Empresas en la pandemia

Para nadie es un secreto que la pandemia dejó consecuencias económicas nefastas. Según el DANE, el 2020 concluyó con una caída del 6,8 % en el PIB y una tasa de desempleo de 15,9 %. Muchas empresas tuvieron que cerrar y otras tuvieron que llevar a cabo esfuerzos inimaginables para sobrevivir. Entre enero y octubre del año pasado se cerraron 509.370 micronegocios.

A lo anterior se sumó la caída en la confianza empresarial que según Fedesarrollo llegó a ser del 30,8 % en marzo de 2020; y la confianza de los consumidores había disminuido en 41,3 % hacia fines de abril de este año.

Las medidas del gobierno estuvieron en parte dirigidas a proteger las empresas. La principal de ellas son los subsidios a la nómina mediante el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que fue un alivio para empresas medianas y grandes que lograron sobrevivir a las cuarentenas.

Pero ese alivio no ha sido suficiente. Aunque el gobierno trató de mantener a flote la oferta, no estimuló la demanda con rapidez o en magnitud comparable. Los subsidios a la población vulnerable fueron insuficientes, la recuperación de empleos perdidos ha sido parcial y las condiciones de muchos trabajadores han empeorado — todo lo cual implica que la capacidad de consumo de los hogares sea menor cada vez—.

La reforma y su entierro

En este contexto, el gobierno propuso una reforma tributaria para mantener la calificación de riesgo, atender la deuda y financiar los gastos, que además de los existentes e inflexibles, venían en aumento como consecuencia de la pandemia.

Pero esa propuesta avivó la inconformidad social, ya de por sí elevada por el desempleo, la pobreza y la desigualdad que a su vez se habían agravado a raíz de la pandemia.

Las movilizaciones sociales han agravado los problemas del sector productivo. Según la encuesta de Confecámaras “sobre el efecto en las empresas de la coyuntura social y orden público”;

• el 22,2 % de las empresas suspendieron su operación por los bloqueos;
• el 75,6 % de ellas han operado por debajo de la mitad de su capacidad o han tenido que cerrar;
• el 53,4% ha operado a entre el 1% y el 50% de su capacidad.

A esto se suman las quejas sobre insuficiencia de insumos, pérdidas por daños materiales y mercancías, dificultades para cumplir la jornada laboral de los trabajadores.

Por eso los empresarios han llamado al gobierno para que a través del diálogo se logre calmar el malestar social. Pero el empresariado en general ha mostrado suficiente disposición a interactuar con la ciudadanía para lograr ese noble propósito.

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Propuesta del empresariado

La caída del proyecto de reforma tributaria significa que las dificultades del país en materia fiscal no están en curso de ser atendidas. Ante el riesgo creciente que esto implica, los empresarios han empezado a hacer su aporte con una propuesta que no se debe descartar de entrada.

Esa propuesta partió de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI); su fórmula pretende recaudar 12,4 billones de pesos (13 billones menos que la reforma inicial), sin afectar directamente la demanda y conservando intactos el IVA y el impuesto de renta de las personas naturales.

Las medidas en cuestión son las siguientes:

• Postergar el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) en el impuesto sobre la renta.
• Suspender la reducción de la tarifa general del impuesto sobre la renta.
• Establecer un impuesto al patrimonio con una duración de 2 años y una tarifa del 1%, dirigido a personas naturales con patrimonio líquido superior a 5 mil millones de pesos.

Además de lo anterior, la ANDI propone

• Vender los activos de la nación hasta reunir alrededor de 15 billones de pesos.
• Aumentar la tarifa del IVA sobre bienes y servicios de lujo.
• Acciones dirigidas a evitar la evasión de impuestos, y
• Un plan de austeridad estatal (las tres últimas medidas le darían al país cerca de 3 billones de pesos, según el gremio)

La propuesta, que es llamativa, aclara sin embargo que su aplicación seria transitoria. De acuerdo con los empresarios, esta reforma implicaría un sacrificio en competitividad y mayores costos tributarios, de manera que perdería vigencia una vez concluida la emergencia sanitaria.

Irónicamente, en la historia de Colombia, las exenciones que siempre empiezan como transitorias se vuelven permanentes, pero cuando se abre la puerta para eliminarlas resulta que es por tiempo limitado.

Por eso la propuesta en el mejor de los casos sería un primer paso necesario para atender los problemas de corto plazo. Pero a este esfuerzo habría que sumarle una reforma de carácter permanente.

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Dos preguntas

En todo caso las medidas promovidas por los empresarios nos llevan a dos preguntas importantes: ¿qué tan eludible es una reforma tributaria?; ¿hasta qué punto conviene adoptar solo la propuesta del empresariado?

-El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, espera presentar un nuevo proyecto de ley en julio de este año.

La magnitud de la crisis fiscal se puede constatar en cifras como que la deuda del gobierno Nacional Central (GNC) valiera más del 60 % del PIB en abril de 2021 o en un déficit esperado del 8,6 % del PIB para el cierre del año.

Aunque la situación es alarmante, no es menos cierto que el déficit fiscal tiende a aumentar en una crisis social, económica y sanitaria sin precedentes. Si bien la pandemia ha agravado la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la informalidad laboral, Colombia tiene problemas arraigados en cada una de estas áreas. En realidad, la emergencia por la pandemia ha llamado la atención sobre la necesidad de pensar en un esfuerzo fiscal que permita atender las necesidades socioeconómicas de la población colombiana.

-Lo anterior implica aumentar el gasto público y acudir a mayores y mejores fuentes de ingresos, que sean más estables y permitan atender los problemas de fondo. Por eso es evidente la necesidad de reducir o eliminar las numerosas e injustificadas exenciones que admiten nuestro Estatuto Tributario y sus muchas reformas.

En otras palabras, para asegurar un mejor entorno tributario hay que adoptar medidas de carácter permanente. En medio de estas nuevas conversaciones, es momento de apostarle a un sistema tributario capaz de soportar el pacto social que Colombia adoptó al adoptar la Constitución de 1991.

La propuesta de los empresarios sigue estando muy lejos de ese pacto.

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de las autoras