Después de años de impunidad, se han dado nuevos avances en el caso de Odebrecht. Pero no en Colombia: ¿Por qué nos hemos quedado tan atrás en conocer la verdad y en castigar a los culpables?
Gerardo Andrés Hernández Montes*
Que caiga quien tenga que caer
No hay duda: el escándalo de corrupción de Odebrecht ha sido el más grave de la historia reciente de Colombia.
Pero a pesar de las impresionantes revelaciones conocidas en los últimos días en relación con el entramado criminal en Estados Unidos, el escándalo parece estar lejos de acabarse. Colombia debe trazarse una meta: conocer la verdad de todo, caiga quien caiga. Mientras tanto sería necesario
- Establecer legalmente la responsabilidad penal de personas jurídicas en Colombia y, ante todo,
- Proteger decididamente a quienes denuncian la corrupción.
El papel del Grupo Aval
La decisión conjunta del Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) frente al Grupo Aval y Corficolombiana despertó súbitamente a un país que parecía dormido ante el caso Odebrecht.
Otra vez, sin embargo, nos han hecho recordar que son las autoridades de Estados Unidos —no las de Colombia— quienes logran avances claros y resultados contundentes.
La gravedad de todos estos hechos explica por qué el país siente que no se ha hecho justicia. El discutible y discutido papel que ha tenido la Fiscalía a lo largo de tantos años alimenta esa sensación
Aunque pasaron varios años de indagaciones, era de esperar que el Grupo Aval y Corficolombiana buscaran algún acuerdo con las autoridades norteamericanas para evitar el daño catastrófico que habría resultado, por ejemplo, de imputaciones penales directas contras los dueños y mandos superiores del grupo o de la empresa.
Este es el camino que han seguido muchas multinacionales renombradas que, al ser descubiertas en operaciones corruptas alrededor del mundo, han preferido llegar a este tipo de acuerdos. Un ejemplo fue Glencore, para nombrar apenas un caso reciente.
Terremoto en Colombia
Ese mecanismo contemplado en el sistema judicial de Estados Unidos produjo movimientos sísmicos en las instituciones y la política colombianas.
Y no es para menos. Recordar los detalles del caso Odebrecht es recordar que durante muchos años ha pasado de todo en Colombia: financiación ilegal de campañas presidenciales, sobornos multimillonarios a diestra y siniestra para amarrar contratos de infraestructura, arreglos anticompetitivos entre empresas de gran reputación, puertas giratorias entre ministerios, gremios, gerencias — e inclusive Fiscalía—, conflictos de intereses entre empresarios y estructuradores de proyectos.
A lo anterior hay que agregar la muerte sospechosa de Jorge Enrique Pizano, el Controller de la Ruta del Sol 2, que había documentado las operaciones irregulares del consorcio; obras inconclusas o mal terminadas a lo largo y ancho del país; laudo de tribunal de arbitramento, acción popular y decisiones de altos tribunales; y cobro de impuestos sobre los sobornos pagados. Esto entre las muchas aristas de este caso interminable, que lo convierten en el escándalo de corrupción más grave de la historia reciente de Colombia.
La gravedad de todos estos hechos explica por qué el país siente que no se ha hecho justicia. El discutible y discutido papel que ha tenido la Fiscalía a lo largo de tantos años alimenta esa sensación, pese a los esfuerzos del ente investigador para lograr condenas de personajes que —sin embargo— son o se han denominado de “segunda categoría”.
La diferencia entre Perú y Colombia
Ante esta realidad, el país tendría que trazarse una meta: conocer toda la verdad, caiga quien caiga. La frase suena gastada, pero es un norte que, años atrás guío, por ejemplo, a José Ugaz, Procurador Ad Hoc del caso Fujimori-Montesinos en Perú, para destapar y llevar a la justicia al extenso entramado de políticos, empresarios, medios de comunicación y múltiples sujetos que conformaban una de las peores redes de corrupción de la historia latinoamericana.
La referencia al Perú no es casual. Ese país decidió aceptar la condición de no perseguir en su territorio a funcionarios de Odebrecht a cambio de recibir de la justicia brasileña toda la verdad sobre la operación corrupta que la empresa construyó allí, llegando incluso a niveles presidenciales.
Esta posición ha marcado una gran diferencia entre el avance de las investigaciones sobre el caso Odebrecht en Perú y en otros muchos otros países latinoamericanos que se negaron a aceptar dicha condición desde 2017.
Colombia fue uno de los que no aceptó esa condición… y por eso el camino de la investigación ha sido mucho más complicado. Lo que en su momento parecía un “sapo imposible de tragar” por la impunidad que implicaba, parece hoy una necesidad para llegar al fondo del asunto, sea cual sea la indignación que merece.
En este escenario, imputar cargos a exdirectivos de Odebrecht en Colombia, tal como lo ha anunciado recientemente la Fiscalía, parece cerrar aún más esa posibilidad.
Las opciones de Colombia
El presidente Petro anunció que “los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”.
Esto podría tener sentido en tanto se demuestre judicialmente que los contratos se lograron gracias a prácticas corruptas y, por lo tanto, considerar esos hechos como una causal de nulidad de los mismos.
Necesitamos proteger, estimular y premiar socialmente a quienes se atreven a destapar poderosas redes corruptas.
Mientras tanto, como dije en un comienzo, Colombia debería aprovechar esta historia lamentable para avanzar en, por lo menos, dos medidas:
- Establecer la responsabilidad penal de las empresas por casos de corrupción.
Actualmente, las investigaciones y sanciones de delitos asociados con hechos de corrupción tienen efecto sobre las personas naturales involucradas, o sea que no hay efectos penales para la persona jurídica de las empresas o conglomerados empresariales en las cuales participaron dichas personas[1].
Así, en casos como el de Corficolombiana y el Grupo Aval, en Colombia se puede lograr la sanción penal de un exdirectivo —como ha sido el caso de José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana— pero no sanciones severas para la empresa o el grupo como tal.
El miedo a los efectos de una sanción penal severa para el conglomerado empresarial es justamente el incentivo de las empresas involucradas en operaciones corruptas para firmar acuerdos con el DOJ o con la SEC: con esto evitan o difieren la acusación ante penal ante la justicia norteamericana. En otras palabras, cesar la investigación a cambio de pagar multas multimillonarias y seguir colaborando con la justicia.
- Protección integral y efectiva de las personas que denuncian actos de corrupción. El caso de Jorge Enrique Pizano ilustra con claridad la condición de vulnerabilidad de quienes se atreven a reportar operaciones irregulares de actores de mucho peso político y económico en Colombia.
Hay por supuesto que garantizar la vida de estas personas, así como su estabilidad laboral, pero también se necesitan medidas para evitar el rechazo social que todavía sigue viendo al denunciante como si fuera un “sapo” o un traidor. Necesitamos proteger, estimular y premiar socialmente a quienes se atreven a destapar poderosas redes corruptas. De otra manera será imposible triunfar en la lucha contra la corrupción.
[1] En Colombia, las personas jurídicas solo pueden recibir sanciones administrativas, como multas e inhabilidades que, no obstante, no parecen ser suficientes.
13 Comentarios
Esto pone en evidencia que en Colombia triunfa la corrupción y el olvido ante hechos que nos afectan a todos los colombianos.
Este caso es uno de los mas graves que ha tenido Colombia en cuanto a corrupcion se refiere, ya se tiene un historial de sobornos, financiacion ilegal de campañas y otras cosas. Pero este caso no es igual a los demas, se puede evidenciar que hay mucho dinero perdido y una de las personas que habia documentado las acciones irregulares que pasaban en esta empresa (Jorge Enrique Pizano) aparece muerto de manera sospechosa, esto ya parece un accionar de una mafia sacada de unas pelicula.
Cuando se trata de dinero siempre habra un conflicto de intereses entre los participantes, lo que conlleva a que se destapen las personas que estan detras de estos actos ilegales. En cuanto a la justicia colombiana, siempre habra un condicionante para dar una decision ya que en este sector todos son amigos y si hay dinero de por medio no van a dejar que se les escape de las manos.
Solo espero que este caso no se quede archivado entre los miloes de casos de corrupcion y quede en el olvido, los colombianos tienen memoria corta cuando se trata de casos que pasan muchos años sin avance.
Este caso es uno de los mas graves que ha tenido Colombia en cuanto a corrupcion se refiere, ya se tiene un historial de sobornos, financiacion ilegal de campañas y otras cosas. Pero este caso no es igual a los demas, se puede evidenciar que hay mucho dinero perdido y una de las personas que habia documentado las acciones irregulares que pasaban en esta empresa (Jorge Enrique Pizano) aparece muerto de manera sospechosa, esto ya parece un accionar de una mafia sacada de unas pelicula. Cuando se trata de dinero siempre habra un conflicto de intereses entre los participantes, lo que conlleva a que se destapen las personas que estan detras de estos actos ilegales. En cuanto a la justicia colombiana, siempre habra un condicionante para dar una decision ya que en este sector todos son amigos y si hay dinero de por medio no van a dejar que se les escape de las manos. Solo espero que este caso no se quede archivado entre los miles de casos de corrupcion y quede en el olvido, los colombianos tienen memoria corta cuando se trata de casos que pasan muchos años sin avance.
Es preocupante observar la falta de responsabilidad penal de las empresas en casos de corrupción, como el de Odebrecht. La impunidad para las personas jurídicas involucradas envía un mensaje erróneo y socava la confianza en el sistema de justicia. Para combatir eficazmente la corrupción, es crucial establecer sanciones penales efectivas que responsabilicen a las empresas por su participación en actos ilícitos. Esto no solo garantizaría una mayor rendición de cuentas, sino que también actuaría como un disuasivo para futuros actos de corrupción. Es fundamental que el sistema legal evolucione para abordar esta brecha y asegurar que tanto las personas naturales como las empresas sean responsables por sus acciones corruptas. Solo así se podrá promover la transparencia y la integridad en el entorno empresarial y en la sociedad en general.
Este hecho de corrupción en colombia no ha tenido una solución o no se han hecho grandes avances, es porque pues los fiscales que ha puesto la derecha en colombia se ha dedicado a defenderlos y a tapar todo este acto de corrupción, y se nota solo en el simple hecho de que uno de los fiscales de colombia tambien resulta mencionado siempre en las declaraciones dadas por gente que ha sido condenada por este tema de corrupción, y el fiscal saliente Barbosa, es uno de los peores fiscales que ha tenido nuestra nación el cual trabaja para la elite de este pais entre ellos Luis Carlos sarmiento angulo, el cual pues como todos lo sabemos es el dueño de el grupo AVAL, entonces para que colombia sepa la verdad y existan mas condenados, el nuevo fiscal que disponga el presidente Gustavo petro debe investigar, y ser un fiscal alejado de todas la oligarquias de este pais, para que se pueda hacer justicia en este caso, y si algún expresidente debe ser condenado que asi sea, como ha pasado en ecuado, peru y otros paises.
Con el mayor escándalo de corrupción se han cometido miles de errores, como que la fiscalía a lo largo de estos años no ha hecho mayor indagación, el no hacer responsables penalmente a las empresas que se han visto envueltas en estos casos de corrupción y por supuesto a los grandes medios de comunicación que quisieron limpiar la imagen de Sarmiento Angulo al manifestar que pagando la multa de 80 millones de dólares quedaban libres de toda investigación, como si esto fuera algo bueno, cuando no es así, si pagaron la multa es porque el grupo AVAL si es declarado culpable, es decir que acepto y reconoció que recibieron sobornos por parte de Odebrecht.
Pero más allá de la negligencia de muchos medios de comunicación queda claro con el caso de Jorge Enrique Pizano, que el estado debe brindar toda la seguridad a las personas que puedan denunciar redes de corrupción y como sociedad tenemos que dejar de deshonrar a estas personas.
En esta noticia se ve reflejado la poca importancia y desempeño que se le da a la justicia en Colombia, demostrando que la corrupción no es un simple hecho presente en entes privados o públicos, sino también siendo encontrado en las autoridades de justicia como la fiscalía, así mismo me parece poco coherente el hecho de que no se puedan dar sanciones a los grupos o entes presentes en este gran acto de corrupción, con estas pocas formas de responder a la corrupción no se logrará en ningún punto la justicia soñada.
El escándalo de corrupción de Odebrecht refleja como es la situación de justicia de América Latina y que, en efecto, comprar a la política es relativamente fácil. Este artículo es realmente curioso pues refleja que la verdad, al menos en Colombia, siempre permanece oculta y el «quien caiga el que tenga que caer» no es válido ante conglomerados empresariales. Diversos contratos entre el sector público y privado han resultado en fuertes relatos de corrupción, en donde los entes de control y justicia parecen estar de adorno pues es fácil pasarse por delante a la justicia colombiana, el caso de Odebrecht trasciende fronteras y demuestra como los sobornos a políticos, empresarios y otros funcionarios públicos son totalmente normalizados, lo que hace especialmente complejo acabar con la sensación de desconfianza en la ciudadanía ante situaciones de corrupción.
Las personas jurídicas son las representantes de muchas veces personas inescrupulosas, deshonesta a, quienes has veces, no saben las implicaciones del daño hacia la sociedad, por eso este artículo es un llamado a que la ley debería ser más dura con las personas jurídicas que son el fin de este flagelo
«¿Por qué nos hemos quedado tan atrás en conocer la verdad y en castigar a los culpables?»
*Antes de leer el articulo quiero responder la pregunta y saber que tan lejos o cerca me encuentro de entender que es lo que esta sucede con la impunidad de este caso
Colombia, país sin memoria donde las mafias y el dinero pueden doblegar la justicia a su antojo y convencía.
ahora que termino de leer; que conveniente es que las obligaciones recaigan en una persona y no como tal a la empresa que se veneficio por dichos contratos fraudulentos , de igual manera «pagar multas para que cesen las investigaciones, no soy un experto , pero eso suena como a soborno, no ?
Esta noticia nos recuerda que ni las empresas, ni las entidades del estado se encuentran del todo limpias. Un ente tan grande e importante para el país como lo es la fiscalía, la cual se supone que como objetivo o finalidad tiene investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados, se encuentre involucrado en actos bochornosos de corrupción, genera en los ciudadanos un sentimiento de decepción y un sin sabor, por todas las injusticias que se han cometido y la gravedad de las consecuencias que traen consigo a la población colombiana y a latinoamerica. El hecho de no ver avances en las investigaciones y de ver que no hay ningún responsable ante los hechos, ha generado que los colombianos pierdan la confianza en la justicia. Solo cuando se lleve a cabo un verdadero ejercicio de busqueda de la verdad, tal como lo postulaba la noticia en el que menciona «conocer la verdad, caiga quien caiga», se logrará un avance que beneficiará a toda la nación.
Este es un ejemplo claro de la corrupción sistémica que socava la confianza en las instituciones gubernamentales y perjudica a la sociedad en su conjunto. Los sobornos y la corrupción en el proceso de adjudicación de contratos públicos impiden el desarrollo y la inversión efectiva en infraestructura y proyectos esenciales para el país. El caso Odebrecht es un recordatorio de la importancia de combatir la corrupción de manera constante y decidida para construir una sociedad más justa, transparente y eficiente.
La situación de corrupción en Colombia es profundamente alarmante y constituye una de las principales causas de la desigualdad social y el estancamiento en el desarrollo del país. En el artículo se aborda un tema que nos inquieta y entristece profundamente como sociedad: el caso más grande de corrupción en el país en los últimos años. Resulta evidente que la impunidad y la falta de responsabilidad de las empresas involucradas deterioran la confianza en nuestras instituciones y en el sistema de justicia. La labor de la fiscalía, encargada de investigar este suceso, ha sido altamente decepcionante en su búsqueda de justicia.
Anhelo que este caso no termine relegado a la larga lista de escándalos de corrupción que han dañado a Colombia a lo largo de su historia. La sociedad colombiana merece transparencia, integridad y una rendición de cuentas en todos los niveles gubernamentales. Considero que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad compartida, y es imperativo que trabajemos de la mano para lograr un cambio genuino y sostenible en nuestra sociedad en pro del avance del país en todos los aspectos económicos, sociales y políticos.