enfoque más integral e interdisciplinario en el intento de fortalecer el poder judicial.
Desde esa perspectiva se valora el quehacer de los jueces como garantes de los derechos humanos y se robustece su independencia a partir de su articulación con los demás órganos del Estado.
En países donde existen políticas precarias para brindar igualdad de oportunidades en materia de salud, educación, seguridad, libertad personal y otros servicios públicos, el juez adquiere un papel preponderante, al velar por la garantía de estos derechos.
El ministro Gómez Méndez le presentó en su momento al presidente Santos un proyecto basado en las propuestas que formuló una comisión asesora de alto nivel. El proyecto incluye cambios a la tutela, modifica el sistema de elección de magistrados, pone fin a la puerta giratoria y elimina el Consejo Superior de la Judicatura para instalar, en su lugar, un tribunal disciplinario.
No obstante, en el reciente foro sobre Reforma a la Justicia, activismo judicial y políticas públicas, organizado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, la Corporación Excelencia a la Justicia, la Universidad Javeriana y Ámbito Jurídico, se demostró que en países donde existen políticas precarias para brindar igualdad de oportunidades en materia de salud, educación, seguridad, libertad personal y otros servicios públicos, el juez adquiere un papel preponderante, al velar por la garantía de estos derechos, hasta el punto de ser tildado de activista y de creador de políticas públicas que exceden a sus competencias.
 El Ex-ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. Foto: Gobernación del Tolima |
Jueces garantes de derechos
En las sociedades democráticas contemporáneas, la teoría clásica de división de poderes puede no ser tan clara cuando las facultades o deberes públicos son asumidos por otro poder que, en principio, no tendría competencia para ello.
En este contexto, los jueces y magistrados, a través de sus sentencias, han abierto las puertas no apenas para fallar sobre el caso concreto, sino para ordenar a entidades del orden nacional o local que actúen para corregir la violación o el incumplimiento de un derecho. Y a esto se le ha denominado “activismo judicial”.
El “activismo judicial” surge como necesidad ante la pasividad del Estado y el estancamiento de las democracias que frustran la realización de derechos constitucionales.
Sin embargo, numerosas críticas se han levantado al considerar que el juez, como simple intérprete del derecho según la tradición formalista, no puede inmiscuirse ni atribuirse facultades que incluso lo han llevado a formular políticas públicas. Por eso los críticos del activismo judicial consideran que esta es una actitud antidemocrática.
En el caso colombiano, ante las múltiples violaciones a derechos fundamentales y la poca o nula presencia del Estado en regiones apartadas, sumadas a la burocracia que en ocasiones retarda la actuación de las instituciones e impide proteger el derecho, ¿no es más democrático que la Constitución permita que el juez proteja al ciudadano?
El “activismo judicial” surge como necesidad ante la pasividad del Estado y el estancamiento de las democracias que frustran la realización de derechos constitucionales.
Por supuesto, no se trata de desconocer el poder Legislativo ni el Ejecutivo, sino de armonizarlos de tal manera que cumplan su papel como garantes de la Constitución.
En Colombia son ejemplos notable de ese “activismo judicial”: la declaración del estado de cosas inconstitucional, en cuya virtud se ordenaron las medidas de protección y remedio de la condición de desplazamiento forzado; las sentencias que amplían el derecho a la salud en beneficio de la sociedad, la mejoras en el sistema pensional o, más recientemente, los poderes otorgados mediante ley a los jueces y magistrados de restitución de tierras.
Estos últimos, desde una perspectiva transicional, se han convertido en una especie de “super jueces” protectores de las víctimas del conflicto armado.
 Actuales magistrados de la Corte Constitucional de Colombia. Foto: Corte Constitucional de Colombia |
Opiniones de expertos
Víctor Bazán, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de Cuyo en Argentina, se refirió en el foro mencionado a este tipo de fallos como una respuesta “dialógica y cooperativa” para garantizar los derechos de los ciudadanos en causas sensibles ante una retracción de los otros poderes públicos.
¿Qué hacer pues ahora que se discute otra vez la reforma a la justicia? Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, sostuvo que sería necesario discutir con más rigor de qué manera el equilibrio de poderes se ha visto afectado por la actuación de los jueces, para poder establecer bien el balance entre lo que el juez puede hacer y lo que el Legislativo debería hacer.
Asimismo, se han propuesto incentivos para dejar de lado las sentencias “caso a caso” que, de alguna manera, dejan por fuera el ideal democrático de protección de los derechos pues no tienen efectos generales, pasando entonces a unas “sentencias estructurales” que fijen objetivos generales en lugar de medidas detalladas dirigidas a otras instituciones.
Por su parte, como en el mismo foro señaló Christian Steiner, director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, se necesita cautela al reformar las competencias del juez cuando este suple el vacío que dejan la falta de voluntad o de eficacia por pate de los otros poderes públicos.
Un recorte de las competencias o las vías de acceso a la justicia podría resultar en una indefensión del ciudadano si al mismo tiempo el Legislativo y el Ejecutivo no asumen sus funciones de manera más proactiva.
Este nuevo Congreso debería discutir, de manera amplia y articulada un gran proyecto de equilibrio de poderes.
El profesor Armin von Bogdandy, director del Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law de Alemania, resaltó que el poder judicial en un Estado de derecho actúa como un sistema que tiene la función, no apenas de resolver el caso concreto, sino de mantener la expectativa y la confianza de la sociedad en la vigencia de las reglas.
Este poder judicial, cuya cara visible son los tribunales, actúa dentro de otros sistemas dentro de los cuales debe haber equilibrio.
Por todo lo anterior es importante adoptar un enfoque que ha sido poco explorado en el debate actual sobre justicia en Colombia: una visión integral e interdisciplinaria que la vea como parte fundamental de un Estado social de derecho. Esta justicia debe actuar de forma armónica, equilibrada e interdependientes con los demás órganos del poder.
También por todo lo anterior, más que una reforma a la política o una reforma a la justicia, este nuevo Congreso debería discutir, de manera amplia y articulada un gran proyecto de equilibrio de poderes.
* Abogada candidata a máster de Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford, coordinadora de proyectos e investigadora del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
** Abogado y asistente de investigación de la Corporación Excelencia en la Justicia.
Las opiniones expresadas por los autores no comprometen a las organizaciones para las que trabajan.
